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En plena “guerra” contra el narcotráfico, la Policía Federal desconoce la ubicación de casi 500 armas; compra vehículos de lujo y unidades médicas que no corresponden a su labor, y se muestra incapaz de sustentar la adquisición de armamento, municiones y otros bienes para la seguridad nacional. La institución que encabeza el comisionado Facundo Rosas no pudo solventar las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación y ahora podría enfrentar una investigación del Congreso

La Policía Federal (PF) no localizó 462 armas adquiridas durante 2008, señala el Informe del resultado de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2008 de la Auditoría Superior de la Federación (ASF). La Dirección General de Instalaciones Estratégicas y de Servicio de la PF –área responsable de la recepción, registro y resguardo de las municiones y armamento– confirmó al órgano de supervisión federal la adquisición de 1 mil 55 armas y municiones por 8 millones 214 mil 100 pesos. Sin embargo, no pudo localizar el 43.8 por ciento de ellas, cuyo costo asciende a 3 millones 296 mil 700 pesos.

“El posible destino de las armas es la delincuencia organizada o común”, lamenta Martín Gabriel Barrón Cruz, investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales.

El panista Felipe González González, presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Senado de la República, señala que el problema no es que se pierdan las armas en una acción contra la delincuencia, sino que no se sepa dónde se extraviaron. Explica que ante la pérdida de un arma, se levanta un acta con el número de serie, fecha y nombre del responsable inmediato.

—Solamente hay un atenuante: cuando asaltan, inmovilizan o matan al policía y le quitan el arma. El delito fuerte no es que se pierda, el problema es cuando aparece en un hecho ilícito, pues afecta a la corporación y a quien la perdió. En el caso de estas 462 armas que se están reportando, forzosamente tienen que estar respaldadas: a quién se le perdieron y en qué fecha –señala el senador.

Barrón Cruz, maestro en ciencias penales con especialidad en criminología, subraya que la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos determina que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) es el ente proveedor de armas para la seguridad pública y nacional, por lo cual debe contar con una base de datos. Además, insiste en que la cantidad monetaria que precisó la ASF en cuanto a la inversión de municiones y armamento es “onerosa”.

La diputada perredista Teresa del Carmen Incháustegui Romero, secretaria de la Comisión de Seguridad Pública, califica de “preocupante” la falta administrativa.

Opacidad, la divisa

De acuerdo con información entregada por la Unidad de Enlace de la PF, durante el ejercicio fiscal de 2008 la dependencia ejerció un presupuesto estimado en 1 mil 200 millones de pesos al año únicamente para gastos de seguridad pública y nacional. Para materiales y suministros se destinaron 760 millones 600 mil pesos. En servicios generales se erogaron 2 mil 186 millones 300 mil. El gasto en premios, recompensas y pensiones de gracia ascendió a 9 millones 700 mil; el de bienes muebles e inmuebles, 646 millones 211 mil; y el de obras públicas, 81 millones 20 mil pesos.

Las municiones y el armamento corrieron a cargo de las partidas presupuestales 2802, “Materiales de seguridad pública”, y 5801, “Maquinaria y equipo de defensa y seguridad pública”, por 31 millones 603 mil 300 pesos y 213 millones 907 mil 800, respectivamente. La ASF requirió las facturas originales; no obstante, de los 245 millones 508 mil 100 pesos declarados a la Cuenta Pública, sólo fueron proporcionadas facturas por 5 millones 851 mil 100 pesos.

Otros faltantes

El órgano dependiente de la Cámara de Diputados también pidió información sobre las transferencias bancarias, facturas y actas de entrega-recepción de los bienes adquiridos con la Sedena durante 2008. Encontró que de los 11 millones 814 mil 343 bienes pagados, se habían recibido 9 millones 74 mil 654. La diferencia fue del 23.2 por ciento.

Sin embargo, el panista González González asegura que la PF ya “integró la facturación que ampara el total de las compras, como comprobación del gasto y soporte de los registros contables”. Agrega que “se han facilitado expedientes técnicos que dan sustento de la entrega de bienes a partir de los términos convenidos por la Sedena”.

Al respecto, la diputada Teresa Incháustegui considera “lamentables” los faltantes y reconoce que la Comisión de Seguridad Pública debería “revisar” los gastos.

Autos de lujo

La ASF también encontró que la PF adquirió más de 1 mil patrullas con “accesorios innecesarios para el cumplimiento de sus funciones”, y dos unidades médicas que “no corresponden a la garantía de la seguridad nacional”.

En la partida 5301 “Vehículos y equipo terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales” se ejercieron 347 millones 688 mil 300 pesos, de los cuales la ASF analizó 79 por ciento (274 millones 776 mil 200 pesos). Se firmaron cuatro contratos y dos convenios modificatorios.

El convenio modificatorio SSP/PFP/CNS/005-1/2008 demuestra la compra de 20 camionetas Suburban. Dos no fueron presentadas. El costo de las dos unidades asciende a 1 millón 103 mil 800 pesos. Sólo se tuvo noticia de una: fue asignada al enlace administrativo del Estado Mayor.

La Auditoría determina que las 20 camionetas “no son para trabajo pesado”: cuentan con reproductor de DVD región cuatro con control remoto; dos pantallas abatibles; entradas auxiliares para audio y video; nueve bocinas con amplificador; espejos exteriores eléctricos sensibles a la luz; consola de lujo en toldo; viseras con “espejos de vanidad” iluminados; aire acondicionado con control electrónico de temperatura; asientos de piel; control electrónico de velocidad; primicia para garaje; espejo retrovisor sensible a la luz; radio; MP3; entrada USB; limpiaparabrisas con sensor de lluvia.

El contrato SSP/PFP/CNS/043/2008 ampara la compra de 1 mil 163 patrullas de origen, modelo 2008, ocho cilindros, con equipo policial integrado. De éstos, 163 fueron adquiridos con recursos autorizados por la Dirección de Programación y Control Presupuestal de la Dirección General Adjunta de Recursos Financieros de la PF, por un importe de 75 millones 561 mil 100 pesos. El resto fue producto del Fideicomiso para la Plataforma de Infraestructura, Mantenimiento y Equipamiento de Seguridad Pública.

Con el convenio modificatorio SSP/PFP/CNS/043-1/2008, se adquirieron 215 autopatrullas con Comercial Crymex, SA de CV. El proveedor entregó dos carros como bonificación, pero no fueron presentados para ser auditados.

Mediante los contratos SSP/PFP/CNS/101/2008 y SSP/PFP/CNS/102/2008 se adquirieron 34 camionetas Suburban de lujo. Las particularidades de los vehículos no se justificaron porque el objetivo de la PF es “la seguridad pública y nacional”. Cuatro “están intactos y en excelentes condiciones”, puntualiza el Informe.

—Son de motor grande y algunas son blindadas, ya que son utilizadas en los operativos. La policía traía unos vehículos que les daba risa a los delincuentes, por eso la autoridad debe comprar elementos con capacidad de persecución, argumenta Felipe González.

Con el contrato SSP/PFP/CNS/110/2008, firmado el 26 de diciembre de 2008, se adquirieron dos unidades médicas de diagnóstico –quirúrgica y de mastografía– por 60 millones 516 mil 300. A decir delInforme, “no corresponden a fines necesarios para garantizar la seguridad nacional ni son destinados a actividades de seguridad pública nacional”. Los módulos no se han utilizado (su recorrido no supera los 2 mil kilómetros) e incluso sus instrumentos aún están empaquetados.

Ante esto, Incháustegui Romero y Barrón Cruz concuerdan en que la PF no es provisora de servicios de salud. En contraste, el panista González González indica que es una posibilidad de atender al policía que esté herido mientras se transfiere a un hospital y así evitar su muerte.

Al preguntar sobre el desempeño de la PF, la diputada Incháustegui Romero aseveró que “no es satisfactorio respecto de la cantidad de recursos que maneja. No tiene resultados desde el punto de vista del combate a la criminalidad y tampoco de la construcción de instituciones policiales fuertes y capaces de sustentar. El índice delictivo no ha bajado y la policía nos cuesta cada vez más. Creo que es bastante insatisfactorio lo que se ha logrado”.

A través de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Gubernamental, se solicitó el modelo, tipo y calibre de las armas perdidas, pero la División de Fuerzas Federales de la PF dijo que el requerimiento “devela las características del armamento con que cuenta esta División, y en consecuencia menoscaba y lesiona la capacidad de respuesta ante las acciones de grupos pertenecientes a la delincuencia organizada”, por lo que el archivo se reservó por 10 años.

Se solicitó conocer la posición de la PF por las irregularidades detectadas a través del licenciado Juan Carlos Buenrostro, director de Comunicación de la Secretaría de Seguridad Pública. Al cierre de esta edición, la PF no emitió ninguna opinión.

Contralínea 210 / 28 de Noviembre de 2010

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