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Representantes indígenas de Canadá acusan al gobierno de ese país de promover la pérdida de especies animales y vegetales. Señalan que las autoridades canadienses excluyen a los pueblos originarios porque éstos no permiten que se negocie con el medio ambiente y son los principales guardianes de los ecosistemas

Stephen Leahy / IPS-Voces de la Tierra

Nagoya, Japón. Habrá que culpar a Canadá si no se llega a un tratado vinculante para frenar la rápida pérdida de especies, según delegados indígenas de ese país presentes en la Décima Conferencia de las Partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica.

Este punto de vista es una respuesta a la referencia que los representantes canadienses hicieron sobre los derechos de los pueblos indígenas en la reunión que se celebró hasta el 29 de octubre en Nagoya, Japón.

“Canadá está estancando los avances aquí, debilitando nuestros derechos y luchando contra un protocolo legalmente vinculante sobre acceso y beneficios compartidos”, dijo Armand MacKenzie, director ejecutivo del Consejo Innu de Nitassinan, habitantes indígenas del Norororiente canadiense.

“Su oposición amenaza la biodiversidad mundial… Es necesario que la gente se manifieste”, dijo MacKenzie a IPS.

Un protocolo para lograr el acceso a la biodiversidad y compartir sus beneficios sin una garantía de los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades locales “sería totalmente vacío”, dijo Paulino Franco de Carvalho, quien encabeza la delegación brasileña.

“Brasil no aceptará ningún acuerdo sobre biodiversidad sin un protocolo justo sobre acceso y beneficios compartidos”, señaló en una conferencia de prensa.

Esa clase de protocolo es uno de los tres pilares del Convenio sobre la Diversidad Biológica. El segundo es un plan estratégico con 20 objetivos específicos por lograrse en 2020, como la no deforestación y la eliminación de los subsidios. El tercero es la movilización de suficientes recursos financieros y de otro tipo para apoyar a los dos anteriores. Se refiere a la manera en que el material genético de plantas, animales y microbios puede usarse para elaborar alimentos, medicinas, productos industriales, cosméticos y otros elementos. El uso de esos materiales le debe mucho al conocimiento tradicional de los pueblos indígenas.

El acceso alude a cómo se obtiene ese material genético, y el compartir los beneficios significa cómo se reparten los réditos, tanto financieros como de otro tipo, derivados de su uso.

Los pueblos originarios sostienen que son los poseedores o cuidadores de buena parte de la biodiversidad del mundo y de los conocimientos tradicionales y que omitir las referencias a esa realidad es un mal comienzo para ellos y para la mayoría de los países.

“El gobierno canadiense viene perjudicando los derechos humanos de los pueblos indígenas del mundo desde 2006”, dijo Paul Joffe, representante del Gran Consejo de los Crees, una gran nación originaria del centro de Canadá.

Los delegados indígenas de Canadá han expresado sus puntos de vista a los representantes gubernamentales de ese país, pero su posición es que no puede hacerse referencia a los derechos de los pueblos originarios en el protocolo final sobre acceso y beneficios compartidos, dijo Joffe a IPS.

“El gobierno nunca nos consultó. Esto llegó totalmente de sorpresa”, destacó.

Pocos representantes indígenas asisten a la reunión de Nagoya porque Canadá y muchos otros gobiernos no brindan la asistencia financiera necesaria para que puedan participar en calidad de observadores. Los pueblos aborígenes no tienen un rol oficial en esta cita y sólo pueden aportar sus puntos de vista cuando les son requeridos.

“Estamos a merced de los gobiernos”, dijo Ellen Gabriel, presidenta de Mujeres Nativas de Quebec.

“Los pueblos indígenas dependemos totalmente de la biodiversidad como medio de sustento”, agregó.

Gabriel consideró que lo que está haciendo Canadá es “una nueva forma de colonialismo. Nosotros somos los pueblos con los derechos a los recursos genéticos de la biodiversidad”, dijo.

La posición de Canadá refleja una ideología y es una decisión política tomada por el gobierno actual, sostuvo Joffe.

En reuniones internacionales previas se le consideró un país “obstruccionista”. De hecho, en la 15 Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que se realizó en diciembre del año pasado en Copenhague, la sociedad civil internacional otorgó a Canadá el “Premio al Fósil Colosal”, por peor comportamiento en esas negociaciones.

No sorprende que, este mes, muchos Estados miembro de la Organización de las Naciones Unidas se negaran a apoyar a Canadá en su intento por obtener un preciado escaño en el Consejo de Seguridad.

Según Joffe, esta negociación es simplemente un asunto político para el gobierno del primer ministro Stephen Harper, y requerirá presión política y pública. Sin embargo, en este momento no hay medios de comunicación de Canadá en Nagoya, ni hay ninguno registrado, de acuerdo con los organizadores.

Contralínea 209 / 21 de Noviembre de 2010

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