Autor:

Los niños, niñas y adolescentes víctimas de trata de personas no tienen acceso a la justicia en México. En el actual gobierno, sólo se han consignado 39 de las 798 averiguaciones previas abiertas y únicamente se han dictado 63 sentencias firmes por cuatro delitos relacionados con este flagelo. Mientras se estima que entre 20 mil y 80 mil infantes son explotados sexualmente en este país, por el lenocinio de personas menores de 18 años no hay un solo sentenciado

Por el delito de lenocinio de personas menores de 18 años y de personas que no tienen capacidad de resistirlo no se ha emitido ninguna sentencia de última instancia entre diciembre de 2006 y febrero de 2010, admite el Consejo de la Judicatura Federal.

El dato contrasta con los miles de víctimas de trata de personas: el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) refieren que más de 16 mil niñas, niños y adolescentes mexicanos y centroamericanos son víctimas de explotación sexual cada año en este país; mientras que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal asegura que son 20 mil los menores explotados y la Relatoría Especial de la Organización de las Naciones Unidas contra la Venta de Niños, la Pornografía y la Prostitución Infantil alerta, desde 2006, que la cifra asciende a 80 mil menores en esa situación.

El abuso de poder o engaño, a través de violencia física o moral, que dé como resultado la explotación sexual o laboral es lo que se denomina trata de personas, define la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas. El modus operandi: enganche, traslado o encierro de la víctima y la realización o consumación de la explotación.

México es considerado país de origen, tránsito y destino de la trata de personas. Para Mario Luis Fuentes Alcalá, director del Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo y Asistencia Social (CEIDAS), la falta de registros oficiales impide conocer las dimensiones reales de la trata, específicamente en el caso de los niños. Por ello, señala, las instituciones gubernamentales y las políticas públicas desarrolladas no son suficientes, pues no garantizan los derechos básicos a la ciudadanía.

Rosi Orozco, presidenta de la Comisión Especial de Lucha contra la Trata de Personas en la Cámara de Diputados, reconoce que no existen cifras oficiales. Coincide en que lo “oculto” de este flagelo dificulta el análisis.

De acuerdo con el Consejo de la Judicatura, se han dictado seis sentencias firmes por el delito de pornografía infantil entre diciembre de 2006 y febrero de 2010. En ese mismo periodo, los jueces y magistrados han sentenciado en última instancia a cuatro individuos por corrupción de personas que no tienen capacidad de resisitirlo y a 53, por corrupción de menores.

Entre enero de 2007 y junio de 2010, sólo se han consignado 39 de las 798 averiguaciones previas abiertas vinculadas a la trata de infantes, revelan datos de la Procuraduría General de la República (PGR).

En 2007, se tramitaron 107 averiguaciones en la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra); en 2008, 194; en 2009, 271; y durante el primer semestre de 2010, 226. Sólo el 5 por ciento de ese total se consignó ante las autoridades judiciales.

La PGR refiere en su Cuarto informe de labores que 19 averiguaciones previas consignadas en 2009 involucraron a servidores públicos federales ?ocho del sector educativo, dos de salud, dos adscritos al Instituto Nacional de Estadística y Geografía, uno a Petróleos Mexicanos y uno al Instituto Nacional de Antropología e Historia, sin detallar los otros cinco casos?; mientras que las otras 19, a particulares que causaron agravio a 12 niños y ocho mujeres.De una más, no se especifica.

Otras averiguaciones no fueron consideradas competencia de la Fiscalía: en 2007, 35 se remitieron al fuero común; dos, a otras instancias de la PGR, y una, al Consejo Tutelar. En 2008, 55, al fuero común; cuatro, a la PGR, y una, a la Secretaría de la Defensa Nacional. En 2009, 34, al fuero común, y 10, a la PGR. Mientras que, de enero a junio de 2010, 10, al fuero común, y una, a la PGR.

Para Mario Luis Fuentes, es necesario visibilizar el riesgo que implica ser pobre: “Ser vulnerable por pobreza, desigualdad, falta de acceso a salud y educación puede derivar en una víctima de trata. Hay que recordar que siete de cada 10 niños viven en pobreza. El Programa Oportunidades, entre otros, que, sin duda, logra palear ciertos problemas, es insuficiente”.

El trabajo de la PGR

En la Procuraduría General, la persecución de la trata de personas no sólo está a cargo de la Fevimtra, también de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada y la Unidad Especializada para la Atención de Delitos cometidos en el Extranjero.

“Cuando las víctimas son mexicanas o se desarrolla el delito en nuestro país, es competencia de cada una de las procuradurías locales. El delito se federaliza si hay delincuencia organizada” o si está involucrado un funcionario federal, dice a Contralínea Sara Irene Herrerías Guerra. La titular de la Fevimtra agrega: “Nuestra competencia es muy reducida”.

La Fiscalía recibe todas las denuncias a través de la Estrategia de Denuncia Segura; hace una primera investigación, y si el caso es de orden local, declina la competencia. Herrerías Guerra asegura que la víctima de trata regularmente no denuncia porque fue “enganchada sentimentalmente” por el tratante; también, porque puede estar amenazada: si denuncia, sus hijos o familia son quienes corren riesgos.

Del 1 de septiembre de 2009 al 31 de julio de 2010, la Fiscalía inició 34 averiguaciones previas por trata. Las víctimas no sólo son de nacionalidad  mexicana; también hay argentinas, chinas, colombianas, guatemaltecas, hondureñas y venezolanas, detalla el Cuarto informe de labores de la PGR. De estos casos, 23 son menores de edad.

Del 1 de septiembre de 2009 al 31 de julio de 2010, se iniciaron 182 expedientes para la búsqueda de mujeres y niñas. Hubo coordinación entre las procuradurías de Baja California Sur, Colima, Chiapas, Distrito Federal, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán para localizar a 135.

Irene Herrerías actualiza los datos del Informe de la Procuraduría: de enero de 2008 al 15 de mayo de 2011, han sido iniciadas 158 averiguaciones. El mayor porcentaje, 97 de ellas, ha sido por explotación sexual; 47, por explotación laboral; 11, por explotación sexual y laboral; dos, por extirpación de un órgano, tejido o sus componentes; y una, por prácticas análogas a la esclavitud. De 37 consignadas, 13 han ameritado prisión.

Durante el mismo periodo, ha habido 134 actas circunstanciadas en las cuales aún no se determina el tipo de delito ni al probable responsable. Respecto de otros delitos, la averiguación previa de trata es mucho más complicada de acreditar porque se tiene una víctima que no coopera, puntualiza la fiscal.

La funcionaria asegura que el mayor número de casos de trata es competencia de las entidades federativas. Respecto de las 80 mil víctimas que señala la ONU, indica que “las organizaciones de la sociedad civil dan cifras y no sé dónde están esos casos”.

Refugio de alta seguridad

No hay mejor ejemplo de que la trata de personas es parte del negocio del crimen organizado que el “refugio de alta seguridad” que mantiene la Fevimtra con recursos públicos.

A decir de la fiscal, las mujeres refugiadas ahí reciben servicios médicos y educativos. Se procura que la estancia no sea mayor de seis meses, aunque a veces depende de la duración del proceso. “En el momento en que se sientan preparadas y empoderadas, es cuando van a denunciar. En el refugio, tenemos niñas de 12 años. Sabemos que todas estaban ahí por necesidad económica”.

Agrega que “falta sensibilizar a los ministerios públicos y al Poder Judicial de que la víctima de trata muchas veces rompe estos parámetros, donde nosotros como penalistas pensamos que las primeras declaraciones son las que tienen mayor valor probatorio. El tratante siempre va a tener una forma de enganchar a la víctima. Tenemos que redoblar los esfuerzos para cuidar a nuestras niñas y niños; muchos de ellos han sido captados a través del internet porque no hay una vigilancia”.

Trata en el DF

“Algún día estaré dando testimonio del otro lado, apoyando a las víctimas. Por ahora, estoy detrás de las cámaras por mi seguridad, porque estoy amenazada de muerte y mi familia no está protegida. Estoy en un proceso de reintegración”, dijo Nayeli, víctima de trata en La Merced, durante el Foro sobre Víctimas, realizado en la Cámara de Diputados el pasado 17 de mayo. Ahí mismo, Margarita Zavala, presidenta del Consejo Consultivo del DIF, calificó la trata de personas como una forma de esclavitud.

A pesar de que el Distrito Federal es la entidad con mayor índice de desarrollo humano, La Merced, Tepito, Santo Domingo, Tlalpan y la zona Oriente de la ciudad han sido identificadas como centros de operación de poderosas redes de tratantes, según el Índice mexicano sobre la vulnerabilidad ante la trata de personas, del CEIDAS.

El artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales califica como delito grave la trata de personas; lo mismo, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. La Ley para Prevenir la Trata de Personas establece medidas para reparar el daño y proteger a las víctimas, promueve el desarrollo de políticas públicas y la obligación de hacer un programa nacional en el tema.

La diputada panista Rosi Orozco advierte que hace falta homologar la ley, pues Querétaro y Sinaloa no cuentan con una que tipifique de acuerdo con el Protocolo de Palermo ?que considera todos los aspectos de la trata; en vigor desde diciembre de 2003.

“Es tan diferente. Un estado puede castigar seis meses la trata de personas y otro, 48 años. A pesar de que unos tienen una ley, la atención que prestan a las víctimas es pobre. Se puede agarrar a los padrotes y cerrar los lugares, pero si la víctima no llega empoderada, al final de la audiencia ese operativo no habrá servido de nada. Se pierde tiempo, dinero y fuerza de las víctimas que, si no se les atiende, vuelven a caer en el crimen organizado.”

El 8 de abril de 2010, la diputada María Araceli Vázquez Camacho, del Partido de la Revolución Democrática, presentó un decreto de reforma a los artículos 19, 20 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El 15 de febrero de 2011 se discutió en el Congreso de la Unión y fue aprobado con 378 votos.

El Senado de la República revisó la reforma el 7 de abril y la ratificó con 77 votos. Hasta el momento, se espera la dictaminación de las legislaturas de cada estado.

Dicha reforma implica que el delito de trata de personas sea considerado “grave”, que se resguarden los datos personales de las víctimas y se faculte al Congreso para expedir una ley general en materia de trata, con la cual se establezca una coordinación entre las autoridades locales y federales cuando exista comisión de delitos.

Para Guillermo Enrique Marcos Tamborrel Suárez, presidente de la Comisión Atención a Grupos Vulnerables del Senado, la trata, además de ser un fenómeno global, es una de las actividades ilegales más lucrativas, comparable, incluso, con el tráfico de armas y de droga.

El senador panista califica como una conducta repugnante este delito, para él, focalizado en urbes y destinos turísticos, como la ciudad de México, Guadalajara, Cancún, Acapulco, Vallarta, Mazatlán y en zonas donde el crimen organizado está presente, como en el Oriente del Estado de México. Asegura que, por falta de voluntad política, los gobernantes no han promovido un marco jurídico que contrarreste la explotación sexual.

“Se ha logrado que en los estados empiecen a creer que la víctima, el ser humano, es lo más importante. Siempre he dicho que la trata de personas es el secuestro de la gente más vulnerable, gente que ha sido migrante o que sufre una condición de pobreza o de marginación o de violencia intrafamiliar. Es el secuestro que va a tener que pagar con su propia vida y con su propio cuerpo”, comenta Rosi Orozco.

Si las víctimas no se insertan de manera “integral” a la sociedad, les espera un futuro poco alentador. Las que están con padrotes violentos probablemente serán victimarias (madrotas) mucho más violentas, agrega la diputada panista.

“La inserción es bastante lenta porque traen cargas difíciles de solventar. El ser humano, como dice la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en la campaña de Corazón Azul, no está a la venta. Como política pública, debemos darles oportunidades. Antes de decir ‘vamos a reglamentar o legislar a favor de’… hay que ofrecerles oportunidades; vamos a abrirles caminos.”

El 31 de enero de 2011, el Estado mexicano presentó su informe ante el Comité de los Derechos del Niño de la ONU respecto de la Convención sobre los Derechos del Niño y el Protocolo Facultativo relativo a la Venta de Niños, la Prostitución Infantil y la Utilización de Niños en la Pornografía ?ratificados en 1990 y 2002, respectivamente?. La delegación, integrada por 19 personas, fue encabezada por el subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Felipe de Jesús Zamora Castro, y la directora General del DIF, María Cecilia Landerreche Gómez Morín.

“Los problemas que ustedes enfrentan son enormes y nos solidarizamos con tanto sufrimiento de tantas víctimas. Sabemos que las causas estructurales que generan estos problemas no se vinculan sólo con su país, sino con la región. Somos conscientes de que no es tarea fácil y estamos aquí con ustedes para acompañarlos a encarar estos problemas desde esa mirada nacional, regional y mundial. Queremos diferenciar las medidas necesarias estructurales de las medidas específicas para atender los delitos de venta, explotación y pornografía que involucran a niños y niñas”, señaló Rosa María Ortiz, vicepresidenta del Comité, durante la audiencia celebrada en Ginebra.

El 4 de febrero, el Comité emitió una serie de recomendaciones al Estado para garantizar los derechos de la infancia y adolescencia en el país. Se solicitó un sistema detallado de recolección de datos, análisis, monitoreo y evaluación del impacto de todas las áreas cubiertas por el Protocolo Facultativo, en cooperación con las organizaciones no gubernamentales; se “animó” a que el Estado parte aumente las asignaciones presupuestales para programas a nivel nacional, estatal y municipal; y se exhortó a que se asegure la total independencia de las comisiones de los derechos humanos y la accesibilidad de los niños a éstas.

En cuanto a la prohibición de la venta de niños, prostitución, pornografía infantil y materias relacionadas, el Comité recomienda que se revise y adecuen los códigos penales federal y estatales a lo contenido en el artículo 3 del Protocolo Facultativo sobre el tipo de sanciones, y que se garantice a todas las víctimas el acceso a un proceso adecuado sin discriminación y a la reparación del daño, como lo dicta el artículo 9.

El 20 de abril, como parte de los compromisos adquiridos a nivel internacional, México debió entregar al Comité de Derechos del Niño un nuevo informe sobre el cumplimiento de la Convención. A la fecha, éste no ha sido entregado, según el posicionamiento de la Red por los Derechos de la Infancia en México, emitido a principios de mayo.

Tlaxcala, un caso “emblemático”

“Las instituciones están fallando”, asegura Emilio Muñoz Berruecos, director del Centro Fray Julián Garcés, Derechos Humanos y Desarrollo Local. Considera que no se han desarrollado mecanismos de prevención; no se atiende de manera adecuada a las víctimas de explotación sexual, pues el personal de las procuradurías de Justicia y de las instancias de protección de la niñez estatales no está capacitado. Tampoco ha habido sanciones a nivel federal y local.

El representante de esta asociación civil atribuye el incremento de la trata de personas a la falta de oportunidades en educación, salud y vivienda; además, de la violencia intrafamiliar en la que podrían estar inmersos los menores de edad. Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Puebla y Tlaxcala son las entidades más vulnerables.

“En Tlaxcala, lamentablemente un caso emblemático, existe una alta incidencia de la trata de personas. En algunos municipios se habla de 20 por ciento de niños y adolescentes con aspiraciones de ser tratantes, a consecuencia de un sistema que no previene ni sanciona los delitos. Las mujeres son objeto de explotación sexual, pero también podría cuantificarse un 40 por ciento de menores de edad en los términos que la Convención sobre los Derechos del Niño precisa.”

Tenancingo, San Pablo del Monte, Tlaxcala, Teolocholco, Apizaco, Zacatelco, Chiautempan, Calpulalpan, Acuamanala de Miguel Hidalgo, Huamantla, Mazatecochco de José María Morelos, Xicohtzinco, El Carmen Tequexquitla, Cuaxomulco, Muñoz de Domingo Arenas, Sanctorum de Lázaro Cárdenas, Tepeyanco, Totolac, Xalostoc, Xaltocan, San Lorenzo Axocomanitla, Santa Ana Nopalucan y Santa Apolonia Teacalco son los municipios en los que se presenta la trata de personas como “una actividad más”, explica Muñoz Berruecos.

En un análisis del Centro Fray Julián Garcés de los expedientes de la Procuraduría estatal de 2006 a 2008 se encontró que el 60 por ciento de las víctimas es de la entidad, y el resto, de Puebla, Veracruz, Tabasco, Chiapas y Guerrero; y que el 46 por ciento es niña. Asimismo, que las autoridades tienen conocimiento de la gravedad del problema, pero que no actúan por “temor a represalias”.

Fuente: Contralínea 236 / 05 de junio de 2011