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Los poderes fácticos, como Televisa y las delincuencias –como expresión de cárteles con sobrado poder económico y capaces de maniobrar políticamente para disputarle al Estado constitucional su poder y competencia legal sobre el territorio– prácticamente se han impuesto sobre las instituciones legítimas, constituyéndose en abiertas rebeliones para establecer, con sus golpismos, gobiernos contrarios al estado de derecho. Ni la militarización (la otra cara de otro posible golpe de Estado si los políticos del Partido Acción Nacional, como van, siguen tan ineficaces generando ingobernabilidad y crisis de desastres económicos y sociales) ha podido neutralizar la violencia que se ha generalizado en casi todas las 32 entidades de un federalismo cuestionado por las incapacidades de sus gobernadores y presidentes municipales, al que quieren someter con la policía única que nos hará regresar al centralismo del Estado unitario.

El artículo 136 constitucional sólo plantea como solución que el pueblo restablezca el orden constitucional, cuyo relajamiento (Daniel Cosío Villegas, “La república restaurada”, en la Historia moderna de México: vida política) ya llegó a tal grado que ni los presidentes municipales ni los gobernadores, ni el presidente de la república ni los jueces de los poderes judiciales de los estados ni del Federal respetan, ya que todos ellos constantemente pasan por encima y pisotean la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las constituciones estatales y sus leyes reglamentarias. Los amparos y las suspensiones no se acatan. Cada gobernante no las obedece y, mucho menos, las cumplen, en lo que ya es un desorden, una rebelión que ha interrumpido la observancia de la ley.

“Esta Constitución [escribieron los constituyentes del 17, en la ley suprema de toda la Unión] no perderá su fuerza y vigor, aun cuando por alguna rebelión se interrumpa su observancia. En caso de que por cualquier trastorno público se establezca un gobierno contrario a los principios que ella sanciona, tan luego como el pueblo recobre su libertad, se restablecerá su observancia, y con arreglo a ella y a las leyes que en su virtud se hubieren expedido, serán juzgados, así los que hubieren figurado en el gobierno emanado de la rebelión, como los que hubieren cooperado a ésta.”

Está claro que la rebelión de los cárteles, encabezados por Televisa, y del narcotráfico, más otras delincuencias armadas que han consumado rebeliones violentas, han interrumpido el cumplimiento constitucional. Somos una nación víctima de quienes en los poderes –económicos, sobre todo para financiar sus fines aviesos– ya impusieron su Estado fáctico y están gobernando a través de la violencia audiovisual, la obtención de beneficios al margen de la ley; del miedo a través de cientos de miles de homicidios, secuestros, desapariciones de ciudadanos y la metódica y sistemática violación de derechos humanos, desde los gobernantes replegados tras la militarización que no logra a sangre y fuego someter a esos cárteles. No hay garantías legales. Los tribunales ya no imparten justicia conforme a leyes, presionados por los cárteles, los sobornos y las amenazas. La rebelión en marcha de los intereses creados contra el Estado constitucional, democrático y republicano, ha impuesto sus cotos, donde los cárteles son la gobiernos contrarios a los principios constitucionales. Televisa y los narcotraficantes, con otros medios de comunicación, han usurpado funciones y facultades. Y se han sublevado como pandillas con poder político sustentado en una pavorosa concentración de riqueza, obtenida por la incontrolable publicidad y dineros mal habidos de Televisa, que le entregan empresarios y políticos más las concesiones gubernamentales del panismo calderonista. Mientras los cárteles de la otra violencia, de la delincuencia… ¡organizada!, comercian ilegalmente y obtienen fortunas semejantes a las del cártel de Televisa, la empresa de la violencia audiovisual.

La rebelión actual no es de revueltas civiles ni levantamientos sociales (no faltando causas para unas y otros); son rebeliones de los cárteles económicos que han decidido disputar el poder político completo para, pervirtiendo las instituciones, ponerlas al servicio de sus intereses. Contra los cárteles del narcotráfico, está en marcha la militarización, con estrategias fallidas, donde los uniformados de las Fuerzas Armadas y de las policías federales han obtenido victorias pírricas, ya que son a costos tan altos que, real o aparentemente, pareciera que los narcos y sus sicarios llevan la delantera, pues los miles de homicidios tienen a los mexicanos entre la espada del terror y la pared del pánico colectivo.

El actual relajamiento constitucional por la rebelión de esos cárteles –los narcotraficantes y Televisa, con sus grupos de poder para imponer sus respectivas violencias– ya anuló a los poderes federales y de las entidades. Existe un caos. Hay anarquía por todo el país; los gobernantes no obedecen la legalidad. Y los particulares con poder fáctico hacen lo que se les pega la gana. Aquéllos se han hecho indignos de gobernar y administrar. Los otros, desde sus empresas, los bancos y el comercio, se enriquecen en el “río revuelto” de la ingobernabilidad como incapacidad de las instituciones políticas para dirigir la economía y la sociedad del país, en el contexto de la inestabilidad presidencial que sobrevive en la crisis de su permanencia hasta el final de su sexenio o su relevo con una Presidencia sustituta. Es esto o los cárteles serán los nuevos gobernantes, con la violencia a sangre y fuego y la violencia audiovisual, para repartirse el país con sus golpes de Estado.

*Periodista

Contralínea 211 / 05 de diciembre de 2010

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