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Hace pocos días escuché una conversación en Boston sobre las alternativas para reducir la violencia en México. Uno de los participantes en la charla, un periodista estadunidense veterano decía que si México no alcanzaba a modernizar su policía federal y la habilitaba para combatir al narcotráfico, iba a crecer la tentación de Estados Unidos de invadir a México para combatir de frente a las organizaciones criminales mexicanas.

Ese por supuesto es el escenario más pesimista que supone la ingobernabilidad, el derrumbe del Estado mexicano y su imposibilidad para controlar la ola de violencia. Sin embargo, aunque sea apocalíptico, este escenario deber ser considerado dentro de las posibilidades que pueden ocurrir en los próximos años si el gobierno mexicano fracasa en su intento de contener la violencia.

Por lo pronto, Estados Unidos ha aumentado sus capacidades para recoger información de inteligencia sobre lo que sucede en México, para tomar decisiones y definir los mejores cursos de acción frente a la violencia que aqueja a México.

Los esfuerzos han sido liderados por la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por su sigla en inglés), que ha modernizado los sistemas de información sobre México desde 1996 con la creación de una red experimental secreta, llamada Proyecto Piloto México, que empleaba tecnología avanzada de comunicación para recolectar y distribuir información sobre crisis económicas, inestabilidad política, narcotráfico, lavado de dinero, tráfico de indocumentados y corrupción en México.

El Proyecto Piloto México fue dado a conocer en una Conferencia sobre Iniciativas de Colaboración del Gobierno de Estados Unidos, organizada por la Agencia de Inteligencia Militar (DIA), la Agencia de Seguridad Nacional (NSA), el Grupo de Trabajo sobre Colaboración Intelink (ICWG) y la Agencia Nacional de Imágenes y Mapas del Departamento de Defensa (NIMA, por su sigla en inglés, como las anteriores).

Según el proyecto, los usuarios de la información incluirían al presidente de Estados Unidos, a los secretarios de Justicia, Estado y Defensa, así como al comandante del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, quienes accederían a los datos a través de computadoras portátiles.

Este énfasis en México le ha permitido a la comunidad de inteligencia avanzar en la investigación de los casos más relevantes de la violencia relacionada con el narcotráfico en México.

Algunas de esas investigaciones son muy recientes y ponen en tela de duda la integridad del aparato político y militar de México, definitivamente afectado por la corrupción y el contacto con organizaciones criminales.

Según documentos desclasificados mediante el Acta de Libertad de Información de Estados Unidos, la CIA abrió el 8 de octubre de 2010 un caso numerado F-2011-00072 con el título “Policías y militares mexicanos acusados de actuar como transportadores de droga para el cartel de los Zetas, septiembre de 2004-presente”. Los documentos están disponibles en el sitio www.documentcloud.org, creado por la red de Reporteros y Editores de Investigación (IRE, por su sigla en inglés), una organización profesional de periodistas con sede en la Universidad de Columbia, Missouri.

Los casos registrados no se limitan a México, sino a cualquier área geográfica de interés para los narcotraficantes mexicanos. Según reportes de la embajada de Estados Unidos en Guatemala, los Zetas han logrado el apoyo de soldados guatemaltecos quienes supuestamente los proveen de armas y municiones militares. Esto fue parte de un reportaje publicado en El Periódico, de Guatemala, sobre la desaparición de un lote de armas en un arsenal del Ejército guatemalteco. Militares de ese país estuvieron vinculados con el robo de las armas y su entrega a los Zetas, según El Periódico.

En una lista de casos activos entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre de 2010, desclasificada mediante el Acta de Libertad de Información, la CIA presenta una serie de casos relacionados con México. Entre ellos están el caso F-2011-00070, abierto el 8 de octubre de 2010 con el título “Violencia contra periodistas mexicanos desde septiembre de 2010”. El mismo día fue abierto el caso F-2011-00071 con el nombre de “Asesinato de tres personas conectadas con el consulado de Ciudad Juárez, México 3/4/2010 al presente” (sic).

La CIA ha seguido de cerca los asesinatos relevantes en el último año. El 20 de octubre de 2010, la agencia abrió otro caso numerado F-2011-00135 con el título “Asesinato de Edelmiro Cavazos, Marco Antonio Leal y Alexander López García, junio-septiembre 2010”. Cavazos, alcalde de Santiago, Nuevo León, fue secuestrado en su casa y posteriormente asesinado. Arturo Beltrán Leyva también cuenta con el expediente F-2011-00180, 2000-presente”.

Los sistemas de inteligencia de la CIA serán reforzados por la intervención de otras agencias de seguridad estadunidenses. El Departamento de Seguridad Interna destinó 97.8 millones de dólares para crear unidades del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por su sigla en inglés) dedicadas a combatir el tráfico de armas y drogas. De esos recursos, ICE dedicará 70 millones de dólares para contratar a 349 agentes de inteligencia y analistas criminales y crear una Célula de Inteligencia para la Violencia Fronteriza.

Este incremento de los recursos de inteligencia estadunidenses sobre México puede ser explicado también por la proverbial desconfianza que los agentes de ese país sienten hacia sus contrapartes mexicanas. Si las agencias de inteligencia civil y militar tuvieran un papel más relevante en la estrategia general del gobierno mexicano frente al narcotráfico, no habría necesidad de que Estados Unidos sobredimensione su propio aparato de inteligencia sobre México de la misma manera en la que lo está haciendo ahora. La cooperación con la Policía Federal mexicana y con el Ejército Mexicano está mermada y es obvio que los nuevos interlocutores de las agencias de seguridad estadunidense son los miembros de la Armada de México.

Paradójicamente, el gobierno mexicano sigue considerando a la violencia del narcotráfico como el resultado exitoso de su política antinarcóticos y no como evidencia de su fracaso. No existe ningún indicio de que en el corto plazo vaya a ocurrir una modificación drástica del enfoque punitivo-militar de esta administración por otro concentrado en la reducción del consumo de drogas, la educación y el mejoramiento de las condiciones de vida de las poblaciones afectadas no sólo por el narcotráfico, sino por el desempleo y la carencia de oportunidades reales de sobrevivencia.

Aunque la política de seguridad requiere un énfasis mayor en los sistemas de inteligencia, tanto táctica como estratégica, es evidente también que esta visión informada de la realidad mexicana debe conducir a políticas más integrales, que vayan más allá de un enfoque restringido de seguridad.

Esto era un poco difícil de explicar en la charla de Boston. Por eso decidí que mis colegas expusieran sus puntos de vista. Yo me limité a decir que ni la militarización de la lucha antidrogas, ni la hipotética invasión estadunidense a México solucionarían ningún problema ni para México ni para Estados Unidos. Por el contrario, llevarían al problema de la violencia hacia un nivel aún más grave y extendido. Y si de escenarios pesimistas hablamos, entonces nos enfrentaríamos a una violencia que rebasaría las fronteras mexicanas y se dispersaría por el territorio estadunidense y centroamericano. Una probada de ese escenario ocurre ahora en Guatemala.

*Especialista en Fuerzas Armadas y seguridad nacional; egresado del Centro Hemisférico de Estudios de la Defensa, de la Universidad de la Defensa Nacional en Washington

Fuente: Contralínea 241 / 10 de julio de 2011