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La deuda de 24 estados con el Banco Mundial supera los 45 mil millones de pesos. Poco menos del 50 por ciento de ese total lo concentran cinco entidades federativas, que en conjunto adeudan más de 22 mil millones. Se trata de Coahuila, Veracruz, Jalisco, Chiapas y Nuevo León, revelan datos del organismo financiero internacional. Priístas, panistas y perredistas recurren por igual al millonario endeudamiento

Las entidades federativas han endeudado a generaciones completas sin que los ciudadanos vean los beneficios de los multimillonarios créditos. Y, aunque hasta ahora el gobierno federal –a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores– ha mostrado preocupación por los préstamos que estados y municipios obtienen de la banca comercial, hay otros mecanismos a los que han recurrido los gobernadores de todos los partidos políticos sin que autoridad alguna los fiscalice.

Uno de esos métodos es el de los “proyectos” que se financian con dinero del Banco Mundial (BM). En la lista de los cinco estados más comprometidos con ese organismo internacional se encuentran Coahuila, gobernada por el priísta Jorge Torres; Veracruz, que encabeza otro priísta, Javier Duarte; Jalisco, del panista Emilio González Márquez; Chiapas, del perredista Juan Sabines, y Nuevo León, del priísta Rodrigo Medina de la Cruz.

Estas entidades sostienen empréstitos por 1 mil 964.87 millones de dólares (unos 22 mil 851.43 millones de pesos, al tipo de cambio de 11.63 pesos), revelan documentos del organismo financiero.

La deuda, acumulada en una década, representa el 49 por ciento de 3 mil 944.84 millones de dólares –45 mil 878 millones de pesos––, que deben 24 estados del país. Además, el gobierno federal sostiene obligaciones de pago que actualmente ascienden a más de 8 mil millones de dólares, aproximadamente 99 mil millones de pesos.

Conocidos como “proyectos activos”, los instrumentos financieros son concedidos por el organismo internacional a los estados y depositados a sus cuentas a través de la banca de desarrollo. del país. Los compromisos fueron asumidos para echar a andar “políticas de desarrollo”, en su mayoría dirigidas al sector rural, al transporte y los servicios.

Las deudas

Coahuila encabeza la lista de las entidades endeudadas con la institución financiera que dirige el estadunidense Robert Zoellick. Son 607.5 millones de dólares (7 mil 65 millones de pesos), proyectados en cinco compromisos para promover “políticas públicas” coordinadas por el gobierno federal.

Este estado posee el activo con mayor costo clasificado bajo el folio 7996-MX. El documento Apoyo a los estados, publicado por el Banco, indica que le fueron asignados 320 millones de dólares para el Proyecto de Eficiencia Energética.

El plan fue pactado el 10 de mayo de 2010, y consiste en reactivar el sector energético –colapsado después de la crisis financiera de 2008–, de acuerdo con el documento México-Iluminación y electrodomésticos eficientes Project.

La estrategia, aplicada a través de la Secretaría de Energía, tiene como objetivo “reducir los subsidios a la electricidad residencial” y promover mayores incentivos para la eficiencia en energía, con el reemplazo de fuentes de iluminación y electrodomésticos, indica el plan elaborado por el organismo. Éste es el proyecto más ambicioso de los 61 que tiene registrados el BM.

Deuda por transporte

Veracruz y Jalisco continúan en los escaños de endeudamiento. La primera entidad, que permanece gobernada por el régimen priísta, sostiene empréstitos por 557.2 millones de dólares (6 mil 480 millones de pesos). Todavía en la administración de Fidel Herrera Beltrán fue aprobado el Proyecto de Transformación del Transporte Urbano, por 150 millones de dólares (1 mil 744 millones 500 mil pesos).

El objetivo de éste, dice el documento con folio 7883-MX, pretende “contribuir a la transformación de zonas urbanas” en el país. “Esto se logrará mediante la mejora de la calidad del servicio prestado por los sistemas de transporte urbano rentable forma, y mediante la instrumentación de estrategias de equipo, infraestructura y operativos para reducir las emisiones dióxido de carbono”.

La autorización del Banco Mundial fue concedida el 25 de marzo de 2010. En esa misma fecha se dotaba del mismo plan y con la misma cantidad de dinero a la administración de Emilio González Márquez, en Jalisco.

El estado más pobre

Chiapas, uno de los estados ubicados en el llamado triángulo de la miseria, es la cuarta entidad más endeudada; no obstante, registra el segundo proyecto más costoso, por 269 millones de dólares (3 mil 128 millones de pesos). Su objetivo es desarrollar dos proyectos de educación y agricultura.

El gobierno del perredista Juan Sabines adjudicó a sus finanzas la estrategia Programa Escuelas de Calidad Fase II, por 204.5 millones de dólares (2 mil 378 millones de pesos), clasificado como lo indica el instrumento financiero 7948-MX.

El principal objetivo de este plan es “mejorar la cobertura de la educación, la participación social y los resultados educativos en México”, según el reporte AB5330, asumido por la Secretaría de Educación Pública el 25 de marzo de 2010. Dirigido a las escuelas públicas de nivel primaria, el proyecto menciona que también será cofinanciado por las aportaciones de los padres de familia, para ampliar la cobertura del Programa Escuelas con Calidad.

Nuevo León, que tiene un pasivo pendiente con el Banco Mundial por 225 millones de dólares (2 mil 623 millones de pesos), es la quinta entidad federativa con más compromisos. El “proyecto activo” que más obligaciones le genera, y que se dio bajo la administración priísta de Rodrigo Medina de la Cruz, es el mismo que se pactó con Veracruz y Jalisco.

Los que menos deben

Los últimos peldaños en el déficit monetario de endeudamiento de las entidades del país son ocupados por Sonora, Yucatán, Zacatecas, Estado de México y el Distrito Federal. Así, ni siquiera la capital del país gobernada por el perredista Marcelo Ebrard escapa a este tipo de deudas.

Con un total de 249.41 millones de dólares (2 mil 900 millones de pesos), estas cinco entidades absorben el 6 por ciento de casi 4 mil millones de dólares.

Con 21 millones de dólares (246 millones de pesos), la administración capitalina mantiene “activo”el Programa de Modernización de los Poderes Judiciales, filiado con el proyecto 7250-ME. Sonora y Yucatán mantienen sólo un proyecto activo en común, relacionado con uno de los sectores más afectados en la economía del país: el agropecuario. Cada uno, con 60 millones de dólares (697 millones de pesos 8) pactaron el Proyecto de Desarrollo Rural Sustentable, bajo el folio 7652-MX.

Éste, según los documentos publicados por el BM, se ciñe a “promover la adopción de tecnologías de eficiencia energética y/o de reducción de emisiones en las agroindustrias, y así contribuyen tanto a los objetivos de desarrollo del gobierno y los objetivos de la Estrategia Nacional de Cambio Climático y los compromisos de México en virtud del Protocolo de Kyoto”.

Zacatecas, expulsor de migrantes ante la caída del sector agropecuario y la falta de empleo en la región, mantiene un déficit de 56.2 millones de dólares (653 millones de pesos), mediante el Programa de Fortalecimiento al Sector de Ahorro y Crédito Popular y Microfinanzas Rurales Segunda Extensión Fase II.

El programa fue aprobado desde el 22 de junio de 2004, con el plan de ampliar la cobertura de financiamiento, a través de infraestructura bancaria, para “un funcionamiento más eficaz, administrativamente sólido, actualizado tecnológicamente y con un mayor nivel de difusión y el acceso a servicios financieros por parte de la población mexicana marginada.

En el penúltimo sitio se encuentra el Estado de México ­–entidad gobernada actualmente por Enrique Peña Nieto–, con obligaciones de pago por 52 millones de dólares (604.76 millones de pesos).

Con el Proyecto de Servicios Ambientales, fechado al 10 de julio de 2007, se contempla “el desarrollo y la promoción de mercados de servicios ambientales, el fortalecimiento de los mecanismos existentes, nuevos instrumentos para mejorar la gestión y conservación de servicios ambientales”, indican los informes del Banco Mundial.

La administración perredista del Distrito Federal mantiene “activo” el Programa de Modernización de los Poderes Judiciales, foliado con el proyecto 7250-ME. El costo asumido en la capital del país asciende a 21 millones de dólares (246 millones de pesos). Los documentos del organismo financiero internacional indican que el principal objetivo de esta estrategia es el reducir los tiempos en los procesos judiciales.

El plan, suscrito el 28 de mayo de 2003, busca incrementar el acceso a la información pública y el número total de usuarios de los grupos vulnerables para acceder a los servicios judiciales. Así como, instrumentar mecanismos de aprendizaje y conocimientos en el sistema judicial de la capital de la República.

Para la elaboración de este trabajo, se solicitaron información y entrevistas a las 24 entidades involucradas, a través de las coordinaciones de Comunicación Social estatales, sin que hasta el cierre de la edición se hayan obtenido respuestas.

México y el Banco Mundial

Desde 2009, Contralínea ha documentado la deuda que sostiene el gobierno federal con el Banco Mundial (BM), que actualmente rebasa los 99 mil millones de pesos. Así como las supuestas irregularidades detectadas por el máximo órgano de fiscalización del país, que recientemente evidenció la falta de registro de más de 19 mil millones de pesos prestados a México por el BM.

Además de la injerencia que ha tenido el organismo financiero internacional en la creación de políticas públicas para el ejercicio del gobierno de Felipe Calderón. Mismas que se han traducido en impulsar las reformas política, económica, laboral y energética, promovidas con urgencia por secretarios de Estado y el mismo presidente.

En febrero de 2010, Contralínea tuvo acceso al reporte AB5168, elaborado por el BM, en el que se ordenaba a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público una serie de acciones para “mitigar” el impacto de la crisis mundial en México.

Entre las acciones que debería realizar la segunda administración panista se encuentran aumentar en 35 por ciento el número de sucursales bancarias, con sus respectivos servicios financieros; reducir 5.3 por ciento la tarifa en las importaciones de manufacturas e incrementar a 10.3 por ciento el producto interno bruto de los ingresos tributarios no petroleros. Además, recomendaba la “felxibilización laboral” y el aumento de impuestos en artículos de consumo (Contralínea edición 166).

Hace cinco meses, Harold Bedoya, gerente de Operaciones del Banco Mundial para México y Colombia, aseguraba a Contralínea que el Banco no dicta normas o políticas al país en materia económica, financiera y social.

Aseguraba que el organismo opera con totFuente: Revista Contralínea 246 / 14 de agosto de 2011al transparencia, por lo que hacía públicos cada uno de los proyectos, informes y evaluaciones, mismas que se estaban traduciendo al español, para que todos los mexicanos tuvieran acceso a ellas. Sin embargo, cada uno de los 61 proyectos activos con los estados, se encuentran redactados en inglés.

Para el desarrollo de este artículo se solicitó, nuevamente, una entrevista con el representante del organismo en México, a través de la oficial de comunicaciones Fernanda Zavaleta, sin que hasta el momento se haya obtenido respuesta.

Fuente: Revista Contralínea 246 / 14 de agosto de 2011