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Mientras que el Senado de la República reacciona ante las violaciones graves a los derechos humanos en el mundo y a los ataques a la autodeterminación de los pueblos, en la Secretaría de Relaciones Exteriores evitan pronunciarse al respecto. Luego de la presión del Poder Legislativo y varios días después de la condena mundial al ataque sufrido por civiles saharauis, la cancillería mexicana manifestó su “preocupación” por los hechos. La agenda exterior de México espera siempre “visto bueno” de otras naciones

El 8 de noviembre de 2010 era una fecha crucial para el destino de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), cuyo pueblo pugna, en pleno siglo XXI, porque la Organización de las Naciones Unidas (ONU) finalice con su proceso de descolonización. Ese lunes otoñal, en Manhasset, Estados Unidos, la delegación saharaui buscaría una vez más que Marruecos salga del 60 por ciento del territorio del único pueblo árabe que habla castellano.

La negociación no tuvo éxito. A las 07:00 horas, el campamento Gdeym Izik, cercano a El Aaiún, capital de la RASD, fue atacado por helicópteros de las fuerzas de seguridad marroquíes. Los sobrevivientes vieron cómo ardían sus carpas cuando intentaban librarse de la embestida de gases lacrimógenos y de cañones de agua, antes de que unos 3 mil elementos de las fuerzas armadas ocuparan la zona.

Ante estos hechos, la reacción del Senado de la República y de la Cámara de Diputados antecedió a la del Ejecutivo federal mexicano. El 10 de noviembre, el diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez, del Partido Revolucionario Institucional (PRI) –en nombre de los diputados federales de Coahuila–, propuso y obtuvo un punto de acuerdo para que esa instancia emitiera una “enérgica condena a los ataques perpetrados a la población de la RASD, por las fuerzas armadas de Marruecos”.

Además, pidió que se exhortara al Ejecutivo federal a pronunciarse en el mismo sentido mediante la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), en el marco de las disposiciones internacionales y diplomáticas aplicables.

Por su parte, en el Senado de la República, Ricardo García Cervantes, del Partido Acción Nacional (PAN), y presidente de la mesa directiva de esa instancia, exhortó al gobierno federal para que fijara una postura clara tras los hechos en Gdeym Izik. A su vez, los senadores Francisco Arroyo Vieyra, del PRI, así como Graco Ramírez, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), respaldaron el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui y condenaron la actitud “colonialista” de Marruecos.

El presidente de la Comisión para África del Senado, Salomón Jara Cruz, del PRD, presentó el dictamen por el que esa Cámara expresó su pesar por la muerte de ciudadanos saharauis en El Aaiún. Se pronunció porque pronto se encuentre una solución a este conflicto, que se remonta a varias décadas, con el consecuente sufrimiento de las familias que viven en los territorios ocupados.

Asimismo, el Senado llamó a la SRE para que en la ONU impulsara una investigación de lo ocurrido. Pidió que, en consecuencia, se proceda “para preservar el derecho internacional humanitario y la paz en el Sahara Occidental –territorio situado en el extremo Este de África que figura en la lista de 16 “territorios no autónomos” del Comité de Descolonización de la ONU.

La reacción del gobierno de México fue menos contundente y se conoció a través del comunicado 360 de la SRE, el 9 de noviembre de 2010, que dio cuenta de las gestiones que inició el Consejo de Seguridad (CS) de la ONU, “incluido México”, para convocar a una reunión informativa acerca de los disturbios en el Sahara Occidental y el proceso de paz en curso.

El comunicado agregó que México, como miembro electo del CS, expresó su preocupación por “los incidentes” ocurridos y, junto con el resto de los miembros, acordó solicitar al Departamento de Operaciones de Paz de Naciones Unidas un informe sobre los hechos.

Días después, el 15 de noviembre de 2010, y a través del comunicado 370, la cancillería informó que en reiteradas ocasiones le ofreció “asistencia consular” al connacional José Antonio Velázquez Díaz para salir del territorio del Sahara Occidental. El ofrecimiento, señala el documento, “fue en virtud de que se consideraba que su integridad física estaba en riesgo, pero el mexicano lo rechazó”.

El retraso en la reacción del gobierno federal para informar el destino y la situación del ciudadano mexicano fue inexplicable. Para entonces, los medios internacionales ya habían dado cuenta del caso del connacional. Antonio Velázquez, presente en la acometida de El Aaiún, denunció a la emisora de FM española Punto Radio que los militares marroquíes entraron al campamento “con gases lacrimógenos, agua caliente, piedras y porras de más de 75 centímetros de largo”.

Velázquez, casado con una catalana, se hallaba en ese lugar y, según la versión de parlamentarios del PRD en el Senado, fue herido. Sólo gracias a los buenos oficios de la cancillería española, se le buscó para poder rescatarlo y ponerlo a salvo.

La voz de la RASD en México

El 21 de noviembre de 2010, desde la capital mexicana, Mohamed Salem, primer secretario de la embajada de la RASD en México, recordaba que, en 1979, este país fue uno de los primeros en reconocer la lucha del pueblo saharaui por su autodeterminación. Tiempo después, el gobierno mexicano admitió que se asentara en su territorio una representación diplomática de esa nación.

“México siempre ha sido congruente con sus principios de política exterior y el derecho a la autodeterminación de los pueblos; ha sido un país amigo que en casi gran parte de los foros internacionales ha planteado el problema de la RASD”, expresa Mohamed Salem en un castellano con acento español. Ésa es una de las herencias del colonialismo ibérico en el Occidente africano. “Somos el único país árabe de habla hispana”, subraya el diplomático.

Afirma que su pueblo siempre ha tenido la expresa solidaridad del pueblo mexicano, así como la “simpatía” por los diferentes gobiernos. Es poco conocido que entre ambos gobiernos existen continuos intercambios académicos y que cada vez más mexicanos viajan a la RASD.

Su optimismo termina cuando se le pregunta en qué nivel está el comercio bilateral. El Sahara Occidental es un territorio rico en fosfatos y yacimientos minerales de los que Marruecos pretende apoderarse. “No hay comercio –responde Salem Mohamed Embarek–, pues desde hace 30 años, tras el retiro español, Marruecos expolia todos nuestros recursos”. Eso es un robo, agrega, y bajo esa situación nuestros recursos le pertenecen a Marruecos, pese a la condena de la comunidad internacional y de la ONU.

La historia misma del diplomático ejemplifica la de miles de sus connacionales. Mohamed nació en El Aaiún, en la zona ocupada. Como gran parte de su pueblo, él salió en 1966 cuando era un niño, huyendo de la guerra y la injusticia. Pero en medio de ese conflicto, quedaron su madre y su padre, quien fue preso político hasta 1991. “Fue maltratado en las prisiones marroquíes y ahora continúa en las zonas ocupadas y sufre las secuelas de la prisión y la humillación”.

En 1991, Mauritania, el vecino país, “reconoció el error” –dice Salem Mohamed– y decidió acogerse al acuerdo de paz que articularon la entonces Organización por la Unidad Africana y la ONU. Conforme a la Resolución 690 del Consejo de Seguridad, el 29 de abril de ese año, se creó la Misión de Naciones Unidas para el Referéndum del Sahara Occidental.

El objetivo de esta fuerza era crear las condiciones idóneas de confianza y una lista de electores para acatar otra resolución, la 1514 de la Asamblea General de la ONU, que proponía la realización de un referendo para que el pueblo saharaui se manifestara libremente sobre su destino. Dice Mohamed: “Como Marruecos sabe que va perdiendo esta batalla, pues comete injusticias y viola el derecho internacional; apoyado por Francia, quiso imponer su decisión sobre Naciones Unidas y se opuso al referendo”.

Sostiene que “siempre hemos pensado que los ingenieros de este conflicto son los franceses. Ellos han sido amigos fieles de Marruecos y difunden que la República Árabe Saharaui Democrática no es un Estado viable”. Detrás de esa posición, se encuentra el interés por los recursos tanto naturales como humanos de que dispone ese pueblo.

“Somos un país pequeño en número con alta formación académica, porque ése fue el interés del gobierno saharaui desde 1975. Además, nuestro territorio posee mucha pesca, se habla de petróleo y otros minerales”, comenta el diplomático; sin mencionar la importante posición estratégica y geográfica del Sahara Occidental. En cambio, estima, España, la exmetrópoli colonial, ya no tiene gran injerencia en la política regional.

Vivir bajo la ocupación marroquí “es inimaginable” para la mitad de la población de los saharauis. La segregación, la humillación, la explotación, el encarcelamiento, la violación de los derechos humanos son constantes. “Es un estado de sitio custodiado por policías, soldados y ni siquiera sabemos cuántos hombres y mujeres viven en esa situación”, describe Mohamed Salem.

Desde que comenzó el conflicto, no se ha permitido realizar un conteo de cuántos hombres, mujeres o infantes sobreviven en esa región, cuántos han huido hacia Argelia o Mauritania desde las zonas ocupadas. Hasta ahora, la RASD espera la celebración del referendo para que se decida su futuro. Con tono grave, el entrevistado enfatiza: “Soy de los niños que formó y crió la Revolución Saharaui. Me siento orgulloso de ser parte de este pueblo”.

Han transcurrido dos meses del ataque contra la población civil para desalojarla del campamento de Gdeym Izik. Hasta ahora, el gobierno mexicano no ha condenado enfática y enérgicamente esa agresión.

El ataque a Gdeym Izik

En octubre de 2010, grupos de hombres, mujeres y adolescentes saharauis decidieron armar sus carpas para formar el campamento en la zona desértica de Gdeym Izik, a unos 16 kilómetros al Este de El Aaiún, capital del Sahara Occidental, en la zona controlada por Marruecos.

Los integrantes del campamento reclamaban al gobierno marroquí viviendas y empleos, pues su situación era miserable; también pedían ayuda para la población saharaui que malvive en las zonas ocupadas. En el fondo, exigían su derecho a la autodeterminación, señala Mohamed Salem, primer secretario de la embajada de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) en México.

El asalto al campamento ocurrió en la oscuridad. Al conocerse la magnitud de la violencia que consumó el desalojo del campamento, los organismos humanitarios y la prensa extranjera cercanos al lugar intentaron ingresar. Todos confirman que las fuerzas armadas marroquíes les impidieron el acceso, lo que dificultó realizar la verificación del número de víctimas mortales y heridos.

El 13 de noviembre de 2010, tres días después del desalojo de miles de saharauis, la versión oficial del gobierno de Marruecos contabilizó 13 muertos: 11 eran ciudadanos de ese país; nueve, elementos de las fuerzas de seguridad; un militar y un funcionario, de la Oficina de Fosfatos. Los dos restantes eran saharauis, entre ellos Baby Hamday Buyema (conocido como el Guerga). Además, el gobierno reportó que había detenido a 163 personas.

Por su parte, el Frente Polisario –que es la fuerza política de la RASD?, en su recuento del 10 de noviembre de 2010, cifró en 19 muertos, 723 heridos y 159 desaparecidos el balance de esa incursión. Además, el ministro saharaui de Exteriores, Mohamed Uld Salek, afirmó que, en las calles de la capital Saharaui, había cuerpos degollados que el ejército marroquí dejó a la vista deliberadamente.

Hasta esa fecha, 24 horas después del ataque, tampoco había ninguna condena de Naciones Unidas. Autoridades de la RASD hicieron notar que, al amanecer del martes, el organismo internacional sólo lamentó los hechos.

El 11 de noviembre de 2010, la organización saharaui de derechos humanos Thawra aseguró que los muertos sumaban un centenar –entre ellos, 18 mujeres y un niño?. Insistió en que había 4 mil 500 heridos y que los detenidos eran 2 mil.

El caso norcoreano

El 23 de noviembre se manifestó con gran intensidad la tensión bélica que existe entre los dos gobiernos situados en la parte Norte (Pyongyang) y Sur (Seúl) de la Península de Corea. Las fuerzas armadas de Corea del Sur realizaban un ejercicio naval militar en la isla de Yeonpyeong, una zona al Sur de la frontera que trazó la Organización de las Naciones Unidas después de la guerra que sostuvieron ambos Estados entre 1950 y 1953.

Esa región fronteriza ha sido escenario de otros incidentes en años pasados, ya que Corea del Norte no reconoce los límites y estima que deben marcarse hacia el Sur, por lo que la isla está dentro de su territorio.

El gobierno norcoreano argumentó que, en sus ejercicios, su vecino del Sur disparó “miles” de obuses que cayeron en sus aguas territoriales. Como respuesta, lanzó un ataque “defensivo” contra la isla, que dejó cuatro muertos y 18 heridos. A pesar de la crítica situación y de que en la zona mantiene 28 mil efectivos, el gobierno estadunidense –afín con el gobierno de Corea del Sur– no condenó ese mismo día el ataque y se abstuvo de tomar represalias.

Hasta el 6 de diciembre de 2010, Hillary Clinton, secretaria de Estado de Estados Unidos, condenó como un comportamiento “provocador y beligerante” el de Corea del Norte. En cambio, la Secretaría de Relaciones Exteriores emitió, el mismo 23 de noviembre, su comunicado 383, apenas 15 días después de los hechos en El Aaiún, en el que condenaba “enérgicamente” la acción del gobierno de Corea del Norte.

El comunicado El gobierno de México condena el ataque norcoreano contra la isla de Yeonpyong (sic) sostiene que efectivos militares surcoreanos murieron y militares y civiles de ese país recibieron heridas. Por ello, la cancillería, “de conformidad con las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, demanda al gobierno de la República Popular Democrática de Corea el cese inmediato de las hostilidades, así como abstenerse de nuevas provocaciones”.

Al final, advierte que el gobierno de México, en su calidad de miembro no permanente del Consejo de Seguridad, trabajará en el seno de ese órgano “en la consecución de los objetivos antes mencionados”.

Un tono diferente

El 9 de noviembre de 2010, la Secretaría de Relaciones Exteriores emitió su comunicado 360: El Consejo de Seguridad de la ONU inició gestiones para convocar a una reunión informativa acerca de los disturbios en el Sahara Occidental y el proceso de paz en curso.

El comunicado enuncia que “ante el desalojo realizado por Marruecos del campamento de protesta de Gdeim Izik (sic) a las afueras de El Aaiún, en el territorio no autónomo administrado por ese país, y el inicio de una nueva ronda de pláticas informales entre Marruecos y el Frente Polisario para tratar el futuro del territorio del Sahara Occidental, los miembros del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas (ONU), incluido México, coincidieron en solicitar que las consultas se realicen a la brevedad posible.

“Las pláticas entre Marruecos y el Frente Polisario se llevan a cabo en Manhasset, Nueva York, y son conducidas por el enviado personal del secretario General, embajador Christopher Ross.

“México, en su calidad de miembro electo del Consejo de Seguridad, expresó su preocupación por los incidentes ocurridos y, junto con el resto de los miembros, acordó solicitar al Departamento de Operaciones de Paz de la ONU un informe sobre los hechos y sus posibles consecuencias para las pláticas informales en curso entre Marruecos y el Frente Polisario.

“El pasado 12 de octubre de 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó, por consenso, una resolución en la que se exhorta a las partes a mostrar la voluntad política necesaria para entrar en una fase más intensa de las negociaciones de buena fe y sin condiciones previas, que permitan alcanzar una solución política justa, duradera y mutuamente aceptable que conduzca a la libre determinación del pueblo del Sahara Occidental”, termina el comunicado.

Fuente: Contralínea 217 / 23 de enero de 2011