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La disputa de montes y aguas entre comunidades indígenas y terratenientes podría llevar al Estado chileno a enfrentar una serie de demandas en tribunales internacionales. El gobierno de Sebastián Piñera no ha acatado siquiera las recomendaciones de la CIDH por mapuches presos, cuando podría ser reconvenido de nueva cuenta por la violencia ejercida contra pueblos indígenas

Daniela Estrada / IPS-Voces de la Tierra

Santiago, Chile. Mientras muchos ya dudan del prometido “golpe de timón” en la criticada política para los indígenas en Chile, al gobierno de Sebastián Piñera se le acaba el plazo para cumplir con las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en atención al reclamo de mapuches presos.

“El desafío para este año es evitar que los tribunales sean los que intervengan, como último recurso, para tratar de solucionar los reclamos tanto de las comunidades indígenas como de los dueños de los predios afectados” por las ocupaciones, dice a IPS Jorge Contesse, director del Centro de Derechos Humanos de la privada Universidad Diego Portales.

“Tiene que ser la autoridad política la que tome cartas en el asunto”, sostiene el abogado.

En este país austral, con 17 millones de habitantes, son nueve los pueblos indígenas que han sido reconocidos por el Estado, siendo el más numeroso el mapuche, con más de 1 millón de integrantes.

La justicia militar recibió el 6 de enero una denuncia por violencia policial innecesaria presentada por integrantes del pueblo indígena rapanui, que entre septiembre y diciembre de 2010 fueron violentamente desalojados, por efectivos de carabineros (policía uniformada), de terrenos que reivindican como propios en la Isla de Pascua.

Justamente por este motivo, 29 clanes rapanui solicitaron, en septiembre de 2010, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington, que adopte medidas cautelares en su favor, petición que se encuentra en estudio.

“Todo esto se da en el marco de un conflicto donde los rapanui reivindican tierras, autogobierno, autodeterminación y control migratorio”, dice a IPS Camila Labra, abogada del no gubernamental Observatorio Ciudadano, que apoya la demanda ante la Comisión, que es parte del sistema de la Organización de los Estados Americanos.

La Isla de Pascua, reconocido destino turístico ubicado a unos 3 mil 500 kilómetros de la costa chilena en el océano Pacífico, fue anexada al país en 1888. Sus habitantes, de origen polinesio, amenazan con independizarse de Chile si sus demandas no son atendidas.

“Entre mayor sea la negativa al diálogo por parte de la autoridad, más radicalizadas se van tornando las demandas. A mayor participación y consulta a los pueblos indígenas, menor conflictividad social. Eso es lo que la autoridad debe comprender y ejecutar”, plantea Contesse.

Asimismo, se informó que el gobierno chileno tiene plazo hasta febrero para responder a la Comisión sobre el cumplimiento de las recomendaciones formuladas por ese organismo en otros casos de violaciones a los derechos humanos contra comuneros mapuches condenados por ley antiterrorista en 2003, entre ellos Pascual Pichún y Aniceto Norín.

La estrategia de llevar a la justicia ha permitido pocos triunfos para los mapuches.

La Corte Suprema acogió el 4 de enero un recurso presentado por el Observatorio Ciudadano a favor de una comunidad mapuche de la sureña ciudad de Lanco, región de los Ríos, que no fue consultada respecto de la construcción de un vertedero cerca de sus hogares, como establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales, en vigor desde 2009.

Por otra parte, la Fundación Anide y la Red de Organizaciones no Gubernamentales de Infancia y Juventud de Chile están preparando el informe que presentarán en la audiencia temática que les concedió la Comisión durante su próximo periodo de sesiones, en marzo, en su sede de Washington.

En la ocasión, relevarán el “patrón sistemático” de violencia policial contra comunidades mapuches, que afecta de manera importante a niños, niñas y adolescentes de esa etnia, dice a IPS Andrea Iglesis, sicóloga de la no gubernamental Anide.

Ellos “han sido víctimas de lesiones por balines, intoxicaciones por gases lacrimógenos, hostigamientos en sus escuelas y testigos de amenazas de violencia”, asegura.

Ambas instituciones lanzaron una campaña ciudadana el 10 de diciembre de 2010 para denunciar las vulneraciones de derechos a las que están sometidos tres jóvenes indígenas mapuches procesados por ley antiterrorista cuando eran menores de edad.

Ellos se encuentran en prisión preventiva en el Centro de Internación Provisoria de Chol-Chol, sureña región de la Araucanía, del gubernamental Servicio Nacional de Menores.

Las organizaciones piden que los jóvenes sean liberados, pues en octubre pasado se publicó una reforma a la ley antiterrorista que determina que esa severa normativa no puede aplicarse a adolescentes.

“La judicialización y criminalización de personas, comunidades y organizaciones que defienden sus derechos están siendo consideradas cada vez más como estrategias que los sectores en el poder se han propuesto institucionalizar”, dice a IPS Milka Castro, directora del Programa de Estudios de Antropología Jurídica e Interculturalidad de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile.

Con ello se busca “acallar las demandas que, siendo legítimas, no son compatibles con el modelo productivo, extractivo y exportador del Estado, y lo más inquietante es que no es una política aislada, sino se viene produciendo en todo el continente”, acota.

En una columna publicada a comienzos de enero en el diario La Tercera, el asesor presidencial Sebastián Donoso sostuvo que el “actual gobierno asumió con la convicción de que las políticas públicas hacia los pueblos indígenas requerían un golpe de timón y que se hacía urgente recomponer las confianzas”.

Donoso, el experto para Asuntos Indígenas del gobierno, aseguró que se han dado pasos significativos en cinco ejes de trabajo: fomento cultural, perfeccionamiento de los mecanismos de entrega de tierras y desarrollo productivo, reestructuración de la institucionalidad, instalación de procesos efectivos de participación y adopción de un enfoque integral de desarrollo. Sin embargo, Milka Castro cree que “las actuales autoridades poseen un escaso y sesgado conocimiento del estado de los derechos indígenas en el concierto jurídico internacional y, por qué no decirlo, una actitud y conductas discriminatorias y racistas”.

Fuente: Contralínea 220 / 13 de febrero de 2011

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