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Está confirmado que el gobierno federal que encabeza el Partido Acción Nacional es sumamente vulnerable y que, la mayoría de las veces, es cómplice de prácticas de espionaje y filtración de información hacia las agencias policiales y de inteligencia de Estados Unidos.

De hecho, documentos del gobierno estadunidense –como los que revisa la Auditoría Superior de la Federación, dependiente del Congreso de la Unión y en donde se analiza el Plan Mérida–, dan cuenta de la extrema desconfianza hacia las instituciones del gobierno federal mexicano cuando se trata de entregar información o recursos. Por ello, en algunos ominosos episodios, representantes de agencias policiales del vecino país obtienen información por su cuenta y espían a los mexicanos. Ellos se justifican: no saben en quién confiar en el gobierno de Felipe Calderón. No sólo eso. En varias ocasiones el gobierno de Estados Unidos ha contado con el apoyo del gobierno mexicano en acciones que claramente violan la seguridad nacional y la soberanía, lo que daría elementos al Congreso de México para hacerle juicio político a Calderón por traición a la patria. El pasado 11 de agosto, La Jornada dio a conocer que altos mandos del gobierno mexicano están desarrollando funciones de informantes al servicio de agencias de Estados Unidos. La información del diario asegura que en la lista de los enlaces se encuentra la procuradora general de la República, Marisela Morales, y el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Genaro García Luna. La Agencia Central de Inteligencia, la Administración de Cumplimiento de Leyes sobre las Drogas, el Buró Federal de Investigación y el Departamento del Tesoro son algunas de las agencias estadunidenses que, al coordinar las acciones antinarco de gran impacto, se encuentran en contacto con los funcionarios mexicanos. Además, se cita la operación de un “centro de inteligencia estadunidense” ubicado en Paseo de la Reforma 225. Felipe Calderón y Barack Obama pactaron el complejo entramado técnico e institucional para el espionaje desde hace más de 18 meses. De ser cierto esto, los titulares de las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores deben ser citados por el Congreso para que aclaren quién ha permitido la operación de espionaje en nuestro país. La Jornada cita fuentes que pidieron no ser identificadas. Sin embargo, no es la primera vez que el gobierno mexicano está involucrado en un caso de espionaje o intervencionismo por parte de las agencias estadunidenses. Ésta es una práctica constante con el consentimiento de las autoridades mexicanas. Se ha permitido, y aquí lo hemos documentado desde hace más de una década, la instalación de centros de espionaje en territorio mexicano en contra de políticos, luchadores sociales, partidos de oposición, empresarios, periodistas y delincuentes. También los agentes estadunidenses participan en interrogatorios a testigos protegidos, intervienen en operativos policiales, portan armas y violan los espacios aéreos y marítimos. Un caso que recuerdo ocurrió en 2004, cuando la Procuraduría General de la República (PGR) desactivó un operativo de espionaje telefónico dirigido a la casa del presidente de la República y a las secretarías de la Defensa Nacional y de Gobernación. En aquella ocasión el único acusado visible fue Víctor Manuel Bernabé Castillo, quien aceptó haber trabajado en la intercepción de 50 números telefónicos, incluidos los de la residencia oficial de Los Pinos, la Secretaría de Gobernación y la PGR, así como de empresarios y periodistas. A Bernabé Castillo, según lo que declaró ante el Ministerio Público, le pagaban 6 mil pesos mensuales por colocar y recoger las cintas de grabaciones clandestinas en los números telefónicos interceptados, para posteriormente entregarlos a una persona cuyo nombre nunca reveló pero que era de origen extranjero. En su momento, la investigación dada a conocer en esta columna informó que Bernabé Castillo fue liberado poco después con una fianza de sólo 30 mil pesos, porque el acto cometido, según las autoridades, no estuvo considerado como un delito grave. El gobierno federal nunca quiso aclarar lo ocurrido ni tampoco descubrió quiénes fueron los autores materiales e intelectuales del centro de espionaje descubierto a principios de 2004 en las calles aledañas a la residencia oficial de Los Pinos. A principios de ese mismo año, la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) descubrió una red de espionaje dedicada a intervenir líneas telefónicas de empresas privadas y también de secretarías de Estado y de la misma residencia oficial desde donde despacha el presidente de la República. Aquel expediente ministerial da cuenta de cómo las pesquisas policiales y las revelaciones periodísticas obligaron a desmantelar la casa desde donde se realizaban intercepciones de llamadas de recintos oficiales. Esa investigación estuvo a cargo de la Subprocuraduría de Investigación Especializada contra la Delincuencia Organizada, que dirigía José Luis Santiago Vasconcelos. Ese día los agentes federales aseguraron la vivienda de tres pisos ubicada en Florencio Miranda 22, colonia 16 de Septiembre, a un costado de la residencia de Los Pinos, y se detuvo a un radiotécnico de escasos recursos que había sido contratado para cambiar las cintas que contenían las intervenciones telefónicas. Según las averiguaciones previas 179/D/2004 y 405(DDF72004, abiertas en la PGR por los delitos de “espionaje e intervención de comunicaciones privadas”, una llamada anónima a la Dirección General de Delitos Federales de la AFI alertó de que “altos funcionarios e instituciones del Gobierno Federal, entre los que se encuentran la Presidencia de la República, la Secretaría de la Defensa Nacional y algunas otras secretarías de Estado, así como empresarios importantes”, eran escuchados en sus conversaciones telefónicas. De acuerdo con la tarjeta informativa 034/40 integrada al grueso expediente policiaco, los agentes de la AFI informaron al ministerio público federal José Carlos Villareal Rosillo que, según el informante anónimo, “desde ese domicilio un grupo de personas armadas y de apariencia extranjera intervenían 50 líneas telefónicas con sofisticados equipos de intercepción, grabadoras, identificadores de números,        borra-casettes y papelería en donde hacían las anotaciones sobre las llamadas privadas”. En la operación encubierta que montaron los agentes de la AFI para vigilar la vivienda desde donde se realizaba el espionaje telefónico, al momento del cateo descubrieron que entre las líneas telefónicas que en ese momento eran interceptadas estaba el número 52731643, perteneciente a la residencia oficial de Los Pinos y cuya línea había sido contratada por la Secretaría de Gobernación. Son las historias de un país con un gobierno sumiso a los intereses de Estados Unidos y en donde domina la desconfianza, la corrupción y el miedo. *Periodista Fuente: Revista Contralínea 246 / 14 de agosto de 2011