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Denuncian incursión violenta de elementos del Ejército en comunidad indígena de Michoacán

Felipe Calderón Hinojosa, presidente de la Repúbica José Francisco Blake Mora, secretario de Gobernación Leonel Godoy Rangel, gobernador de Michoacán Fidel Calderón Torreblanca , secretario de gobierno de Michoacán Jesús Montejano Ramírez, procurador General de Justicia de Michoacán Víctor Manuel Serrato Lozano, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Raúl Plascencia Villanueva, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos Javier Hernández Valencia, representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos La Red de Defensa de los Derechos Humanos (REDDH), con domicilio para recibir información en Avenida Reforma 1516, despacho 4, Centro Histórico de Puebla, con correo contacto@reddh.org y celular 044 (45) 2221276839, solicita su intervención ante el hostigamiento de efectivos militares en contra de comuneros de Ihuatzio, municipio de Tzintzuntzan, y Unión Progreso y Las Mesas, municipio de Charo. El Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) denuncia que el miércoles 23 de febrero del presente año, un convoy del Ejército Mexicano entró a la comunidad indígena de Ihuatzio, municipio de Tzintzuntzan, haciendo uso de violencia contra la población. A las 21:00 horas agredieron a un grupo jóvenes a quienes obligaron a detenerse con palabras altisonantes –y de forma prepotente– para revisarlos. Con empujones y amenazas, les dijeron que les iban a “romper la madre” si no se dejaban hacer la rutina. Al día siguiente, continuaron con su hostigamiento, tocando casa por casa y preguntando a los padres o madres de familia: “¿Quieres que cuidemos la comunidad?”. La respuesta que recibieron fue unánime: “No, porque de acuerdo con los usos y costumbres de la comunidad, ella puede cuidarse sola”. Desde este día se encuentran acuartelados dentro de la comunidad sin el consentimiento de las autoridades civiles, pasando por alto el respeto a los usos y costumbres establecidos en el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin hacer caso de la inconformidad y descontento de la población, siguen instalando retenes en la entrada a la comunidad, en el paraje Sanabria. La característica particular de los retenes son el autoritarismo y la prepotencia con la que se dirigen a la población, impidiendo el libre tránsito al municipio y a la ciudad de Pátzcuaro. Queremos reiterar que estos hechos se han venido dando en otras comunidades donde tiene presencia y arraigo el FNLS, como Unión Progreso y Las Mesas, municipio de Charo. En la primera, el martes 1 de marzo, a las 21:30 horas, dos camiones y dos camionetas militares ocuparon la comunidad, generando zozobra en los pobladores. Actualmente, se encuentran acuartelados sin que la comunidad dé su aprobación para ello; en la segunda, ese mismo día ingresaron dos vehículos militares por la calle principal que atraviesa la comunidad, apuntando con sus fusiles a mujeres, niños y ancianos. Luego se retiraron. Lo anterior obedece al incremento de la violencia institucionalizada y sistematizada del Estado mexicano, con la justificación de que estamos supuestamente en “guerra o lucha contra el narcotráfico”. Y en la que los costos los paga el pueblo: suman más de 35 mil víctimas y se cometen crímenes de lesa humanidad contra luchadores sociales y defensores de derechos humanos, como los casos de Josefina Reyes Salazar, Maricela Escobedo, Susana Chávez… Responsabilizamos al gobierno federal de cualquier acto de represión, de todos los crímenes que se cometan en Michoacán contra luchadores sociales, así como de la integridad física y sicológica de los integrantes del FNLS, y de lo que pueda suceder en las comunidades donde tiene arraigo. Como organización de derechos humanos, nos preocupa que este tipo de acciones policiaco-militares, lejos de contribuir a la seguridad de la población, creen un clima de incertidumbre y de vulneración de la integridad física, sicológica y moral de los habitantes de las comunidades indígenas antes referidas. Además, es de destacar que la participación de organizaciones sociales como el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo tiene un papel protagónico en el fortalecimiento de la vida democrática del país. Resultan preocupantes los hechos antes referidos, con los que, lejos de contribuir a mejorar las condiciones de vida de los habitantes de Michoacán, se ahonda y promueve la corrupción e impunidad. Por lo anterior, la REDDH solicita: 1. Que el gobierno del estado y las autoridades correspondientes dicten medidas cautelares para la protección de los habitantes de las comunidades Ihuatzio, municipio de Tzintzuntzan, y Unión Progreso, y Las Mesas, municipio de Charo, así como también de los integrantes del FNLS. 2. El cese de hostigamientos, amenazas de violencia o de cualquier otra forma de intimidación que menoscabe la dignidad humana de los de los habitantes de las comunidades y la organización mencionadas. 3. Con base en el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, llevar a cabo una investigación exhaustiva e imparcial, así como informar de manera oficial de los avances del proceso. 4. A las comisiones Nacional y Estatal de Derechos Humanos y a los organismos internacionales de protección de los derechos humanos, que expresen su preocupación ante la gravedad de estos hechos. Atentamente, Israel Sampedro Morales Dignidad, Justicia, Libertad Red de Defensa de los Derechos Humanos ———————————————————————————————————–

Reconoce Congreso Nacional Indígena como “ley suprema” los Acuerdos de San Andrés

Los delegados indígenas de los pueblos, naciones, comunidades, tribus y barrios p’urhepecha, coca , triqui, nahua, ñhaatho’, n’an ncue, tzeltal, ñañhu, ayuuk, binniza, tzotzil, y wixarika, reunidos y convocados en la comunidad de Nurío, con el permiso de parajpeni (nuestra guía de vida), nana kuerajperi, tata kuerajperi y de Tariata (aire), Itsï (agua), Ch’piri (fuego), Echeri (tierra), nuestra palabra dice Juchari irekua ka juchari uinapekua (nuestra vida, nuestra fuerza) kungorhentskua, Iretaeri anhatsekuarhekua (unidad, autonomía y resistencia de los pueblos). Por ello, presentamos el siguiente manifiesto. En estos días que anuncian un nuevo tiempo en la vida de la madre tierra y de nuestros pueblos, y que con el nacimiento de la luna nueva, nuestra madre tierra se prepara para recibir las semillas que iniciarán un nuevo ciclo marcado por la siembra del maíz, la semilla de nuestra lucha continuará dando sustento a nuestra existencia como pueblos de hombres y mujeres de maíz. A 10 años del tercer Congreso Nacional Indígena de Nurío, la semilla de la dignidad y la resistencia en la marcha del color de la tierra, que encabezó el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y los pueblos tribus y naciones de México, continúa vigente como hace más de 500  años. A 15 años de la firma de los Acuerdos de San Andrés, ratificamos su reconocimiento como la ley suprema de nuestros pueblos indios, por encima de las leyes nacionales y estatales. Continuamos construyendo la autonomía desde nuestros pueblos, naciones, tribus, comunidades y barrios. El derecho milenario al territorio lo defendemos en cada playa, cada lago, cada río, cada bosque, cada desierto y cada selva, porque la madre tierra no es una mercancía; nosotros y cada ser que la habitamos somos parte de ella: lo sagrado no se vende. Como bien se estableció en los Acuerdos de San Andrés, que reivindicamos y ratificamos como nuestra carta magna, la autonomía es la expresión concreta del ejercicio del derecho a la libre determinación y es el espacio donde los pueblos indígenas sí somos reconocidos como sujetos de derecho. Además, los Acuerdos de San Andrés son la puerta que nos da la oportunidad de hacer algo por nosotros mismos (lo que el gobierno nos ha negado), reconstituirnos como pueblos, generar nuestras formas de autodefensa, organizar nuestras juntas de buen gobierno y defender nuestras tierras, territorios y recursos naturales. Los Acuerdos de San Andrés, que hemos analizado en esta sesión, son el resultado de un verdadero ejercicio de diálogo nacional y consulta con los pueblos indígenas de México, gracias a la iniciativa y convocatoria del EZLN. Después de la traición legislativa de abril de 2001, los pueblos indígenas que participamos en el Congreso Nacional Indígena hemos asumido, reconocido y llevado a la práctica los Acuerdos de San Andrés como nuestra ley grande y suprema. Los Acuerdos reconocen y defienden la comunalidad para la defensa de nuestro territorio en contra de las leyes neoliberales y privatizadoras. Los Acuerdos han orientado la defensa y nuestro caminar en las luchas. Su vigencia se expresa en la lucha de nuestros pueblos y el camino hacia la autonomía. Estamos conscientes de que en materia de derecho no es tiempo de exigirle nada al gobierno, porque no cumplió lo firmado en los Acuerdos de San Andrés; es tiempo de llevar a los hechos el ejercicio de nuestro derecho a la autonomía y libre determinación. A partir de la firma de los Acuerdos de San Andrés Sakamch’en de los Pobres, este camino de 15 años que ha avanzado en la construcción de la libre determinación de nuestros pueblos ha sido sembrado con la sangre de muchos de nuestros hermanos y hermanas. Por este sendero, han caminado con nosotros y nos han dado su luz; permanecen entre nosotros aunque ya no los veamos. Ahora ellos son nuestros sagrados ancestros con quienes volveremos a encontrarnos. El Congreso Nacional Indígena no olvida a sus muertos; ellos son nuestra fuerza para resistir el embate del mal gobierno y las amenazas del gran capital. Ellos son fuego de vida, son semilla y maíz, son ejemplo para nuestra infancia y nuestra juventud. El Congreso Nacional Indígena (CNI) es la casa de todos, independiente y autónoma, espacio de solidaridad, encuentro y reflexión donde va y viene nuestra palabra, la palabra que es historia, la palabra que es trabajo, la palabra que es baile, la palabra que es música, la palabra que es escuela, la palabra que es tierra y que es madre, la palabra que es dignidad, la palabra que es forma y vida autónoma. El CNI es la casa donde hemos compartido experiencias, tristezas y alegrías. Allí hemos construido hermandad y rebeldía. En él hemos sembrado el bien a pesar de las dificultades a las cuales nos hemos enfrentado. Nuestro caminar continúa, el surco se sigue labrando entre todas y todos; el camino es la reflexión; la autonomía es nuestra cosecha. Pueblos y organizaciones que han acompañado el sendero del CNI, no sólo lo han venido haciendo en la defensa de nuestros derechos, sino a través de las manifestaciones artísticas, como la pintura mural, la danza, el teatro y la música, dejando huella en las diversas comunidades, donde asambleas, talleres y congresos se han realizado. Reconocemos la importancia del acompañamiento de dichos artistas e invitamos a las comunidades a que sigan dando vida a través del arte a nuestros encuentros. En esta XXIX reunión del CNI se abordó de manera importante la participación de las mujeres en la liberación de los pueblos. En la lucha de liberación, no sólo van los hombres, mujeres o jóvenes, sino que vamos todos juntos. El recuerdo de nuestra compañera, la comandanta Ramona, nos orienta en esta reunión. Los espacios instituidos nos han excluido, nos han quitado la palabra; por ello en el CNI, la casa de todas y todos, hemos tenido un espacio donde siempre florece nuestra participación. Se reflexionó cómo participan y han participado las mujeres en esta lucha de liberación. La participación de las mujeres, su experiencia de vida, de lucha, su tejido de palabras debe caminar junto al de los compañeros del CNI. La construcción de una mejor vida, organización y alcance del fruto autonómico es irrealizable sin la participación de las mujeres. El CNI es el caminar juntos, en acompañamiento de palabras, trabajo, decisión y conocimientos de las mujeres. La dificultad y derrota de todo movimiento tiene sus raíces en la exclusión de las mujeres. Reiteramos que nuestra ley, los Acuerdos de San Andrés, sólo es realizable con la participación de las mujeres. Desde este espacio autónomo e independiente, construido por los pueblos  que ejercen sus derechos colectivos con base en los Acuerdos de San Andrés, se exige: La salida de los paramilitares de las comunidades de Mitzitón, Candelaria el Alto, y la salida de policías y militares en el ejido de San Sebastian Bachajón, en Chiapas. Así como la restitución de las 185 hectáreas a la comunidad de Candelaria el Alto, que le fueron despojadas en 2005, ubicadas en el predio El Desengaño. La presentación con vida de Francisco de Asís Manuel, presidente del Comisariado de Bienes Comunales de la comunidad de Santa María Ostula; de los comuneros Javier Martínez Robles y Gerardo Vera Urcino, de la misma comunidad. También se exige el respeto a la Policía Comunitaria y las formas de organización política y social de la comunidad nahua de Santa María Ostula. Al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, la absolución de los compañeros amuzgos Silverio Matías Domínguez, David Valtierra Arango y Genero Cruz Apóstol, integrantes y fundadores de la Radio Ñomndaa. La Palabra del Agua. A su vez, exigimos el cese del hostigamiento contra la radio comunitaria. La libertad de Alberto Patishtan Gómez y Rosario Díaz Méndez, presos políticos de La Voz del Amate y adherentes a La Otra Campaña, y de ocho presos solidarios de La Voz del Amate, recluidos en el penal 5 de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, y en el penal de Motozintla, Chiapas. También exigimos la liberación inmediata de seis adherentes a La Otra Campaña de San Sebastián Bachajón, recluidos en el penal 14, Playas de Catazajá, Chiapas. La cancelación de las asignaciones y concesiones de exploración y explotación mineras otorgadas a nivel nacional en nuestras tierras y territorios, como las que se han otorgado en Oaxaca y Guerrero y como las que han favorecido a la empresa canadiense First Majestic Silver Corp, que afectan al sitio sagrado wixárika de Wirikuta, en San Luis Potosí. Respeto a la comunidad wixárika de Tuapurie Santa Catarina, Cuexcomatitlán, Jalisco, en su decisión de ejercer su autonomía. Cancelación definitiva del proyecto carretero Amatitlán-Bolaños-Huejuquilla, en el territorio de Tuapurie. Respeto y reconocimiento de la comunidad indígena coca de mezcala, así como a su derecho sobre tierras y aguas de su comunidad, amenazadas por los proyectos privatizadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia y la Comisión Nacional del Agua. Respeto al territorio de la comunidad purhépecha de Cherán y repudio al uso de la violencia que hacen los grupos de talamontes paramilitarizados. Responsabilizamos a los tres niveles de gobierno de esta situación por negarse a perseguir y aplicar la ley a dichos grupos armados. Llamamos a la comunidad de Cherán a defender su unidad a través del reconocimiento cultural como pueblo purépecha. Respeto y reconocimiento del derecho al territorio y recursos naturales de las tierras comunales de los pueblos ikoots de San Mateo del Mar y San Dionisio del Mar, así como binnizá de Juchitán y Unión Hidalgo, en el Istmo de Tehuantepec, en contra de las privatizaciones promovidas por las empresas en el megaproyecto del Corredor Eólico del Istmo oaxaqueño. Cancelación de la construcción del megaproyecto Supervía Poniente, que afectaría a los pueblos, barrios y colonias de La Magdalena Contreras, Cuajimalpa y Álvaro Obregón. Se acuerda la realización de la XXX Reunión de la Región Centro-Pacífico del CNI en el Territorio Comunitario de la Región Costa Montaña de Guerrero, en el marco del XVI Aniversario de la Policía Comunitaria en octubre de 2011. Se acuerda la realización de Talleres de Reflexión en Guerrero, Oaxaca y Chiapas en el transcurso del presente año. Dada en la comunidad indígena purhépecha de Nurío, 6 de marzo de 2011. Nunca más un México sin nosotros Congreso Nacional Indígena ———————————————————————————————————–

Felicitan a nuevo director del Frayba

El Comité de Derechos Humanos de Base de Chiapas Digna Ochoa felicita a Víctor Hugo López Rodríguez por haber sido nombrado director del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) por el Consejo Directivo del mismo Centro, presidido por don Raúl Vera López. Consideramos que Víctor es la persona indicada para la continuidad del proyecto histórico que representa el Frayba en los escenarios de alta conflictividad en Chiapas y en México. Se hace honor al legado de Tatic Samuel Ruiz García. Estamos seguros que con su nombramiento, en estos momentos difíciles, se privilegiará el trabajo y el diálogo con todos los actores y organizaciones de la sociedad civil que en Chiapas y México luchamos por la defensa de los derechos humanos. Por la defensa de los derechos humanos de nuestro pueblo, Lekil be yu’un klumaltik (tseltal) Wen bi cha’an laklumal(chol) El buen camino para nuestro pueblo Comité de Derechos Humanos de Base de Chiapas Digna Ochoa ———————————————————————————————————–

Contra el cierre de normales rurales

Es triste que la educación en México siga siendo un privilegio y no un derecho. El cierre de las normales rurales garantiza que los pobres y los indígenas permanezcamos excluidos de un sistema que nos niega lo básico: el derecho a estudiar. Las normales rurales representan la única posibilidad de estudio para los más pobres de este país y hoy las aniquilan. ¿Acaso no han demostrado su eficacia para educar al campesinado mexicano? ¿O será que lo que les molesta a estos gobiernos neoliberales pro fascistas es que la formación y la visión de sus egresados es crítica? Cuánta razón tenía Carlos Marx: los ricos crean sus propios sepultureros, pues las condiciones de hambre y opresión están creando las condiciones necesarias para que, al igual que en Egipto, el pueblo se sacuda de una vez por todas la opresión que lo lacera.

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