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A pesar de que fueron sometidas a esterilización forzada durante el gobierno de Alberto Fujimori, las 100 indígenas quechua no han encontrado justicia en su país. Las mismas estructuras de poder se protegen. Nadie ha sido sentenciado. Tampoco se ha ofrecido reparación del daño a las víctimas

Ángel Páez / IPS-Voces de la Tierra

Lima, Perú. Mujeres campesinas, pobres y quechua hablantes de la provincia peruana de Anta, víctimas del programa de esterilización compulsiva de Alberto Fujimori entre 1996 y 2000, vuelven a buscar la esquiva justicia con una nueva demanda contra los responsables del plan.

El 26 de mayo de 2009, el fiscal a cargo de Derechos Humanos, Jaime Schwartz, archivó un caso contra cuatro exministros de Salud del régimen de Fujimori (1990-2000), con el alegato de que las imputaciones habían prescrito, al considerar que los posibles delitos eran contra la vida, el cuerpo y la salud, y de homicidio culposo.

La parte acusadora, en cambio, había pedido juzgar a los acusados por los delitos de genocidio y tortura. El Ministerio Público (fiscalía) ratificó la decisión de Schwartz pese a la queja interpuesta por las víctimas y las organizaciones humanitarias que las asesoran legalmente.

Ahora, la Asociación de Mujeres Afectadas por las Esterilizaciones Forzadas de Anta, una provincia andina del sureño departamento de Cusco, decidió poner nuevo cerco a la impunidad y presentar una nueva demanda, con una estrategia diferente, contra los responsables de la política de planificación familiar del último cuatrienio de Fujimori.

La asociación congrega a un centenar de campesinas que documentaron con sus testimonios lo que se escondió tras el Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar, impuesto a la fuerza y con engaños por el exmandatario, quien aseguraba que era un plan contra la pobreza.

“Recuerdo perfectamente el día que me esterilizaron contra mi voluntad, porque lo que me hicieron me hace sufrir hasta el día de hoy”, contó a IPS Sabina Huilca. “Ese día fue el 24 de agosto de 1996”, dijo intentando parecer neutra.

Ella será una de las víctimas que testificará ante las autoridades para que los autores y ejecutores del programa sean sancionados.

“Después de haber dado a luz a mi cuarta hija, me fui al centro de salud de Izcuchaca donde, luego de recibir la atención, el médico me dijo que ya no tuviera más hijos y que me hiciera el AQV (Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria)”, detalló.

“Le dije que no. ‘Tonta, me decía, vas a tener más hijos y no podrías criarlos’”, le insistió, y mientras reposaba en una cama, una enfermera le aplicó una inyección, “que no sabía ni me dijeron que era anestesia.

“Cuando desperté, tenía los pies y las manos atadas con vendas en la cama. Estaba inmovilizada. Pude ver que me estaban cosiendo los últimos puntos. ‘¡Qué me han hecho!’, grité.

“’Ya vamos a terminar’, me dijo el médico. Y me puse a llorar. ‘¡Yo no quiero, yo no quiero!’, grité desesperada. Pero el daño ya estaba hecho”, narró Huillca, que entonces tenía 28 años y ahora, 41.

Nada personal –un reporte realizado por la abogada Giulia Tamayo, por encargo de la sección peruana del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem)– develó en 1998 lo compulsivo del plan.

La investigación documentó por primera vez la sistemática y progresiva práctica de esterilización que afectaba especialmente a mujeres pobres, indígenas y campesinas.

Las revelaciones provocaron amenazas del gobierno contra Tamayo, que debió abandonar el país y residenciarse en España, de donde ha llegado ahora para asesorar a la asociación de Anta en la nueva demanda.

El propio Estado reconoció que, bajo el plan, se realizaron 300 mil esterilizaciones, de las cuales la Defensoría del Pueblo documentó, con base en denuncias, 2 mil 74 casos forzados.

“Las estructuras de poder que protegieron a los autores de los hechos criminales siguen vigentes y, en consecuencia, eso les garantiza impunidad hasta el día de hoy, lo que implica una continuidad de la vulneración de los derechos de las mujeres afectadas por las esterilizaciones masivas y compulsivas”, explicó Tamayo a IPS.

En 2003, el Estado peruano y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) suscribieron un acuerdo amistoso sobre el caso de la campesina Mamérita Mestanza, fallecida en 1998 tras practicarle una esterilización no consentida.

El Estado aceptó su responsabilidad: reconoció los abusos perpetrados en la ejecución del programa de planificación familiar y se comprometió a investigar y sancionar a los responsables, además de asumir medidas de reparación para la familia de Mestanza.

Pero el Ministerio Público dio largas a la investigación hasta su archivo definitivo en 2009. Eso permitió, por ejemplo, que uno de los acusados, Alejandro Aguinaga, exministro de Salud y médico personal de Fujimori, fuera electo como legislador del unicameral Congreso Nacional en 2006 y, desde julio, sea su vicepresidente.

Fujimori cumple actualmente penas de hasta 25 años, relacionadas con varias condenas por delitos de corrupción y de violaciones a los derechos humanos.

El incumplimiento de la solución amistosa por el Estado “prolonga el dolor de miles de mujeres afectadas, porque los acusados continúan con sus actividades como personas respetables cuando en realidad deben responder ante la justicia”, dijo Tamayo, que es también investigadora de la sección española de Amnistía Internacional.

“Esta vez se demandará individualmente a los autores de los hechos por delitos de lesa humanidad y tortura”, explicó.

La demanda a cada presunto responsable del plan también será “por crímenes de guerra, porque la esterilización compulsiva se impuso en el contexto de la guerra interna (1980-2000), recurriendo a las Fuerzas Armadas para imponer la amenaza y el miedo”, dijo la abogada.

La tipificación de crímenes internacionales permitirá que “otro país pueda aplicar justicia, en el caso de que los acusados sigan recibiendo la protección del Estado”, dijo la activista humanitaria.

“La CIDH ya ha señalado la responsabilidad internacional por la esterilización forzada”, puntualizó Tamayo.

Explicó que la demanda la presentan las víctimas de Anta, porque allí “la esterilización se produjo casa por casa; las autoridades de Salud de la zona fueron obligadas a cumplir con ‘cuotas’ de mujeres intervenidas y las afectadas pertenecían a una misma comunidad indígena”.

Eso significa, dijo Tamayo, “que quienes diseñaron este programa definieron su objetivo con abominable precisión”.

Una de las primeras en abanderar la lucha contra las esterilizaciones forzadas y por justicia fue la ahora famosa legisladora quechua hablante Hilaria Supa, originaria de Anta y una de cuyas hijas es víctima del programa.

“Desde que me operaron, sigo sufriendo por lo que me hicieron a la fuerza”, relató Huillca, residente de la comunidad campesina de Huayllaccocha, donde se registraron varios casos similares.

“Dañaron mi condición de mujer. Desde entonces, no pude cargar a mis hijos que eran pequeños, tampoco puedo realizar labores de campo, que es de lo que vivimos, y mucho menos estoy en condiciones de cocinar porque me vienen dolores horribles”, detalló al contar consecuencias poco conocidas de lo que soportan las víctimas.

“Tengo dificultades para caminar. Mi vida es un sufrimiento. Además, en la comunidad me tratan como una disminuida, porque en el pueblo una mujer que no trabaja se ve muy mal”, siguió su recuento, ya sin poder ocultar la tristeza en que vive.

“Lo peor de todo es que uno de los médicos que me hizo daño para toda la vida sigue trabajando en la misma posta médica (ambulatorio) de Izcuchaca”, continuó. “Cada vez que lo veo, me lleno de cólera porque a él no le sucede nada”, reconoció.

Contralínea 209 / 21 de Noviembre de 2010

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