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Maestros de la Universidad Autónoma de Sinaloa denunciaron penalmente al exrector y actual presidente municipal de Culiacán, Héctor Melesio Cuén Ojeda, por supuesto enriquecimiento ilícito en agravio del patrimonio de la máxima casa de estudios del estado. La Procuraduría de Justicia local resolvió en enero de 2011 que no había elementos para ejercitar acción penal en su contra. Los demandantes interpusieron un recurso de inconformidad y denunciaron las “múltiples irregularidades” en que incurrió en Ministerio Público para exonerar al alcalde, a quien acusan de estar protegido por el exgobernador Jesús Aguilar Padilla y el procurador Alfredo Higuera

En junio de 2010, los maestros de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) Carlos Karam Quiñones, Ana Luz Ruelas Mojardín, María Teresa Guerra Ochoa y Felipe de Jesús Martínez Escalera, entre otros, denunciaron por enriquecimiento inexplicable ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) al exrector Héctor Melesio Cuén Ojeda, y aportaron al Ministerio Público documentos oficiales que acreditan la propiedad de 32 bienes inmuebles de Cuén y su familia, los cuales “presumimos que no pudo haber adquirido lícitamente con sus ingresos como funcionario universitario, de junio 1997 a junio de 2005 cuando fue director de bienes, y de junio de 2005 a junio de 2009 cuando fungió como rector”. Por ello, se inició la averiguación previa 13/2010.

El salario de Cuén Ojeda como rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa era de 28 mil pesos quincenales, resultando un ingreso aproximado de 2 millones 688 mil pesos durante los cuatro años que ejerció su rectorado, más 500 mil pesos por concepto de aguinaldo y prima vacacional, lo cual refleja una notoria desproporción entre sus ingresos y la suma de sus adquisiciones sólo en bienes inmuebles.

Al admitir la denuncia, el Ministerio Público sentó el precedente del primer caso en el estado en cual se da trámite a un expediente en donde un funcionario es denunciado por enriquecimiento ilícito. A pesar de la gravedad de las acusaciones, el indiciado Cuén se presentó ante la Dirección de Averiguaciones Previas hasta el 26 de octubre, casi cuatro meses después de haber sido denunciado.

Ese día, se reservó el derecho, ante el Ministerio Público , de no declarar y prometió hacerlo por escrito en días subsiguientes, como ocurrió. Al ser entrevistado por la prensa declaró que no había adquirido propiedades más allá de 1 millón y medio de pesos, y que pensaba contrademandar a los denunciantes. Se mostró confiado en tener a las autoridades de su parte, y cuando salió de la PGJE dijo que esperaba que “en unos días sería exculpado”.

El 7 de noviembre, a una semana de que entregó su declaración por escrito, Cuén mostró prisa para ser liberado de las acusaciones. El 8 de noviembre apareció en los medios de comunicación otra declaración suya donde mostraba impaciencia porque no lo exoneraba la PGJE. “Ya lo estoy esperando”, dijo, y agregó: “Siento que se ha tardado porque nosotros entregamos todo de manera muy bien organizada, todo certificado y estoy esperando”. Es decir, tardó cuatro meses en declarar y a la semana ya quería ser exonerado.

A la fecha, Héctor Melesio Cuén asegura que los 32 bienes inmuebles los adquirió con los ingresos que obtuvo en su condición de empresario, pero no ha ofrecido ninguna sola prueba que así lo acredite: no hay ningún reporte de las utilidades de sus negocios, ni comprobantes fiscales que acrediten el pago de impuestos correspondientes.

Así, dice en entrevista Carlos Karam Quiñones, pese a no haber ofrecido ninguna prueba que lo exonere, el exrector –con el apoyo del gobernador Jesús Aguilar Padilla– pretende que se cierre abruptamente el expediente y se le exima de responsabilidad, a pesar de que no tiene pruebas que acrediten la licitud de sus adquisiciones.

“La nuestra ha sido una lucha legal que pretende sentar un precedente de lo que podemos y debemos hacer los ciudadanos cuando un funcionario se excede y usa y abusa del presupuesto público para su provecho; por eso hemos venido desarrollando un trabajo serio, con pruebas, con informes de las autoridades correspondientes, para que la averiguación previa 13/2010 se lleve a cabo de manera exhaustiva, apegada a la ley, agotando todas las probanzas del caso hasta las últimas consecuencias.”

Advierte que solicitaron a la Dirección de Averiguaciones Previas agotar un conjunto de pruebas que reclamaron como necesarias, entre las que destacan la entrega de la UAS a la Procuraduría de todos los pagos por salarios, prestaciones, servicios, viáticos, compensaciones, honorarios y otros conceptos que haya otorgado entre junio de 1997 y junio de 2009, a Héctor Melesio Cuén Ojeda, a su esposa Jesús Angélica Díaz Quiñonez y a sus hijos Héctor Melesio Cuén Díaz, Mónica Cuén Diaz, quienes recibieron cheques de la UAS por diferentes conceptos.

Asimismo, que se solicite al Servicio de Administración Tributaria la información acerca de las declaraciones fiscales como contribuyente de Héctor Melesio Cuén y de sus familiares, para cotejar su capacidad económica para adquirir los bienes, que tuvieron que reconocer que poseían una vez que fueron denunciados. A la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, pedir información sobre las cuentas bancarias y otros instrumentos financieros de Héctor Melesio Cuén y sus familiares desde junio de 1997 a la fecha, particularmente en los bancos en los cuales la UAS ha venido manejando sus cuentas, para dar seguimiento a los ingresos y egresos del indiciado y sus familiares. Y que se investigue en los archivos del Registro Público de la Propiedad de los diferentes municipios de Sinaloa la posible existencia de otras propiedades a nombre del indiciado y sus familiares.

La información proporcionada al Ministerio Público por Héctor Melesio Cuén Ojeda, Jesús Angélica Díaz Quiñonez, Héctor Melesio Cuén Díaz y Mónica Cuén Díaz, confirma que son 32 bienes inmuebles los que tiene el exrector, y cuya adquisición lícita no ha comprobado.

Los denunciantes señalaron la grave responsabilidad por omisión que hasta hoy han mostrado las autoridades de la Universidad Autónoma de Sinaloa, encabezadas por el rector Antonio Corrales Burgueño, al escamotear o dilatar la entrega de información sobre las peticiones de la autoridad sobre el exrector, que es señalado de tener injerencia en operaciones comerciales y financieras de la institución.

Carlos Karam destaca que en enero de 2010, en la mayoría de las escuelas y facultades de la UAS, en la unidad Sur, los directores tenían en Banorte cuentas de cheques mancomunadas con Melesio Cuén, “de manera delictuosa pues éste no era ya autoridad para manejar los recursos institucionales”. Uno de cuyos cheques, girado por el director de la Escuela de Contabilidad y Administración de Mazatlán, fue anexado a la denuncia.

Aclaró que si Cuén era cotitular de las cuentas de las escuelas, pudo haber realizado traspasos electrónicamente, lo cual debe ser también investigado para deslindar responsabilidades con Banorte y el tesorero de la UAS, Manuel Lara Salazar, por presunta complicidad en delitos de manejo irregular de recursos públicos.

Héctor Cuén Diaz, hijo del indiciado, ha declarado tener en propiedad siete bienes inmuebles, todos ellos con bastante plusvalía, adquiridos varios de ellos en el mismo año y en fechas recientes, ubicados en avenida Álvaro Obregón 2096, colonia Tierra Blanca; lote 4, manzana 1, Área Comercial mixto sector 1, segunda etapa Desarrollo Urbano Tres Ríos; habitación 6 manzana 1, fraccionamiento Santa Teresa, Desarrollo Urbano Tres Ríos; local comercial condominio 5, ubicado en Andén Servicio Urbano Central de la Central Internacional Centro Milenium, Desarrollo Urbano Tres Ríos; habitación 101, edificio 56, manzana 16, calle Ángel de la Guarda 1491-A, fraccionamiento Isla Bonita, Sección Banus 360, Desarrollo Urbano Tres Ríos; terreno 27 del Conjunto Residencial Rincón Alamedas, fraccionamiento Parque Alamedas del Desarrollo Urbano Tres Ríos; condominio 14, segundo nivel, edificio Residencial Chapultepec, avenida Carlos Lineo, esquina con Agricultores 1947, interior 11, Colonia Chapultepec.

Pese a que tanto Melesio Cuén como su hijo han confesado tener en propiedad los inmuebles señalados, han manifestado que los ingresos para adquirirlos los obtuvieron de las utilidades que les generaron los negocios denominados Diagnóstico Nuclear de Culiacán, SA de CV, escritura pública 1315; así como la Unidad Médica de Especialidad del Noroeste, SA de CV, con escritura pública 3225 del estado de Sinaloa.

Lavado de dinero

Ante la presunción de que se hayan realizado operaciones con recursos de procedencia ilícita, toda vez de que no ha sido aclarado ni probado por el indiciado y su hijo el origen del dinero para adquirir los inmuebles, los quejosos solicitaron dar vista al Ministerio Público federal para investigue el caso, pues se presume la existencia de lavado de dinero, en los términos que establece el artículo 400 bis del Código Penal Federal.

El 7 de diciembre de 2010, los denunciantes exigieron que la representación social desahogara las probanzas consistentes, entre otras, en que el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Sinaloa informe si existe registro sobre empresas donde aparezcan como accionistas Héctor Melesio Cuén Ojeda, Jesús Angélica Díaz Quiñonez, Héctor Melesio Cuén Díaz y Mónica María Cuén Diaz.

Asimismo, ampliar la investigación en el Distrito Federal, dado que las gestiones de su rectorado fueron propicias para intentar realizar adquisiciones de propiedades y negocios similares a las que ocurrieron en Sinaloa. También, solicitaron indagar si existe registro de las empresas Muebles Loredo, Ofillevas, Taller Midas, Call Center, Constructora Tamazula, Nueva Tecnología en Laboratorio, SA de CV, quiénes son los socios y desde cuándo están constituidas dichas empresas.

El Ministerio Público debió tomar en cuenta las pruebas aportadas por los denunciantes, en embargo, el órgano acusador se convirtió en abogado de descargo de Melesio Cuén, como claramente se advierte de la lectura de la resolución, señala Karam Quiñones.

El Ministerio Público hizo un análisis de la conducta del indiciado como director de Bienes e Inventarios de la institución, sin embargo cometió otro error al establecer que el delito en cuestión había prescrito en razón de haber rebasado el tiempo de la media aritmética punible, con lo que se demuestra que no quiso investigar como era su deber.

“Puesto que el indiciado siempre tuvo el poder de adquirir con fondos públicos los bienes de la UAS, su conducta fue continuada y no hubo nunca una separación de sus posibilidades de delinquir, ya que al dejar la Rectoría en junio de 2009, su sucesor, Víctor Antonio Corrales Burgueño nombró como subdirector de Bienes e Inventarios de la UAS al yerno de Cuén, de nombre Luis Guillermo Ruiz, por lo cual y con mucho mayor razón debió investigar no sólo su conducta sino de quien lo sucedió. Por lo tanto, no opera la prescripción.

“Se demuestra claramente que no allegaron las pruebas incriminatorias, sino que se buscó la justificación del no incremento patrimonial del indiciado, como se aprecia en la resolución ministerial, en donde dice que las pruebas eran innecesarias desahogarlas debido a que el valor de compra de las propiedades no rebasan la cantidad que indiciado declaró, pasando por alto las demás escrituras que demuestran que él y sus familiares adquirieron muchas más.”

En consecuencia, agrega, es necesario que el procurador de justicia del estado revoque la ilegal resolución y emita un acuerdo de reposición de la averiguación previa para que se retome en el proceso de desahogar las pruebas que desestimaron ilegalmente y que le ordene al Ministerio Público el desahogo de las pruebas que se anunciaron y quedaron pendientes de procesar, y en su oportunidad se decrete el ejercicio de la acción penal.

El exrector de la UAS declinó dar su versión de los hechos que se le imputan, luego de dos meses de buscarlo a través de su secretario particular, Robespier Lizárraga.

Las propiedades de Cuén Ojeda

En junio de 2005 asumió la Rectoría de la Universidad Autónoma de Sinaloa Héctor Melesio Cuén Ojeda, quien fue administrador y responsable de la aplicación de los recursos públicos. Durante los cuatro años de servicio como rector acumuló 31 propiedades; la mayoría, entre los años que fungió como servidor público, destacando los siguientes bienes inmuebles:

Calle de Tabasco 1653, en el desarrollo urbano Tres Ríos, de 485.36 metros cuadrados, con clave catastral 007000041042004001 y con un valor de 4 millones 800 mil pesos. Otro en el mismo sitio, con clave catastral 007000041186016001, con valor de 1 millón 800 mil pesos.

Torres del Río del fraccionamiento Bonanza, clave catastral 007000041038103001, con valor de 1 millón 200 mil 50 pesos. En la Isla Musala en el sector Banus, clave catastral 007000052091041001, con valor de 1 millón 200 mil 13 pesos. En Las Quintas, clave catastral 007000004153043001 con un valor aproximado de 2 millones 320 mil pesos.

En el 2006, un bien inmueble ubicado en la colonia Pablo de Villavicencio, con un valor de 56 mil pesos, y otro inmueble ubicado en Altata, con un valor de 469 mil 317 pesos.

El 25 de septiembre de 2007, adqurió un inmueble ubicado en Avenida Campestre, hoy Avenida Doctor. Emigdio F. Sarmiento en la Colonia Chapultepec, en Culiacán.

En el 2007, los bienes inmuebles ubicados en Nuevo Altata con un valor de 383 mil 496 pesos; en privada Costa Azul Nuevo Altata, con un valor de 557 mil 300 pesos; en Vicente Riva Palacio, colonia Centro, Culiacán, de 285 metros cuadrados; en el fraccionamiento Chapultepec del Río, de 436.69 metros cuadrados; en Boulevard Paseo Toscana del fraccionamiento Juan E Guerra Aguiluz, con una superficie de 150.27 metros cuadrados.

Y la adquisición en copropiedad de los inmuebles ubicados en Mariano Escobedo, centro de Culiacán, con un valor de 1 millón 698 mil pesos, y en Mariano Escobedo y Jesus G. Andrade, con un valor de 3 millones 861 mil 69 pesos.

En año 2008, un inmueble ubicado en Fraccionamiento Martín Manuel Trejo, con un valor de 55 mil 584 pesos. En el 2009, un bien inmueble ubicado en fraccionamiento Martín Manuel con un valor de 68 mil 596 pesos, así como otro ubicado en Torres del Río, desarrollo urbano Tres Ríos, con valor de 1 millón 259 mil 406 pesos.

Bienes inmuebles en Mazatlán

En 2008, un bien inmueble ubicado en Mazatlán, Sinaloa con valor de 238 mil 486 pesos, así como otro ubicado en calle de Coral, fraccionamiento Club Real en la Marina de Mazatlán, con un valor de 335 mil 145 pesos. Un departamento en avenida del Mar, contiguo a la Universidad de Occidente, en el condominio La Paloma, con un valor de 904 mil pesos. Otro ubicado frente a la calzada Sábalo Cerritos, en el condominio 51, Quintas del Mar. Así como el departamento 301 de Villas Las Quintas, en Venustiano Carranza 54 sur, Centro Histórico de Mazatlán, a un costado del teatro Ángela Peralta, con un valor de 216 mil 919 pesos.

Bienes de Cuén a nombre de su familia

Un inmueble en Tierra Blanca, con clave catastral 007000017005001001, con valor de 676 mil pesos. Así como otro en Las Quintas, clave catastral 007000004124182001, con valor de 611 mil pesos.

Un inmueble en Condominio illa Sauzalitos, con una superficie de 95.19 metros cuadrados; otro en el fraccionamiento Residencial Rincón Alamedas, con una superficie de 141.39 metros cuadrados, y otro en calle Riveras de Piaxtla, esquina con Santa Teresa.

Los pasos del exgobernador Aguilar Padilla

El 7 de julio de 2010, el periódico Noreste, de Culiacán, reprodujo la nota principal del diario Reforma sobre el escándalo de las “casitas” que la oposición “descubrió” al entonces gobernador de Sinaloa, Jesús Alberto Aguilar Padilla, y a quien se acusó de “enriquecimiento ilícito”.

El texto, firmado por el reportero José Alberto Beltrán, señala que durante todo su sexenio el mandatario se negó a revelar los bienes que posee.

Fue hasta el primer debate de candidatos al gobierno, del 25 de mayo de 2010, cuando en el marco de la contienda electoral el candidato opositor Mario López Valdez, Malova, “destapó” la acumulación de propiedades del Mandatario.

El Partido Acción Nacional presentó una denuncia ante la Procuraduría General de la República, por “enriquecimiento inexplicable” en contra del titular del Poder Ejecutivo, y el expediente quedó registrado 29 de junio en la Ciudad de México, con número de folio 00005212.
Pese a la gravedad de la acusación, hasta ahora Aguilar Padilla se ha negado a dar una explicación fundamentada y coherente sobre estas acusaciones, respondiendo sólo con evasivas o el silencio.
El argumento central de la denuncia panista se basa en que los ingresos del mandatario en los últimos seis años, no concuerdan con las inversiones inmobiliarias descubiertas.
Aguilar, destacó el diputado federal Felipe de Jesús Cantú, exalcalde de Monterrey y actual delegado del Comité Ejecutivo Nacional en Sinaloa, “ha tenido un crecimiento patrimonial que no concuerda con las condiciones de remuneración que ha tenido la oportunidad de demostrar”. Si se toman en cuenta sus ingresos, dijo, le faltaría justificar de dónde sacó 25 millones para la adquisición y edificación de diversas propiedades.
El último reporte oficial sobre el sueldo del exmandatario, que se podía consultar en el portal de transparencia del Gobierno del Estado, era por 74 mil 369.67 pesos netos mensuales.
El expediente entregado a la PGR va acompañado de fotografías de las presuntas propiedades del mandatario, publicaciones sobre éstas, copias simples de escrituras de terrenos, trámites ante el Registro Público de la Propiedad, solicitudes de gravámenes, y montos de los sueldos oficiales de Aguilar Padilla.
El PAN asegura que las nuevas “casitas” de Aguilar Padilla están valuadas en 45 millones de pesos, al margen de los 5 millones que cuesta la casa que ya poseía antes de asumir la su responsabilidad, el 1 de enero del 2005.

Fuente: Contralínea 240 / 03 de julio de 2011

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