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La lucha de los exbraceros para recuperar el dinero por el que trabajaron durante varios años de su vida no ha terminado. Todos saben que el gobierno federal está apostando a que estos hombres mueran de viejos, pero ninguno de ellos quiere ceder pues están demandando que les entreguen lo que es suyo

Edgar Ramírez / Ciudad Victoria, Tamaulipas

La entrega de los recursos que destinó Estados Unidos a México, como pago de pensión a los millones de ex braceros que trabajaron en el vecino país entre los años de 1942 y 1964 se ha convertido en una larga espera, ya que el gobierno Federal no ha canalizado la totalidad del dinero hacia los ex braceros o sus familiares.

En el caso particular de Tamaulipas, se calcula que son alrededor de tres mil los ex trabajadores que buscan ser beneficiados con un pago de 38 mil pesos, según los datos del delegado de la Secretaría de Gobernación en la entidad, Luis Enrique Aguilar. La mayoría de ellos residen en Reynosa y Río Bravo, y en menor porcentaje en la zona conurbada de Tampico, Madero y Altamira.

Los recursos se reparten de acuerdo a una lista del fideicomiso que publica el gobierno federal. Sin embargo, Juan Lerma Yépez, coordinador de la Unión de Exbraceros Migrantes del Noroeste de México A.C. lamentó que en la lista del año pasado figuraran muy pocos beneficiarios residentes de municipios como Mante, Xicoténcatl, Ocampo, González, Antiguo Morelos y Gómez Farías. El coordinador espera que aquellos que no aparecieron en la lista en  2010, sean contemplados para recibir el pago en el listado que se dé a conocer en este 2011, “porque ese dinero lo necesitan para sus respectivas familias y porque es un derecho que tienen, por haber prestado sus servicios en el vecino país del norte hace mas de más de 50 años”.

LA LUCHA TAMAULIPECA

Varios son los organismos o agrupaciones que han tomado como estandarte la demanda de los ex braceros. Como ejemplo de ello está la Unión Campesina Democrática, la Coordinación Estatal del Grupo de Ex braceros, la Coordinación de Tamaulipas de Braceros PRO, y la Coordinación de la Unión de Exbraceros Migrantes del Noroeste de México A.C.

Los exbraceros han permanecido en pie de lucha para lograr que el gobierno federal les otorgue el adeudo que tiene con ellos, derivado del Fondo de Apoyo Social para Extrabajadores Migratorios, que fue canalizado por empresas contratistas al Banco de México en el gobierno de Vicente Fox Quesada.

Desde entonces el millonario fondo, fruto del trabajo de los cerca de 5 millones de exbraceros, ha sido tema de debate nacional. La administración del Fideicomiso ha sido cuestionada, al igual que las trabas y candados que ha impuesto el gobierno federal para liquidarles.

Las organizaciones que apoyan a los exbraceros buscan que estos reciban el pago del fondo, además de 4 mil pesos como exhibición anual, monto decretado con las reformas realizadas durante el gobierno del presidente Felipe Calderón. Exigen el pago de 34 mil pesos para aquellos que ya recibieron los 4 mil pesos, y 38 mil pesos, a los recientemente incluidos dentro del fideicomiso, y que no han recibido pago alguno.

José ávalos Martínez, ex Coordinador Estatal del Grupo Exbraceros, comenta que mantienen hasta la fecha un esfuerzo para presionar al gobierno y lograr que les liquide ese adeudo, mismo que por ley se les debe entregar, y del cual en 2010 sólo recibieron 4 mil pesos.

“Seguimos esperando ese finiquito, y seguiremos en pie de lucha en este 2011, para conseguir que nos paguen”, advirtió.

Señaló que en muchas ocasiones han acudido a las oficinas de Telégrafos de México en la capital de Tamaulipas, para preguntar si ha llegado el dinero pendiente, pero la respuesta ha sido negativa. Aseguró que muchos compañeros suyos se van de Telégrafos con las manos vacías después de haber realizado un gasto extraordinario porque vienen del altiplano o de la frontera.

Por su parte Ana María Martínez Hernández, titular de la coordinación en Tamaulipas de Braceros PRO, asentó que la Secretaría de Gobernación liberó parcialmente el pago de 34 mil pesos a más de 200 ex braceros de Tamaulipas, sin embargo no han obtenido aun el recurso.

Precisó que en Tamaulipas, dentro de su organización, hay registradas 25 mil personas de entre 70 y 100 años de edad, y que aunque muchos ya fallecieron, sus familiares pueden exigir el apoyo, y es por ellos que seguirán buscando obtener el dinero.

Martínez consideró injusto que en la entidad solo hayan sido 200 los beneficiados, mientras que en otros estados con gobiernos panistas sumarán hasta 400 personas favorecidas.

Resaltó que en fecha reciente realizó -acompañada de varios integrantes de la asociación- un recorrido por ciudades fronterizas en donde se asientan sus delegaciones, tales como Reynosa y Nuevo Laredo. Posteriormente visitaron Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Querétaro y la Ciudad de México, con el objetivo de reunirse con la expresidenta de la Unión de Braceros y presentarse con ella como comitiva ante la Cámara de Diputados, y exigirle al gobierno federal el pago del fondo para cada uno, en una sola exhibición. Además realizaron algunas correcciones a la lista correspondiente a Tamaulipas, como el cambio de beneficiarios para que, en caso de que los titulares de las cuentas no puedan acudir a cobrar, alguien más pueda hacerlo en su nombre.

El JINETEO

El investigador de la UNAM, Javier Chávez Vargas, realizó una investigación llamada “Programa Bracero: una historia de 65 años de desprecio”, la cual publicó en el año 2008.

Su investigación evidenció consistentemente que la deuda del gobierno federal con los trabajadores del Programa Bracero ascendía a más de 5 billones de pesos, que el pago de 38 mil pesos era tan sólo el 3 por ciento del adeudo real, y los beneficiarios representaban hasta ese momento solamente el 0.17 por ciento de los casi 5 millones de personas que fueron contratados legalmente, mediante un convenio internacional firmado entre el gobierno de México y Estados Unidos.

El trato fue realizado con el fin de suplir la falta de mano de obra estadounidense en el campo, las minas y la instalación de las vías férreas, consecuencia de la participación del país vecino en la Segunda Guerra Mundial, y posteriormente en la guerra de Corea. Del acuerdo derivó el Programa Bracero, un programa que comenzó en 1942, y que estipuló crear el Fondo de Ahorro Campesino, con el que se retenía el 10 por ciento del salario diario de las casi cinco millones de personas contratadas. Las empresas contratistas guardaron y transfirieron los recursos, para devolverlos a los trabajadores a través de depósitos en el Banco de Crédito Agrícola de México, hoy Banco de Crédito Rural.

“Resulta ilusorio que en estos años se hayan pagado a la totalidad de los exbraceros y sus beneficiarios, pues en un principio se autorizaron solamente 300 millones de pesos, inferior a los 700 millones aprobados, en un primer periodo de pago. Con la modificación a las reglas de operación del fideicomiso, los trabajadores solo recibían abonos anuales de 4 mil pesos”, sostuvo el investigador en su reporte. Calculó que por más de 60 años el gobierno federal utilizó más de 670 millones de pesos, más los intereses generados, en otros asuntos.

Chávez Vargas, quien pertenece al Centro de Análisis Multidisciplinario, concluyó así: “Los ex braceros se enfrentan a la vejez, y en vez de vivirla dignamente con el fruto de su trabajo, han tenido que enfrentar una desgastante lucha por el reconocimiento del producto de su trabajo de muchos años, y la devolución del dinero que el gobierno se niega a reconocer y pagar… a lo que el gobierno le está apostando es a que los ex braceros mueran, dado que su edad oscila ya entre los 90 y 100 años. Espera su desaparición y olvido de este despojo, además de ponerles trabas a los familiares que intentan recuperar el dinero que sus padres o esposos  trabajaron durante años”.

En el año 2003, durante el gobierno de Vicente Fox, con la creación del fideicomiso que administraría el Fondo de Apoyo Social para Extrabajadores Migratorios Mexicanos, comenzó una lucha legal para las personas que podrían resultar beneficiadas con dicho fondo.

En ese año, oficialmente, la Secretaría de Gobernación contabilizó a 109 mil personas, a quienes se les otorgó 38 mil pesos a manera de pensión que por ley debieron haber recibido. Sin embargo, muchos han muerto sin recibir el recurso, y el gobierno sigue sin terminar de cumplir un adeudo histórico de más de 60 años.

LOS CANDADOS AL FONDO

En las últimas legislaturas federales, se ha conformado una comisión especial para dar seguimiento a la demanda de miles de de ex braceros que reclaman el pago de este fondo de ahorro, que multiplicado por el descuento que les hacían dentro del convenio internacional, integra una suma importante de dinero.

La situación, con el paso de los años, se convirtió en una férrea disputa de los exbraceros contra el gobierno federal, a través de una serie de protestas y movilizaciones en todo el país.

Sin embargo, hubo una breve tregua a partir del 25 de mayo de 2005 cuando la federación publicó, en el Diario Oficial de la Federación, la Ley con la que se creaba el Fideicomiso que Administraría el Fondo de Apoyo Social para Extrabajadores Migratorios Mexicanos.

Desde su creación, dicho fideicomiso ya ha tenido varias aportaciones en el presupuesto federal, en 2005 y 2006 por ejemplo. De acuerdo con el artículo 3º de ese decreto, el fideicomiso contaría con un Comité Técnico, integrado por un representante de la Secretaría de Hacienda, Secretaría de Gobernación, Secretaría de Desarrollo Social, Secretaría de Relaciones Exteriores y Secretaría de la Función Pública.

Cierto es que miles de exbraceros y familiares han cobrado los recursos aprobados para este fin, sin embargo falta que muchos trabajadores reciban su dinero,  producto de sus propios ahorros. La mayoría de ellos cuentan en promedio con una edad de entre 80 y 100 años, tienen una calidad de vida precaria, y cobrar sus ahorros es su única esperanza para pasar sus últimos días con mejores condiciones.

Al aprobarse en 2005 la Ley del Fideicomiso que administra ese fondo, se estableció el importe de apoyo por la cantidad de 30 mil pesos que sería entregado en un solo pago, pero el 29 de junio de 2009, ya con Felipe Calderón en la presidencia, hubo una serie de consideraciones nuevas. Se publicaron en el Diario Oficial de la Federación nuevas reformas a las reglas de operación del programa, entre ellas el numeral 5, para que el apoyo social sea otorgado en exhibiciones de acuerdo a los recursos disponibles en el Fideicomiso en cada ejercicio fiscal.

Dichas modificaciones realizadas por el Comité Técnico, a las reglas de operación 2106, establecieron que los exbraceros recibirían 4 mil pesos cada año como pago de su apoyo social, y no los 38 mil pesos en una sola exhibición como originariamente de había establecido. Fue una decisión federal que perjudicó la condición de cientos de miles de exbraceros.

La decisión apagó la esperanza de los ex trabajadores de recibir su ahorro en una sola exhibición, que además se había visto mermado en el monto, puesto que en un principio se habló de que les correspondían mas de 100 mil pesos a cada uno de ellos; sin embargo, terminó por fijarse la cantidad de 38 mil, a entregarse en diez abonos anuales, de manera tal que el último pago, se había establecido, sería en el año 2019, año en el que muy pocos sobrevivirían.

Calderón Hinojosa promulgó esas modificaciones, y establecieron como fecha límite el 10 de marzo de 2010 para saldar esa deuda, pero el fideicomiso (según datos tomados de la pagina oficial de la Cámara de Diputados) sólo dispone de 1 mil 800 millones de pesos, en lugar de los 6 mil que se necesitan para pagarle a los 172 mil exbraceros que se tenían contabilizados oficialmente. Es decir que pueden pagarle únicamente a 42 mil de ellos, dejando a más de 129 mil ex trabajadores fuera de la ecuación.

En febrero de 2011, el senador Ramiro Hernández García exigió al titular de la Secretaría de Gobernación, José Francisco Blake Mora, la lista empadronada real de los beneficiarios del fideicomiso. Además, le solicitó informar al Senado sobre el avance del pago a los extrabajadores.

El senador reveló que, hasta la fecha, se han publicado ya 18 listados de beneficiarios del Fondo de Apoyo Social para Extrabajadores Migratorios, pero aseguró que los listados se han presentado de manera segmentada y por separado, por lo que resulta complicado identificar al conjunto de personas por entidad federativa.

El diputado Salmantino Justino Arriaga, por su parte, habló así: “Una vez que se de a conocer oficialmente la lista de beneficiarios en el Diario Oficial de la Federación, los exbraceros podrían recoger su dinero entre abril y noviembre según sea el caso”.

El legislador federal estimó que, extroficialmente, son unos 33 mil 479 personas que recibirán 34 mil pesos, pues ya se les entregaron el año pasado 4 mil pesos, en tanto que a unos 5 mil 324 exbraceros se les cubrirá los 38 mil pesos en una sola exhibición. Consideró también que el recurso liberado por Hacienda para este rubro en este año, unos 200 millones de pesos, alcanzaría para pagar además a los 45 mil empadronados, de los cuales 5 mil 089 radican en Estados Unidos.

VIVIR Y CONTARLA

Dentro de la larga espera, ha habido casos de exbraceros que han vivido para contar su desgastante historia, y que han logrado recibir sus 38 mil pesos.

La lucha para devolver el fondo de jubilación de los exbraceros fue impulsada por Ventura Gutiérrez. Martha Zárate, miembro de Braceroproa, destacó que fue un 15 de mayo de 1998 cuando cuatro exbraceros sostuvieron una primera reunión en los estados de Durango y Michoacán, pero con el tiempo este organismo se fue extendiendo por todo México y Estados Unidos, con presencia en Arizona, Texas, Washington, Nevada y Nuevo México, y que actualmente alcanzan un total de 35 centros.

Mediante la unión,  muchos han podido hacer presión para obtener ese beneficio que por ley les corresponde, a pesar de haber tenido que aguantar un largo proceso debido al manejo del fondo que ha hecho el gobierno, han conseguido que les paguen su dinero.

Entre los que han podido hacerlo está Rafael Ávila Gúzman, quien tiene 84 años de edad y reside en Riverside. Su caso fue muy sonado, pues llegó por primera vez al Condado de Orange en 1955 como bracero, y ahí permaneció durante tres años recogiendo fresas, cada tres meses tenía que renovar su contrato. “Nos quitaban un porcentaje pero nunca supe si era el 10 por ciento, pero eso sí, sabíamos que había bonos”, ataja en un entrevista que le hizo el Diario La Prensa.

“El gobierno mexicano nunca nos informó. Nos utilizaron como animales”, remata en la citada entrevista.

Así también relata Serafín Duarte Flores, quien a sus 101 años de edad y 50 años después de haber trabajado en Estados Unidos, al fin pudo recibir el año pasado sus 38 mil pesos del citado fondo de ahorro. Duarte fue uno de los 350 mil migrantes contratados legalmente entre 1942 y 1964, para trabajar en los campos estadounidenses.

“Trabajar allá era muy duro, por el calor del verano y el frio del invierno. Se trabajaba mucho, se ganaba poco”, indica. Y concluye así: “Me fui al otro lado porque mi familia perdió una parte de sus tierras con el reparto agrario durante la presidencia de Lázaro Cárdenas y es que había otros más pobres, pero ni así se compara con la vida de hoy. Ahora hay mucha hambre”.

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