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La sentencia ejemplar contra una trasnacional por contaminar el medio ambiente, en riesgo de quedar sin ejecución. Luego de que un tribunal comprobó los daños a la Amazonía ecuatoriana cometidos por Chevron (de capital mayoritariamente estadunidense) y de que la condenara a pagar 9.5 mil millones de dólares, la trasnacional inició una campaña internacional para sabotear la resolución judicial. Juan Pablo Sáenz, integrante del equipo de abogados que puso en el banquillo a la petrolera, no tiene dudas: el fallo es justo y ejecutable

Gonzalo Ortiz / Tierramérica / IPS-Voces de la Tierra

Quito, Ecuador. El 14 de febrero, un tribunal provincial ecuatoriano dictó la condena ambiental más severa de la historia contra una empresa petrolera, la corporación estadunidense Chevron. Sin embargo, hay pocas esperanzas de que se ejecute.

“No seguiríamos trabajando en esto si no pensáramos que la posibilidad de éxito, en una escala de uno a 10, es 10”, responde en entrevista con Tierramérica el más joven de los abogados ecuatorianos litigantes, Juan Pablo Sáenz.

Se trata del juicio ambiental del siglo. La sentencia en primera instancia ordena a Chevron pagar 9 mil 510 millones de dólares para remediar los daños causados a la salud humana y al ambiente en una zona amazónica del Noreste de Ecuador, en las provincias de Sucumbíos y Orellana, donde su actual filial Texaco realizó actividades de exploración y explotación de crudo por 26 años.

A finales de febrero, la empresa había presentado un pedido de aclaración y ampliación del fallo, lo que en los hechos congela el plazo de 72 horas que tienen las partes para apelar una vez emitida la sentencia.

Cuando la batalla judicial se inició en 1993, Juan Pablo Sáenz egresaba de la escuela primaria. Hoy, con 29 años, integra el equipo legal que acaba de anotarse la victoria, al que ingresó cuatro años atrás al ganar un concurso, mientras terminaba sus estudios de derecho.

Gonzalo Ortiz (GO): En una escala de uno a 10, ¿qué puntuación le daría a la posibilidad de que la sentencia se ejecute?

Juan Pablo Sáenz (JOS): Nosotros no seguiríamos trabajando en esto si no pensáramos que la posibilidad es 10. Muchas personas dijeron que esto nunca se iba a lograr, que una corte ecuatoriana nunca iba a fallar contra una gran trasnacional.

Pero tenemos varias opciones y estamos asesorados por un estudio jurídico estadunidense, Patton Boggs LLP, que es experto en la ejecución de este tipo de sentencias. Estamos absolutamente convencidos de que esto se puede ejecutar porque es justo.

GO: La amarga realidad es que la justicia no siempre triunfa, sobre todo cuando hay intereses tan poderosos de un lado.

JPS: De acuerdo, pero hay que creer en los milagros. Lo que nos diferencia de otras causas similares es que nosotros estamos trabajando directamente con las comunidades.

Nosotros nos dedicamos, en última cuenta, a ejecutar las decisiones que ellas toman y esto nos da fortaleza. Como dijo Pablo Fajardo (coordinador del equipo legal), éste es un tema de principios. Y aunque tome muchísimos años, estoy seguro de que nosotros y hablo por los abogados, pero sobre todo por las comunidades, vamos a aguantar mucho más que nuestros oponentes.

GO: Está claro que la demanda no buscaba dinero para repartir y la sentencia dice que los montos de la multa deben destinarse a rubros específicos de remediación ambiental y cuidado de la salud, y dispone que esos recursos sean administrados por un fideicomiso. ¿Cuántos son los eventuales beneficiarios?

JPS: Todos los moradores de las provincias de Orellana y Sucumbíos. Hace algunos años, se hablaba de 30 mil personas. Son los directamente afectados por ser vecinos de las zonas petroleras. Pero, según los datos del último censo, estaríamos hablando de unas 223 mil personas en las dos provincias.

GO: ¿Cuántos fueron los demandantes?

JPS: Las personas que firmaron la demanda, y la han continuado con una tenacidad admirable, no van a recibir ningún dinero. Ésta es una demanda de acción colectiva, es decir que se hizo en nombre de todas las personas que habitan en el área. Se trata de un grupo indefinido, pero identificable.

GO: Puesto que manejan varias opciones, como actuar legalmente contra Chevron fuera de Estados Unidos para conseguir que se ejecute la sentencia, y ya que la empresa hace años que no opera en Ecuador, ¿en qué países están pensando?

JPS: Existe la Convención sobre el Reconocimiento y la Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras, de la que Ecuador es signatario. Lo más fácil sería buscar que la ejecución sea en un país también signatario de este tratado, porque el proceso se vuelve más rápido, pero en principio podremos dirigirnos a cualquier país donde Chevron tenga plataformas, barcos, cualquier tipo de bienes, y buscar su embargo hasta que reconozca la obligación que se le ha impuesto.

GO: ¿Tienen algún país en mente?

JPS: Tenemos una lista de países, pero es prematuro ahora porque es evidente que ellos van a presentar todas las apelaciones del caso, y hay un par de instancias todavía.

GO: La primera es ante el pleno del Tribunal de Sucumbíos. Luego, si Chevron sigue apelando, tendría que elevar el juicio a la Corte Nacional de Justicia en casación. ¿Es así?

JPS: Sí. Pero la casación es un recurso mucho más limitado porque ya no se discutiría el fondo del asunto, sino tres o cuatro causales específicos. Los tiempos van acelerándose, porque se trata de un juicio verbal sumario para el que la ley da a los jueces plazos más cortos.

GO: Entonces, ¿el plazo de un año es razonable?

JPS: Sí. La primera apelación no debería demorarse más de seis meses, porque no se receptan nuevas pruebas, sino simplemente se juzga con base en lo que existe en autos.

GO: ¿Cómo ven el recurso de Chevron ante la Corte Permanente de Arbitraje, con sede en La Haya, y ante un tribunal de Nueva York para impedir que la sentencia se ejecute?

JPS: Ellos demandaron a Ecuador y están tratando de relitigar todo el asunto como si el Estado ecuatoriano fuera parte, y no lo es. Es difícil imaginar que el tribunal arbitral de La Haya esté solicitando al gobierno ecuatoriano que interfiera en la función judicial del país. Es ridículo pensar eso.

El tribunal de La Haya no puede prejuzgar sobre las resoluciones que tomen los tribunales del Ecuador, que son independientes, y mucho menos decirle al gobierno que irrespete las resoluciones judiciales.

El proceso de Nueva York y el de La Haya no tienen posibilidad de interferir en la ejecución de la sentencia. No hay un foro supranacional en el que nos vayamos a enfrentar contra Chevron.

GO: ¿Y cuando llegue el momento de ejecutar la sentencia?

JPS: Cuando pidamos acciones precautelares contra Chevron, todo juez o tribunal revisará que se hayan cumplido ciertos requisitos básicos: que no se haya privado a nadie del derecho a la defensa, que se haya seguido el debido proceso; pero nada más.

GO: Pero Chevron ya está actuando de otras formas.

JPS: Lo que está haciendo es cabildeo contra Ecuador; por ejemplo, impedir que se le renueven preferencias arancelarias. Lo que quiere es que el Estado ecuatoriano interfiera en el debido proceso. En eso han gastado millones de dólares desde hace algunos años para malquistar al gobierno de Estados Unidos con el de Ecuador. No tienen interés en que realmente se ventile esto en una corte: no tienen argumentos.

Fuente: Contralínea 224 / 20 de marzo de 2011