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A pesar de que Durango se ha convertido en una de las entidades más violentas, el gobierno estatal dejó de ejercer 68 millones de pesos en seguridad pública durante 2008. De los más de 140 millones de pesos transferidos por el gobierno federal ese año, la entidad presentó un subejercicio de prácticamente la mitad de los recursos en combate al narcomenudeo, equipamiento de policías, así como de los centros de Readaptación Social, reporta la ASF

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El gobierno de Durango subejerció 68 millones 325 mil 500 pesos en seguridad pública en 2008, que representan el 48.2 por ciento de los recursos que el gobierno federal transfirió ese año a la entidad a través del fideicomiso Fondo de Seguridad Pública (Foseg).

El monto que ese año recibió el gobierno estatal, proveniente del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública en los Estados y el Distrito Federal (Fasp), fue de 141 millones 700 mil 900 pesos, de acuerdo con el Informe del resultado de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2008.

En dicho informe, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) señala que este “subejercicio significativo” pone de manifiesto el bajo cumplimiento de las metas planteadas por el Fondo, entre las que se incluyen la atención al narcomenudeo, el mantenimiento de los centros de Readaptación Social , el equipamiento de la Policía Preventiva Estatal y Municipal, así como de las instalaciones de seguridad pública.

En la revisión de la ASF, destacan los programas de construcción, mejoramiento o ampliación de instalaciones de seguridad pública que sólo ejercieron 28.1 por ciento de sus recursos (28 millones 893 mil pesos) y dieron cumplimiento apenas al 15 por ciento de las metas fijadas. Asimismo, para el equipamiento de los Ceresos se ejerció únicamente el 17 por ciento de los recursos (678 mil 400 pesos), con lo que se cubrió apenas la tercera parte de las metas propuestas ese año.

El órgano fiscalizador del gobierno federal apunta que el Foseg “no contó con los criterios para establecer los plazos, objetivos y metas de cada dependencia que participa en el Sistema de Seguridad Pública de Durango para la realización de acciones en materia de seguridad pública”. Además, el Foseg tampoco dispone de un programa de supervisión para verificar que se gasten adecuadamente los recursos que le transfiere el gobierno federal.

La ASF apunta también que los estados financieros emitidos por el Consejo Estatal de Seguridad Pública “no reflejan de manera suficiente, amplia y clara” los resultados y la situación financiera del Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública para la rendición de cuentas.

Subejercicios en vigilancia, combate al narcomenudeo y cárceles

Considerado uno de los ejes “estratégicos” del Foseg estatal, el combate al narcomenudeo presentó un subejercicio de 1 millón 959 mil 400 pesos, de los 29 millones 247 mil pesos que se transfirieron del Fasp. De dicho monto, 1 millón 400 mil pesos corresponden a un sistema especializado para el control y seguimiento del narcomenudeo en sistemas de llamadas de emergencia, monitoreo y georreferenciación para el mapeo y vigilancia de puntos de distribución, que nunca se ejercieron.

La revisión de la ASF también da cuenta que en la compra de 143 armas cortas y 50 armas largas “para la seguridad pública del estado”, así como en la adquisición de equipo terrestre para la Procuraduría General de Justicia estatal, “no se exhibió la documentación que acredite que se llevaron a cabo procedimientos de licitación, adjudicación y contratación”. Dichas compras significaron, para los recursos del Foseg, 1 millón 598 mil 500 pesos y 1 millón 299 mil 800 pesos, respectivamente.

Luego de que la directora del Cereso 2 de Gómez Palacio, Margarita Rojas Rodríguez, fue acusada de supuestamente permitir la salida de reos para que realizaran ejecuciones en Torreón, el secretario de Seguridad Pública duranguense, Valentín Romano López, declaró el mes pasado que los reclusorios estatales estaban controlados por el crimen organizado.

De acuerdo con una nota publicada el 9 de agosto por la reportera Aurora Vega, en el periódico Excélsior, Romano López expuso que debido a la disputa que hay por el control de estos lugares, lo más difícil es “reestructurarlos, organizarlos, porque ahí es donde se está sintiendo la lucha externa [que] va a lo interno de los centros; ahí es donde llega todo el conflicto”.

Se trata de sitios en los que además no se hace un uso apropiado de los recursos económicos que reciben, de acuerdo con el informe de la ASF. El órgano fiscalizador reporta que, en 2008, se destinaron 4 millones 800 mil 800 pesos para equipamiento del personal y de las instalaciones en los Ceresos, de los cuales se gastaron únicamente 678 mil 400 pesos, es decir 17 por ciento del monto total. Ese año, al Programa de Construcción, Mejoramiento o Ampliación de los Centros de Readaptación Social no se le asignaron recursos.

De los recursos asignados para la Plataforma México, que integra la Red Nacional de Telecomunicaciones, el Sistema Nacional de Atención de Llamadas de Emergencia 066 y el Sistema Nacional de Denuncia Anónima 089, dejó de ejercerse casi la quinta parte, pues de los 37 millones 218 mil 800 pesos que recibió, la ASF reporta un subejercicio de 6 millones 540 mil 700 pesos, que incluye 1 millón 651 mil 700 pesos que no se emplearon en la estación de monitoreo y 970 mil 200 pesos, previstos para la compra de cámaras de video, que tampoco se usaron.

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Policía sin equipamiento

La revisión hecha por la ASF a la Cuenta Pública 2008 muestra que en infraestructura para seguridad pública se destinaron 28 millones 893 mil pesos, de los cuales se gastaron poco más de 8 millones durante 2008. De acuerdo con el informe de la ASF, para junio de 2009 el monto ejercido ya ascendía a la tercera parte de la cifra original, lo que significa que en año y medio dejaron sin utilizarse 19 millones 554 mil pesos.

En 2008 se asignaron también 14 millones 626 mil 800 pesos al Programa de Equipamiento de Personal e Instalaciones de Seguridad Pública estatal, monto del que apenas se gastó la mitad (7 millones 277 mil 500 pesos).

Entre las áreas que presentan subejercicios, destaca la destinada al equipamiento de personal de custodia, a la que le fue otorgado 1 millón 465 mil pesos para equipo antimotines, monto que dejó sin utilizar.

La Policía Preventiva Estatal recibió 8 millones de pesos, pero sólo gastó 4 millones 201 mil pesos en equipamiento para asalto y reacción, mientras que la Policía Preventiva Municipal dejó de ejercer alrededor de 220 mil pesos en la compra de uniformes y casi 200 mil pesos más para calzado.

La ASF apunta que la Policía Estatal no sólo dejó sin utilizar prácticamente la mitad de los recursos recibidos, sino que además el Consejo Estatal de Seguridad Pública no comprobó que los procedimientos de licitación, adjudicación y contratación de proveedores se hubieran realizado.

De los recursos ejercidos por la Policía Estatal, el 98 por ciento presentó irregularidades, ya que las solicitudes de retiro de recursos del fideicomiso –revisadas por la ASF– muestran que para el ejercicio de 3 millones 572 mil 800 pesos se proporcionó copia fotostática del pedimento de importación como soporte de comprobación, y en otra solicitud, por 574 mil 400 pesos, no se anexó documentación comprobatoria del gasto.

Irregularidades en el Foseg

En la revisión efectuada al Foseg de Durango, la ASF reporta insuficiencias en el sistema contable, ya que tanto éste como la información que genera “no reflejan con claridad la situación financiera del Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública”.

El fideicomiso tampoco dispone de un programa para supervisar que los recursos transferidos del Fasp son ejercidos adecuadamente. De acuerdo con la ASF, ni siquiera cuenta con los criterios para establecer plazos, objetivos y metas de la Secretaría de Seguridad Pública local, así como de la Procuraduría General de Justicia y el Tribunal Superior de Justicia del estado, la Secretaría de Finanzas y de Administración local y el Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública, que son las dependencias que participan en el Sistema de Seguridad Pública estatal.

En su revisión a la Cuenta Pública 2008, la ASF reporta además una diferencia de 1 millón 516 mil 900 pesos entre los estados de cuenta bancarios emitidos por la fiduciaria Nacional Financiera (Nafin) y la información del Foseg, en la que Nafin reportó, el 30 de junio de 2009, un saldo de 55 millones 912 mil 400 pesos y 11 millones 895 mil 200 pesos de rendimientos financieros.

Los registros del Foseg indicaron, para la misma fecha, un saldo de 57 millones 807 mil 900 pesos, es decir 1 millón 895 mil 500 pesos más que la cifra reportada por Nafin. En cuanto a los rendimientos financieros, el Foseg contaba con 11 millones 516 mil 600 pesos, 378 mil 600 pesos menos que la cantidad presentada por Nafin.

A partir del manejo y aplicación que de los recursos federales provenientes del Fasp hizo el Foseg, la ASF concedió al fideicomiso que administra el dinero en materia de seguridad pública una calificación “regular, ya que no permite cumplir con eficacia y efectividad sus objetivos”.

Asimismo, la ASF señaló al Fasp como deficiente, ya que carece de controles para garantizar que los recursos se ejerzan en su totalidad en el mismo año en que son asignados a las entidades.

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Citar fuente: Contralínea 199 – Publicado en internet: 15 de Septiembre de 2010

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