La guerra y la paz

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Las movilizaciones por la paz y la justicia en México se intensifican. La guerra de Washington y Los Pinos es ampliamente repudiada: el 6 de abril se desarrollaron marchas en 22 ciudades de la República, además de Cuernavaca y el Distrito Federal, en Aguascalientes, Chihuahua, Ciudad Juárez, Cancún, Colima, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guanajuato, Querétaro, Mérida, Morelia, Monterrey, Oaxaca, Pachuca, San Luis Potosí, Torreón, Saltillo y Xalapa. Y en el extranjero, en Barcelona, París, Buenos Aires, Copenhague, Los Ángeles, Nueva York, Ottawa, Santiago de Chile y Vancouver. El 8 de mayo está convocada otra movilización.

No hay paz sin justicia y sin derechos. La Constitución garantiza a los trabajadores empleo, jornada de trabajo de ocho horas, trabajo digno, un día de descanso, salarios mínimos suficientes para satisfacer las necesidades de la familia, derecho a la sindicalización, al contrato colectivo, seguridad social, vacaciones. Pero en esta guerra de las grandes corporaciones y el PRIAN contra el pueblo trabajador, se niegan estos derechos. Hay millones de desempleados, las condiciones de trabajo son deplorables, los salarios no alcanzan ni para sobrevivir, las jornadas de trabajo se alargan 12, 14 horas como en el porfirismo y la Colonia. Los trabajadores no tienen seguridad social ni prestaciones; se les contrata por honorarios u outsourcing. Esta situación lleva años desde que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) permitió que el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) dirijan la economía nacional. Al comenzar el neoliberalismo, los derechos se han ido negando en la práctica.

Así tratan al trabajador mexicano que es capaz y laborioso. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), quienes más trabajan luego de los japoneses y surcoreanos somos los mexicanos. ¿Quién dice que somos flojos? La jornada de los mexicanos es de más de 10 horas y son de las más largas del mundo, según el estudio de la OCDE publicado el 12 de abril. ¿Y la jornada de ocho horas? Mientras que el mexicano trabaja 10 horas, los alemanes trabajan siete y media. Además, nos han recargado de impuestos sin que recibamos los servicios que debe proporcionar el Estado. Ahora, con los magros salarios, hasta se tiene que comprar las medicinas a las que uno tiene derecho. Según Fernando Ríso, de IMS Health, el 47 por ciento de la inversión en compra de medicinas proviene de la propia gente. Es decir que el Estado que favorece a las corporaciones farmacéuticas, en lugar de dar buenos servicios de salud y medicina, obliga a la gente a asumir esos costos en detrimento del nivel de vida familiar.

Ahora, el PRI y el Partido Acción Nacional (PAN) pretenden, con la contrarreforma laboral y negando la Constitución, aprobar una nueva que “bendiga” el despojo a derechos básicos. Quieren “legalizar” la moderna esclavitud al gusto de las grandes corporaciones. Este atentado forma parte integral de la guerra en contra del pueblo trabajador. Pero éste responde, se moviliza, levanta cabeza. La movilización obrera, magisterial y popular del 7 de abril y la movilización del Movimiento de Reconstrucción Nacional (Morena) del 14, frente al Congreso, obligaron al PRI a recular y posponer la aprobación “al vapor” durante Semana Santa. Pero sigue el riesgo de que la aprueben a nuestras espaldas. ¿Qué clima social puede existir en un país en el que pretenden pagar 7.5 pesos por hora, despidos fáciles y sin dar la cara al trabajador, inestabilidad en el empleo, falta de pago de indemnizaciones tras años de trabajo, etcétera? Esas condiciones laborales ¿no son violentas? ¿No es una verdadera guerra contra el trabajo? Al defender sus derechos, el trabajador defiende los de toda la sociedad. Así, une y conduce al pueblo a la construcción de un futuro de paz y seguridad.

El pueblo se moviliza desde abajo por varios frentes. El 8 de abril se inauguró en Minatitlán, Veracruz, el VIII Foro Mesoamericano de los Pueblos, que articula las luchas de los pueblos contra la dominación.

Pudiéndose emplear todos los recursos necesarios para resolver los problemas, esto no se hace. Durante un mes, los incendios han quemado 100 mil hectáreas en Coahuila y miles más en San Luis Potosí y Nuevo León. Si toda la fuerza del Estado estuviese atenta a estas contingencias, en vez de enfocarse en su “guerra”, no llegaría a tales magnitudes el desastre.

En Estados Unidos, hay incendios en Kansas, Colorado, Arizona, Nuevo México y Texas, donde tan sólo ahí hay 140 mil hectáreas siniestradas. Estados Unidos gasta trillones de dólares en hacer la guerra y tener 1 mil bases por todo el mundo. Debería emplear esos recursos para cuidar su casa y atender sus problemas y siniestros internos. ¡Cada quien resolviendo los problemas en su propio país! Eso es la soberanía. La sociedad y la naturaleza nos muestran que el sistema imperialista no es capaz de solucionar los problemas y que es necesario que los pueblos del mundo conquisten un nuevo modelo que ponga en el centro la paz y la atención del ser humano y de la naturaleza y no las grandes ganancias de las corporaciones y las guerras que éstas promueven.

No hay paz sin justicia. Y observamos cómo el gobierno federal, con el pretexto del “combate contra el crimen”, se salta la ley. Por ejemplo, el 12 de abril por fin salió libre el último detenido del michoacanazo, ya que, violando la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución de Michoacán, Felipe Calderón apresó a 31 presidentes municipales en Michoacán el 4 de septiembre de 2009. A la postre, todos resultaron inocentes.

Washington propicia las acciones unilaterales de la Presidencia sobre los demás poderes, lo que no es otra cosa que la fascistización de la vida política. Así, firmaron la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de America del Norte (ASPAN) “por decreto ejecutivo”, saltándose a los Congresos de Estados Unidos, Canadá y México, e integraron no sólo los energéticos, sino también la seguridad, lo que viola la Constitución. Todo en nombre de la “seguridad”. ¿Cuál lucha contra el terrorismo? Estados Unidos liberó el 12 de abril a Luis Posada Carriles, terrorista de la Agencia Central de Inteligencia que debe muchas muertes por sus sabotajes (en el de Cubana de Aviación, puso una bomba en 1976: murieron 76 personas).

Por “decreto ejecutivo” quieren gobernar en Estados Unidos y en México, donde pretenden imponer el bipartidismo PRI-PAN. Pero la realidad se impone y el Morena impidió la maniobra cupular, y la alianza del PAN con el Partido de la Revolución Democrática se canceló a pesar de los esfuerzos de Calderón y sus aliados los Chuchos, Camacho y Ebrard. Esto es un paso adelante para agrupar a las fuerzas democráticas y progresistas y unirlas para la derrota del PRI y el PAN, no sólo en el Estado de México, sino en todo el país, y lograr un gobierno antiguerra.

Genaro García Luna, secretario de Seguridad Publica, afirma que hasta 2015 se reducirá la violencia. Pero el pueblo tiene sus propios planes y se está organizando para desarrollar un proyecto alternativo de nación y tener paz y desarrollo. Rompe con las recetas neoliberales del FMI y del BM, quien, por cierto, criticó la semana pasada la “oleada sin precedente de violencia en México y el desempleo que lleva al pandillerismo”. El Banco ignora que la situación actual es el resultado de las políticas que él mismo y   el FMI han impuesto desde hace tres décadas. Su modelo de desarrollo es un fracaso que sólo vuelve a México dependiente y desintegrado. Por eso no han de ser los organismos financieros internacionales quienes decidan el rumbo de México, porque lo han llevado al desastre.

Estados Unidos pretende criminalizarnos y sigue preparando el clima para su intervención directa en México. El director de la Agencia Federal de Investigación, Robert Mueller, declaró, el 6 de abril ante el Comité de Apropiaciones de la Cámara de Representantes, que la violencia en México ha llegado a niveles “sin precedente”, y el gobierno no ha logrado controlarla, persistiendo “la inquietud de terroristas extranjeros ingresando a Estados Unidos por la frontera de México”. Señaló que la violencia extrema, a través de nuestra frontera Suroeste, “continúa impactando a Estados Unidos. “Calla Mueller que desde la firma de la ASPAN y la Iniciativa Mérida, Estados Unidos “coopera” con México. ¿Eso quiere decir que su “cooperación” ha sido un fracaso? ¿O que no basta y lo que pretenden es la intervención militar directa? Al gobierno de Calderón lo elogian Obama y Clinton, pero Mueller dice que no puede controlar la violencia ¿Entonces a qué viene tanto elogio? Tampoco dice que esa violencia se alimenta con el dinero que viene de Estados Unidos (40 mil millones de dólares) y las armas que se introducen con la complicidad de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, y el conocimiento de la agencia antidrogas estadunidense (DEA, por sus siglas en inglés), la seguridad interna y la procuraduría general de Estados Unidos, como sucedió con la operación Rápido y Furioso. No reconoce que Estados Unidos alimenta la violencia.

Por otra parte, la directora de la DEA, Michele Leonhart, declaró, el 5 de abril, que “el nivel de violencia en México es una señal de éxito en la lucha contra los cárteles”. ¿Esto quiere decir que al no haber la misma violencia en Estados Unidos, allá no se lucha contra el narcotráfico? ¿Quién controla allá la distribución de droga en santa paz? Washington quiere guerra en México. Recordemos que fue la DEA, en octubre de 2006, la que recetó, a través de Karen Tanden y David Gaddis, la guerra en una reunión en Cuernavaca con García Luna y Medina Mora, previo al inicio de la actual administración. Ésta es la guerra que promueve Washington. ¡No la queremos!

¿Será el Estado fallido el de nuestros vecinos del Norte? Dice Michele Leonhart que los “cárteles mexicanos han tomado el control del tráfico y distribución de drogas en Estados Unidos”. ¡Pobrecitos gringos, ahora se dicen invadidos! ¿Y el Estado estadunidense, sus militares y policías? No engañan a nadie. Washington tiene la responsabilidad y le echa la culpa a mexicanos para tener pretexto de intervenir México. Los cárteles mexicanos son los operadores de sus amos gringos. Allá están las ganancias: lavan el dinero, venden las armas, distribuyen droga. Con esta campaña, tratan de ubicar el problema en México, criminalizarnos e intervenir. Es como el ladrón que grita “¡al ladrón!” para desviar la atención y salir impune.

No sólo dominan el narcotráfico, también la alimentación. México importará, en 2011, 13.5 millones de toneladas de maíz, 4.8 millones más que el año pasado. En lugar de sembrarlo aquí, se le compra a Estados Unidos –esto convierte a México en el segundo importador mundial–. Y en lugar de sembrar maíz, se siembra droga. Debemos lograr la soberanía alimentaria. También nos han hecho dependientes de corporaciones extranjeras en gasolina, gas, electricidad, al integrarnos energéticamente. Y lo más grave es que ahora avanza la sujeción militar.

El almirante James Winnefeld, jefe del Comando Norte, declaró, el 6 de abril, que México tiene que abrir un nuevo frente antinarco en el Sur, y que el Norte de Centroamérica es la zona más peligrosa del mundo. Elogia la cooperación militar con México en asistencia, capacitación e información, y quiere extender la guerra en todo México ¿De Norte a Sur?

Estados Unidos quiere mexicanos como carne de cañón para sus guerras en Irak, Afganistán, y el apoyo del gobierno para su política de guerra –que pisotea el artículo 89, que plantea la no injerencia, la solución pacífica de los conflictos y la autodeterminación de los pueblos– contra Libia, “por motivos humanitarios”, mientras que calla ante las matanzas en Siria, Yemen, Baréin, Palestina, etcétera.

No queremos la guerra de Washington y de Calderón ni la injerencia de Estados Unidos, que sólo han agravado las cosas. Queremos paz, trabajo, independencia y resolver nuestros propios problemas. Un documento del 8 de abril del gobierno estadunidense advierte que teme ataques contra agentes del orden o ciudadanos estadunidenses en Tamaulipas, Nuevo León y San Luis Potosí, y emitió un mensaje de alerta para esos tres estados. ¡¿Qué tienen que hacer agentes del orden de Estados Unidos en Tamaulipas, Nuevo León y San Luis Potosí?! Cada quien en su casa, por favor! ¡Yanquis, go home!

Y la andanada sigue. El representante republicano por Texas, Michael McCaul, propuso el 13 de abril “una estrategia integral para ayudar a México” en una fase “pos Mérida” en su “guerra” contra los cárteles. Sugirió aplicar en México las lecciones aprendidas en Colombia. Y es urgente, dijo, porque no se está aplicando el Plan Mérida y “estamos perdiendo.” ¿Estamos? Recordemos que el Plan Colombia implica siete bases militares estadunidenses y miles de marines en territorio colombiano.

El republicano Connie Mack, representante por Florida, dijo, el 13 de abril, que, en México, los estadunidenses son asesinados y los cárteles de la droga atacan a agentes de la Patrulla Fronteriza, y que la “amenaza de un Estado fallido se asoma a lo largo de la frontera con México.” Pero el Estado que ha fallado en controlar el tráfico de drogas es Estados Unidos. Sus patrulleros fronterizos han asesinado niños y jóvenes mexicanos con impunidad, como sucedió con Sergio Adrián Hernández, Anastacio Hernández y Ramsés Barrón. Frente a tanta amenaza, los mexicanos estamos alerta y sabemos que sólo asumiendo nuestra soberanía lograremos la paz. Para lo cual es menester un sistema político enfocado en resolver los problemas poniendo en el centro al ser humano.

Para contar con un gobierno antiguerra y pro social y con un Congreso que apoye sus medidas populares y centradas en el desarrollo nacional, hace falta la renovación democrática que permita que el pueblo sea quien decida y controle. Para esto es necesario:

1. Que los electores y no los partidos sean quienes seleccionen a los candidatos.

2. Que no se financie a los partidos, sino al sistema electoral, para que el pueblo decida.

3. Que las campañas sean equitativas para todos los candidatos, para sus propuestas, con igual tiempo en medios. Sin anuncios, spots o regalos durante las campañas electorales, ni ataques, ya que lo que se tiene que discutir son las soluciones.

4. Los representantes, una vez electos, deben estar mandatados por lo que se planteó en las campañas y asumir compromisos claros y obligatorios.

5. Aplicar la revocación de mandato a los representantes que no cumplan.

Así, el pueblo de México, asumiendo su soberanía, ha de construir un sistema democrático moderno, propio del siglo XXI, y un gobierno antiguerra y pro social para así poder construir un futuro de paz.

*Politólogo; vocero del Congreso de la Soberanía y dirigente de Mexteki

Fuente: Contralínea 230 / 24 de abril de 2011