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México tiene más de 30 años con el problema que nadie ha podido resolver; ahora, las autoridades de Tamaulipas regresan con un nuevo método de control vehicular en las calles para atemperar la amenaza a la seguridad estatal que, dicen, representan los miles de carros ilegales que circulan por el Estado

Redacción/ Reynosa, Tamaulipas

Aquí en Tamaulipas, especialmente en los municipios fronterizos, ningún agente de tránsito te paraba si circulabas con placas texana o, de plano, ni placas portabas; tampoco si no tenías los papeles del auto o si no estaba a tu nombre. Era el desorden, el caos, la tolerancia y la corrupción.

Ahora el Congreso del Estado aprobó una reforma a la Ley de Tránsito de Tamaulipas para ampliar las facultades a las autoridades policiales y las administrativas en la materia para retirar de circulación a todo vehículo que no cuente con placas, carros extranjeros que no tengan documentación legal en el territorio y unidades que no tengan comprobada la legítima propiedad en el territorio tamaulipeco.

Con esta medida no terminará el desorden, el caos, la tolerancia, pero seguro sí aumentará la corrupción.

Tan solo por Reynosa, entran cada año más de 30 mil autos ilegales, según datos del importador de autos Raymundo Valdez Gárate. Muy pocos de ellos se nacionalizan debido a los altos costos de los trámites.

“Muchas veces lo cruza un americano, van, compran un carro allá, le piden a un americano que se dedica a pasar los carros, llega uno con 50 dólares, le cruzan el carro y ya de aquí lo intentan meter al interior del país, ya sea pagándole a un policía fiscal o yéndose por una brecha, hay mil formas, están ingresando muchos vehículos de esa manera ilegal”, señaló.

Aunque no hay cifras exactas del número de autos ilegales en México, todo se resume en los costos. Una camioneta para el uso agrícola modelo 2000, mexicana, puede venderse hasta en 60 mil pesos; mientras que una de igual modelo y año, en Estados Unidos la pueden encontrar entre 15 y 20 mil.

Desde 1978 ha habido poco más de 10 programas de regularización de vehículos ilegales de procedencia extranjera, donde los primeros acuerdos únicamente permitían la regularización para los propietarios avecindados en las zonas fronterizas.

Con el paso del tiempo se fue ampliando el beneficio a los campesinos al permitir la regularización de vehículos destinados a actividades agropecuarias y forestales como pickups y camiones tipo estacas, hasta llegar a la ley expedida en marzo de 2001.

Esta ley contemplaba la posibilidad de regularizar los vehículos modelos 1970 hasta 1993 y que hubieran sido ingresados de manera legal a territorio nacional a más tardar el 31 de octubre de 2000. Los vehículos posibles de ser regularizados eran las camionetas pickup o vagonetas con capacidad hasta de 12 pasajeros, así como los destinados al servicio público de transporte y carga, pero también llegaron miles de carros. La ganancia en impuestos fue muy poca para la federación y menos para los municipios. Había nacionalización, se recaudaba, se repartía y vuelta a empezar.

Los motivos para estos programas de regularización no han variado mucho: necesidad de proceder a normalizar la situación y estadía en el país de los vehículos usados de procedencia extranjera; demanda de diversas organizaciones sociales para evitar que se afecte el patrimonio de sus agremiados; permitir que las autoridades tengan un mejor control de las unidades inscritas a fin de combatir la inseguridad, dado el uso de este tipo de unidades en la realización de diversos tipos de ilícitos.

En un informe de la Comisión de Economía, durante un foro sobre el problema de los autos ilegales realizado en 2004, el entonces presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, César Flores Esquivel, señalaba que la regularización no era la vía para enfrentar un problema que tiene todas la agravantes de la ley.

“La legalización de automóviles extranjeros usados se trata de un hecho evidente de violación al estado de Derecho porque se legaliza lo ilegal, se trata de un negocio de algunas organizaciones dedicadas a traficar autos ilegales, de favorecer a políticos a cambio de votos, de lucrar con promesas de protección y de afectar el sano desarrollo del mercado mexicano al obstaculizar el ciclo comercial. Después de 12 decretos se han propiciado más importaciones ilegales y se ha generado un descontento social evidente de quienes sí contribuyen con sus impuestos”.

Flores Esquivel señalaba en ese foro que la importación legal o ilegal no era un problema de precios sino de corrupción y de chatarra, porque en Estados Unidos se deprecia y se hacen chatarra 14 millones de autos al año. “Las regularizaciones solamente generan expectativas, se impulsa el mercado negro y se distorsiona el crecimiento del mercado nacional”.

El decreto

La reforma a la Ley de Tránsito en el Estado de Tamaulipas señala que “cualquier autoridad comprendida entre las instituciones policiales, en términos del artículo 21 de la Constitución General de la República, podrá requerir a los conductores de los vehículos automotores la presentación de los documentos inherentes a la identificación de éste, así como los relativos a la identidad de su conductor”.

Añade que: “Es obligación de las autoridades de tránsito poner a disposición de la dependencia correspondiente, todo vehículo automotor del que no se acredite la legítima propiedad”.

Según datos oficiales de la PGE, se han reportado este año más de 6 mil robos de autos y se presume que por las calles del Estado circulan unos 10 mil más en similares circunstancias.

Los legisladores que aprobaron esta reforma señalan que se considera “altamente importante” la portación de las placas vehiculares para facilitar el trabajo de las instituciones en la prevención e investigación de posibles delitos.

Por lo pronto, miembros de la Unión Campesina Democrática han pedido a sus afiliados a que no dejen de circular con sus unidades y a que ninguna autoridad les quite los vehículos mientras no se aclara el alcance de la reforma para Tamaulipas.

Hace aproximadamente un año, el presidente de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores de Tamaulipas, Arturo López Garza, se quejaba por las bajas ventas de autos nuevos en el Estado y exigía a la Secretaría de Hacienda aplicar un programa de decomiso de unidades ilegales.

“Las ventas de automóviles nuevos han caído en más de un 30 por ciento y uno de los principales factores es originado por la gran cantidad de automóviles de procedencia extranjera que se encuentran circulando ilegalmente en el Estado”, comentó. “No es posible que a ojos vistos de la autoridad se estén vendiendo en la ciudad automóviles de modelos 2001, 2002 y hasta 2005 de procedencia norteamericana y que no entran en los beneficios de los decretos presidenciales para su nacionalización”.

López Garza criticaba que este tipo de acciones permitieran el aumento en el nivel de inseguridad, ya que hay muchas unidades que circulan sin placas, cuyos dueños huyen de accidentes viales en los que se ven involucrados para no hacerse cargo de la responsabilidad, sobre todo cuando el dueño del otro carro tiene sus papeles en regla.

Esta es la visión del negocio legal, pero que no puede competir contra el negocio que se genera entre intermediarios loteros de Estados Unidos y, finalmente, los compradores mexicanos que no pueden adquirir autos mexicanos usados. Han pasado 14 decretos y el problema persiste en las calles de Tamaulipas, sobre todo en las ciudades fronterizas.

Y vienen más

El 1 de enero de este año entró en vigor la importación de autos usados provenientes de Estados Unidos y Canadá, a 8 años de antigüedad, libres de arancel, por lo que las asociaciones mexicanas relacionadas con la distribución de autos anticipan una nueva ola de vehículos viejos provenientes de Estados Unidos. La misma historia que se repite desde el primer programa de regularización de 1978.

Según cifras de la AMIA, hasta agosto de 2010 se importaron 247 mil 16 vehículos, de los cuales 50 mil 575 son para circulación exclusiva en la zona fronteriza y el resto se comercializará en el resto del país. La importación de autos usados provenientes de EU y Canadá ya supera los 5 millones de unidades en todo el país. No todos se nacionalizan y ese es el problema por el que se reformó la Ley de Tránsito en Tamaulipas.

En el Estado también fracasó el programa federal de la Secretaría de Economía, que pretendía ofrecer un bono de 15 mil pesos a quien estuviera dispuesto a hacer chatarra su unidad y comprar un auto nuevo con valor no superior a los 250 mil pesos. Como el programa no estaba reportando resultados, se autorizó entrar en el programa a los dueños de autos ‘chocolate’ que ingresaron al país antes de 2001. En la frontera tamaulipeca no hubo noticia de alguien que le entrara al programa.

Mario Sosa Pohol, presidente del PRD en Tamaulipas, dijo que la nueva ley de tránsito que permite a cualquier autoridad decomisar autos americanos habrá de fomentar la corrupción entre agentes de tránsito y policías a los que habrá que habrá que darles dinero para que no decomisen un auto.

“Esta ley provocaría que cualquier ciudadano pueda ser víctima de extorsiones por parte de tránsitos, policías preventivos, estatales y federales, ya que tendrán un elemento para obligar a los conductores de vehículos americanos a darles dinero para evitar que les decomisen sus vehículos”, dijo.

Por su parte, el agente aduanal Raymundo Valdez Garate dijo que con la nueva ley las agencias pueden ser beneficiadas pero no los ciudadanos. “Sabemos que mucha gente no ha sacado placas o nacionalizado su auto por el costo que tiene”.

Afirma que el dar mayores facultades a las autoridades policíacas perjudicará porque existen malos elementos que tomarán ventaja de esta situación.

“El que estés dando facultades para estar parando a diestra y siniestra a toda la gente desafortunadamente, lo hemos dicho, hay buenos elementos de tránsito pero los malos van a aprovechar y se van a hacer más malos”.

Por lo pronto, este enero amanece en Tamaulipas la nueva reforma y sorprende a miles de propietarios sin dinero o trabajo y dispuestos mejor a salir a las calles sin la papelería en regla, antes que pagar 15 mil pesos por nacionalizar su auto. Entonces, en la calle seguirá el negocio que todos conocemos.

La ruta del caos

El mercado de autos usados en México ha tenido un nuevo giro a partir de 2009, fecha en que se importan vehículos usados provenientes de EU y Canadá, dentro del marco del Tratado de Libre Comercio para América del Norte. Las condiciones para que los vehículos usados dentro del contexto de libre comercio se internen al país son las siguientes:

A partir del 1 de enero de 2009, México no podrá adoptar ni mantener una prohibición o restricción a la importación de vehículos originarios usados provenientes de territorio de Canadá o de Estados Unidos que tengan por lo menos 10 años de antigüedad

A partir del 1 de enero de 2011, México no podrá adoptar ni mantener una prohibición o restricción a la importación de vehículos originarios usados provenientes de territorio de Canadá o de Estados Unidos que tengan por lo menos 8 años de antigüedad

A partir del 1 de enero de 2013, México no podrá adoptar ni mantener un prohibición o restricción a la importación de vehículos originarios usados provenientes de territorio de Canadá o de Estados Unidos que tengan por lo menos 6 años de antigüedad

A partir del 1 de enero de 2015, México no podrá adoptar ni mantener un prohibición o restricción a la importación de vehículos originarios usados provenientes de territorio de Canadá o de Estados Unidos que tengan por lo menos 4 años de antigüedad

A partir del 1 de enero de 2017, México no podrá adoptar ni mantener un prohibición o restricción a la importación de vehículos originarios usados provenientes de territorio de Canadá o de Estados Unidos que tengan por lo menos 2 años de antigüedad

A partir del 1 de enero de 2019, México no podrá adoptar ni mantener un prohibición o restricción a la importación de vehículos originarios usados provenientes de territorio de Canadá o de Estados Unidos

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