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No sólo el presidencialismo, en su versión derechista, religiosa y panista, ha excedido sus facultades, en otro abuso del poder, vomitando su autoritarismo sobre la constitucionalidad democrática y republicana (al haber desconectado del Artículo 89, la fracción VI, de lo previamente dispuesto en el Artículo 29; ambos de la ley fundamental de toda la Unión).

También el Poder Judicial de la Federación (¡y no se diga el de las entidades, que incluye al Distrito Federal, donde sus integrantes obedecen, en su mayoría, servilmente al desgobernador en turno), con sus jueces, magistrados y ministros, con raras excepciones, ha perdido la brújula de la imparcialidad para impartir justicia.

Éstos, cínicamente se arrodillan ante el clero político (como lo acaba de hacer uno de ellos desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación tras una fiesta que engranó al bribón y sinvergüenza obispo de Ecatepec, Onésimo Cepeda, con un tal Sergio Valls). Y sólo el Poder Legislativo de la Federación, sobre todo por medio del Senado de la República, y a veces también la Cámara de Diputados (quienes cada vez menos representan a la nación), han salido al paso arbitrario del presidencialismo calderonista.

Ahora, el Instituto Federal Electoral, a través de casi todos sus integrantes y de su enloquecido presidente ebrio de poder (“por mis calzones”), Leonardo Valdés, que legaliza dudosas victorias electorales (como cuando Luis Carlos Ugalde le alzó el brazo a Calderón y sembró más la cosecha de ilegitimidad que pesa sobre éste), constantemente busca imponer la censura previa, como pretende hacerlo a través del torcido seudoargumento de imponer un derecho de réplica.

Este derecho de réplica siempre ha existido como tal en los medios escritos para las inconformidades de lectores y protagonistas que consideran aclarar, impugnar y hasta demandar la información, análisis y críticas que aparecen en sus páginas.

Los consejeros ciudadanos usurpan funciones que no les corresponden. Algunos de ellos ya expusieron su desacuerdo, incluso ilustrando a sus compañeros de viaje, que corresponde al Congreso federal ocuparse de tal asunto, siempre y cuando los fines de leyes semejantes que reglamentan derechos (como los de libertad de expresión y publicación de escritos sobre cualquier materia) no limiten antirrepublicana y antidemocráticamente las conquistas nacionales que vienen desde Francisco Zarco a nuestros días.

Es cierto que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF, donde su presidenta se reúne en cenas privadas con negociadores… ¿de tanto más cuanto? –es pregunta– del mexiquense Peña Nieto para, en lo oscurito, transar que no sea sancionado por sus excesos publicitarios electoreros) ordenó al Instituto Federal Electoral (IFE) tomar cartas en el asunto del ejercicio de réplica, como derecho de candidatos y partidos; pero no es el IFE a quien corresponde, constitucionalmente, ventilar y legislar al respecto.

Valdés y los que lo secundan están usurpando facultades, ya que le compete al Congreso General convocar a la discusión del tema, pasarlo a comisiones y someterlo a la asamblea de sus integrantes, para su rechazo o aprobación. No se trata de que no se cuestione la posibilidad de ese derecho en cualquier medio de comunicación. Lo que alarma es que el IFE se convierta en un órgano legislativo. A ningún precio debe permitírsele el abuso de legislar y controlar, con visos de censura, las impugnaciones arropadas en réplicas.

Enriquecer a los defensores del lector, del radioescucha y televidente (no hay todavía defensor en este ramo), con el derecho de réplica para todos los ciudadanos, y no sólo para candidatos y partidos, ha de ser tarea del Senado (que ha sido interrumpida una y otra vez) para legislar con extremo cuidado, no rozando siquiera las libertades de prensa. Si el derecho de réplica ha de crearse, entonces que el órgano legislativo lo discuta y no el IFE ni el TEPJF que, uno ordenando y el otro dizque obedeciendo, pretenden usurpar facultades constitucionales.

*Periodista

Fuente: Contralínea 241 / 10 de julio de 2011

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