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Ney González Sánchez, actual gobernador de Nayarit, deja rezagos económicos en el estado. Auditorías realizadas a los recursos locales y federales evidencian un probable daño a la hacienda pública por más de 66 millones de pesos, además de 74 millones en subejercicios y errores. El máximo órgano de fiscalización del país es contundente: dictámenes “negativos” en siete de las auditorías practicadas al gobierno estatal

En el Informe del resultado de la revisión y fiscalización superior de la Cuenta Pública 2009, de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), hubo siete dictámenes negativos para el gobierno de Nayarit. Además, el propio Órgano de Fiscalización Superior (OFS) del estado encontró “probables daños al erario” que, sumados a los revelados por la ASF, rebasan los 66 millones de pesos. Las irregularidades no paran ahí: las fiscalizaciones documentan que el gobierno de Ney González Sánchez subejerció 74 millones e incurrió en “errores” que significaron cientos de miles de pesos más.

Uno de los daños más cuantiosos se registró en la ejecución de obras y proyectos que debieron destinarse a la población en situación de pobreza extrema y rezago social: la ASF presume un “probable daño o perjuicio a la hacienda pública federal” por 29 millones 935 mil 856 pesos, monto que nunca llegó a su población objetivo.

Por otra parte, de los 41 millones 217 mil 200 pesos que la federación entregó a Nayarit a través del Fondo para la Infraestructura Social Estatal, 10 millones 598 mil 300 se destinaron a la construcción de un centro de salud. Sin embargo, al momento de la auditoría el inmueble no estaba en operación. Además, el gobierno del estado había dejado de ejercer un monto de 13 millones 331 mil pesos provenientes del mismo fondo.

También, la Federación trasladó 279 millones 772 mil 800 pesos bajo el concepto de Cuota Social. La Auditoría descubrió que el Régimen Estatal de Protección Social en Salud realizó pagos no autorizados por 10 millones 847 mil 400 pesos y compras de medicamentos a precios superiores de los determinados por la Comisión Coordinadora para la Negociación de Precios de Medicamentos de la Secretaría de Salud. El gobierno no solventó la observación; 6 millones 651 mil 700 pesos no se justificaron.

La ASF detalla la existencia de gastos no necesarios para garantizar la prestación de servicios de salud, así como la falta de planeación para el desarrollo de caravanas de salud y de acciones de promoción, prevención y detección oportuna contenidas en el Catálogo Universal de Servicios de Salud; en algunos casos, faltó coordinación interinstitucional.

De los 133 millones 317 mil 700 pesos provenientes de la Federación y entregados al Sistema Estatal de Seguridad Pública (SESP), la ASF reportó un subejercicio de 61 millones 257 mil 880 pesos. “El Órgano Interno de Control del estado, en el transcurso de la auditoría, informó que en el ámbito de sus atribuciones inició la investigación correspondiente de conformidad con la normativa que le es aplicable”.

El SESP no emitió criterios para la asignación de 16 millones 352 mil 100 pesos que el gobierno debía distribuir a los municipios. Además, no se reportaron los rendimientos financieros generados de la cuenta del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. Asimismo, las facturas 2714 y hasta la 2719 del proveedor Crime-Lab son “presumiblemente apócrifas”. La entidad debía investigar dicha inconsistencia.

Finalmente, se presume probable daño o perjuicio a la hacienda pública por 22 millones 554 mil 999 pesos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas. “Una vez analizado el uso y destino de los recursos se concluye que fueron utilizados en conceptos no autorizados en la normativa, cuya naturaleza económica responde a un subsidio a empresas no gubernamentales”, señala la ASF.

Del mismo Fondo, el estado destinó 9 millones 555 mil pesos al proyecto “Instalación de un nuevo centro de producción y empaque de tomate Cherry y Cherub para la exportación a los Estados Unidos de América”; 8 millones para la “Central frigorífica de almacenamiento, logística y distribución de productos agropecuarios y pesqueros en el estado de Nayarit”; y 5 millones al de “Integración de envases y empaques a las cadenas de suministro”.

En infraestructura, la inversión total fue de 136 millones 230 mil. Sin embargo, en los proyectos de construcción del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica ubicado en la Cantera y del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado número 11 no se presentó la carta de entrega-recepción ni la fianza de vicios ocultos.

El dictamen fue negativo y se solicitó a la Secretaría de la Contraloría General del Gobierno del Estado de Nayarit que se inicie el proceso administrativo correspondiente por los actos u omisiones de los servidores públicos.

El desorden en las cuentas de Nayarit también fue detectado por el OFS, organismo que documenta un “probable daño o perjuicio a la hacienda pública” del estado por 6 millones 974 mil 48 pesos: al gobierno de Ney González le faltaron por comprobar 4 millones 352 mil 325, en materia de gestión financiera, y 2 millones 621 mil 723, por obras públicas. Además, la observación de errores u omisiones en registros contables por 202 mil 482 pesos no fue solventada.

Durante la gestión 2009 de Ney González Sánchez, titular del Poder Ejecutivo en Nayarit, algunas secretarías no contaban con un sistema contable; el control interno fue insuficiente; se presentaron diferencias en la información financiera y presupuestal; no se consideraron montos máximos para la adquisición de bienes; faltaron actas de entrega-recepción; se encontraron cheques que fueron expedidos a nombre de una persona diferente a la que recibía el bien o servicio y, entre otras irregularidades, no se realizaron evaluaciones de desempeño.

Nayar Mayorquín Carrillo, candidato al gobierno de Nayarit por la Alianza por el Cambio Verdadero (Partido del Trabajo y Convergencia), asegura que González Sánchez provocó un atraso grave en el estado. “La deuda pública es de 6 mil 500 millones de pesos. En materia de educación tenemos el lugar 27 a nivel nacional. En lo social, nos deja un estado ensangrentado porque hay corrupción en los gobiernos locales y en el estatal”.

Martha Elena García Gómez, candidata del Partido Acción Nacional, considera que la deuda pública se convirtió en un “lastre” que afecta el futuro de los nayaritas. “Quisiera que nos explicara [Ney González] qué es lo que está haciendo con el presupuesto. Vamos a sancionar muy fuertemente a quienes resulten responsables de desvíos o mal uso de recursos públicos”, promete.

Contralínea solicitó entrevista con Ney González Sánchez a través de Sandra Martínez, directora General de Prensa del gobierno estatal. Al cierre de esta edición, no hubo respuesta.

Fuente: Contralínea 239 / 26 de junio de 2011

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