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La Conagua otorga 1 mil 700 concesiones sin haber realizado estudios de disponibilidad y de impacto ambiental y 896 en lugares donde los mantos acuíferos han sido sobreexplotados, revela la Auditoría Superior de la Federación. Además, el organismo encargado de la administración del vital líquido sólo realiza visitas de inspección al 0.1 por ciento del total de los concesionarios industriales. La revisión del máximo órgano de fiscalización también encuentra, entre otras irregularidades, que más de 23 mil millones de metros cúbicos de agua subterránea no se han computado y que existen más de 15 mil aprovechamientos clandestinos. El desorden, a pesar de que el manejo del agua en México es considerado asunto de seguridad nacional

En 2009 la Comisión Nacional del Agua (Conagua) otorgó 7 mil 438 concesiones; 1 mil 738 (que representan 125 millones 700 mil metros cúbicos de agua) se expidieron sin contar con estudios de disponibilidad: la unidad administrativa de la región Lerma-Santiago-Pacífico expidió 962 autorizaciones y la del Golfo Norte, 250. A pesar de que 5 mil 700 concesiones contaban con estudios de disponibilidad, 896 se entregaron a sabiendas de que existía un déficit de 5 mil 617 millones 100 mil metros cúbicos, en Zacatecas, Chihuahua, Puebla, Lerma-Santiago-Pacífico, Aguas del Valle de México, Guanajuato, Golfo Norte y San Luis Potosí.

Las revelaciones se encuentran en la auditoría de desempeño 09-0-16B00-07-0016 “Administración de los usos de las aguas nacionales”, contenida en el Informe del resultado de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2009, realizada por la Auditoría Superior de la Federación.

En 2004 la Ley de Aguas Nacionales fue modificada por el Congreso de la Unión. La escasez, la contaminación, el desperdicio y la ausencia de autoridades responsables convirtieron el tema del agua en un problema de seguridad nacional. Dicha ley establece que el Ejecutivo federal se debe asegurar de que las concesiones y asignaciones de agua estén fundamentadas en la disponibilidad “efectiva” del recurso en las regiones y cuencas hidrológicas. Y dispone que los permisos sean otorgados a través de la Conagua, para lo cual se debe considerar el costo económico y ambiental.

Beatriz Eugenia Romero Cuevas, investigadora de la maestría de Educación Ambiental en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), califica de “cínico” el proceder de las autoridades que tienen a su cargo el manejo del agua. Afirma que el modelo de gestión continúa siendo el de satisfacer la demanda, no de ofrecer el recurso conforme a la disponibilidad. “El Estado ha promovido un modelo político, económico y social que privilegia el centralismo en el país. El acuífero de esta ciudad está sobreexplotado, la propia Comisión Nacional del Agua habla de un 120 por ciento. Además, se trae agua de cuencas vecinas y no se aprovecha de manera adecuada”.

Ximena Ugarte Trangray, socia activa del Centro de Defensa e Investigación Laboral y Derechos Humanos, lamenta que los estudios de disponibilidad y de impacto ambiental sean desaprovechados. “La elaboración de los estudios tiene un alto costo, y el grado de análisis no es el óptimo”, asegura. “La autoridad dictaminadora omite las deficiencias y otorga la concesión, ¿por qué? Por corrupta”, señala la también abogada ambiental.

Otro requisito para obtener una concesión es cumplir con la Norma Oficial Mexicana NOM-011-CNA-2000 “Conservación del recurso agua” (publicada en el Diario oficial de la federación el 17 de abril de 2002), la cual establece las especificaciones y el método para determinar la disponibilidad media anual de las aguas nacionales.

La Comisión atendió siete de cada 10 trámites dentro del plazo de 60 días establecidos en la Ley de Aguas Nacionales; los restantes se resolvieron fuera del lapso establecido. En 2009, de 52 mil 395 solicitudes, 35 mil 886 fueron atendidas (68.5 por ciento).

En los próximos días José Luis Luege Tamargo, titular de la Conagua, tendrá que comparecer ante los legisladores para hablar de la situación actual del sistema de aguas y drenaje del valle de México, además de las anomalías en otros estados de la República evidenciadas por la Auditoría Superior de la Federación.

La Conagua se creó el 16 de enero de 1989 como un órgano administrativo descentralizado de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos. Está encargada de construir la infraestructura necesaria para abastecer el agua, construir presas que almacenen el recurso para el suministro, riego y generación de energía eléctrica, e interviene en el cobro de los derechos por uso, aprovechamiento o explotación de las aguas nacionales y sus bienes inherentes.

Según el Informe del resultado de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2009 de la ASF, la Conagua no cumple con el propósito de crear una cultura contributiva del agua. Dejó de medir 23 mil 427 millones 900 mil metros cúbicos de agua subterránea (80 por ciento del total). Y, de los 26 mil 113 aprovechamientos de agua (en los 125 acuíferos sobreexplotados verificados), 15 mil 33 fueron clandestinos (57.6 por ciento).

“De las 362 mil 61 concesiones existentes a 2009, sólo estaban obligados a realizar el pago de derechos de agua 17 mil 497 contribuyentes. Cabe señalar que están exentos del pago los concesionarios de agua para uso agrícola y pecuario; así como otros que cumplan con las condiciones de la Ley Federal de Derechos, como las entidades públicas o privadas que, sin fines de lucro, presten servicios de asistencia médica, servicio social o de educación escolar gratuita en beneficio de las poblaciones rurales de hasta 2 mil 500 habitantes”, precisa la auditoría de desempeño 09-0-16B00-07-0016.

La Conagua no establece metas de visitas domiciliarias; la inspección a los 362 mil 61 concesionarios es de 1.2 por ciento (4 mil 314 visitas). De los 4 mil 936 títulos otorgados, la Coordinación General de Revisión y Liquidación Fiscal perteneciente a la Comisión realizó cuatro visitas a los concesionarios del sector industrial, esto es, 0.1 por ciento. Tampoco hay parámetros para identificar a quienes incumplen con las medidas de descarga de aguas residuales.

El 48.9 por ciento de los 17 mil 497 contribuyentes no realizaron el pago correspondiente. De estos 8 mil 560, la Conagua revisó 782 casos: impuso sanciones económicas a 434 de éstos por 376 millones 825 mil 100 pesos, de los cuales sólo se cubrió el 3.1 por ciento (11 millones 577 mil 700 pesos). La ASF resalta el caso del Organismo de Cuenca Lerma-Santiago-Pacífico y de la Dirección Local del Estado de México.

De cada 100 litros de agua asignados para usos consuntivos (consumo) a 2009, 77 corresponden al uso agrícola, cinco a la energía eléctrica –sin contar la hidroelectricidad–, 14 al abastecimiento público y cuatro a la industria autoabastecida, se enumera en Estadísticas del agua en México, una edición de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Conagua.

Con datos de 506 entidades prestadoras del servicio del agua en todo el país que atienden a 48 millones 400 mil habitantes, se estima que en 2009 se recaudó el 73.9 por ciento de los 36 mil 638 millones de pesos facturados a nivel nacional, se informa en la Situación del subsector agua potable, alcantarillado y saneamiento, ejemplar de la Semarnat y la Conagua. No obstante, lo recaudado fue el 32 por ciento de lo ejercido, como se indica en la publicación Estadísticas del agua en México.

Por cada peso erogado, a la Conagua ingresan 37 centavos. De 2004 a 2009, 33 mil 363 millones 100 mil pesos fueron gastados anualmente, en comparación con los 12 mil 247 millones 700 mil derivados.

Esto, cuando “el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo notifica que en México 12 millones de personas carecen de agua potable y 23 millones no cuentan con alcantarillado en sus viviendas; mientras, en el sector rural tres de cada 10 habitantes no poseen agua potable entubada. En contraposición, en las grandes urbes como la ciudad de México, Guadalajara y Monterrey se concentra la mayor carga de explotación a los acuíferos”, subraya Ximena Ugarte.

Más fallas

En la Conagua no se ha mejorado la competitividad institucional, pues no tuvieron la certificación en el Servicio Profesional de Carrera 49 servidores públicos de la Subdirección General de Administración del Agua y 21 de la Coordinación General de Revisión y Liquidación Fiscal, según la Auditoría.

Ugarte señala que una de las dependencias con mejores salarios dentro del sector ambiental es la Conagua. No obstante, no fomenta una cultura del cuidado y contribución del agua; pese a que ello implicaría un acceso efectivo al recurso, transparencia y rendición de cuentas, campañas educativas e informativas.

La Conagua resulta desfavorecida en esta auditoría, e incluso en los temas de cultura del agua porque plantea metas cortas y limitadas; en este sentido, el modelo de gestión es el que está fallando, considera la académica Romero Cuevas. Propone un trabajo en conjunto con la Semarnat y el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACM), porque el reto que se plantea es mayor. “El modelo sigue basado en satisfacer la demanda a costa del gasto brutal en energía y el despojo de las comunidades que habitan cerca de las cuencas adyacentes, todo para que el volumen adquirido se nos vaya en la fugas de la tubería vieja; las autoridades deben coordinarse”.

Contralínea solicitó una entrevista con Roberto Anaya Moreno, subdirector General de Administración del Agua, y José Ramón Ardavin Ituarte, subdirector General de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento; ambos de la Conagua. Sin embargo, la dependencia gubernamental declinó hablar sobre el tema.

“Actualmente la ASF está llevando a cabo las revisiones respecto de varios ejercicios, los cuales no han concluido, y estando en dicha circunstancia no se podría proporcionar información alguna por encontrarse en proceso deliberativo conforme al artículo 14, fracción VI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información”, argumenta Fernando Melo Hernández, coordinador General de Atención Institucional, Comunicación y Cultura del Agua, de la dependencia.

Beatriz Romero, en el Sendero del agua publicado por la Secretaría de Medio Ambiente del gobierno del Distrito Federal y la UACM, señala que uno de los grandes desafíos en la capital es abastecer de agua potable a 8 millones 851 mil 80 habitantes contabilizados en el Censo de Población y Vivienda 2010 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, pues el SACM reconoce un déficit de abasto de más de 3 metros cúbicos por segundo en contraste con los más de 32 metros cúbicos que se consumen. “Aunque, pareciera que se reparte conforme a estratos sociales, es decir, los de mayor poder adquisitivo están bien surtidos y quienes tienen pocos recursos económicos desarrollan una cultura del cuidado del agua por necesidad”.

“El gobierno mexicano eroga grandes cantidades de dinero en infraestructura para el tratamiento del agua, pero el recurso no llega a todos por igual”, señala Ugarte Trangay. “A pesar de la abundancia de agua en estado natural en el Sur del país, las poblaciones con menor porcentaje de acceso a agua potable están en Chiapas, Tabasco, Oaxaca, Guerrero, Veracruz y San Luis Potosí; las disparidades son evidentes”, concluye.

Fuente: Revista Contralínea 247 / 21  de agosto de 2011