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Hace unos días, el ahora exaspirante presidencial del Partido Acción Nacional, Javier Lozano Alarcón, volvió a “vetar” las decisiones internas de la Cámara de Diputados al dar por descontado que en el pleno de San Lázaro pueda aprobarse la iniciativa de ley que autorice la creación de una empresa, en sustitución de la extinta Luz y Fuerza del Centro (LFC).

En la víspera de su “descarte” como precandidato, Lozano despotricó ante los micrófonos de un programa radiofónico contra el Poder Legislativo, del que dijo “desafortunadamente ocupa buena parte de su tiempo en hacer política, y política muy barata”. Esto en alusión a la pregunta de cuál era su opinión sobre el posible apoyo del Partido Revolucionario Institucional (PRI) para sacar adelante la iniciativa en cuestión.

Según la perspectiva del secretario del Trabajo, los diputados tienen la obligación de tomar con “seriedad” otras propuestas que están pendientes para sacar adelante las reformas que le den “otro rostro” al desarrollo social, económico y político del país. Sólo le faltó aderezar a su sermón el exigir a los diputados aprobar a la voz de ya su deplorable reforma laboral, que busca aniquilar los derechos laborales de millones de trabajadores en el país.

Textual y retador, el funcionario dijo al aire: “Yo sí anticipo que no va a haber tal creación de una empresa, no va a haber porque tiene que pasar por las dos terceras partes en el pleno de la Cámara de Diputados, luego tiene que pasar por la mayoría en el Congreso… y tiene que pasar por el veto del presidente de la República (sic); es decir, que ya saben que esto no va a ocurrir”. ¡Vaya con los galimatías jurídicas del desplumado gallo azul!

No sólo descarta las decisiones del Congreso sino que se atreve a manejar línea desde Los Pinos. ¿Dónde queda la división de poderes? Es delicado el trasfondo de sus palabras, pues da por hecho que la eventual aprobación de los diputados para crear una nueva empresa será vetada por Felipe Calderón. ¿Entonces, para qué convocar a periodos extraordinarios si el presidente no va a respetar lo que el Congreso disponga, si sólo va a permitir que ocurra lo que a él y su partido les conviene? ¿Dónde quedan la convivencia y la pluralidad democráticas?

En sus dislates radiofónicos, Lozano insiste en que la extinción de LFC se dio por tratarse de un organismo caro e ineficiente que le costaba a las finanzas públicas 42 mil millones de pesos anuales. Es necesario, para refutar sus inexactitudes, citar aquí un dato extraído del análisis de la propia Cuenta Pública de 2010: la llamada empresa de “clase mundial”, la Comisión Federal de Electricidad, tiene adeudos por 450 mil millones de pesos cuando su valor estimado es de alrededor de 350 mil millones de pesos; es decir que técnicamente se encuentra quebrada.

Además, lo que Lozano no explicó a los radioescuchas es que esos 42 mil millones de pesos eran subsidios que se aplicaban a las tarifas eléctricas. Hoy, al no existir el recurso, miles de usuarios de la zona centro están pagando las consecuencias al encontrarse imposibilitados para sufragar con sus mermados salarios los altos cobros que la Comisión Federal de Electricidad les aplica en sus recibos. Esta cantidad de ninguna manera representaba “privilegios” para los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), como insiste en cacarear a los cuatro vientos el “autoexcluido” gallo azul.

Tampoco existe, como lo aseguró el secretario del Trabajo, algún acuerdo entre el SME y el PRI para otorgar el voto duro de nuestra organización a favor de éste o cualquier otro partido. Lo que sí hay, e ignoran Lozano Alarcón y los panistas, es un creciente compromiso de los diputados de todos los partidos con una sociedad indefensa ante los abusos en el cobro de la electricidad y un servicio cada vez más pésimo.

Ante esta inconformidad social, los cacareos del plumífero al que su capacidad de “crecimiento” no le alcanzó para lanzarse a la grande, salen sobrando.

*Secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas

Fuente: Contralínea 245 / 07 agosto 2011