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Víctimas de negligencias médicas y fraude en hospitales privados de México se encuentran en la indefensión. Aunque la salud es un derecho tutelado, en la estructura del gobierno federal no existe un órgano que supervise y verifique que se cumplan los protocolos médicos a cabalidad. Además, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos no atiende las quejas de los usuarios de hospitales privados y la Comisión Nacional de Arbitraje Médico es “ineficiente”, asegura experto

A paso lento y ayudado por un par de bastones canadienses, Gustavo Vargas recorre las calles de San Andrés Cholula, Puebla. El hombre, de 62 años, habla con facilidad y fluidez de artoplastías, prótesis, cateterismos, infecciones, bacterias y medicamentos. Su léxico es el de un doctor experimentado. “Le hablo como médico porque me meto al internet”, aclara. Gustavo, exempleado del Banco de Desarrollo Rural, perdió la rodilla derecha hace cinco años, víctima de negligencia médica en los servicios privados de salud del Hospital Betania, de la Fundación Tamiz Oropeza. Hoy, se enfrenta al sistema judicial para exigir que le sea reparado el daño. En el país, ninguna dependencia pública o privada lleva registro de la ocurrencia de negligencias médicas en el sector privado. La Comisión Nacional de Arbitraje Médico (Conamed) únicamente incluye en sus estadísticas los casos de personas que deciden quejarse ante el órgano. Para el abogado Pedro Morales Aché, especialista en temas de salud y derechos humanos, no hay manera de conocer el número de negligencias médicas que ocurren en hospitales y clínicas privadas, debido a que no todas las personas que son víctimas de negligencia médica se quejan o demandan. Explica que hay pacientes que no se percatan de que fueron víctimas, pues desconocen la existencia de la negligencia médica. Los pacientes están en total indefensión, agrega, pues la Comisión Nacional de los Derechos Humanos tampoco atiende sus quejas. Al respecto, Gustavo Tafolla, adscrito a la Dirección General de Comunicación Social y Proyectos de la Comisión, asegura que ésta no tiene facultades “por tratarse de asuntos entre particulares”. La Conamed recibe anualmente alrededor de 14 mil quejas, el 15 por ciento corresponde a los servicios privados de salud. Las especialidades más señaladas son odontología, ginecología y obstetricia y, en tercer sitio, ortopedia. Éstas conforman el 80 por ciento de los reportes. Se estima que a la Comisión acuden aproximadamente 2 mil 400 personas al año para denunciar actos de negligencia o mala práctica en consultorios, hospitales, clínicas y laboratorios privados, de los cuales se atiende únicamente a 400, el 80 por ciento es resuelto mediante procesos conciliatorios y el 20 por ciento, en la etapa de arbitraje, donde se emiten apenas 50 laudos favorables a los pacientes tanto de instituciones públicas como de privadas. Respecto del número de quejas que recibe la Conamed y el número tan bajo de casos que son atendidos, Francisco Hernández Torres, director general de Calidad e Informática de la dependencia, asegura que se debe a que la negligencia es una “percepción subjetiva de la gente”. Sin embargo, para Morales Aché, la Conamed es una instancia parcial que en la práctica se dedica a desproteger a los pacientes y a encubrir hospitales y médicos.

Organización criminal

El abogado atribuye las acciones negligentes y las malas prácticas, tanto de médicos como de las empresas prestadoras de servicios de salud, a la falta de supervisión y al funcionamiento y organización de los hospitales privados. “Son grandes negocios que pretenden ser hoteles y no pueden ser caracterizados así, puesto que están sujetos a regulación sanitaria y al cumplimiento de requisitos”, señala Aché. Explica el litigante que estas empresas obligan a los pacientes a firmar documentos donde aceptan que el hospital únicamente renta instalaciones (presta servicios hospitalarios) y, por tanto, responsabiliza al paciente de los servicios médicos al argumentar que son ellos quienes designan al médico que los atiende. Situación que es falsa porque quien elige a los médicos que ahí laboran son los propios hospitales privados. Como institución, continúa Aché, tienen la obligación de supervisar a su personal, así que los tribunales civiles sí encuentran como responsables a los hospitales privados de lo que pasa dentro de sus instalaciones y de las acciones de sus médicos. Además de las negligencias médicas, los servicios privados de salud llevan a cabo prácticas fraudulentas e ilegales en perjuicio del paciente. La dicotomía es una de ellas. Esta práctica consiste en el pago de comisiones o premios a los médicos en función de los ingresos que le generan al hospital a través de internamientos, operaciones y estudios. Otra práctica indebida, dice Morales Aché, es la realización de estudios, cirugías y demás procedimientos innecesarios. Cuando un médico ordena estudios que no están justificados, se considera que se está cometiendo un fraude. “Cada médico hace lo que quiere al interior de los hospitales privados. Si el paciente no requiere operación, basta con que su médico lo indique y nadie revisa si la decisión es correcta o no”. Aduce también que en aras de ahorrar dinero, los hospitales privados contratan a personal de enfermería y paramédicos que no está debidamente capacitado y funciona de manera muy deficiente. A decir de Morales Aché, todos los hospitales y clínicas cometen negligencias y malas prácticas; sin embargo, el abogado señala que se debe poner especial cuidado en los hospitales de lujo. La Conamed negó a Contralínea los nombres de los consultorios, clínicas y hospitales privados con más quejas por negligencia o mala práctica médica. Esos datos “son confidenciales”, arguye Hernández Torres. Gustavo Vargas no está de acuerdo. Él busca dar a conocer el nombre del médico que le causó daños físicos, sicológicos y patrimoniales irreversibles: “No podemos permitir que sigan ocurriendo negligencias; somos seres humanos”, asevera. El Hospital Betania, de la Fundación Tamariz Oropeza, donde el ortopedista Alfonso Pedraza Aguilera le colocó una prótesis de titanio en la rodilla, es un hospital doblemente certificado por el Consejo de Salubridad General de la Secretaría de Salud, cuyo presidente es José Ángel Córdova Villalobos. Los servicios médicos que recibió Gustavo Vargas fueron contratados por el Fideicomiso del Fondo de Pensiones del Sistema del Banco de Desarrollo Rural. La cirugía se llevó a cabo luego de que le diagnosticaran bloqueo de rodilla por una caída. El médico olvidó retirar un drenovac, motivo por el cual Vargas sufrió una infección posquirúrgica. Luego de 15 intervenciones, finalmente le retiraron la rótula y fijaron la tibia con el fémur, lo que ocasionó una reducción de alrededor de 4 centímetros a la pierna derecha y la pérdida de su función. Gustavo Vargas vendió su casa para costear la denuncia penal que interpuso en contra de Alfonso Pedraza por responsabilidad médica y lesiones: “Dicen que los bienes sirven para resolver los males”, expresa con ironía. Aunque la Comisión Estatal de Arbitraje Médico (Cesamed) de Puebla encontró responsable al ortopedista por mala praxis en la atención profesional que otorgó a Gustavo Vargas, por omisión (negligencia) de procedimientos médicos quirúrgicos y falta de previsibilidad al no apegarse a la lex artis de la medicina, la Procuraduría General de Justicia rechazó el valor jurídico de las pruebas documentales que ofreció Gustavo Vargas e incluso el dictamen realizado por la Cesamed. Morales Aché afirma que la vía penal es poco recomendable para los pacientes porque los ministerios públicos no conocen este tipo de temas que requieren de alta especialización; además, no cuentan con expertos médicos que puedan dictaminar en todas las especialidades. Este hecho, dice el experto, implica una desventaja para el paciente denunciante. En voz del abogado, los procedimientos penales son juicios muy complicados, muy largos y costosos. Aché recomienda la demanda por responsabilidad médica profesional en los tribunales civiles, ya que el procedimiento civil permite la igualdad de condiciones entre el hospital privado, el médico privado y el paciente. Aunque la indemnización por daño moral es el concepto más importante de reparación, la Conamed no lo incluye. Su director de Calidad e Informática, Francisco Hernández Torres, afirma que únicamente tienen herramientas para evaluar el daño físico, y omiten el daño sicológico y patrimonial. “No tenemos elementos para evaluar el daño moral por falta de recursos; no estamos en condiciones ahorita”. No obstante, Morales Aché asegura que la Conamed tiene la posibilidad de hacerlo, pero, “como es una instancia que opera a favor de los médicos y de los grandes hospitales, asume que no lo puede hacer”. Según datos de la propia Conamed, anualmente se entregan entre 12 y 14 millones de pesos por concepto de indemnización o reembolso a las víctimas de negligencia. La cifra, señala Aché, es posible alcanzarla en un solo juicio civil. Morales Aché defendió ante tribunales civiles a Evangelina Vázquez Curiel. Ella y su hijo fueron víctimas de negligencia médica en una clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Luego de cuatro años de juicio, el IMSS fue obligado por un juez a pagar por los agravios ocasionados a Evangelina y a su hijo, quien, debido a la negativa de prestación de servicio, sufrió daño cerebral al momento de nacer. Evangelina es doctora en física por la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue madre soltera. Cuando iba a nacer su hijo, ella vivía en Chalco. Pasó tres días en los pasillos y baños de la clínica 71 intentando dar a luz porque se negaron a prestarle el servicio. Ahora Vázquez Curiel dirige la asociación civil Paciente por Paciente, que forma parte de la Red Mexicana de Pacientes por la Seguridad del Paciente, de la Organización Mundial de la Salud. Su organización imparte talleres, pláticas y cursos a instituciones y pacientes para evitar eventos adversos.

Gobierno irresponsable

De acuerdo con el abogado Pedro Morales, el gobierno incumple su obligación de regular adecuadamente a los hospitales, pues las autoridades sanitarias no vigilan las prácticas hospitalarias. Tania Espinal es cirujana dentista. En 17 años, ninguna autoridad la ha visitado para verificar que cumpla con los protocolos médicos o sanitarios. Espinal asegura que no hay regulación para los consultorios odontológicos. Aunque acepta haber cometido errores durante sus 18 años de experiencia, se reconoce como una buena dentista porque busca corregir las equivocaciones y ofrecer a sus pacientes calidad en el servicio. “Hay de errores a errores. Hay quienes sólo cometen negligencias”. La cirujana imputa la existencia de negligencias y malas prácticas médicas en los consultorios dentales a la falta de ética profesional, pero también a la falta de regulación. Cuenta que algunos dentistas inyectan bótox en los consultorios dentales. Las consecuencias, señala, pueden ser parestesias o pérdida de sensibilidad, pérdida de dientes, e incluso parálisis facial. Para evitar que continúen las negligencias, Espinal dice que es urgente y necesaria una regulación no sólo en la práctica odontológica, sino también en los costos de los servicios y la conformación de un padrón o censo de consultorios para garantizar calidad y limpieza a los usuarios. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios no quiso hablar para este semanario respecto de su responsabilidad constitucional de verificar que los establecimientos sanitarios cumplan con la normatividad. Para Miguel Antonio Osuna Millán, presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, las negligencias médicas no se deben a la falta de supervisión, sino que “es una situación que pasa en todo el mundo”. El diputado del Partido Acción Nacional no cuenta con cifras de la ocurrencia de negligencias en el sector privado, tampoco con indicadores que permitan comparar el fenómeno con el de otros países; se limita a responder que deben ser cifras compatibles con el grado de desarrollo del país y sugiere que la Secretaría de Salud sea quien tenga la información. Por su parte, la Secretaría se negó a hablar del tema. Osuna Millán refiere que las autoridades están obligadas a trabajar para reducir las negligencias médicas, y el Poder Legislativo, a ser un coadyuvante para dirimir riesgos. El diputado omite evaluar el trabajo de la Conamed: “Está ejerciendo sus facultades y nosotros los vigilamos para que cada vez lo hagan mejor”. Para Morales Aché, tanto el sector público como el privado son riesgosos. Explica que, a nivel mundial, todo el funcionamiento de la medicina tiene serios problemas que se traducen en negligencias médicas, principalmente por la especialización y la alta tecnificación. A medida que avanzan estos aspectos, los médicos pierden su formación integral y la capacidad de diagnosticar a partir de los síntomas. Morales Aché considera que para frenar las negligencias médicas y las malas prácticas, así como los abusos, se requiere de mayor capacitación de los médicos, “desde que son estudiantes”, para que sean más reflexivos y cuidadosos; mayor regulación por parte de las autoridades; una reestructuración en la Conamed para que sea una instancia imparcial; que los casos sean fallados por jueces expertos en derecho, que se auxilien de peritos médicos y no de médicos que no conocen el sistema legal; y educar a los pacientes para que cuestionen y pidan explicaciones. Gustavo Vargas está en camino de conformar una asociación civil para evitar que sigan ocurriendo casos como el suyo y como los del Hospital Betania. “Hay dramas”, concluye el hombre entre lágrimas y risas. Fuente: Contralínea 216 / 16 de enero de 2011