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Calderón, Lozano Alarcón y Martín Esparza –por parte de la cúpula del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), cuyos trabajadores echados al desempleo se mantienen en lucha con peticiones y protestas (ejerciendo los derechos constitucionales 8 y 9) y de conformidad con la amenaza de contrarreformas a la Ley Federal del Trabajo– han estado beligerantemente provocadores en lugar de llegar a un arreglo que solucione las demandas obreras de quienes están pagando las consecuencias por el cobro de venganzas e intransigencias entre los que atropellaron los derechos laborales de miles de trabajadores y un dirigente sindical, llevando el movimiento al terreno de las agresiones directas contra los reporteros Marco Peláez, de La Jornada, y Juan Carlos Santoyo, de Radio Fórmula.

En la gritería del lunes 11 de abril, para recordar los 18 meses en pie de lucha del SME, con palabras despectivas al desempeño de esos periodistas, Martín Esparza motivó que esos periodistas fueran golpeados exigiéndoles que “se identificaran”. Otro reportero fue despojado de su material de trabajo y de otras pertenencias. Esto último obligó al reportero de Radio Fórmula a presentar una denuncia ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal por robo, lesiones y amenazas. Y señaló directamente a Martín Esparza por haber permitido esos actos de violencia, porque a éste no le parece cómo informan algunos medios de comunicación sobre las protestas de los 16 mil electricistas en pie de lucha que fueron despedidos por el abuso del poder de Calderón y su porro Lozano Alarcón.

Si de por sí esa lucha está en un aparente callejón sin salida, en el contexto de un régimen calderonista contrario a todo lo que se refiere a los trabajadores (basta con tener conocimiento de la iniciativa de contrarreformas laborales del Partido Acción Nacional, Calderón y Lozano), las provocaciones de Martín Esparza pueden dificultar aún más una salida. El que los periodistas acudan a las reuniones públicas para cubrir la información y proporcionar material para el análisis y la crítica o comentarios favorables al movimiento no es causa para que, como cualquier mexicano ahí presente, deban “identificarse”.

A menos que Esparza, con su teoría de los “infiltrados”, vea moros con tranchetes y policiacamente se reserve el derecho de entrada a un acto público. Las cúpulas sindicales como la que preside (y manipula) Martín Esparza constantemente empujan al suicidio político a las organizaciones, sobre todo de trabajadores, a los que alegan defender cuando, realmente, anteponen los intereses de grupo, se corrompen, transan con sus enemigos o terminan como siglas sin agremiados, como la Confederación de Trabajadores de México, de Gamboa Pascoe, y otros seudosindicatos.

No fue la desesperación lo que hizo que Esparza dirigiera su ira, rápido y furioso, contra los reporteros que cumplían con su deber y a los que él conocía de antemano, como para dejar que sus grupos de choque los agredieran y robaran. Fueron actos premeditados de éste tratando de enviar advertencias a los medios de comunicación para que cambien sus opiniones, cuando éstas sólo obedecen a las libertades de prensa. La demanda del reportero ante el Ministerio Público del Distrito Federal debe prosperar hasta sus últimas consecuencias penales. La conducta de Esparza no debe ni puede quedar impune, como se acostumbra cuando los excesos agreden a los ciudadanos, sean o no periodistas, en actos públicos donde sus dirigentes menos han de provocar ataques a los asistentes.

La agresión a estos reporteros significa que Esparza se ha extralimitado y sus actos, semejantes a los de Lozano Alarcón y a las despectivas referencias al SME de Calderón, van en sentido de generar más conflictos sociales que no tengan salidas de razonabilidad jurídica y ocurran abusos autoritarios, siempre dirigidos a cancelar las libertades de reunión, de protesta y de libre expresión.

*Periodista

Fuente: Contralínea 233 / 15 de mayo de 2011

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