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Con el más cauteloso sigilo, la Secretaría de la Función Pública (SFP) abrió a principios de año un expediente en contra de uno de los cachorros del foxismo, Abraham Sotelo Nava, quien inició su breve paso por la administración pública cuando Vicente Fox lo sacó del Tecnológico de Monterrey, Campus León, para nombrarlo su coordinador de asesores en el gobierno de Guanajuato (1996-1997) y después lo cambió a la Dirección General de Informática en la Secretaría de Planeación y Finanzas de ese mismo estado (1997-2000).

Al ganar la Presidencia de la República, Fox llevó a su amigo a Los Pinos como coordinador de la Oficina de la Presidencia para la Innovación Gubernamental, cargo que desempeñó hasta julio de 2003, cuando lo nombró titular de la Unidad de Gobierno Electrónico y Política de Tecnologías de la Información en la SFP.

En 2006, al experto guanajuatense en tecnologías de la información se le ocurrió que podía violar un contrato (DC-021-2006) que su Unidad en Función Pública le había asignado a la trasnacional Deloitte Touché Thomatsu, por 40 millones de pesos, para “renovar el sistema de compras gubernamentales”, del programa Compranet Plus.

Hasta la fecha, dicho programa de la SFP es un verdadero fracaso, presenta fallas y retrasos constantes. A pesar de esto, Sotelo Nava autorizó el pago total a la empresa contratista extranjera a través de su representante en México: Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza.

Esas omisiones y negligencias del funcionario foxista no bastaron en la Secretaría responsable de vigilar el comportamiento de los servidores públicos, y Sotelo Nava se mantuvo en el cargo hasta enero de 2008, cuando, sabedor de las irregularidades que había cometido, se retiró a la actividad privada y es actual asesor internacional en nuevas tecnologías.

Fue hasta 2010 cuando el secretario Salvador Vega Casillas decidió abrirle un proceso de responsabilidades por irregularidades administrativas en el contrato otorgado a Deloitte, contratista frecuente del gobierno federal panista.

Lo extraño de este caso es que han pasado seis meses y en la SFP se mantiene la reserva del expediente y la Dirección General de Responsabilidades aún no dictamina la inhabilitación de Abraham Sotelo Nava; tampoco hay sanción económica en su contra y mucho menos alguna acusación penal ante la Procuraduría General de la República.

Otros servidores públicos con acusaciones de fraude por menos cantidad de dinero no han corrido con la misma suerte, tal es el caso de los seis funcionarios del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes que hace unas semanas fueron inhabilitados, sancionados económicamente y acusados penalmente, mientras que a Sotelo Nava alguien con mucho poder lo protegería desde el gobierno de Felipe Calderón.

Paradójicamente, Compranet Plus era una nueva versión de la plataforma electrónica que permitiría aprovechar y explotar la información para “transparentar el gasto y la inversión gubernamental”, lo que significaría cuantiosos ahorros en compras de gobierno, pero a nadie se le ocurrió vigilar a los funcionarios responsables de contratar a la empresa que lograría el milagro de disminuir la corrupción en el gobierno calderonista.

Otro dato preocupante para la SFP es que la nueva plataforma tecnológica contaba con recomendaciones y la supervisión del Banco Mundial. En mayo de 2006, cuando se anunció el lanzamiento de Compranet Plus, el entonces oficial de operaciones para México de ese organismo crediticio multinacional, Daniel J Boyce, aseguró que el Banco Mundial (BM) apoyaba a Compranet con técnicos expertos en adquisiciones, por lo que “respaldaba” la modernización de dicho sistema. ¿Qué opinará ahora el BM?

En aquel año, el ahora investigado Abraham Sotelo Nava decía que este nuevo programa facilitaría las compras gubernamentales a nivel federal, estatal y municipal, además de que abonaría a la transparencia y a mejorar la calidad y los precios de los productos y servicios que se licitan.

El director de la revista digital Razón y Palabra, del Tecnológico de Monterrey, Octavio Islas Carmona, criticó, en un artículo, la conducta de Sotelo Nava, a quien culpó de la renuncia del doctor Julio César Margáin y Compeán, de la Coordinación del Sistema Nacional e-México.

“Tuvo frecuentes diferencias con Abraham Sotelo Nava, quien reportaba a Ramón Muñoz Gutiérrez, entonces responsable de la Oficina Presidencial para la Innovación Gubernamental, y era el principal estratega de los programas de gobierno electrónico”, dice Islas, quien advierte que a comienzos de 2004, el doctor Margáin renunció a dicha Coordinación sin explicar cuál fue el destino final de un donativo realizado por la Fundación Bill & Melinda Gates, por 30 millones de dólares. El ingeniero Javier Pérez Mazatán sustituyó a Margáin en la Coordinación General del Sistema Nacional e-México, pero del dinero nada se supo.

El 20 de septiembre de 2006, Pérez Mazatán presentó el “Information Technologies Cooperation Center México-Corea en el viejo Palacio Postal, ubicado en las calles de Tacuba y Eje Central, en la ciudad de México, el cual fue designado, durante el gobierno de Vicente Fox, como ‘Centro Nacional e-México’. Para quienes asistimos al referido acto –incluyendo, por supuesto, a los destacados investigadores coreanos–, resultó penoso poder advertir la imposibilidad de tener acceso a internet en el interior del Centro Nacional e-México”.

Por esas fechas, ni siquiera Fox consideraba al Sistema Nacional e-México como el principal proyecto de su gobierno en lo relativo a la sociedad de la información y el conocimiento, concluye el investigador Octavio Islas.

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