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Distribuidores de las trasnacionales Chevrolet, General Motors, Ford, Volkswagen, Nissan, así como tiendas departamentales son beneficiarios del programa gubernamental que financia a micros, pequeñas y medianas empresas del país. El Fondo Pyme carece de mecanismos de operación y control a pesar de ejercer 5 mil 300 millones de pesos anuales, advierte el máximo órgano de fiscalización en México. En duda, la conservación de empleos formales en las compañías subsidiadas

La Secretaría de Economía (SE) entrega casi el 40 por ciento de los recursos del Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Fondo Pyme) a las grandes empresas del país, revela la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Entre los beneficiarios, se encuentran distribuidores de las marcas Chevrolet, General Motors, Ford, Volkswagen y Nissan, muestran los kárdex correspondientes a 2010 de la SE, encabezada por Bruno Ferrari García de Alba.

Sin metas definidas ni indicadores que permitieran medir la cobertura del programa, la dependencia encargada de coordinar las estrategias económicas del país le destinó más de 5 mil 300 millones de pesos en 2009, según el Informe del resultado de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2009 elaborado por la ASF.

Con una disminución en el número de proyectos financiados, el año pasado le fueron asignados 5 mil 290 millones de pesos. En 2011, opera con más de 6 mil 700 millones de pesos, indica el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Además de los distribuidores de la industria automotriz, el Fondo Pyme financia 475 empresas pertenecientes a la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD) de Jalisco, a través del Proyecto Pabellón Hecho en México en el Marco de Expo ANTAD, con un ejercicio de 9.5 millones de pesos.

En marzo de 2010, Contralínea reveló que General Motors y Ford Motor Company –trasnacionales de origen estadunidense– han sido incentivadas con más de 3 mil millones de pesos mediante subsidios del Fondo Pyme y exenciones en el pago de impuestos, desde el inicio de las administraciones panistas, mediante la SE y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

Sin mecanismos de control

Con la auditoría de desempeño 09-0-10100-07-0040, el máximo órgano de fiscalización del país determina que el Fondo no dispone de “la evidencia documental de practicar estudios y formular planes y proyectos en los que se establecieran prioridades, asignación de recursos, responsabilidades y tiempos de ejecución, así como un diagnóstico de las necesidades de apoyo de las Mipymes (Micro, Pequeñas y Medianas Empresas)”.

La SE, resalta el informe, “no cuantificó en las Reglas de Operación del Fondo PYME 2009 la población objetivo por atender; tampoco identificó el número de empresas que requieren ser apoyadas con recursos por cada una de las categorías de apoyo, ni por región del país, entidad federativa y municipio, lo que limita el direccionamiento de los recursos”.

Fue a través de la auditoría que la ASF determinó que hay 5 millones 144 mil 56 unidades económicas. De las cuales, 4 millones 877 mil 70 son micreoempresas y representan el 94.8 por ciento de la “población potencial susceptible de ser apoyada por el Fondo Pyme”. Otras 214 mil 956 fueron clasificadas como pequeñas empresas y representan el 4.2 por ciento; 42 mil 415 medianas, 0.8 por ciento, y apenas 9 mil 615, que son el 0.2 por ciento, entran en el rubro de las grandes compañías.

El documento indica que de las más de 5 millones de unidades, 10 mil 782 empresas fueron atendidas a través del Fondo, el 0.2 por ciento del total; de ellas, “no fue posible comprobar la cobertura de atención de las pequeñas y de las medianas empresas respecto del total existente en el país, debido a que la SE las reportó en un solo rubro”. En tanto, la mayor cobertura por tamaño correspondió a las grandes empresas, con el 39 por ciento.

Los beneficiarios

De acuerdo con la lista de beneficiarios del Fondo Pyme de la SE, en 2009 se apoyaron a 170 Organismos Intermedios (OI) –encargados de facilitar su acceso al financiamiento y proporcionar servicios de capacitación, comercialización, gestión empresarial y desarrollo tecnológico.

Los proyectos de este ejercicio llegaron a 390 e implicaron un importe de 3 mil 337 millones 686 mil 700 pesos. El principal grupo de OI apoyado correspondió a las asociaciones civiles y mercantiles, con 101 organismos y 205 proyectos, seguido por las cámaras nacionales de Industria y Comercio, con 29 organismos y 70 proyectos.

Sin embargo, la Secretaría de Economía “no estableció criterios y parámetros para determinar en qué medida se deberían canalizar los apoyos a cada uno de los OI, por lo que no fue posible evaluar la eficacia en el cumplimiento de estas acciones”.

Según el kárdex de 2009, entre los primeros cinco beneficiarios, se encuentran el Programa Nacional de Incubadoras Fase 2009, con 4 mil 959 empresas; Semana Regional Pyme Puebla, 2 mil 577; Programa Nacional de Consultoría Moderniza, 2 mil 459; Programa de Apoyo Emergente para la Reactivación Económica, 2 mil 263, y la Cruzada por los Negocios y el Autoempleo, 2 mil.

Durante 2010, la lista es encabezada por el proyecto Fortalecer la Red de Distribuidores del Sector Automotor, autorizado a través de tres folios (FP2010-485, FP2010-1120, FP2010-1155), que implica el subsidio a 1 mil 983 agencias distribuidoras de las marcas Chevrolet, General Motors, Ford, Volkswagen y Nissan, entre otras.

Falta de impulso

Entre las observaciones realizadas, la ASF destaca que durante 2009 no se le asignaron recursos a empresas localizadas en 13 estados del país: Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Colima, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Querétaro, Tabasco, Tamaulipas y Yucatán.

Además, dice el informe, la SE “no estableció metas de las empresas por desarrollar y consolidar por cada una de las categorías previstas con los recursos del Fondo Pyme”, como se tiene previsto en las Reglas de Operación del Fondo Pyme.

Entre los incisos de las Reglas de Operación –publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 2008–, se ordena la generación y conservación de empleos, creación y fortalecimiento de micro, pequeñas y medianas empresas, así como la contribución al desarrollo regional, sectorial, económico y sustentable, entre otras.

La dependencia que encabeza Bruno Ferrari no estableció metas y parámetros ni contó con la evidencia documental de las empresas que se integraron a las cadenas productivas, lo que impidió evaluar el cumplimiento del propósito establecido en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, que señala como “prioridad nacional” la generación de empleos.

Se solicitó entrevista con el titular de la Secretaría de Economía, a través de Joaquín Álvarez, director de Prensa, sin que al cierre de la edición se haya obtenido respuesta.

Fuente: Contralínea 228 / 10 de abril de 2011

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