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Campesinos brasileños, asfixiados por agroempresarios. La lucha por la tierra y el mercado no sólo es legal y comercial: líderes y activistas de organizaciones campesinas enfrentan abuso de poder, corrupción y balas

Mario Osava/IPS-Voces de la Tierra

Un balazo en el hombro lo obligó a permanecer una semana en el hospital. En otro atentado le dispararon tres veces, pero por milagro salió ileso. “Nunca más me pongo cerca de una ventana”, afirma Walter Moura. Es una pequeña parte de lo que cuesta la lucha campesina en el Norte de Mato Grosso, estado brasileño localizado al Norte de la región Centro-Norte, y principal productor de soya. “Mataron a nuestros amigos”, recuerda Moura, presidente del Sindicato de Trabajadores Rurales de Guarantã do Norte (STR), un municipio de 32 mil 216 habitantes de acuerdo al censo oficial de 2010.

Moura llegó allí hace tres décadas, después de que su familia abandonara Paraná y pasara unos años en Paraguay, buscando tierras baratas del Oeste y el Norte brasileños, como hicieron cientos de sureños estimulados por el gobierno a ocupar los “vacíos” humanos y económicos de Brasil. Trabajó años como posero (agricultor de un predio sobre el que no tiene propiedad formal); después se asentó legalmente, y hoy produce frutas nativas amazónicas “en 30 mil árboles”, además de leche.

El municipio de Guarantã fue fundado en la década de 1980 por migrantes sureños en el borde Suroriental de la Amazonia. Éste todavía no se ve amenazado por la soya, pero sí por la ganadería, el mayor factor de deforestación y de violencia en los conflictos agrarios brasileños. No obstante, la zona soporta los efectos de los monocultivos por su cercanía y por ubicarse en una ruta agroexportadora: la carretera BR-163, también conocida como Cuiabá-Santarém, une la capital de Mato Grosso con el puerto fluvial de Santarém que es la salida al Océano Atlántico Norte a través del río Amazonas.

A lo largo de centenares de kilómetros de esa carretera, el dominio de la soya acorrala la pequeña producción agrícola, que en Brasil se denomina “agricultura familiar”, y que se estima provee dos tercios de los alimentos que se consumen en el país.

La ciudad Lucas do Rio Verde, 380 kilómetros al Sur de Guarantã, es el centro de un mar de soya que se siembra entre septiembre y octubre, y de enero a febrero se sustituye por maíz o algodón. Aquí “no hay espacio para la agricultura familiar”, admite Nilfo Wandscheer, quien presidió el STR hasta inicios de julio pasado.

El 80 por ciento de los alimentos hortícolas consumidos en la ciudad provienen de otros lugares, señala. Y los agricultores afiliados al STR también están asentados fuera del municipio.

En Brasil, el STR agrupa tanto a asalariados rurales –que en Lucas do Rio Verde suman más de 2 mil adeptos–, como a las familias que viven de la producción agrícola, sea en tierras propias o arrendadas. En los alrededores de la ciudad hay alrededor de 120 huertas, en su mayoría condenadas a desaparecer por ubicarse dentro de un área próxima a urbanizarse. El municipio, que contaba con 45 mil 556 habitantes en 2010, tendrá 300 mil dentro de 20 años, prevé Edu Pascoski, secretario de Agricultura y Medio Ambiente de la alcaldía.

La capital de Lucas do Rio Verde se convirtió en un importante centro agroindustrial con la instalación de procesadoras de granos. En 1998 se inauguró una planta del grupo Sadia, que emplea cerca de 5 mil trabajadores en la elaboración de carnes de pollo y cerdo, y en alimento animal, al aprovechar la gran producción local de soya y maíz. Además, la ciudad dentro de algunos años se convertirá en un polo logístico con la llegada de un ferrocarril –una prioridad del gobierno– pues permitirá transportar las crecientes cosechas estaduales que actualmente se trasladan por camiones que recorren miles de kilómetros hacia los puertos atlánticos.

El ferrocarril y la pavimentación de la carretera BR-163 (que terminará de construirse en 2012), fortalecerán la competitividad agrícola de Mato Grosso, al reducir los costos logísticos impuestos dado su ubicación en el centro geográfico de América del  Sur, señala Pascoski.

Pero esos largos ejes de transporte sólo sirven al agronegocio de gran escala, “no a nosotros, que pocos beneficios podemos disfrutar del ferrocarril”, observa João Paulo Felix, presidente del STR del municipio de Nova Mutum que, como municipio colindante de Lucas do Rio Verde, está colmado de soya, maíz, algodón y grandes almacenes de empresas transnacionales como Cargill, Bunge y Archer Daniels Midland.

Lo que necesitan los “pequeños” son carreteras vecinales y transporte local. Los dos asentamientos de Nova Mutum otorgados a 358 familias agricultoras en virtud de la reforma agraria, están alejados a 75 y 150 kilómetros de la ciudad. Un programa oficial les asegura una cuota de 30 por ciento de las compras para meriendas escolares, pero se ven obligados a renunciar a ese mercado “porque el costo del transporte les hace inviable entregar los alimentos que producen”, lamenta Felix.

Además, las grandes vías de exportación encarecerán las tierras productivas de Mato Grosso. “Valdrán oro” y serán más inaccesibles para los campesinos, prevé Jarlene Pires, líder de un centenar de familias que ocupan desde 2001 un predio en el municipio de Marcelandia, cerca de Guarantã, y que han enfrentado incendios provocados y amenazas de su supuesta propietaria para que abandonen las tierras.

La agricultura familiar también sufre obstáculos impuestos por las autoridades sanitarias locales, asegura Felix. En Nova Mutum se exige que el chorizo y otros productos porcinos se elaboren a una distancia de 1 mil metros de la barraca. “Pero mi finca sólo tiene 400 metros de largo”, ejemplifica. A los que producen miel y queso se les pide equipos especiales que requieren una inversión inicial inalcanzable para campesinos pobres, acota. El “contexto adverso” se completa con el cierre del crédito especial para la agricultura familiar, porque el Instituto de Reforma Agraria incumple exigencias ambientales al promover asentamientos en el Norte de Mato Grosso, añade Wandscheer, otro sureño que migró “en busca de tierras y una vida nueva”. Llegó en 1998 con cierta experiencia sindical, y luego participó en la toma de un predio en Nova Mutum, que resultó en el asentamiento de 69 familias. Asumió enseguida el liderazgo del sindicato de Lucas do Rio Verde, donde despliega una acción que sobrepasa el ámbito local y el sindicalismo, lo que le ha costado varias amenazas de muerte.

Wandscheer hoy es una referencia del activismo a favor de la reforma agraria, la agroecología y el cooperativismo, y opositor del abuso de agroquímicos en los monocultivos. Transformó el sindicato en un centro de enseñanza, y en 2006 denunció la “lluvia de agrotóxicos” que regaban aviones fumigadores y que causó daños y enfermedades en Lucas do Rio Verde. Más tarde dejó la presidencia del STR para coordinar una red de cooperativas agrícolas del Norte de Mato Grosso, donde “todos los alcaldes son del agronegocio” y “sólo hay políticas públicas para ese sector”. La supervivencia y el avance de la agricultura familiar necesitan mejores condiciones de comercialización, asistencia técnica y capacitación para gestionar, concluye.

Fuente: Revista Contralínea 248 / 28 de agosto de 2011