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Nadie desmiente la información que contienen los 1.6 gigabytes de archivos que obtuvo Wikileaks y que exhiben la diplomacia global de Estados Unidos. De ese volumen, 2 mil 285 cables describen la percepción estadunidense sobre México y su “invitación” para mejorar la seguridad de este país. Pasado el sobresalto inicial, la clase política mexicana –exhibida  ante propios y extranjeros como rendida ante los estadunidenses– confía en que se olviden sus “confidencias” diplomáticas

Entre 1966 y 2010, el personal de la embajada de Estados Unidos en México elaboró y remitió al Departamento de Estado 2 mil 285 cables sobre este país: 1 mil 281 figuran como “no clasificados”; 660, bajo el rubro “sólo para uso oficial”; 295 son confidenciales; 23, confidenciales y sin acceso a extranjeros; 14 son secretos, y 12, secretos sin acceso a extranjeros.

El puñado de despachos sobre México que divulgan los diarios que eligió el fundador de Wikileaks muestran el interés estadunidense por conocer el “estilo de liderazgo del presidente Calderón”, centrarse en “blancos de alto valor” contra el narcotráfico y los ruegos de la clase dirigente mexicana por obtener ayuda de Washington para pacificar tres ciudades del país y mostrar el éxito del programa presidencial.

El 4 de diciembre de 2009, a las 22:08 horas, la embajada de Estados Unidos en México recibió el despacho 238295 clasificado como “Secreto/ Nofor” (no acceso para extranjeros) firmado por “Clinton”. El documento “Liderazgo mexicano en general” alude dos informes anteriores (314/061600-09 y 314/045987-09) que indicaban que Calderón y su administración “están actualmente bajo gran presión por la guerra contra las drogas, el colapso económico y la pérdida de su partido en las elecciones de medio término”.

El despacho actual instruía a su personal para conocer cómo afectan esas presiones la personalidad del presidente mexicano y su estilo de gobierno. “Cómo reacciona Calderón a los puntos de vista diferentes al suyo, si debate con quienes no concuerdan con él” o qué valores pondera más: la confianza, lealtad o respeto. También indaga sobre los planes del gabinete de seguridad y de economía y cómo ve a Estados Unidos cada uno de los integrantes del gabinete mexicano. “¿Qué tan fuerte es su relación de trabajo con nuestros oficiales?”, inquiere el punto B2. Además, busca saber cómo manejan el estrés estos miembros.

Esta instrucción del Departamento de Estado revela la “desconfianza del establishment estadunidense respecto del desempeño y capacidad institucional para mantener niveles óptimos de gobernabilidad, sostiene Argentino Mendoza, maestro en estudios México-Estados Unidos del Centro de Investigaciones para América del Norte de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

La prensa mexicana daba cuenta, ese mismo día, de un informe del Pew Center en el que se refería que Estados Unidos perdió el liderazgo mundial. La página electrónica de la Presidencia de la República destacó que el mandatario asistió al “tradicional desayuno” de fin de año, con el personal naval, así como su entrevista con directivos del Banco Santander y la inauguración de la presa El Gigante, en Ayala de Morelos.

En espera del momentum

Carlos Pascual, embajador de Estados Unidos en México, dirigió al Departamento de Estado el cable confidencial 228419 el 5 de octubre de 2009, a las 20:26 horas. Trata sobre el “interés del gobierno de México por mejorar la seguridad en algunas ciudades clave”. Según el El País, el título de este despacho es “Cable que relata la ayuda que México necesita de EU”.

El documento subraya la insistencia de Gerónimo Gutiérrez Fernández, entonces subsecretario de Gobernación, y Jorge Tello Peón, coordinador de Seguridad Nacional, ante la delegación estadunidense para realizar urgentemente “esfuerzos conjuntos en dos o tres ciudades clave” con el fin de revertir la ola de violencia e inestabilidad que padecían. El apremio era porque, a partir de esa fecha, sólo les quedaban 18 meses para luchar contra los grupos del narcotráfico.

Ciudad Juárez y Tijuana, “y una tercera más” que podría ser Tijuana, fueron las propuestas del grupo de funcionarios mexicanos que ese día se reunió con la delegación estadunidense, que encabezó Bruce Swartz, Kenneth Blanco, Paul Rosen, Tony García y Keith Mines.

Según el informe del embajador Pascual, “ellos creen que el simbolismo de cambiar algunas de las ciudades más violentas sería muy poderoso; enviaría una señal para el resto del país de que la lucha contra el crimen organizado puede ganarse, y combatir el sentido de impotencia de muchos mexicanos”. Tello Peón sugirió que “formáramos una célula de planeación con algunos expertos de cada lado para poner en marcha programas para los próximos dos años”.

El cable fue enviado con copia a la Agencia Antidrogas estadunidense, al responsable del Comando Norte, al del Comando Sur, al Departamento de Seguridad de la Patria, al Departamento de Justicia, al Servicio de Marshals y a la Casa Blanca. Agrega que Gutiérrez advirtió que “tenemos 18 meses y si no se produce un éxito tangible que reconozca la población, habrá dificultades para sostener la confrontación en la próxima administración”.

Este informe de Pascual describe que Gutiérrez Fernández hizo un balance de cómo veían la Iniciativa Mérida los funcionarios mexicanos y que se daban cuenta de que “no hubo suficiente pensamiento estratégico en la primera fase” de ese plan. El embajador cita que Gutiérrez “fue cuidadoso en señalar que todo el equipo es necesario y que harán buen uso, pero desea que el enfoque sea más directo en la construcción de instituciones”.

El comentario final para el Departamento de Estado propone ver el compromiso del gobierno mexicano para seleccionar esas tres ciudades y trabajar para mejorar su seguridad. “Si es su estrategia y planean ejecutarla, deberíamos seguirlos” a partir de un programa regional que atienda los retos en las ciudades fronterizas. Hay una cantidad considerable de recursos y un incremento en el personal, concluyó.

El cable 240473, “Operación de la Marina mexicana contra el líder de la red de drogas Arturo Beltrán Leyva”, del 17 de diciembre de 2009, está clasificado como “secreto”, y también lo firma el embajador Carlos Pascual. El País lo tituló “Cable sobre la ayuda de EU en la lucha contra el narcotráfico”.

Escrito un día después de esa operación, refiere que las fuerzas de la Marina mexicana actuaron con información que les proporcionó Estados Unidos para “matar a Arturo Beltrán Leyva”. Destaca que la unidad que condujo la operación ha recibido “intensivo entrenamiento” por el Comando Norte en los años anteriores. Y aunque advierte que la muerte de Beltrán no solucionará el problema de las drogas en México, comenta que se espera el “momentum” necesario para realizar progresos sostenidos contra otras organizaciones del narcotráfico.

El punto siete del informe afirma que la operación contra Beltrán Leyva (ABL, según el reporte) es la mayor victoria del presidente Calderón y de su guerra contra el crimen organizado. “La operación contra ABL es un ejemplo de la excelente cooperación entre los gobiernos” de Estados Unidos y México; además, la Secretaría de Marina (Semar) ganó un estímulo particular frente a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) al ser más proactiva “y menos reacia al riesgo en operaciones futuras”.

Al respecto, el politólogo mexicano Javier Oliva destaca que, en el operativo contra ABL, estuvo el Ejército Mexicano. “Soldados de la XXIV Zona Militar cubrieron la retaguardia de las Fuerzas Especiales. La coordinación que hay entre la Armada y el Ejército nunca había sido tan estrecha”.

Estima que en éstos y otros cables filtrados por la prensa internacional, los diplomáticos estadunidenses en México utilizan adjetivos calificativos que sí afectan la relación bilateral. “En algunos casos –afirma Oliva Posada–, hay una postura de soberbia, como cuando se afirma que el Ejército Mexicano es lento”.

Abunda que esa visión es grave porque la doctrina militar del Ejército estadunidense “es tener soldados que conquistan porque es un ejército agresor; su formación, adiestramiento y hasta tipo de armamento así lo muestran. En cambio, el Ejército Mexicano no invade y trabaja con la sociedad”.

Mientras que ellos (los militares estadunidenses) “se encargan de lanzar bombas sobre bodas afganas, el soldado mexicano tiene que detener pesqueros en la costera Miguel Alemán, bajar y cachear al mesero, a la recamarista y en una de éstas hasta se encuentra a un narcomenudista”. Entonces, ¿a qué se refieren con lentitud?, pregunta el coordinador del Diplomado de Seguridad Nacional de la UNAM.

Oliva concluye su análisis sobre el contenido de los despachos filtrados con una reflexión: “Regresó la política, la diplomacia y el Estado como concepto mundial; no es un asunto de empresas trasnacionales o de especulación en bolsa, es política pura”.

A su vez, Raúl Benítez –presidente del Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia y uno de los autores del México 2030, Proyecto de Gran Visión–, estima que son “totalmente normales dentro del trabajo diplomáticos” los cables sobre México que se habían divulgado hasta la primera semana de diciembre. El lenguaje que usa el embajador Pascual no emplea calificativos como “subdesarrollados”.

Respecto de la elección del gobierno estadunidense de compartir su información con la Semar y no con la Sedena, el especialista afirma que así fue, sobre todo porque la Marina tiene los comandos operativos de Reacción Rápida.

El DBWG, clave en la estrategia

John D Feeley es el segundo hombre más importante de la embajada de Estados Unidos en México; llegó a este país en julio de 2009 y es especialista en análisis sobre el hemisferio occidental. El 29 de enero de 2010, envió el cable 246329, clasificado como “secreto”, en el que aporta notas sobre lo que será la sesión del 1 de febrero sobre el Grupo de Trabajo de Defensa Bilateral (DBWG, por sus siglas en inglés).

El funcionario comenta que la inauguración de ese Grupo llega en un “momento clave en nuestros esfuerzos por profundizar la relación bilateral y para apoyar los primeros pasos del Ejército Mexicano” hacia la modernización. Describe que ese Grupo puede ayudar a asegurar que el “gobierno de México siga enfocándose en las mejoras institucionales” y en una mayor participación regional.

Opina que el DBWG es un componente importante de “toda nuestra estrategia bilateral [de la Iniciativa] Mérida” para 2010. Destaca que concluye 2009 con un compromiso del gobierno mexicano “sin precedente”, para trabajar junto con Estados Unidos.

Como la Sedena y la Semar aún tienen un largo camino que andar hacia la modernización, comenta que el DBWG tiene muchos “puntos clave” que resolver. Sostiene que debe animarse al Ejército Mexicano a participar más activamente en la arena internacional, a través de una mayor cooperación en Centroamérica y Colombia.

Feeley propone que puede intervenir en operaciones humanitarias o de pacificación. “Con esto se ayudará a la transición mental” de lo que ahora es “proteger la revolución” a una fuerza más dinámica, activa y flexible.

El exhaustivo análisis sobre el rubro político, económico y de los desafíos para la seguridad destaca que el presidente Calderón lleva tres de los seis años de su gestión “enfrentando un complicado ambiente político y económico”. Que su partido emergió seriamente debilitado de un dramático retroceso en las elecciones de julio de 2010.

Destaca que las cifras de popularidad de Calderón “han caído” junto con una contracción económica masiva y la sensación pública de que hay poca estrategia para crear nuevos empleos sustentables.

En materia de seguridad, el punto cinco del análisis pone el acento en la “inhabilidad del gobierno de México para detener las cifras al alza de los homicidios relacionados con el narcotráfico” en Ciudad Juárez y en otras partes. Esto ocurre mientras las instituciones mexicanas de seguridad frecuentemente se enfrentan en una competencia “suma-cero, en la que el éxito de una es visto como el fracaso de otra”.

El apartado seis del cable describe que los militares no están entrenados para patrullar las calles o llevar a cabo operaciones de aplicación de la ley. No tienen la autoridad para recopilar y presentar evidencias en el sistema judicial, lo que da por resultado que los arrestos se eleven hasta el cielo y las condenas permanezcan muy bajas.

Este despacho envía copias a los responsables del Comando Norte, del Comando Sur, del Departamento de Justicia, de la Agencia Central de Inteligencia, de la agencia antidrogas estadunidense y a la Agencia Federal de Investigación. Feeley explica que, “con nuestra ayuda”, el presidente mexicano refinó su estrategia anticrimen. Advierte que el despliegue militar no revirtió la violencia en Ciudad Juárez, lo que, en su opinión, refleja la “debilidad” del gobierno mexicano para responder a la presión pública y centrarse en construir instituciones civiles fuertes.

Para Raúl Benítez, este reporte de John Feeley muestra una gran capacidad de análisis político que ni siquiera es de inteligencia. Es respetuoso, no tiene expresiones ofensivas sobre México, “no dice ‘mexicanos atrasados, corruptos’, ni tiene una actitud de alguien con posición imperial o prepotente”.

“Pasará el vendaval y luego vendrá la normalidad; pedirán perdón a quien tienen que pedir perdón”, señala el especialista. En todo caso, la revelación pública de estos cables “le habrá hecho el favor a muchas entidades de inteligencia que se gastan el dineral por conocer esa situación”.

La filtración de unos 2 mil 600 despachos con información de inteligencia sobre el desempeño de las agencias y los responsables de la seguridad en México es relevante porque se trata de un nuevo activismo, señala Argentino Mendoza, del Centro de Investigaciones sobre América del Norte (Cisan), especialista en burocracias y políticas de seguridad en la relación México-Estados Unidos.

El investigador subraya que la revelación de esos despachos diplomáticos “describen la incapacidad” del Centro de Investigación y Seguridad Nacional para encabezar las operaciones de inteligencia frente a la Secretaría de Seguridad Pública. Este hecho, agrega, también demuestra el grado de fiscalización del aparato burocrático estadunidense frente a sus pares mexicanos.

La respuesta de la SRE

La contraofensiva del gobierno mexicano llegó a media semana. Tras confirmar que las primeras planas de The Guardian, Der Spiegel, Le Monde, El País y The New York Times (que reproduce la información que le transmite el diario británico) ostentaban en sus primeras planas los cables de funcionarios de la embajada de Estados Unidos en México, actuó la diplomacia mexicana.

A las 23:20 horas del jueves 2 de diciembre, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) envió miles de copias por vía electrónica de su comunicado 395. Ahí, se “reprueba categóricamente la revelación ilegal de documentos cuya autoría se imputa a la diplomacia estadunidense”.

A la hora en que se difundía el comunicado, miles de mexicanos tenían acceso a, cuando menos, cuatro de los cables enviados desde México al Departamento de Estado. Aún así, desde la SRE se afirmaba que el conjunto de documentos filtrados y, especialmente, sus contenidos “son parciales e inexactos y reflejan una selección y una visión cuyos criterios se desconocen”.

Tal selección –que, ahora se sabe, sí llevaron a cabo los directivos de los diarios conforme a sus propias declaraciones– no la ejecutó el sitio electrónico que fundó Julian Assange. La decisión de publicar los cables diplomáticos de forma simultánea, editados en su extensión y forma, correspondió a los cuatro diarios europeos y al principal diario neoyorquino.

En ese punto, la SRE hizo entonces lo que ni siquiera la secretaria de Estado Hillary Clinton ha hecho: dudar de la autoría de los informes. El comunicado explica que, por su naturaleza, esas comunicaciones son reservadas y forman parte del proceso de la política exterior.

El comunicado de la cancillería mexicana insistió en persuadir a sus destinatarios que los documentos filtrados no estaban contextualizados, “lo que impide valorarlos adecuadamente y ponderar su importancia relativa”. Subraya que los informes divulgados incluyen un “énfasis subjetivo de quien los elabora en lo que –considera– interesa a sus superiores y, en algunos casos, para exaltar sus propios méritos”.

Al respecto, Jorge Eduardo Navarrete, exembajador mexicano ante Naciones Unidas, Alemania, China y Venezuela –entre otros países–, refiere que uno de los cables filtrados (el 231175, del 23 de octubre de 2009) cita una conversación del presidente Calderón con Dennis Blair, director de Inteligencia Nacional de Estados Unidos, en la que admite estar preocupado por las relaciones de Venezuela con Irán y le advierte que ese país adquiere influencia en América Latina. “Claramente –señala el diplomático de carrera–, me parece que el mejor ejemplo de esa declaración es de alguien que sí quiere quedar bien con sus jefes”.

El párrafo final del comunicado admite que algunos de esos documentos reflejan prácticas “deplorables” desde la perspectiva del respeto que debe imperar entre naciones que colaboran en torno a objetivos comunes. Remata con la afirmación de que las filtraciones –y no su contenido– constituyen un reto para la “conducción constructiva y armoniosa” de las actividades diplomáticas.

Navarrete señala como “no muy inteligente” el hecho de que de una parte de la autoridad mexicana haya puesto en duda la autenticidad de los documentos, “cuando hasta el Departamento de Estado lo acepta”.

Admitir que se tuercen brazos

“No es una filtración, sino una inundación”, describe Jorge Eduardo Navarrete, exembajador de México en Naciones Unidas, China, Alemania y Venezuela. Advierte que algunas personas pensarán dos veces lo que van a decir con un diplomático extranjero para que no aparezca en la prensa al día siguiente. Salvo esto, el efecto sobre la labor diplomática será que las cancillerías reforzarán sus sistemas de seguridad y ya no será tan sencillo para los hackers ingresar en estos recintos.

En el fondo, apunta, es que quedaron de relieve procedimientos que todo mundo sabe que existen, pero que se niegan cuando no hay evidencia irrefutable de su existencia. “Después de Wikileaks, será muy difícil negar que no se acude a presiones, que no se tuercen brazos o a medidas más allá de lo razonable en la búsqueda de determinados objetivos”, dice el también economista.

Sostiene que no debe perderse de vista que esas comunicaciones son la materia prima, no la conclusión del trabajo diplomático. Esta inundación de información no será el final de la labor diplomática como se conoce y uno de sus efectos positivos será que los países no utilizarán la vía diplomática para realizar tareas de las que después “tengan que avergonzarse”. Cuando esto se conoce, dice, se ponen caras “enrojecidas en muchos lugares”.

Por su parte, Argentino Mendoza, investigador del Cisan, anticipa que vendrá una activa participación del Grupo Binacional de Relaciones Públicas y Comunicación –creado en el marco de la Iniciativa Mérida– para “atemperar” el escándalo diplomático.

En busca de la información

La Ley de Estados Unidos de Libertad de Información (FOIA, por sus siglas en ingles) asegura el acceso público a expedientes del gobierno. Para que se desclasifiquen, recurre al criterio gubernamental, le pide que sostenga por qué no debe liberarse determinada información. Las agencias gubernamentales deben desclasificar esos documentos, a menos de que justifiquen legalmente que se mantiene esa reserva bajo una de las nueve excepciones que contempla la Ley.

Steven Aftergood dirige el sitio Secrecy News, de la Federación de Científicos Americanos. Ha denunciado por años la política de secretismo del gobierno estadunidense que mantiene lejos de los ciudadanos la información sobre inteligencia y seguridad, a pesar de que recurran a la FOIA.

Explica a Contralínea el impacto interno en Estados Unidos por la liberación de los despachos diplomáticos de las embajadas de ese país en el mundo. “Creo que las opiniones de los ciudadanos estadunidenses sobre Wikileaks están severamente divididas. Algunas personas creen que amenazó la seguridad estadunidense y que ha minado las relaciones diplomáticas en todo el mundo. Otras son muy solidarias con Wikileaks y creen que ese sitio al fin reveló la verdad sobre la política exterior de Estados Unidos”.

Aftergood observa que la divulgación de esos despachos diplomáticos sí impactó la estructura del poder, por lo que es previsible que, en el corto plazo, el gobierno estadunidense impondrá nuevas restricciones sobre la información. “Probablemente –añade–, se incrementará la seguridad para la información clasificada”.

Se le pregunta si considera que las instituciones estadunidenses insistirán en rechazar las solicitudes de información pública. “No sé”, responde. Explica que cuando los funcionarios sienten que han perdido el control de la seguridad, la respuesta natural puede ser la de imponer restricciones más fuertes sobre el acceso a la información. “Así que podríamos terminar con más secretismo que antes”.

El hombre que desde hace ya varios años presiona para hacer accesible información gubernamental sobre temas de inteligencia, seguridad, militarización y cooperación dentro de las agencias manifiesta su esperanza de que Wikileaks dé una lección por la liberación de información diplomática, que “necesitamos corregir nuestra política de clasificación y reducir bruscamente la cantidad de información que se clasifica”.

Eva Golinger, abogada estadunidense-venezolana, es quizás en toda América Latina la persona que más ha penetrado en la información clasificada del gobierno de Estados Unidos. A través de la FOIA, la investigadora ha documentado intentos golpistas, intervencionismo electoral, financiamiento a grupos opositores en Venezuela y Cuba.

La también autora de los libros La telaraña imperial; Enciclopedia de injerencia y subversión; y Código Chávez examina el efecto Wikileaks: “No avalo la táctica de fugar documentos”. Sin embargo, ante el hecho consumado, la abogada admite que los cables revelan información de gran importancia para el interés público. “Se reafirma que gran parte de la diplomacia mundial se fundamenta en maniobras ocultas y sucias, muchas veces basadas en chisme y fuentes no muy creíbles”.

De los documentos sobre México, refiere que algunos son “muy comprometedores” sobre la administración de Felipe Calderón y lo que parece ser “una subordinación plena frente a Washington”. Cita el cable sobre las críticas del mandatario mexicano a su homólogo venezolano, mientras que públicamente “se muestra como un amigo del presidente Chávez. Ahí se ve su doble cara, su doble moral”.

La mayoría de los pueblos quiere gobernantes honestos y sinceros “y no los pocos de mentirosos, egoístas y cínicos que están saliendo a la luz en estos documentos”, concluye Golinger, quien impulsó la formación de la Corte Penal Internacional de La Haya.

Contralínea 213 / 19 de diciembre de 2010

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