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la causa real, la causa eficiente que hace que los hombres pierdan el poder es que se han hecho indignos de ejercerlo… y hay otra causa: que los gobernantes se hayan convertido, por su indiferencia, por su egoísmo, por sus vicios, en incapaces e indignos de gobernar

Alexis de Tocqueville, Recuerdos de la Revolución de 1848

De entrada ha de plantearse como necesaria, políticamente, la renuncia formal de Calderón al cargo de presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos ante los resultados de su mal gobierno y administración. Desde hace cuatro años, no ha sabido ni podido ejercer más que sus facultades, sus obligaciones, cuyo centro de gravedad es que “todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste”. Uno de los principios fundamentales al que han de someterse, como norma de conducta, los gobernantes y funcionarios del sistema constitucional municipal, estatal y federal.

En el caso concreto de Calderón –impugnado por ilegítimo desde su toma de posesión, y después por las oposiciones tachado de inepto ante los escasos y cuestionados resultados, debido a su ineficacia–, existe un creciente descontento popular que se ha prolongado a la degradada clase media (la crisis económica de 2009, inducida a peores consecuencias por las estúpidas medidas de Calderón y Ebrard que paralizaron al endeble sistema de producción y consumo hasta provocar un desastre en los mercados), alcanzando a los empresarios que, con sus críticas por el mal manejo en la conducción del gobierno federal, empujan a la nación y al Estado a una crisis general política, económica y social.

La agenda calderonista está desbordada de problemas. Su fallida estrategia militar-policiaca no ha rendido solución a la inseguridad, sembrada de cientos de miles de homicidios (no de simples cadáveres sepultados en fosas comunes y uno que otro entregado a sus familiares, si no de civiles inocentes catalogados como “daños colaterales” por Calderón para justificar su “guerra”). Su política económica, girando en el pivote de su promesa de ser el “presidente del empleo”, fracasó completamente. El desempleo, por la falta de plazas (por la escasísima inversión pública y por no fomentar empleo por la vía del sector privado), y los despidos generaron millones de mexicanos sin acceso al mercado laboral y 12 millones, en el informal, como “franeleros”, prostitución, narcomenudeo, ambulantaje, etcétera.

No hay un renglón de las 18 secretarías del despacho presidencial que reporte soluciones de corto plazo, salvo “bomberazos” en salud, tragedias en el Instituto Mexicano del Seguro Social; desabasto de medicinas, camas y doctores en todo el desordenado sistema de salubridad pública, con el mito del Seguro Popular que sólo atiende un mínimo de pacientes, mientras la mayoría sufre sus males con paliativos y engaños. La pobreza es de proporciones masivas. Hay hambre y desnutrición en la población. La corrupción gubernamental (lo que hace la mano federal lo siguen los desgobernadores, incluyendo al Distrito Federal) es motivo para la desobediencia civil y antesala para revueltas sociales con antecedentes en las continuas protestas por actos abusivos de autoridad.

Al no fundamentar para su conexión constitucional en el artículo 29, la facultad presidencial de la fracción VI del artículo 89, ambos de la Constitución, los más de 40 mil homicidios de esta “guerra”, se están violando derechos humanos y garantías a los mexicanos sobrevivientes en esas entidades, presas del miedo y de, en cualquier balacera, ser privados de sus vidas en la total impunidad. Calderón viola la fracción IV del artículo 76 constitucional al movilizar a las fuerzas militares sin resultados favorables por restaurar la paz pública (en cambio, amenaza con que “habrá más violencia”), y esta ilegalidad da pie a un posible golpe de Estado militar, la intervención militar estadunidense (que ya tiene sitiada la frontera Norte) y el establecimiento de “un gobierno contrario a los principios” constitucionales, por la rebelión incontenible de las delincuencias que ya interrumpieron la observancia de la Constitución.

La renuncia de Calderón, que no ha de ser por su unilateral voluntad (en privado ha dicho que no se irá), es posible por causa grave que es el desastre nacional federal en todos los órdenes que, además, ha incidido en la pésima conducción de la política internacional. Esa causa grave está configurada en el artículo 86 constitucional y su nexo con la fracción XXVII del artículo 73 como facultad del Congreso general. Están dadas las condiciones para la renuncia de Calderón (y la sustitución prevista en el párrafo III del artículo 84 constitucional), ya que se ha convertido en un obstáculo y un nuevo problema, y que, responsable de la actual situación federal, no hay más solución que deshacerse de él. Plantear y pactar su salida antes de que sea acusado por traición a la patria dada su desastrosa gestión, que ha puesto al país al borde de un estallido masivo que colapse las instituciones federales ya de por sí en crisis de funcionalidad. Se trata de poner a salvo lo que permitiría restaurar la república y la democracia en el contexto del estado de derecho constitucional con “los menores daños posibles, y de modo que podamos deshacernos de los gobernantes incapaces sin derramamiento de sangre” (Karl R Popper).

Estamos frente a una alternativa: renuncia Calderón por causa grave o es llevado a juicio político. La nación entra cada vez más en un desorden civil y los funcionarios de todo nivel acusan un relajamiento constitucional que los ha hecho, “por su indiferencia (su cinismo), por su egoísmo, por sus vicios, en incapaces e indignos de gobernar”. Las protestas, para seguir diciéndolo con Tocqueville, son políticas y sociales, para transitar hacia la explosiva situación de un volcán, en el marco de los recientes festejos oropelescos de la Revolución y la Independencia, que por la pobreza, la impunidad, el desempleo, la inseguridad y la corrupción son, nuevamente, causas semejantes a las que generaron 1810 y 1910.

Contralínea 211 / 05 de diciembre de 2010

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