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Imagina que desapareces de casa seis meses. ¿Cómo se encontrarían tus parientes? Imagina además que tu familia tiene que sobrevivir con menos de un salario mínimo al día. Ahora imagina que la razón es porque estás en prisión y, más aún, no te explicas por qué estás ahí; tu conciencia está tranquila; pero tampoco sabes cuándo podrás salir. Éste no es un caso imaginario, es real, y puede sucederle a cualquiera, sobre todo a los sectores vulnerables: indígenas, campesinos y pobres. 

El 4 de julio de 2010 se celebraron elecciones estatales en Chiapas. Comunidades pertenecientes a la organización Movimiento Campesino Regional Independiente-Coordinadora Nacional Plan de Ayala-Movimiento Nacional (Mocri-CNPA-MN), en el marco de su aniversario, realizaron protestas en diferentes cruces carreteros del estado para demandar, entre otras cosas, libertad para los presos políticos, atención a los damnificados por las inundaciones y el cumplimiento de compromisos asumidos por el gobierno chiapaneco e instancias federales ante las afectaciones causadas a cientos de familias por el taponamiento y posteriores estrategias deficientes de desazolve del Río Juan de Grijalva en noviembre de 2007. La respuesta de las autoridades no se hizo esperar: dos operativos, uno de ellos en la zona del Tapón, en el cruce carretero de Las Flores, municipio de Tecpatán y, el otro, en el crucero Nuevo México, a 3 kilómetros de la cabecera municipal de Comalapa. El saldo, 24 campesinos y un estudiante detenidos, 11 en Tecpatán y 14 en Comalapa, entre ellos un menor de edad; 11 personas de 50 y 60 años aproximadamente, una de 71 y otra de 79. Varios de ellos presentaban lesiones. Al señor Santos Salas le quemaron el codo con un encendedor. Todos ellos fueron acusados, entre otros delitos, de extorsión, motín y conspiración. Los detenidos fueron Roberto Ramírez Roblero, Priscilio Morales Morales, Santos Salas Vázquez, Darinel Roblero Gómez, Salistro Roblero Roblero, Tereso Morales Roblero, Miguel Roblero, Juan López Roblero, Hipólito Ramírez, Marvel Zunun López, Pedro Raymundo Silva, Emmanuel Pérez Morales y Eberneo Velázquez Agustín; todos ellos, de Comalapa. También, Elvia Carina Pérez Balboa, Francisco Javier Aguilar Gómez, Daniel Vázquez Mendoza, Simón Jiménez, Miguel Luna Hernández, Francisco Luna, Eliezer Hernández Luna, Arturo Jiménez Mendoza, Miguel Jiménez Pérez, Juan Jiménez López, Luis Alberto Alpuche Reyes; ellos, de Tecpatán. Afortunadamente, los detenidos de Tecpatán ganaron el amparo contra el juez de lo Común: demostraron que no existen elementos suficientes para procesarlos por los delitos mencionados, y lograron su libertad provisional bajo caución en febrero de 2011. No obstante, continúan en un proceso por supuestos delitos federales. Hubo 14 detenidos del municipio de Comalapa (averiguación previa FAR/066/2010-07), quienes, hasta febrero de 2011, continúan en prisión. El proceso está plagado de irregularidades. Sorprende, sobre todo, la insuficiencia de pruebas con que se justifica su encarcelamiento. Entre ellas, dos botes blancos con el acrónimo Mocri: uno de ellos con 50 pesos y otro con 32 pesos. Este dinero sería el resultado de la presunta extorsión contra los automovilistas que querían cruzar por el tramo carretero, según cuatro testimonios de supuestos testigos, ninguno automovilista, presentados por el Ministerio Público (MP), que aseguran haber visto cómo los manifestantes, entre los que no reconocen a casi ningún detenido, bloqueaban la carretera y amenazaban a los conductores para hacerlos pagar entre 50 y 150 pesos. De acuerdo con el parte policial, una llamada anónima que advierte del cobro es la razón por la que se presentan y llevan a cabo las detenciones. La manifestación comenzó alrededor de las 10:00 horas, y fue interrumpida por las autoridades a las 14:30 horas. Todos los testigos, dos de ellos relacionados con el gobierno municipal de Tecpatán, señalan, que el dinero se depositaba en botes blancos, uno de ellos hasta especifica que eran dos botes, por lo que estarían refiriendo que, en al menos cuatro horas de supuesta extorsión, sólo lograron obtener 83 pesos. Ningún policía atestigua las presuntas extorsiones. Las dan por hecho. Además, el MP no presenta ningún testigo que haya sido de facto víctima de esa presunta extorsión; todos sus testigos fueron sólo observadores, ninguno se presenta como quejoso, es decir, no hay parte acusadora. El MP y el juez también consideran prueba plena y justificación para acordar el auto de formal prisión un panfleto recogido y firmado por el Mocri-CMPA-MN el día de la manifestación, en el que se lee: “Respetamos el derecho del pueblo a salir a votar por quien considere pertinente, no pretendemos impedir las elecciones, más bien los convocamos a que nos organicemos y no perdamos la esperanza de poder transformar nuestra realidad. La situación [ilegible] cuando tomemos el destino por nuestras manos y luchemos incansablemente por un mejor futuro” (sic). El MP hace referencia de este párrafo como prueba de los delitos de conspiración y motín, porque, de acuerdo con su lectura, se está provocando a los chiapanecos para que se organicen y tomen medidas contra el gobierno. Esta tesis supuestamente se refuerza porque en algunas declaraciones se habla de una reunión realizada en una escuela (conspiración), de la que las autoridades se valen para afirmar que ahí se planeó todo, sin que tengan ningún dato o testigo que así lo demuestre. No obstante, el 5 de agosto de 2010, se dictó auto de formal prisión a los campesinos hasta entonces arraigados en la Quinta Pitiquitos. Por otro lado, en este proceso se menciona que todos los acusados están involucrados en la comisión de los delitos imputados, sin considerarse que varios de ellos demostraron hallarse en el lugar por razones personales y no participaron en ninguna de las acciones que se les acusa. Los detenidos el 4 de julio son, en su gran mayoría, campesinos humildes, cabezas de familia, que, desconocedores de las formas de hacer política en el país, pero no de la injusticia social en la que están sumergidos, deciden manifestar su inconformidad y luchar para que sus problemas sean escuchados. Nunca esperaron que una manifestación llegara a tener consecuencias de tal magnitud. Nunca creyeron, y hasta hoy no encuentran razón para creerlo, que hacían algo malo. Se trata de gente confiada, sin malicia, que no entiende cómo es que no ha salido aún de prisión, que no entiende cómo es eso que han escuchado de que “mientras haya línea por parte del gobernador, no van a salir”. Y que mientras se les encierre en prisión en procesos sin sentido ni fin (en lo que a justicia respecta), no sufren más que el ahondamiento de su pobreza y abandono. Se ha desvirtuado la naturaleza de un conflicto social que sólo buscaba solución a sus demandas y colaboración económica de las personas para dar a conocer sus reivindicaciones y la falta de atención de las autoridades. Más caro que atenderlos es realizar un operativo para detenerlos, procesarlos y mantenerlos en prisión. Se malgastan nuestros impuestos y, lo peor, es que se engaña a la sociedad, lacerando la confianza en las instituciones públicas al asegurar que se imparte justicia. Finalmente, todos saldrán libres e inocentes, pero ¿cuánto habrán gastados sus familias? ¿Cuánto habrán perdido de sus vidas? ¿Cuánto más habremos de lamentar por la falta de justicia en México? *Integrante del área de de difusión de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, AC Fuente: Contralínea 223 / 06 de marzo de 2011