Autor:

El robo de unidades y de mercancías es la cuota que la industria del transporte de carga paga en la “guerra” contra el narcotráfico. Transportistas independientes, los más vulnerables. Aproximadamente 30 denuncias por asaltos en carreteras controladas por la delincuencia se presentan cada mes. Indeterminado el número de casos sin denunciar. A pesar de la gravedad del problema, la Unidad Especializada en Investigación de Asalto y Robo de Vehículos de la PGR permanece acéfala

En el primer semestre de 2011, en el Distrito Federal se presentaron 174 denuncias por robo de transporte de carga ante la Fiscalía Central de Investigación para Robo de Vehículos y Transporte. En el mismo periodo de 2010 se registraron 182.

A nivel nacional, las estadísticas reflejan un comportamiento similar. De acuerdo con el registro de afiliados a la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), de 2009 a 2010 se incrementó un 40 por ciento la incidencia de este delito respecto a 2008.

Sin embargo, en lo que va de 2011 el robo a transporte de carga ha disminuido, a decir de José Refugio Muñoz López, director general de la Canacar. De enero a junio, entre sus afiliados, la cámara tiene registrados 300 robos aproximadamente a nivel nacional.

El número de casos es variable, pues los resultados cambian de acuerdo con la institución consultada. “El comportamiento del fenómeno adquiere la forma de un registro muestral; no es un censo como tal. Los que me reportan a mí, Canacar, obviamente no son ni por mucho el ciento por ciento de los que suceden”, reconoce Muñoz López.

La Confederación Nacional de Empresarios de Seguridad Privada y Similares del Ramo, AC (Conesprysir), indica que al menos entre las 150 empresas de seguridad afiliadas a ella se ha incrementado hasta un 400 por ciento el índice de siniestralidad. Entre estos casos, destacan los ocurridos a la industria del transporte.

Actualmente, en México no existe un registro nacional unificado que dé cuenta de este tipo de incidentes. A decir del director de la Canacar, “los gobiernos de los estados difícilmente van a generar información estadística al respecto, porque tratan de cuidar mucho la imagen de la entidad”. Agrega que la inseguridad desalienta las inversiones y por ello las autoridades minimizan los delitos. “Además, un gobierno de cualquier estado nunca va a reconocer que en el suyo hay un problema grave de inseguridad, salvo los que ya son muy evidentes”.

Con todo, las autoridades y diversas cámaras industriales trabajan en un proyecto que concentraría esta información, informa Muñoz López.

La denuncia juega un papel importante para combatir la criminalidad de la que es víctima la industria del transporte. Sin embargo, Armando Cobos, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Conservas Alimenticias (Canainca), en un artículo publicado en El Universal el pasado 16 de junio, indica que las estadísticas de robo a transporte de carga no pueden considerarse del todo confiables.

Hay casos que no son denunciados por temor o desconfianza en el trámite, asegura el presidente de la Canainca.

En contraparte, el titular de la Fiscalía Central de Investigación para Robo de Vehículos y Transporte de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, Roberto Rodríguez Zavala, considera que las estadísticas son confiables.

En entrevista con Contralínea, señala: “El robo de transporte es un delito que no tiene números ciegos. Como un vehículo robado puede ser utilizado para cometer algún otro delito, como un secuestro, éstos siempre son números ciertos, números fríos. Aquí no va a haber números ciegos de que no se denuncie determinado robo de vehículos”.

Un robo de esta magnitud implica necesariamente una denuncia para poder hacer efectivo el seguro del vehículo y de la mercancía. Además, la responsabilidad sobre el mal uso que se le dé al vehículo recae sobre el propietario, explica Rodríguez Zavala.

Es por ello que la Fiscalía considera que el número de casos que registra esta dependencia corresponde al número real de robos que se presentan.

Lo cierto es que hasta el momento no se cuenta con el registro que consigne la afectación a este sector industrial. Armando Cobos, presidente de la Canaica rechaza que se denuncien todos los casos. “Los que son denunciados podrían corresponder a los altos sectores industriales que tienen contratado algún tipo de seguro. Los pequeños empresarios o los propietarios que trabajan su propio vehículo de carga (hombre-camión) no pueden acceder a este tipo de servicios que garanticen su seguridad y la de las mercancías”.

Las rutas de alerta máxima

Con las denuncias presentadas, la Fiscalía de la PGJDF ha identificado los puntos más peligrosos para los trabajadores de este gremio dentro de su territorio jurisdiccional. Al Oriente: avenida Ignacio Zaragoza y Tepalcates; avenida Ignacio Zaragoza y metro Santa Martha Acatitla; avenida Ignacio Zaragoza y Canal de San Juan; avenida Ignacio Zaragoza y el Salado, y el puente de la Concordia. Al Norte: avenida Ceylán y Poniente 140; avenida Ceylán y avenida Azcapotzalco-La Villa; avenida Ceylán y Norte 59; avenida Vallejo y Avenida de los 100 metros; avenida Vallejo y Cuitláhuac, y Circuito Interior y avenida 602.

De acuerdo con los registros de esta Fiscalía, el Oriente y el Norte del Distrito Federal son las zonas que presentan un mayor índice delictivo en el transporte de carga.

La Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada e Industria Satelital, AC (Amesis), en su estudio de 2010 La alianza GPS-vehículo-centro de control sobre las carreteras más peligrosas del país señala que las delegaciones más peligrosas son Iztapalapa y Gustavo A Madero: registran el 26 por ciento de los incidentes delictivos contra el transporte de carga ocurridos en el Distrito Federal. La PGJDF y Amesis coinciden: Iztapalapa, la zona más peligrosa.

En el Estado de México, el estudio indica que Ecatepec, Tlalnepantla y Cuautitlán Izcalli presentan los índices más altos: 16.10, 11.86 y 11.02 por ciento, respectivamente.

A nivel nacional, la Canacar registra en la región Sureste las carreteras de Coatzacoalcos, el puerto de Veracruz y Puebla; en el centro, las carreteras del Estado de México, Querétaro y Michoacán; hacia el Norte, las carreteras que cruzan Guanajuato, San Luis Potosí, Zacatecas, Durango, Tamaulipas y Coahuila. Las carreteras del Estado de México que conectan con Puebla, Querétaro y Morelos son las más peligrosas, señala Amesis.

Las mercancías más robadas

La Canainca asegura que, en lo que va de 2011, la tasa de robo ha disminuido 25 por ciento: 30 vehículos robados al mes, mientras que en 2010 se registraron 40 casos en el mismo lapso de tiempo.

Los datos de la Fiscalía para el Robo de Vehículos en el Distrito Federal reportan que los productos que más hurtan a los transportistas son los abarrotes, seguidos por los lácteos, telas, medicamentos y ropa. El robo de alimentos predomina en el cometido de este delito. Si bien las cifras revelan una disminución en la incidencia de robos en este sector, la industria continúa afectada, pues los asaltos han disminuido, pero no han cesado.

En opinión de la Canacar, se identificaron ciertas temporadas en las que prevalece el hurto a determinadas mercancías. De septiembre a diciembre el número de asaltos a vehículos que transportan electrodomésticos, electrónicos y licores suele ir al alza, explica el director de la Cámara.

No obstante, ninguna mercancía parece estar a salvo. En fechas recientes la industria del autotransporte de carga enfrenta un nuevo escenario: el robo de combustibles en el corredor Irapuato-Lázaro Cárdenas, explica –en entrevista con Contralínea– José Refugio Muñoz López, director de la Canacar.

Las estadísticas indican que tanto el combustóleo extraído en Guanajuato como el importado a través del puerto de Lázaro Cárdenas se ven en constante amenaza. Incluso, algunas empresas que prestan el servicio en esta ruta han declinado los contratos. Según explica el presidente de la  Canacar, la refinería podría parar operaciones de continuar esta tendencia.

Si bien se desconoce el paradero de la totalidad de las mercancías robadas, se sabe, al menos, que los combustibles son comercializados en las huachicoleras (expendios clandestinos donde se compra y vende combustible robado o extraído de otras unidades de transporte); y los productos de consumo de primera necesidad como los abarrotes son ofertados ilegalmente en mercados informales como Tepito y La Lagunilla en el Distrito Federal, declara Muñoz López. Asimismo, se han documentado casos en los que la delincuencia organizada distribuye los alimentos hurtados en comunidades marginadas de Michoacán, Zacatecas y Durango para ganarse el favor de sus pobladores.

En el caso de robo a vehículos que transportan autos no rodados (madrinas) –delito que en los primeros meses de 2010 se mantuvo al alza–, éstos se usan para la movilización de los grupos delincuenciales. No los venden, los utilizan ellos mismos, afirma Muñoz López.

La ruta estadunidense

Los robos no son el único problema que enfrenta este sector. Desde hace más de 15 años los transportistas mexicanos sufren el incumplimiento de los compromisos establecidos en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). A pesar de que la firma de este tratado establece las condiciones para el libre tránsito de mercancías entre Canadá, Estados Unidos y México, actualmente los transportistas nacionales no pueden ingresar al país vecino. Las normas que regulan las emisiones de contaminantes son una de las principales causas por las que el transporte mexicano se ve impedido.

Al llegar a la frontera, las mercancías son trasladadas de los vehículos de carga mexicanos a los vehículos estadunidenses. Éste es el protocolo obligado para que los productos lleguen a su destinatario en Estados Unidos.

El pasado marzo los mandatarios de México y Estados Unidos establecieron un acuerdo para ceñirse al TLCAN y dar solución al problema del transporte de carga. El presidente Barack Obama accedió a que los camiones mexicanos ingresen gradualmente a territorio estadunidense; mientras que México eliminó aranceles a ciertos productos de ese país. Esta medida fue tomada como respuesta al sesgo que sufre la industria.

Tras un periodo de consulta a 2 mil ciudadanos estadunidenses, el pasado 6 de junio se firmaron en México dos acuerdos que acabarían con el conflicto del transporte, según da cuenta un boletín de prensa del Departamento de Transporte de Estados Unidos. El problema que se presenta por el  incumplimiento al TLCAN desde 1995 podría llegar a su fin con la firma del Memorándum de entendimiento entre el Departamento de Transporte de Estados Unidos y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de México, y del Acuerdo para la Eliminación de Medidas de Represalia, firmado por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos y la Secretaría de Economía de México.

A consideración de Juan Carlos Muñoz, presidente de la Canacar, el acuerdo propuesto entre ambos gobiernos podría no dar los resultados esperados. En conferencia de prensa, explica que las características tecnológicas que exigen al transporte de carga mexicano están lejos de alcanzarse, pues en México no se cuenta con la tecnología ni el combustible que demanda la normatividad estadunidense.

Algunos de los lineamientos a los que los transportistas mexicanos se sujetarían a partir de la firma de estos acuerdos incluyen la incorporación de grabadoras que tomen registro de las horas de servicio; la obligación de realizar evaluaciones del récord de conducción y a estudios de sangre certificados por autoridades estadunidenses; los conductores tendrían  que realizar pruebas para evaluar su comprensión de inglés y de los señalamientos de tránsito.

El presidente de la Canacar afirma que el interés de los industriales del transporte no radica en poder cruzar la frontera estadunidense, sino en tener oportunidades para establecerse e invertir en infraestructura y tecnología en Estados Unidos. Lo que resultaría más conveniente sería poder participar en el mercado, es decir, una vez que las mercancías llegan a la frontera, sería más redituable contratar a un proveedor mexicano para cubrir las rutas en Estados Unidos y así dirigir esos ingresos a la economía mexicana.

Combustibles al alza

El aumento en el precio de los combustibles es un tercer obstáculo que tiene que librar la industria del transporte de carga en México. Los transportistas han manifestado su rechazo ante las autoridades con bloqueos carreteros en los últimos meses. Sin embargo, la Canacar se pronuncia en contra de este tipo de manifestaciones pues, argumenta, “ésa no es la solución al problema”, asegura el director de la Cámara.

Lo que la Canacar pide es que, al menos, el aumento en el precio de combustibles se haga anualmente y no varias veces al año en pequeñas proporciones como ha sido la dinámica del gobierno hasta ahora. Los aumentos constantes e inesperados, explica Muñoz López, dificultan las negociaciones para la contratación de servicios de transporte.

La Canainca señala que el gasto en combustibles, junto con el de mano de obra representan dos de las erogaciones más fuertes que hace el sector para llevar a cabo sus actividades comerciales. Sin duda la industria del transporte de carga y las actividades comerciales que de ésta dependen, podrían verse aún más afectadas de continuar estas condiciones en el sector.

Ante los azotes que sufre la industria del transporte de carga en México, las cámaras industriales y asociaciones, en colaboración con las autoridades, diseñaron algunas estrategias y recomendaciones que podrían proteger al gremio. Las soluciones que plantean ante este problema van desde medidas de seguridad elementales hasta la implantación de dispositivos de rastreo satelital. Si bien el grueso de los transportistas no está en condiciones de contratar este tipo de servicios, al menos hasta este año se sabe que, aproximadamente, hay 500 mil equipos de rastreo satelital instalados en las unidades de transporte, explica –en entrevista con Contralínea– Adrián Charansonnet, secretario general de Amesis.

Sin embargo, Charansonnet indica que los dispositivos se concentran en las empresas que cuentan con una mayor capacidad de inversión: “No están en todos los estratos de transporte. Están principalmente en las flotas de un perfil alto; es decir, operadores logísticos, flotas propias o privadas.”

En respuesta a los embates de la delincuencia que sufre el gremio la Canacar, junto con otras organizaciones de transportistas, la SCT y la Policía Federal aseguran trabajar en un programa de recopilación de datos que alimenta el sistema de información que ya existe en la Plataforma México. De esta forma se puede empezar a concentrar datos que arrojen cifras más certeras sobre este problema y se puedan diseñar estrategias combativas más eficaces.

Por su parte, la Fiscalía Central de Investigación para Robo de Vehículos y Transporte del Distrito Federal sugiere algunas medidas preventivas: a las empresas prestadoras del servicio recomienda contratar un servicio de rastreo satelital (GPS); mantener un archivo actualizado de su personal (choferes y ayudantes); tener en regla los documentos referentes al vehículo y a la mercancía que transportan, esto evitaría caer en falsos retenes –uno de los principales modus operandi con los que son sorprendidos los transportistas, explica la Fiscalía–; uniformar a su personal; dotar a sus conductores de celulares o equipos que les permitan mantener constante comunicación con la empresa; y mantener actualizados los controles de ruta.

En cuanto a los conductores, sugiere no mencionar a personas desconocidas la ruta que llevan, la mercancía que transportan y el valor de la misma; evitar subir a extraños en las carreteras; sujetarse a las rutas establecidas por la empresa y respetar los lugares previamente señalados como sitios seguros para tomar alimentos y descansar.

Los “paradores seguros” son una de las alternativas que la Canacar, en conjunto con las autoridades, han puesto en marcha; sin embargo, el programa aún no se aplica a todo el país. Estos paradores son lugares acondicionados con espacios de aparcamiento para los vehículos, cámaras de vigilancia y cercas de seguridad. Según explica el presidente de la Canacar, esta Cámara sería la encargada de clasificar los paradores que cuenten con las condiciones óptimas para garantizar la seguridad de los transportistas y otorgarles la certificación de “paradores seguros”.

Pese a la gravedad del problema, la Unidad Especializada en Investigación de Asalto y Robo de Vehículos, integrante de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, no cuenta con un titular a su cargo, reconoce la oficina de comunicación social de la Procuraduría General de la República ante Contralínea.

Las recomendaciones de seguridad que se ofrecen a los transportistas podrían ser la única alternativa para los pequeños empresarios que no estén en condiciones de contratar servicios más sofisticados. David García Flores, secretario general de Conesprysir afirma: “Los transportistas medianos a pequeños siguen sin contratar algún tipo de seguridad: Su presupuesto no les alcanza. Definitivamente es gente que hace su día a día, lo que ganan es con lo que subsisten. Una inversión en seguridad, en un sistema satelital, en un sistema electrónico, en una custodia: no podrían”.

Fuente: Revista Contralínea 247 / 21 de agosto de 2011