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Sometido a una intensa presión política y aterrorizado por la violencia generada por su decisión de confrontar a algunos cárteles de la droga, Felipe Calderón ha tenido que hacer cambios en su gabinete, no siempre para mejorar la actuación de su gobierno, sino para complacer a políticos de oposición que prácticamente son quienes ya mandan en este país.

Bien lo advertía la secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, cuando, con sobrada preocupación, solicitaba a funcionarios de la embajada de su país en México que hicieran un análisis sobre la actuación de Calderón, porque estaba sometido a una enorme presión y eso podría afectar su toma de decisiones y poner en riesgo la seguridad estadunidense.

En la entrega anterior, dábamos cuenta de cómo Calderón había cedido a presiones políticas del Partido Revolucionario Institucional y el Partido de la Revolución Democrática para ordenar la desaparición de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el único órgano de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público encargado de investigar las fortunas de funcionarios y políticos corruptos, y que en sus archivos reúne miles de expedientes de servidores públicos, legisladores y militantes partidistas que se han enriquecido con dinero del erario federal y con negocios que realizan con el crimen organizado y cárteles de la droga. ¿Quién guardará ahora esa valiosa información?

Explicamos también que sus funciones las asumirá un área de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, dependiente de la Procuraduría General de la República, y tentativamente se llamaría Unidad Especializada en Análisis Financiero en Contra de la Delincuencia Organizada.

La decisión de Calderón fue para atender las quejas de senadores, diputados, políticos y funcionarios que han sido investigados por la UIF, cuyos expedientes financieros han sido utilizados políticamente, es decir para ejercer presión en contra de algunos; otros han sido “perdonados” a pesar de haber pruebas contundentes en su contra, y los menos han sido procesados penalmente y están presos en cárceles de máxima seguridad, sobre todo aquéllos que pertenecen a partidos opositores al gobierno panista.

Decíamos que en los archivos de la UIF hay información tan valiosa que a un gobierno interesado en impartir justicia le sería fácil combatir la corrupción oficial, el abuso del poder, el tráfico de influencias, el enriquecimiento inexplicable de burócratas y el desvío de recursos del erario federal; sin embargo, a Calderón no le preocupa ni le interesa y prefiere deshacerse de un área de inteligencia, molesto por las filtraciones que de allí han salido a la prensa y han puesto en evidencia su forma interesada y negligente de gobernar.

Pero esa propuesta de Calderón para desaparecer la UIF sigue en proceso. Mientras eso ocurre, giró instrucciones al secretario de Hacienda, Ernesto Cordero Arroyo, para remover de su puesto al director general de la UIF, Luis Urrutia Corral, quien es sólo un técnico en su trabajo de investigación y que, por cumplir órdenes de Los Pinos, ahora es destituido.

Otro claro ejemplo de que el hilo se rompe por lo más delgado, pues Urrutia Corral no hacía más que atender las peticiones de sus jefes, Cordero y Calderón, quienes utilizaron políticamente la información de la UIF como un instrumento de persecución y acoso en contra de opositores. El problema con esta decisión es que toda la labor de inteligencia de investigación, que descubrió a políticos y burócratas amasando enormes fortunas –cuyo origen se desconoce en muchos casos, y en otros, simplemente corresponde a fondos públicos–, se fue al vacío. Como siempre ocurre en los gobiernos panistas, todo quedará en impunidad gubernamental.

El boletín de Hacienda informa que el secretario Cordero designó a José Alberto Balbuena como titular de la UIF, sustituto de Luis Urrutia Corral, y da algunos pormenores del nuevo nombramiento:
El 1 de enero de 2011 se hizo el relevo, por lo que Balbuena será el responsable de llevar a cabo y dar seguimiento a mecanismos de prevención y detección de actos, omisiones y operaciones que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión de los delitos previstos en los artículos 139 o 148 bis del Código Penal Federal. También, sobre actos que pudieran ubicarse en los supuestos del artículo 400 bis del mismo Código, referentes a lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
Según Cordero, confía que la amplia experiencia de Balbuena en los sectores público, financiero y académico le permitirán fortalecer la estrategia del gobierno federal en la lucha del Estado contra el crimen organizado. El funcionario se desempeñaba como representante de la Secretaría de Hacienda en Washington para asuntos contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo; durante tres años, fungió como enlace del gobierno mexicano con el Departamento del Tesoro y con varias agencias gubernamentales estadunidenses.

Además, es representante de México ante los Grupos de Acción Financiera Internacional, el Grupo de Acción Financiera de Sudamérica y el Grupo de Acción Financiera del Caribe; trabajó para la Procuraduría Fiscal de la Federación como director general de Asuntos Financieros, de Proyectos Normativos y de Legislación y Consulta; laboró en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en la supervisión de bancos nacionales, extranjeros y grupos financieros.
El secretario de Hacienda reconoció la labor de Luis Urrutia Corral al frente de la UIF en “tareas que procuraron preservar la integridad del sistema financiero mexicano”, por lo que consideró que su experiencia será relevante en los proyectos que encabezará en el Banco de México.

También reconoció que su trabajo fue fundamental para consolidar la UIF de México, creada hace seis años para combatir el lavado de dinero producto de las actividades ilegales y evitar el financiamiento de grupos terroristas.

*Periodista

Fuente: Contralínea 215 / 09 de enero de 2011

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