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Bajo la “administración” estadunidense, crece el cultivo de droga en Afganistán. Al mismo tiempo, se consolida la epidemia mundial de adicción a la heroína. Los hechos están comprobados: los talibanes habían erradicado el cultivo de amapola y la CIA lo favoreció; el dinero de la droga corrompió el gobierno afgano de Karzai, pero las ganancias se encuentran principalmente en Estados Unidos. Así, la toma de decisión para solucionar este tráfico no está en Kabul, sino en Washington

Peter Dale Scott / Red Voltaire

El importante artículo de Alfred McCoy, publicado el 30 de marzo de 2010, en el Tomdispatch, debería haber incitado al Congreso a movilizarse para emprender una verdadera reevaluación de la aventura militar de Estados Unidos en Afganistán.

La respuesta a la pregunta que plantea el título de ese artículo –“¿Hay alguien capaz de pacificar el mayor narcoestado del mundo?”– salta a la vista. Es un resonante “¡No!”… si no se modifican fundamentalmente los objetivos y estrategias definidos, tanto en Washington como en Kabul.

McCoy demuestra que el Estado afgano de Hamid Karzai es un narcoestado corrupto, que obliga a los afganos a pagar sobornos que alcanzan los 2 mil 500 millones de dólares al año, cifra equivalente a la cuarta parte de la economía afgana.

Ésta es una narcoeconomía: en 2007, Afganistán produjo 8 mil 200 toneladas de opio, cifra que representa el 53 por ciento del producto interno bruto (PIB) y el 93 por ciento del tráfico de heroína a nivel mundial.

Para enfrentar el problema, las opciones militares son, en el mejor de los casos, ineficaces, y en el peor, contraproducentes. McCoy estima que la mayor esperanza reside en la reconstrucción de la agricultura afgana para convertir el cultivo de víveres en una alternativa viable capaz de competir con el cultivo de la adormidera o amapola de opio, un proceso que puede demorar 10 o 15 años, o incluso más.

El principal argumento de McCoy es que, cuando alcanzó su máximo nivel de producción, la cocaína colombiana representaba sólo alrededor del 3 por ciento de la economía nacional y, sin embargo, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y los escuadrones de la muerte de derecha, ambos ampliamente financiados por la droga, siguen desarrollándose en ese país. La simple erradicación de la droga, sin disponer de un cultivo que la sustituya en la economía afgana, exigiría la imposición de insoportables presiones a una sociedad rural ya devastada, cuyo único ingreso importante proviene del opio. Para convencerse de ello, basta con recordar la caída de los talibanes en 2001, consecuencia de una reducción draconiana –llevada a cabo por los propios talibanes– de la producción de droga en Afganistán, que pasó de 4 mil 600 toneladas a sólo 185 toneladas, lo cual convirtió el país en un cascarón vacío.

A primera vista, los argumentos de McCoy parecen irrefutables y, en una sociedad racional, deberían dar lugar a un prudente debate al que seguiría un importante cambio de la política militar de Estados Unidos. McCoy presentó su estudio con tacto y diplomacia realmente considerables para facilitar ese tipo de resultado.

CIA, responsable en el tráfico mundial de droga

Desgraciadamente, numerosos factores hacen poco probable una solución positiva de ese tipo. Hay muchas razones que así lo determinan.

La primera realidad es que la creciente implicación de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) y su responsabilidad en el tráfico mundial de droga son temas tabú en los círculos políticos, campañas electorales y medios masivos de difusión. Y quienes han tratado de romper ese silencio, como el periodista Gary Webb, han visto sus carreras destruidas.

Después de ver cómo Alfred McCoy se ha implicado más que nadie en hacer que el público tome conciencia de la responsabilidad de la CIA en el tráfico de droga dentro de las zonas donde se desarrollan las guerras estadunidenses, el propio McCoy minimiza ese fenómeno en su artículo. Cierto es que escribe que “el opio surgió como fuerza estratégica en el medio político afgano durante la guerra secreta de la CIA contra los soviéticos”, y agrega que esa guerra “fue el catalizador que transformó la frontera pakistano-afgana en la más importante región productora del mundo”.

Sin embargo, en una extraña frase, McCoy sugiere que la CIA se vio arrastrada de forma pasiva a establecer alianzas vinculadas con la droga durante los combates contra las fuerzas soviéticas en Afganistán, desde 1979 hasta 1988, cuando en realidad fue precisamente la CIA la que creó esas alianzas para combatir a los soviéticos.

En uno de esos accidentes históricos con tintes de ironía, la frontera Sur de la China comunista y de la Unión Soviética coincidieron con la zona asiática productora de opio, a lo largo de una cadena montañosa, y la CIA se sintió atraída hacia el establecimiento de alianzas llenas de ambigüedad con los jefes tribales de los altiplanos de esa región.

Nunca hubo tal “accidente” en Afganistán, donde los primeros señores de la droga de importancia internacional –Gulbudin Hekmatyar y Abu Rasul Sayyaaf– se vieron proyectados hacia la escena internacional gracias al masivo e imprudente apoyo de la CIA, en colaboración con los gobiernos de Pakistán y de Arabia Saudita.

Mientras otras fuerzas locales de resistencia eran consideradas como fuerzas de segunda clase, estos dos clientes de Pakistán y de Arabia Saudita, precisamente por no disponer de apoyo a nivel local, fueron pioneros en el uso del opio y la heroína como medio para conformar sus fuerzas de combate y de crear un recurso financiero.

Los dos se convirtieron, además, en agentes del extremismo salafista que atacaban el Islam sufista endógeno en Afganistán. Los dos acabaron convirtiéndose en agentes de Al Qaeda.

Pero no era la primera vez que la CIA se implicaba en el tráfico de droga. Su responsabilidad en el papel dominante que hoy desempeña Afganistán en el tráfico mundial de heroína reproduce, en cierta forma, lo que sucedió anteriormente en Birmania, en Laos y en Tailandia, entre finales de las décadas de 1940 y 1970. Esos países también se convirtieron en importantes actores del tráfico de droga gracias al apoyo de la CIA (y de los franceses, en el caso de Laos), sin el cual sólo hubieran llegado a ser actores locales.

Tampoco es posible hablar, en ese caso, de un “irónico accidente”. El propio McCoy ha demostrado cómo, en todos esos países, la CIA no sólo toleró sino que apoyó el crecimiento de los fondos de las fuerzas anticomunistas gracias al financiamiento proveniente de la droga, para contrarrestar el peligro que representaba una intrusión de la China comunista en el Sureste de Asia. Desde la década de 1940 hasta finales de la de 1970, y al igual que en el actual Afganistán, el apoyo de la CIA contribuyó a transformar el triángulo de oro en un importante proveedor de opio a nivel mundial.

Durante ese mismo periodo, la CIA reclutó colaboradores a todo lo largo de las rutas de contrabando del opio clásico, como hizo en Turquía, Líbano, Francia, Cuba, Honduras y México. Entre esos colaboradores, se encontraban agentes gubernamentales, como Manuel Noriega, en Panamá, y Vladimiro Montesinos, en Perú. A menudo, personalidades experimentadas de los servicios de policía que contaban con apoyo de la CIA o de los servicios de inteligencia. Pero también había movimientos insurreccionales, desde los Contras de Nicaragua en la década de 1980 (según Robert Baer y Seymour Hersh) hasta el Jundallah, afiliado a Al Qaeda, que actualmente opera en Irán y en Baluchistán.

Gobierno de Karzai domina economía de la droga

El mejor ejemplo de esa influencia de la CIA sobre los traficantes de droga se encuentra en Afganistán, donde el propio hermano del presidente Karzai, Ahmed Wali Karzai (un activo colaborador de la CIA), y Abdul Rashid Dostum (un viejo colaborador de la Agencia) aparecen entre los acusados de traficar droga.

La corrupción vinculada a la droga en el seno del gobierno afgano debe atribuirse en parte a la decisión de Estados Unidos y de la CIA de desencadenar la invasión de 2001 con el apoyo de la Alianza del Norte, movimiento cuya vinculación con la droga era conocida en Washington.

De esa manera, Estados Unidos reprodujo conscientemente en Afganistán la situación que ya había creado en Vietnam. En este último (al igual que Ahmed Wali Karzai medio siglo más tarde), el hermano del presidente, Ngo Dinh Nhu, utilizaba la droga para financiar una red privada que le permitió “arreglar” las elecciones a favor del presidente Ngo Dinh Diem.

Thomas H Johnson, coordinador de estudios de investigación antropológica en la Naval Postgraduate School, demostró que el éxito de un programa de contrainsurgencia es improbable cuando ese programa apoya un gobierno local flagrantemente disfuncional y corrupto.

McCoy, al igual que los medios masivos de difusión de Estados Unidos, describe la economía de la droga afgana como dominada por los talibanes (según los términos del propio McCoy: “Si los insurgentes toman el control de esta economía ilegal, como hicieron los talibanes, la tarea se hará entonces casi imposible”). La parte correspondiente a los talibanes en el mercado del opio afgano se estima generalmente entre 90 y 400 millones de dólares. Pero la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) estima que el total de ingresos provenientes del comercio del opio y la heroína se sitúa entre los 2 mil 800 millones y los 3 mil 400 millones de dólares.

Es evidente que no son los talibanes quienes se han apoderado de esa economía, mayoritariamente controlada por los partidarios del gobierno de Karzai. En 2006, un informe del Banco Mundial afirmaba que “al más alto nivel, 25 o 30 grandes traficantes, la mayoría con bases en el Sur de Afganistán, controlan las transacciones y los envíos más importantes, trabajando estrechamente con apoyo de personas que ocupan posiciones políticas y gubernamentales al más alto nivel”.

Los medios estadunidenses no se han interesado en esos hechos ni tampoco en la influencia que tienen en las estrategias políticas de su propio país en Afganistán en materia de guerra y de tráfico de droga. La administración de Obama parece haberse distanciado de los poco juiciosos programas de erradicación de la época de Bush, que nunca lograron la adhesión del campesinado afgano. Ha preferido instaurar una política de prohibición selectiva del tráfico, atacando solamente a los traficantes que ayudan a la oposición.

Queda por demostrar la eficacia de esa política en lo que a debilitar el talibán se refiere. Lo que sí está claro es que adoptar como blanco exclusivo a quien representa, en el mejor de los casos, una décima parte del tráfico total nunca permitirá acabar con la actual posición de Afganistán como principal narcoestado. Y tampoco permitirá acabar con la actual epidemia mundial de consumo de heroína, que comenzó a fines de la década de 1980 y que ya ha dado lugar a la aparición de 5 millones de toxicómanos en Pakistán, más de 2 millones de adictos en Rusia, 800 mil en Estados Unidos y más de 15 millones a escala mundial, entre ellos 1 millón en el propio Afganistán.

La política de prohibición selectiva del gobierno de Obama ayuda también a explicar su rechazo por tomar en cuenta la solución más humana y más razonable de la epidemia mundial de heroína afgana. Se trata de la iniciativa poppy for medicine (opio para la medicina) del International Council on Security and Development, que plantea la creación de un programa de otorgamiento de autorizaciones, lo cual permitiría a los agricultores vender su opio para garantizar la producción de medicamentos esenciales y altamente solicitados, como la morfina y la codeína.

Esa proposición ha recibido el apoyo del Parlamento Europeo y del Parlamento canadiense, pero fue objeto de severas críticas en Estados Unidos, principalmente porque pudiera engendrar un aumento de la producción de opio. Sin embargo, esa proposición sería, a mediano plazo, una respuesta a la epidemia de heroína que asola Europa y Rusia –situación que no se resolverá con la alternativa que presenta McCoy de sustituir el opio con otros cultivos durante los 10 o 15 próximos años, y menos aún con el programa de eliminación selectiva de proveedores de opio que aplica la administración de Obama.

Una consecuencia que casi nunca se menciona de la iniciativa poppy for medicine sería la reducción de los ingresos provenientes del tráfico ilícito que permiten mantener el gobierno de Karzai. Es por eso –o simplemente porque todo lo que se acerca a una legalización de las drogas es tabú en Washington– que la iniciativa tiene pocas posibilidades de obtener el apoyo del gobierno estadunidense.

La heroína afgana y la CIA a nivel mundial

Hay otro párrafo en el que McCoy concentra su atención en Afganistán como centro del problema más que en Estados Unidos. En una conferencia sobre la droga, desarrollada en Kabul, el jefe del servicio federal antinarcóticos de Rusia estimó el monto actual del cultivo de opio en Afganistán en 65 mil millones de dólares. Solamente 500 millones van a los cultivadores afganos; 300 millones, a los talibanes, y los 64 mil millones restantes van a la “mafia de la droga”, garantizándole amplios fondos para corromper al gobierno de Karzai, subraya el autor, en un país cuyo PIB es de sólo 10 mil millones de dólares.

Ese párrafo pasa por alto un hecho importantísimo. Según la ONUDD, sólo entre un 5 y un 6 por ciento de esos 65 mil millones de dólares se queda en Afganistán. Cerca del 80 por ciento de las ganancias provenientes del tráfico de droga proviene de los países consumidores –en este caso, Rusia, Europa y Estados Unidos–. Así que no se debe creer que el único país que se corrompe con el tráfico de droga afgana es el de origen. Donde quiera que el tráfico ha logrado hacerse importante, incluyendo los países por donde transita, en realidad ha logrado sobrevivir gracias a la protección, en otras palabras gracias a la corrupción.

No existen pruebas de que el dinero de la droga que han ganado los traficantes aliados de la CIA haya alimentado las cuentas bancarias de ésta o las de sus oficiales, pero la Agencia ha sacado provecho indirectamente del tráfico de droga y ha desarrollado, con el paso de los años, una estrecha relación con ese ilegal comercio. La guerra secreta de la CIA en Laos fue un caso extremo. Durante ese conflicto, la CIA hizo la guerra utilizando como principales aliados al Ejército Real Laosiano del general Ouane Rattikone y el Ejército Hmong del general Vang Pao, ambos financiados en gran parte por la droga. La masiva operación de la CIA en Afganistán correspondiente a la década de 1980 fue otro ejemplo de guerra parcialmente financiada por la droga.

Protección para los narcotraficantes en EU

No es, por lo tanto, sorprendente que, a través de los años, los gobiernos de Estados Unidos, siguiendo el camino trazado por la CIA, hayan protegido a traficantes de droga contra los procedimientos judiciales en Estados Unidos. Por ejemplo, tanto la CIA como la Agencia Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés) intervinieron en 1981 contra la inculpación (por robo de autos) del narcotraficante mexicano y zar del espionaje Miguel Nazar Haro, al afirmar que Nazar era “un contacto esencial para la CIA en México”, en cuestiones de “terrorismo, inteligencia y contrainteligencia”. Cuando el fiscal general asociado Lowell Jensen se negó a tramitar la inculpación de Nazar, el fiscal de San Diego, William Kennedy, denunció públicamente el caso… por lo cual fue rápidamente despedido.

Un ejemplo reciente y espectacular de implicación de la CIA en el tráfico de droga fue el caso del general Ramón Guillén Dávila, colaborador venezolano de la CIA:

El general Ramón Guillén Dávila, jefe de la unidad antidroga creada por la CIA en Venezuela, fue inculpado en Miami de haber introducido 1 tonelada de cocaína en Estados Unidos. Según The New York Times, “la CIA, a pesar de la objeción de la Drug Enforcement Administration (DEA), aprobó el envío de al menos 1 tonelada de cocaína pura hacia el aeropuerto internacional de Miami como medio de obtener información sobre los cárteles colombianos de la droga”. La revista Time reportó que un solo cargamento representaba 450 kilos y estuvo precedido de otros “por un total cercano a 1 tonelada”.

Mike Wallace confirmó que “la operación secreta de la CIA y de la Guardia Nacional reunió rápidamente esa cocaína, más de una tonelada y media, que fue introducida clandestinamente de Colombia hacia Venezuela”. Según The Wall Street Journal, la cantidad de droga que el general Guillén introdujo clandestinamente ascendería a más de 22 toneladas.

Pero Estados Unidos nunca ha solicitado a Venezuela la extradición de Guillén para someterlo a juicio. Y en 2007, cuando Guillén fue arrestado en Venezuela por conspirar para asesinar al presidente Hugo Chávez, su inculpación seguía traspapelada en alguna oficina de Miami. Mientras tanto, el agente de la CIA Mark McFarlin, a quien Bonner, el jefe de la DEA, también deseaba inculpar, tampoco lo fue y sólo tuvo que dimitir.

En resumen, nada sucedió a los principales actores de este caso, que probablemente se conoció en los medios debido a las protestas que generaron en aquel entonces los artículos de Gary Webb publicados en el diario San Jose Mercury sobre la CIA, los Contras nicaragüenses y la cocaína.

Los bancos y el lavado de dinero

Otras instituciones tienen un interés directo en el tráfico de droga, como los grandes bancos que efectúan préstamos a países como Colombia y México, sabiendo perfectamente que el flujo de droga ayudará a garantizar el pago de esos préstamos. Varios de los mayores bancos, como el City Group, el Bank of New York y el Bank of Boston, han sido identificados como participantes en el lavado de dinero, pero nunca han sido penalizados de forma lo suficientemente fuerte como para obligarlos a modificar su comportamiento. En la implicación de Estados Unidos en el tráfico de droga, se conjugan la CIA, importantes intereses financieros e intereses criminales de ese mismo país y del extranjero.

Antonio Maria Costa, jefe de la ONUDD, ha declarado que “el dinero de la droga, que representa miles de millones de dólares, ha permitido al sistema financiero mantenerse en el punto culminante de la crisis financiera”. Según el Observer, de Londres, Costa declaró haber visto pruebas de que los ingresos del crimen organizado eran “el único capital de inversión líquido” disponible en ciertos bancos en el momento del crack de 2009. Afirmó que el sistema económico absorbió la mayoría de los 352 mil millones de dólares de ganancias vinculadas con la droga. Costa declaró que agencias de inteligencia y fiscales le presentaron, alrededor de 18 meses atrás, las pruebas que demuestran que el sistema financiero absorbió el dinero ilegal. “En muchos casos, el dinero de la droga era el único capital de inversión líquido. Durante la segunda mitad de 2008, la [falta de] liquidez era el principal problema del sistema bancario, así que el capital líquido se convirtió en un factor importante”, dijo Costa.

Un perturbador ejemplo de la importancia de la droga en Washington reside en la influencia que ejerció durante la década de 1980 el Bank of Credit and Commerce International (BCCI), gracias a su práctica de lavado de dinero de la droga. Entre los altos funcionarios beneficiarios por la generosidad del BCCI, de sus propietarios y sus afiliados, está James Baker, secretario del Tesoro en la administración de Reagan, quien se negó a investigar al BCCI; el senador demócrata Joe Biden y el senador republicano Orrin Hatch, así como varios miembros importantes del Comité Judicial del Senado, que también se negaron a investigar al banco.

Finalmente, no fue el gobierno de Estados Unidos quien actuó primero en aras de poner fin a las actividades bancarias del BCCI y de sus filiales ilegales en Estados Unidos, sino dos personas en particular: el abogado Jack Blum, de Washington, y el fiscal de Manhattan Robert Morgenthau.

La causa del problema mundial de la droga

La fuente principal del problema mundial en que se ha convertido la droga no está en Kabul, sino en Washington. Poner fin a ese escándalo exigirá que se divulguen hechos que McCoy no quiere abordar en su artículo.

En su magistral obra, The politics of heroin, McCoy habla de la historia de Greg Musto, experto en drogas de la Casa Blanca bajo la administración de Carter. En 1980, Musto dijo, en el Strategy Council on Drug Abuse de la Casa Blanca, que “íbamos a Afganistán con el fin de apoyar a los cultivadores de opio en su rebelión contra la Unión Soviética. ¿No pudiéramos evitar hacer lo que ya hicimos en Laos?”.

Cuando la CIA le negó el acceso a datos que la ley le daba derecho a consultar, Musto expresó públicamente su inquietud, en mayo de 1980, al señalar, en un editorial de The New York Times, que la heroína proveniente de la llamada Media Luna de Oro ya estaba causando, por primera vez, una crisis médica en Nueva York. Y advirtió, anticipadamente, que “esa crisis está llamada a empeorar”.

Musto esperaba contribuir a lograr un cambio de política al exponer públicamente el problema y hacer una fuerte advertencia de que la aventura financiada por la droga en Afganistán podía resultar desastrosa; pero sus sabias palabras fueron inútiles ante la implacable determinación estadunidense. El mensaje de sensatez de McCoy, por ser amable precisamente allí donde la amabilidad no tiene cabida, puede sufrir el mismo destino.

Contralínea 216 / 16 de enero de 2011

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