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“Muy buenos días compañeros y compañeras que nos escuchan. Queremos informarles que en este momento se ha iniciado la toma de carretera a la altura de Siguatepeque, con la intención de decir no a la Ley de Minería”, informa uno de los corresponsales de la radio comunitaria La Voz Lenca, en Honduras. La transmisión continúa ante el silencio de los medios comerciales. Las emisoras comunitarias promueven formas de expresión, organización y autorrepresentación que ponen en alerta al gobierno hondureño. La represión legal, extralegal y policiaca no se hace esperar, pero los comunicadores responden creando más medios populares. El choque apenas comienza: 28 radios comunitarias en peligro de ser cerradas

Gemma Estrella

 

Tegucigalpa, Honduras. El movimiento de autogestión de medios radiales se consolida en América Latina, donde cada vez proliferan más emisoras comunitarias. Honduras no es un caso aparte. “Cada vez más organizaciones campesinas, populares y afrodescendientes tienen la necesidad de contar con medios de comunicación propios; eso tiene que ver con la inaccesibilidad de los medios comerciales, parte de los grandes monopolios mediáticos; con la necesidad de poder hablar en la lengua propia, desde la propia cosmovisión y sin una censura previa”, afirma María Reyero, parte del área de formación de Comunicador@s Populares por la Autonomía (Comppa). Ésta trabaja con organizaciones campesinas, indígenas y afrodescendientes en Guatemala y Honduras, apoyando la creación de medios comunitarios como herramienta para fortalecer procesos organizativos y favorecer el ejercicio de un derecho humano básico: la comunicación.

“La inquietud por los medios nace de que, por tantos años, hemos sido marginados por ser pueblo organizado. Ya en 2000, vimos la necesidad de tener medios de comunicación propios para poder denunciar las injusticias que ocurren en nuestros pueblos, y así poco a poco le fuimos entrando a la comunicación radiofónica”, explica Miguel Ángel Vázquez, vicepresidente de la radio La Voz de Zacate Grande. Esta emisora comunitaria, inaugurada el 14 de abril de 2010, opera desde la Península de Zacate Grande, en el Golfo de Fonseca, Honduras. En ella laboran 18 comunicadoras y comunicadores que se distribuyen las tareas de corresponsales, locutores, editores y facilitadores. La emisora amanece a las 8:00 horas y sigue dando servicio hasta las 20:00 horas.

“La radio es propiedad de la comunidad y está a su servicio; no tiene fines lucrativos. Elaboramos la programación incluyendo las sugerencias de las comunidades, y allá donde se produce la noticia, hay un corresponsal”, prosigue Miguel Ángel.

Desde Esperanza, departamento de Intibucá, transmite La Voz Lenca, emisora creada en 2003. Junto con Radio Guajarambala forma parte de la red de emisoras del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), organización que tiene representación en 700 comunidades aproximadamente y que lucha por la reivindicación, reconocimiento de los derechos y mejora de las condiciones de vida de comunidades y pueblos indígenas en Honduras.

En Triunfo de la Cruz, radica la radio garífuna comunitaria Faluma Bímetu (Coco Dulce), que desde hace 10 años difunde la problemática de la tierra que enfrenta el pueblo garífuna y la cultura propia.

La Voz Lenca, La Voz de Zacate Grande y Faluma Bímetu son tres de las 28 radios comunitarias que operan en Honduras, y que día a día alzan y difunden sus voces cuestionando un modelo de Estado que permite que unos pocos se enriquezcan mientras la mayor parte de la población hondureña vive en la pobreza. Desde la cabina de locución, tras la mezcladora o sosteniendo el micrófono en plena calle, las y los comunicadores populares ejercen el derecho a la libertad de expresión y al acceso a los medios que tanto parece incomodar a la oligarquía del país.

Durante los dos últimos años, tras el golpe de Estado de 2009, las radios comunitarias han sufrido un acoso constante: agresiones directas contra el equipo de transmisión.

“Vivimos la persecución a los medios de comunicación alternativos y a los comunicadores que trabajan en ellos. Hace un año, quemaron la radio Coco Dulce; hace un mes, sabotearon el equipo del COPINH y amenazaron con volver a quemar Coco Dulce; encarcelaron a dos compañeras comunicadoras; sufrimos persecuciones con disparos. Por ser comunicadores sociales, estamos en el blanco”, denuncia Miguel Ángel Vázquez.

Goteo de agresiones

El 6 de enero de 2010, desconocidos quemaron la radio comunitaria garífuna Faluma Bímetu. El incendio devastó las instalaciones y el equipo; dejó a la emisora fuera del aire.

El 3 de junio de 2010, 300 elementos del ejército y la policía hondureña ocuparon la comunidad de Zacate Grande y cerraron la radio comunitaria en medio de una operación para capturar cinco dirigentes campesinos.

El 5 de enero de 2011, La Voz Lenca y Radio Guajarambala denunciaron una agresión por parte de empleados de la empresa Servicios de Medición Eléctrica de Honduras. Dichos empleados cortaron la energía del local donde operan las emisoras. No mostraron orden que sustentara el corte del servicio eléctrico.

El 15 de diciembre del año pasado, los cuerpos de seguridad hondureños arrestaron a Elba Yolibeth Rubio y Elia Xiomara Hernández, comunicadoras de La Voz de Zacate Grande, durante un operativo en la comunidad del Coyolito. Miembros de la policía preventiva y la fuerza naval participaron en la operación de expulsión de una familia instalada en terrenos del empresario Miguel Facussé. A pesar de haberse identificado, Elba y Elia fueron detenidas junto con otras 12 personas. En este momento, ambas están acusadas de sedición y desobediencia civil. “Se les impusieron medidas cautelares: cada 15 tienen que ir a firmar al juzgado; tienen prohibido ir a la comunidad del Coyolito, salir del país y participar en manifestaciones públicas”, informa Vázquez.

Todas estas agresiones forman parte de la maniobra represiva contra los medios comunitarios. “La represión hacia las radios comunitarias tiene que ver, por un lado, con los conflictos locales por la tierra y los recursos; pero también son un ejemplo de la crisis institucional que se vive en el país. Se les está yendo de las manos el control sobre la vida de la población hondureña. Las instituciones debilitadas buscan recuperar el control completo que tenían antes, queriendo quemar las radios comunitarias, torturando y amenazando a los periodistas independientes”, asegura Christopher K Thomas, de la organización Comppa.

Mordaza legal para las emisoras comunitarias

El 31 de enero de 2011, el gobierno de Honduras, a través de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), lanzó a consulta una resolución que pretende derogar el otorgamiento de permisos y licencias para las estaciones de baja potencia que operan en frecuencia modulada. La supuesta saturación del espectro radioeléctrico en la banda 88-108 megahercios es el principal argumento que sustenta dicha iniciativa. El periodo de consulta, que apenas duró una semana, se realizó a través de internet.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística, el 53.5 por ciento de la población de Honduras vive en el ámbito rural; el 65 por ciento, debajo de la línea de pobreza, y el 42.4 por ciento, en situación de pobreza extrema. Así, la mayoría de la población no pudo opinar respecto de una resolución directamente vinculada a la libertad de expresión y el acceso a los medios. Esto sucede, además, después de que, en noviembre de 2010, el gobierno hondureño se comprometiera ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en el marco del Examen Periódico Universal, a adaptar la regulación del Sector de Telecomunicaciones de Honduras con los estándares internacionales en materia de derechos humanos. El movimiento, supuestamente legal, del gobierno de Porfirio Lobo refuerza la persecución contra los medios comunitarios y supone una vulneración del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y del artículo 13.3 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que declara que “no se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, frecuencias radioeléctricas o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones”.

Coincidencia o no, diversas radios comunitarias del país operan en la banda que se pretende regular: “Nos quieren acallar y nos discriminan al ponernos como potencias bajas, lo cual es la única opción que nos han dejado para acceder a las frecuencias, ya que acceder a potencias más grandes es sólo por la vía de la subasta económica, lo cual resulta imposible obtener para las comunidades”, denuncia un comunicado publicado por los comunicadores de la Voz de Zacate Grande.

A pesar de que actualmente muchas de las radios comunitarias que operan en Honduras lo hacen desde la “ilegalidad”, ya que no cuentan con los recursos suficientes para realizar los trámites necesarios para adquirir las licencias, la consulta que impulsó Conatel es una muestra más de que el gobierno hondureño tiene el ojo puesto sobre ellas. “Es un paso más en la escalada de represión. Con esta ley, crean un antecedente legal para ir en contra de estas emisoras. Aunque no tengan licencia, queda claro que se están enfocando en ellas”, asegura Christopher K Thomas.

“Se dan cuenta que las radios comunitarias tienen un papel fundamental porque difundimos las noticias verdaderas, denunciando los derechos que se están vulnerando; educando a través de programas educativos. Sabemos que les estamos haciendo un daño porque estamos denunciando lo que sucede en el país”, señala José Ernestino Amaya, corresponsal de La Voz Lenca en Esperanza, Intibucá.

Intentos descarados para acallar a emisoras que dan voz a las comunidades y ponen en riesgo intereses políticos y empresariales. Medios comunitarios que jugaron un papel fundamental tras el golpe de Estado en junio de 2009, que se llevó a cabo con el beneplácito de todas las instituciones estatales, desde el Congreso de la Nación a la Comisión de Derechos Humanos, y que contó con el apoyo incondicional de los medios de comunicación masiva del país. “Después del golpe de Estado, los medios comerciales, propiedad de las elites oligárquicas de Honduras, fueron un instrumento muy poderoso al manipular la información e intentar convencer a la población de que lo que estaba sucediendo no era un golpe de Estado, sino una sucesión constitucional”, comenta María Reyero. En ese contexto de manipulación informativa, las radios comunitarias y los periodistas independientes se convirtieron en la voz disidente que le puso el nombre real a lo que estaba aconteciendo. Los medios comunitarios levantaron la alfombra para mostrar a la población hondureña lo que los poderes políticos y económicos del país estaban intentando ocultar bajo ella. “Durante el golpe de Estado, las únicas emisoras que difundían noticias verdaderas sobre qué era el golpe de Estado y por qué estaba pasando eran las emisoras comunitarias, que transmitían desde la calle lo que estaba sucediendo y hablaban con la gente”, afirma Amaya.

Voz de las comunidades

 

La denuncia, la labor de concientización, la voluntad de proporcionar “noticias verdaderas” a la población suponen un desafío constante a los poderes de este pequeño país centroamericano. En este contexto de vacío informativo y concentración de los medios en las esferas de poder, las radios comunitarias se erigen como una alternativa para la población hondureña. A través de ellas, reciben informaciones que afectan directamente a sus pueblos, pueden expresar sus voces y participar activamente en la creación de medios de comunicación propios.

En Honduras, un país con 8 millones de habitantes, las radios comunitarias siguen operando a pesar de las agresiones y la represión. Retoman la comunicación en sus propias manos y la ponen al servicio de la población. Algo que, al parecer, los medios de comunicación masiva olvidaron esto hace tiempo.

Fuente: Contralínea 223 / 06 de marzo de 2011