El expediente Leyzaola

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El teniente coronel Julián Leyzaola Pérez, exsecretario de Seguridad Pública (SSP) municipal de Tijuana y hoy titular de Seguridad Pública de Ciudad Juárez, representa fielmente una política de Estado y una visión oficial sobre la seguridad pública que ignora olímpicamente los derechos humanos y la responsabilidad del Estado como garante.

Raúl Ramírez Baena*

Las loas que hablan y escriben de él periodistas de la talla de José Cárdenas y el periódico El Universal (“Leyzaola va a Juárez tras limpiar Tijuana”, Yahoo, 10 de marzo de 2011), en el sentido de que bajo su gestión como jefe policiaco se logró convertir a esa ciudad fronteriza en “modelo de seguridad”, son harto preocupantes porque eso quiere decir que, finalmente, dio resultado la campaña mediática del XIX ayuntamiento de Tijuana y del gobierno de Baja California en medios locales y nacionales: difundieron las andanzas del militar metido a jefe policiaco como si fuera el salvador de la patria.

Podemos asegurar que Leyzaola no es precisamente un jefe policiaco, sino un concepto de Estado basado en la fuerza y la brutalidad para cumplir, a como dé lugar –sin éxito, por cierto–, el objetivo de acabar con las mafias del narcotráfico.

Es increíble que el presidente municipal de Ciudad Juárez, Héctor Munguía Lardizábal, haya menospreciado los principios constitucionales y los tratados internacionales, así como las recomendaciones de la Procuraduría de los Derechos Humanos de Baja California (PDH) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos contra Leyzaola por el delito de tortura, y las denuncias llevadas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de los Estados Americanos.

Dice Teto Munguía que, para contratar a Leyzaola, “consultó” a Felipe Calderón y al gobernador César Duarte. Peor todavía: conociendo los antecedentes de Leyzaola, que son del dominio público, no se le ocurrió consultar a la CNDH y a las organizaciones no gubernamentales (ONG), que tienen a punto el expediente Leyzaola (ignoramos por qué la CNDH no ha girado la recomendación correspondiente, si cuenta desde el año pasado con las pruebas de tortura obtenidas mediante la aplicación del Protocolo de Estambul).

Asimismo, han sido ignorados por el alcalde juarense los llamamientos al gobierno de Calderón hechos por Amnistía Internacional, Human Rights Watch, el Observatorio para la Protección de los Derechos Humanos y la Oficina de Washington para América Latina, y las recomendaciones de la PDH, la CNDH y la CIDH para la aplicación de medidas cautelares con el fin de salvaguardar la integridad y la vida de Blanca Mesina y Silvia Vázquez, defensoras investigadoras en Tijuana de los casos de tortura perpetrada por Julián Leyzaola, por militares en el 28 Batallón de Infantería en Tijuana y por el capitán Gustavo Huerta, discípulo de Leyzaola y hoy flamante jefe policiaco en la administración priista de Carlos Bustamante.

Blanca y Silvia tuvieron que salir urgentemente de Tijuana por las graves agresiones y amenazas de muerte recibidas en 2010, cuya principal sospecha recae precisamente en Leyzaola y en sus escoltas. La Secretaría de Seguridad Pública y el gobierno de Baja California tuvieron que cumplir un urgente emplazamiento de la CIDH, vía recomendación, para el establecimiento de las medidas cautelares.

Nada de esto valió, ni las denuncias penales contra Leyzaola, Huerta y el ejército ante el Ministerio Público local y federal, interpuestas en octubre de 2010 por policías municipales y civiles de Tijuana, víctimas de tortura.

Por cierto, en Baja California ya se aplica pomposamente el nuevo Sistema de Justicia Penal, Oral y Alternativo, cuyo pionero fue, precisamente, Chihuahua, con la asistencia, promoción y costo de la United States Agency for International Development (la ONG Proderecho, creada ex profeso en México por el gobierno estadunidense).

Julián Leyzaola, antes en Tijuana ahora en Juárez, reproduce el proyecto de militarización de la seguridad pública impuesto por Felipe Calderón en su “guerra” personal contra el narcotráfico, que ha costado ya más de 36 mil “daños colaterales”.

Durante el paso de Leyzaola por Tijuana, murieron más de 70 policías acribillados por el narco, y muchos más se corrompieron (o plata o plomo) por esa torcida visión de meter a los policías preventivos en tareas de persecución del narco, que es una atribución federal, no municipal, estatal ni militar en tanto no se decrete la suspensión de garantías.

Tijuana no es Ciudad Juárez. En la primera, los narcos han llegado a acuerdos de no agresión, dada la aparente debilidad del cártel de los Arellano (que es la principal razón de la disminución de la violencia después de la captura del Teo y el Muletas, no por Leyzaola, como nos quieren hacer creer). Tijuana es una plaza en la que no han entrado los cárteles de los Carrillo Fuentes, del Golfo y Los Zetas, como en Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas y Nuevo León, donde se vive una violencia desbordada.

Ignorando las recomendaciones de la PDH y la CNDH, el alcalde de Ciudad Juárez dijo que, desde Tijuana, los empresarios le “recomendaron” a Leyzaola. Sería bueno saber qué empresarios tijuanenses le vendieron la idea barata al edil juarense y cuáles se la compraron, y por qué no observó las recomendaciones de referencia.

Algo tenemos que agradecer desde Baja California a un ingenuo y desesperado Héctor Munguía: sacó a Julián Leyzaola de esta entidad, donde acababa de ser nombrado subsecretario del Sistema Estatal de Seguridad Pública por el gobernador Osuna Millán, en la antesala de ser designado secretario (¡gulp!). En su primera reaparición estelar, Leyzaola encabezó un grupo de 300 policías municipales, estatales y ministeriales en un operativo masivo de arrase en Mexicali, que arrojó, como siempre, la detención mayoritaria de adictos, infractores e inocentes que de inmediato fueron liberados, pero cuyas estadísticas cumplieron la función mediática de consumo popular. Y todos contentos.

Mil gracias, don Teto, y mucho éxito con su nuevo jefe policiaco. De lujo…

*Presidente de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste; exombudsman de Baja California

Fuente: Contralínea 225 / 20 de marzo de 2011