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En el búnker, en Los Pinos y en las mansiones en Acapulco y Cancún para descanso del presidente y su familia, domicilios del señor Calderón, nada importa el sangriento saldo de varias decenas de miles de homicidios (ajustes entre bandas de narcotraficantes, “daños colaterales” de mexicanos ajenos a la guerra panista-calderonista, cadáveres sin identificación, desaparecidos, etcétera). Y menos interesan los asesinatos de periodistas, casi todos reporteros en el ejercicio de las libertades constitucionales para buscar y dar información, publicar escritos y manifestar las críticas a los abusos del poder, que son su trabajo y deber, muy a pesar de las declaraciones del propio Calderón y de su cuarto secretario de Gobernación.

En los cuatro años del calderonismo y seis del foxismo, 66 periodistas fueron privados de la vida cuando desempeñaban su función para la prensa escrita, audiovisual y oral. El reporte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) –urge la creación, por el Senado, del defensor del periodista de competencia federal y defensores de los periodistas en cada una de las 32 entidades– es más que trágico. Contiene el drama nacional de las embestidas de la delincuencia organizada del narcotráfico y de la delincuencia burocrática-política; aquéllos desde el clandestinaje y éstos desde el abuso del poder gubernamental, en especial de quienes ocupan los ejecutivos en las entidades y el federal. Esos dos poderes, criminal y político, han cometido homicidios directa o indirectamente o puesto las condiciones para privar de sus vidas a los periodistas.

Los reportes de la CNDH (El Universal y Reforma, 2 de enero de 2011) coinciden con la Fundación Knight (El Universal, 17 de diciembre de 2010), donde mencionan los datos duros de homicidios, ataques a instalaciones, secuestros, amenazas y otros delitos contra los informadores; y cómo éstos una y otra vez presentan denuncias ante la Procuraduría General de la República, y ésta con la Secretaría de Gobernación (de Chávez a Blake) hacen caso omiso. Estos funcionarios calderonistas andan con el chincual (en su sentido de alboroto, bullanga, diversión) de integrar un sospechoso comité consultivo para dizque implantar “medidas de seguridad” para el desempeño periodístico, ejecutado por el subalterno de Blake, Felipe de Jesús Zamora, subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, sin que haya sido aterrizado para que los periodistas lo analicen y decidan. Este comité huele a seguir ampliando los tentáculos del golpe militar y policiaco, y está muy por encima de garantizar la seguridad a todos los mexicanos, entre los cuales están los periodistas.

El yo acuso al calderonismo por los cientos de miles de homicidios y que en el país, en lugar de prevalecer el imperio de la ley, los matones al servicio de los cárteles del narcotráfico se hagan “justicia” por su propia mano y disparen a diestra y siniestra, privando de la vida a quienes les viene en gana para practicar el tiro al blanco. Y que los poderes ejecutivos en todos los niveles, con las supuestas fuerzas del orden para lograr la paz pública, son órganos del Estado, cuyos titulares, cuando no son cómplices de esas rebeliones anticonstitucionales, son incapaces, incompetentes e inútiles que deben aceptar el ultimátum de “¡si no pueden, renuncien!”, escupido en sus caras en una de las múltiples reuniones calderonistas.

El yo acuso de los periodistas por las agresiones y homicidios de que son víctimas, y por salir al paso de las constantes advertencias calderonistas para que prive la censura y las limitaciones al ejercicio de las libertades jurídicas para informar exhaustivamente. En esta década panista perdida en todos aspectos, no parecen “daños colaterales”, como justifica Calderón, los abusos policiacos y militares (como el bárbaro de la señora Marisela Escobedo, ametrallada en las barbas del desgobernador César Duarte), sino maneras de quitar de en medio a mexicanos que protestan, informan, demanda, critican y hasta exigen las renuncias de los funcionarios que no cumplen, no ya con su deber, sino ni con sus obligaciones por las que cobran y se enriquecen.

El yo acuso contra Calderón y dizque “servidores públicos” se sustenta en el recuento de hechos sangrientos: los oficialmente reconocidos que son más de 30 mil. Y en el expediente de la CNDH, donde se consigna el baño de sangre contra los periodistas que insisten en informar y criticar, contra viento y marea de los amenazantes comités, los llamados a la censura y a una guerra que abusa militar y policiacamente.

*Periodista

Fuente: Contralínea 225 / 20 de marzo de 2011