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A pesar de la “ayuda” que Estados Unidos ha entregado al gobierno de Calderón, las bandas mexicanas del crimen organizado son más poderosas que nunca. Controlan zonas del territorio nacional y son cabezas en un mercado ilegal mundial. La primera baja de la “guerra” impuesta por Estados Unidos a México ha sido la soberanía. El combate a las causas de la delincuencia, como la pobreza y la falta de educación y de empleo, están fuera de la actual estrategia

Nubia Piqueras Grosso / Prensa Latina

El hampa mexicana ha escalado en poder y ramificación en la última década. Se ha situado a la cabeza de las organizaciones criminales del continente y es una de las más poderosas dentro del narcotráfico mundial.

La “metástasis” hacia una peligrosa estructura organizativa al estilo de la Cosa Nostra siciliana o los grupos terroristas trasnacionales incrementa el peligro de una permanente y creciente actividad, y ofrece, a corto plazo, pocas posibilidades de éxito en combatirla, según estudiosos del tema.

Varios analistas coinciden en que México posee las condiciones geográficas, sociales, políticas y económicas para que florezca la industria del crimen.

Debido a la pobreza y la falta de posibilidades de empleo y estudio, en esta nación se observa, cada vez más, una participación de jóvenes, niños y mujeres en las acciones violentas, como “soldados” que hacen el “trabajo sucio” de las bandas.

Investigaciones sociológicas, reflejadas en la prensa mexicana, aseguran que ésta es la cantera que permite nutrir a las bandas de elementos desprovistos de principios y compromisos sociales.

Eso hace a los ninis (jóvenes y menores sin estudio ni trabajo) vulnerables a su fácil conversión para practicar los más crueles métodos criminales.

¿Fatalismo geográfico o dependencia evitable?

El centro estadunidense de estudios de inteligencia Stratfor, de Texas, considera que México se encuentra fundamentalmente desafiado por su geografía: montañas para esconderse, desiertos difíciles de controlar y defender, y severas vulnerabilidades a las incursiones marítimas.

En su monografía sobre la geopolítica, publicada el 17 de noviembre de 2009, la institución define como “sub defendida” la frontera de 3 mil kilómetros con Estados Unidos, el mayor mercado consumidor de drogas del mundo.

Dicha situación, precisa el texto, deja a la economía mexicana altamente dependiente de los caprichos del mercado estadunidense, el cual importa desde computadoras hasta estupefacientes.

“Para defender su vulnerable flanco oriental, México es también dependiente militarmente de Estados Unidos y, por consiguiente, es altamente vulnerable a la influencia política de ese país”, sentencia Stratfor.

La llamada Iniciativa Mérida –un plan injerencista de Estados Unidos en México– contiene en su esencia estas predicciones de los estudiosos texanos.

Aunque el objetivo público declarado por las autoridades estadunidenses es el combate al narcotráfico, con tal excusa mantienen una incursión abierta en la vida nacional mexicana, según denuncias recientes de la prensa.

De acuerdo con cables secretos revelados por Wikileaks, la embajada estadunidense en esta capital informó a su gobierno sobre el recelo de instituciones oficiales, como el Ejército, de aceptar ayuda proveniente del país vecino.

Para los observadores, ese dato demuestra que tal injerencismo es rechazado por diversos sectores nacionalistas.

Una investigación realizada el año pasado por el diario Washington Post aseguró que los narcos adquieren su parque bélico en Estados Unidos.

En tanto, la mayoría de las armas incautadas en los dos últimos años por la policía mexicana en acciones contra el crimen organizado procedía también del vecino país.

Según las revelaciones del Washington Post, 12 proveedores de frontera estaban autorizados, y los mismos se concentraban en Texas (ocho), Arizona (tres) y California (uno).

Los debates políticos sobre el tema, matizados por el proselitismo partidista, impiden, quizás, actuar sobre las verdaderas causas de la actual ola de violencia y, por tanto, obstaculizan la coordinación de todas las instituciones implicadas, opinan sectores académicos y organizaciones de la sociedad civil.

Al respecto, el propio presidente Felipe Calderón alertó sobre la necesidad de integrar a todos los actores durante el Diálogo por la Seguridad, una suerte de encuentro abierto con la participación de muchos de los protagonistas de las críticas a la estrategia del gobierno federal para enfrentar a los cárteles de la droga.

“Enfrentamiento y contención de la presencia criminal, que es muy agresiva y poderosa; al mismo tiempo, fortalecimiento institucional, particularmente policías, ministerios públicos, jueces; y prevención social y ampliación de oportunidades sociales. Eso es lo que vamos a hacer”, aseguró Calderón en el encuentro.

“Coincido en que hay una crisis de legalidad, una crisis familiar, una crisis de tejido social, una crisis de valores, que ahí el Estado tiene una responsabilidad; pero en la medida en que las iglesias y las organizaciones civiles participen, podremos irlas superando”, agregó el presidente.

Narcoguerra, sinónimo de más violencia

Los enfrentamientos armados urbanos han tomado, en algunas ciudades norteñas cercanas a la frontera con Estados Unidos, matices de guerra civil.

Ello se valora tanto por el volumen de las acciones bélicas en sí, como por las consecuencias, medidas en víctimas fatales, heridos, pérdidas materiales y los denominados daños colaterales.

Una reciente encuesta del periódico Milenio arroja que el 80 por ciento de los consultados percibe un incremento de la violencia, pero la mayoría (62 por ciento) es contrario a pactar con el crimen organizado, aunque en cifra superior opina que éstos son los ganadores de la guerra hasta el momento.

“Violencia, con violencia se responde”, es la filosofía que sirve de base a las instituciones armadas en su ofensiva contra los narcotraficantes.

En tanto, las bandas mantienen entre sí una constante guerra por la repartición y control de los territorios nacionales.

Las acciones tienen su teatro de operaciones militares en plenas ciudades, con las consecuencias fatales para personas inocentes, que son sorprendidas en plena vía por balaceras, explosiones y todo tipo de actos bélicos.

Aunque los más cruentos combates fueron protagonizados entre bandas, como ocurrió en la norteña ciudad fronteriza de Mier, donde la mayoría de sus habitantes abandonó la localidad, la mayor parte de la población mexicana responsabiliza a la represión oficial, precisa el sondeo de Milenio.

La solución está en casa

México ha sufrido, como ningún país del continente, el despojo por parte de su vecino del Norte; y el neoliberalismo, exportado desde los centros imperiales de poder, que hicieron trizas los avances del país al retrasar su progreso, opinan expertos.

La privatización desmedida, junto a una creciente dependencia de Estados Unidos, institucionalizada a través del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, limitó las políticas sociales y dejó la pujante economía mexicana con muchas limitaciones para decidir su desarrollo.

Es popular aquí la frase “cuando Estados Unidos estornuda, a México le da catarro”.

Hay comprensión en el gobierno federal de que atendiendo las carencias sociales, creando posibilidades de estudio y trabajo para las nuevas generaciones y reduciendo la pobreza, se pueda asestar, a mediano y largo plazos, un golpe importante al crimen organizado.

En cambio, cuando se acepta como necesaria la “ayuda” estadunidense para combatir al crimen organizado, se cede en una porción de soberanía, y tal vez, en el futuro, al país completo, coinciden articulistas de prensa, quienes confían en las reservas existentes para enfrentar la situación sin recurrir a la injerencia.

Fuente: Contralínea 221 / 20 de febrero de 2011

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