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Si algo tiene que reconocerse a los industriosos gobiernos panistas, es su habilidad para aprender y asimilar rápidamente las ingeniosas lecciones de sus predecesores Miguel de la Madrid, Carlos Salinas y Ernesto Zedillo. Ante la imposibilidad de rematar las pocas entidades propiedad de la nación que sus mentores priistas no alcanzaron a privatizar (Petróleos Mexicanos; la Comisión Federal de Electricidad; el Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS; el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE; la Secretaría de Educación Pública, etcétera), los “innovadores” Vicente Fox y Felipe Calderón, solapados por los poderes Legislativo y Judicial, les depararon un mejor destino: las convirtieron en becerros de oro. Torcieron ilícitamente sus objetivos constitucionales, vaciaron el contenido que justifica su existencia en el desarrollo económico y sociopolítico de la nación y las convirtieron en sus cotos privados de pillaje, los cuales comparten espléndidamente con los grandes hombres de presa a través de los diversos tipos de contratos diseñados a su medida, de cuestionada legalidad. ¿Con sus respectivos y sacrosantos diezmos? En el engranaje de la corrupción, por ejemplo, Raúl, míster diezmo, hermano de Carlos Salinas de Gortari, fue acusado por el juez suizo Paul Perraudin de presuntos ilícitos, como el cobro de comisiones de 10 por ciento por contratos otorgados en obras y servicios estatales y el desvío de fondos públicos, que involucraron al propio Carlos Salinas y a empresarios, como Carlos Peralta, Adrián Sada González, Carlos Hank Rhon y Ricardo Salinas Pliego, entre otros, según el periodista Miguel Badillo (“Revela Suiza la red de complicidades de RSG [Raúl Salinas de Gortari]”, El Universal, 28 de julio de 2001).

Es obvio que Calderón no ha privatizado hasta la Presidencia por falta de ganas o porque sea respetuoso de la Constitución. Su problema radica en su esquizofrénico temperamento que ha obstaculizado la oportunidad de alcanzar los consensos necesarios con la mayoría legislativa –el Partido Revolucionario Institucional (PRI)-Partido Verde Ecologista de México (PVEM)-Partido Nueva Alianza–, como en su momento lo hicieron los gobiernos neoliberales priistas, y en que el vasallaje de los poderes Legislativo y Judicial ante el Ejecutivo ya no es absoluto como ocurrió hasta 1997, lo que a De la Madrid, Salinas y Zedillo les permitió privatizar y destruir alegremente a la nación (sin contratiempos, sin temor al estado de derecho, porque éste no existía ni existe actualmente). Los congresistas señalados no se volvieron súbitamente, por arte de magia, en escrupulosos respetuosos de lo que no existe. Simplemente han sido incapaces de comprar generosamente sus voluntades. Porque ellos han sido sus deferentes compinches en sus tropelías, e incluso solícitamente le ayudan a torcer la legalidad. ¿Quién ha legitimado la turbia privatización de las telecomunicaciones; la arbitraria desaparición de Luz y Fuerza del Centro, que atropelló los derechos de sus trabajadores y los usuarios del servicio, el cual fue entregado al pillaje empresarial? ¿Quién formalizó los anticonstitucionales contratos de inversión financiada por el sector privado (proyectos de infraestructura productiva de largo plazo) o la “asociación” entre el capital público y privado, el aprovechamiento de activos, las concesiones carreteras, la educación, la salud o el transporte? ¿Quién supervisa el contratismo, ensombrecido por la sospecha de la corrupción, los diezmos, la dilapidación y el saqueo del presupuesto, la pésima calidad de las obras realizadas?

Por cierto, el simpático sociólogo funcionalista Robert K Merton reconocía, en su “categoría” de “innovadores” –los que aceptan los valores establecidos, pero no los medios para alcanzarlos– a los delincuentes

Cuando se instaure por primera vez un régimen democrático en México, sometido al imperio de las leyes, en un acto de justicia, se tendrá que investigar y sancionar las privatizaciones y el contratismo, como forma de ajustar cuentas y limpiar el sucio pasado presidencialista autoritario y capitalista neoliberal mafioso.

Desde luego, el desmantelamiento y la privatización de las instituciones públicas no son una estrategia neoliberal original de las elites políticas y empresariales mexicanas. Su paternidad corresponde a los depredadores del “consenso” de Washington, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Aquéllos sólo han sido los operadores de las tres “generaciones” de contrarreformas estructurales que han favorecido a los que suscribieron el “consenso”, las corporaciones foráneas y sus socios autóctonos. La sistemática reducción del gasto público y el castigo presupuestal del Estado, iniciados en 1983 y que se extenderán en lo que resta del calderonismo, que han llevado a la ruina a su infraestructura y deteriorado la calidad de sus bienes y servicios ofrecidos, que justifican las privatizaciones “fáciles” y “complejas”: la dolosa venta de las empresas paraestatales, a precios de regalo; la privatización de los sectores estratégicos y de los servicios prestados por los empresarios al Estado, cuyo papel se reduce al de simple gerente, administrador de las pérdidas, para la nación, y las ganancias, para los capitalistas (puertos, aeropuertos, telecomunicaciones, energía y demás recursos naturales; sistema financiero, educación, salud, pensiones, obras y servicios públicos).

La única asignación eficiente de los recursos alcanzada ha sido la mayor concentración del ingreso y la riqueza de la historia capitalista en un sector oligárquico cada vez más reducido, al amparo y con las manos visibles de los gobiernos. La reciente crisis mundial creó el clima adecuado para acelerar la destrucción de la seguridad social, como lo testifica la actual embestida de los gobiernos europeos contra las pensiones (reducción de los pagos y ampliación de la edad de jubilación).

Es en ese contexto donde se ubica la crisis del sistema de salud en México, el IMSS, el ISSSTE, la secretaría del ramo. Pero es una crisis deliberada, fabricada por los gobiernos priistas y panistas citados con un objeto central: desmantelar el Estado de Bienestar que obligatoria y constitucionalmente es todavía financiado con el presupuesto, los empresarios y los trabajadores; de destruir sus principios de universalidad y solidaridad, de redistribución del ingreso, de amplia atención a la población cuyos limitados ingresos los margina de los mercaderes que medran y se enriquecen criminalmente con esos servicios. Se quieren eliminar las cuotas obrero-patronales para la seguridad social, como ha señalado insistentemente José Ángel Córdova, titular de Salud, para que sin esta “carga”, supuestamente, se “favorezca el desarrollo del empleo”, aun cuando un gran número de empresarios evaden sus pagos, y sustituirla con impuestos para financiarla. Se busca sustituir el derecho constitucional a la salud para limitarlo a la subsidiariedad, el asistencialismo de los más pobres, a los servicios básicos y privatizar el resto, los más rentables. Se aspira a que, en el largo plazo, el IMSS, el ISSTE y la Secretaría de Salud reduzcan sus actividades al Seguro Popular, que no es seguro ni es popular, y éste dé cobertura escasa en los servicios y los medicamentos, para extirparle a los dos primeros las jubilaciones de sus trabajadores antiguos y las prestaciones, como las guarderías, los subsidios y otras clases de ayudas que todavía prestan; subrogar sus servicios y sus instalaciones a los buitres empresariales de la salud; permitir que otros hombres de presa se encarguen de la construcción de su infraestructura con contratos leoninos.

La crisis inducida del IMSS es una crisis sin solidaridad de sus directivos que se dan la vida de jeques. Daniel Karam tiene asignado un sueldo base por 51.6 mil pesos mensuales y prestaciones reconocidas por 148 mil. Su remuneración neta es de 140 mil. Las de otros directivos oscilan entre 130-140 mil pesos. La de Calderón es de 148 mil pesos y la de un secretario de Estado, 145.6 mil. Si se suman otras prestaciones (teléfono, alimentos, automóvil, aguinaldo, etcétera), quizá los ingresos de Karam y sus muchachos se duplican. En cambio, un médico general percibe un salario base de 5 mil 715 pesos, y una enfermera general, 4 mil 326. Si se agregan otras compensaciones (ayuda para pago de renta, estímulo por asistencia y puntualidad, ayuda para libros médicos, sobresueldos), se elevan a 14 mil y 9 mil 764 pesos. La orden dada por Calderón para que le apliquen una cirugía mayor al IMSS implicará reducir o eliminar las compensaciones de la tropa, no de los generales.

Los problemas financieros del IMSS y el deterioro en su infraestructura, la calidad de sus servicios y de medicamentos, que afectan a sus 14.4 millones de trabajadores afiliados y alrededor de 50 millones de derechohabientes, son responsabilidad directa e indirecta de los gobernantes y los directivos neoliberales: el castigo presupuestal. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, México es uno de los peores países del mundo en inversión en salud; la tolerancia a la evasión empresarial de las cuotas (de los 28.8 millones de asalariados legales, 13.1 millones, el 46 por ciento del total, carecen del servicio de salud; 13.7 millones, el 47 por ciento, no tienen contrato); la privatización de los fondos de pensión, seguro superavitario cuyos recursos servían para financiar a los otros (riesgos de trabajo, invalidez, maternidad, guarderías) y que ahora sirven para enriquecer a los piratas financieros y que, al final, la mitad de los cotizantes no podrán jubilarse porque no cumplirán el tiempo requerido y el resto percibirá pensiones de miseria porque sus ingresos acumulados serán bajos; la reducción de las cuotas empresariales con la contrarreforma a la Ley del Seguro Social de 1997; el incumplimiento gubernamental de cubrir el costo del capítulo de maternidad y de enfermedades del personal jubilado; el limitado número de nuevos cotizantes, su desafiliación y el deterioro de las aportaciones reales, debido al estancamiento crónico y los escasos empleos formales que obligan a los trabajadores a vivir en la informalidad, gracias a la política económica neoliberal; el uso inescrupuloso de sus recursos durante la vida del IMSS, la corrupción y el contratismo que sangran sus finanzas; la negligencia y la desastrosa planeación operativa y financiera. La subrogación de los servicios, como los laboratorios, de cirugías o de las guarderías, que incluye a la famiglia real, y los infantes muertos, cuyos criminales responsables, Juan Molinar-Karam, no escapan del estercolero –siguen libres y cometiendo sus tropelías en Comunicaciones y Transportes–, reflejan la miseria y la ruina inducida, que, con la complicidad de la mayoría del Congreso, han sido aceleradas, al permitirse el uso de sus reservas.

Pero un becerro de oro muerto, obviamente, no sirve. La idea no es asesinar al IMSS, sino convertirlo en una agencia de contratos para mantener el alegre saqueo. A la famiglia del PVEM le pagarán sus servicios con el abastecimiento de medicamentos. A las famiglias empresariales, con el equipamiento, la realización de los servicios y la infraestructura. ¿En qué términos? Los que pueden suponerse. Ésas y otras serán medidas que integrarán la “nueva generación de reformas que garanticen la viabilidad institucional” de la que hablan Calderón y Karam.

Endosar la crisis del IMSS a sus trabajadores es una mentira más. Una villanía para justificar la próxima mutilación de sus prestaciones, que quieren igualárselas a la de los demás: en el abismo y la miseria laboral neoliberal.

La ridícula “Suprema” Corte avanzó en esa perspectiva al reducir la base salarial para el pago de las pensiones, de 25 veces el salario mínimo vigente en la ciudad de México a 10. Esto a pesar de que la media de las cuantías pagadas a la mayoría de los trabajadores jubilados del IMSS ni siquiera llega a la base de 10. Ahora pretenden obligarlos a que acepten los fondos privados de pensión, aun cuando los antiguos trabajadores ya aportaron su cuota y sacrificaron a los de recién ingreso. A los contratados por el IMSS, desde 2005, alrededor de 100 mil, ya no les pagarán sus jubilaciones y pensiones. De ellos, cerca de 46 mil financian su esquema con sus propias aportaciones y la de los contratados entre 1989 y octubre de 2005. El resto tiene cuentas individuales, lo que redujo el peso del llamado “pasivo laboral”.

El problema no son los trabajadores del IMSS, son los parásitos del IMSS y la nación: el cogobierno PRI-Partido Acción Nacional y los empresarios. Con su “tierno” trato a los electricistas, Calderón y Javier Lozano ya enseñaron gráficamente cómo “negociarán” con los del IMSS.

*Economista

Fuente: Contralínea 209 – 21 de Noviembre de 2010

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