La guerra que México oculta

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La escalada de violencia afecta las relaciones exteriores de México. Mientras que los corresponsales extranjeros trabajan en este país como en una zona de guerra, parlamentarios europeos manifiestan su decepción por el incremento de las violaciones a los derechos humanos

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Los 25 mil asesinatos de civiles, la existencia de una industria del secuestro, el incremento de levantones, los constantes asaltos a centros de tratamiento para adictos, el asesinato de activistas sociales y la escalada en la muerte de periodistas impactan las relaciones de México con el exterior.

“Es impensable que esto suceda en un país. Es increíble lo que estoy escuchando aquí. Eso nunca ocurriría en mi país”, expresa Wolfang Gunkel, diputado socialdemócrata alemán, en su primera visita a México.

Este legislador fue amigo epistolar de Camilo Torres Restrepo ?el sacerdote revolucionario colombiano?, conocedor de la experiencia antinarcóticos de Colombia y exjefe policiaco. Su estancia en México –del 24 al 25 de junio? fue fugaz pero intensa. Como miembro de la Comisión de Derechos Humanos del parlamento alemán, se reunió con legisladores de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados.

También conversó con el embajador de su país, quien le expresó que no ocurre “nada serio” en México. Sostuvo una charla informativa con representantes de organizaciones no gubernamentales, así como con algunos miembros de la prensa mexicana; culminó con un intercambio con académicos y especialistas en seguridad. La información que obtuvo en la segunda parte de entrevistas contrasta con lo que le expresaron los legisladores mexicanos y su embajador.

Aunque admite que las condiciones en su país son muy diferentes a las de México en cuanto a la violencia que genera el supuesto combate al crimen organizado, Gunkel sintetiza el balance de su visita en una frase, que expresa cerrando el puño y golpeándolo contra la mesa: “Nunca ninguno de mis colegas alemanes concebiría que en Alemania se diga que hay 62 periodistas asesinados ¡y no se haga nada!”

Para este expolicía que vivió la reunificación de Alemania, las Fuerzas Armadas son necesarias para combatir al crimen, pero sin cometer excesos o violaciones a los derechos humanos. Tras escuchar las explicaciones de los mexicanos con los que se entrevistó, confiesa que regresa a su país muy preocupado por el escenario de violencia generalizada que observó en México. Promete que esto lo manifestará en el parlamento alemán y ante el parlamento europeo.

Días después de la estancia de Wolfang Gunkel, llegaron al país dos eurodiputadas del Grupo de los Verdes: la alemana Franziska Keller y la finlandesa Satu Hassi, quienes permanecieron del 1 al 4 de julio. Su objetivo era conocer el avance en las investigaciones por los asesinatos de la activista mexicana Beatriz Alberta Cariño y el observador finlandés Jyri Jaakkola. El 27 de abril de 2010, ambos fueron emboscados por un grupo paramilitar a la entrada de la comunidad triqui de San Juan Copala, Oaxaca.

Tras reunirse con funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores, de la Secretaría de Gobernación y de la Procuraduría General de la República, así como con representantes de organizaciones civiles y de sus propias embajadas, manifestaron que su solicitud de entrevista con el gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, no fue atendida.

Hassi, exministra de Cooperación del Medio Ambiente y Desarrollo de Finlandia, admitió que se sentía “decepcionada” por la respuesta de los gobiernos federal y estatal ante la emboscada en el Municipio Autónomo. “Nos dijeron que era un conflicto interno de la comunidad triqui, pero ahora sabemos que es mucho más que eso: es notorio que el grupo paramilitar Unión para el Bienestar Social de la Región Triqui cuenta con muchas armas y entrenamiento”. Enseguida lanza la pregunta que, afirma, deseaba formular al gobernador oaxaqueño: “¿Quién les da esas armas y entrenamiento?”

Ambas eurodiputadas, tras recoger testimonios de quienes resultaron atacados en la emboscada paramilitar del 27 de abril, afirman que “se alteraron evidencias” y que la policía tardó tanto tiempo en arribar al sitio de los hechos que los atacantes pudieron modificar la camioneta en la que viajaban las dos víctimas. Con miras a evitar que esos acontecimientos se repitan, las legisladoras expresaron que llevarán el caso ante el parlamento Europeo.

El 18 de mayo, desde Alemania, la Presidencia de la República emitió un comunicado en el que se anunciaba que ese día, y en el marco de la VI Cumbre América Latina y el Caribe-Unión Europea, Felipe Calderón Hinojosa se reunió con la presidenta de Finlandia, Tarja Halonen, a quien manifestó “su pesar por el fallecimiento del ciudadano finlandés Jyri Jaakkola, así como el de la mexicana Beatriz Cariño”.

Tras ese suceso, ocurrido en el municipio de San Juan Copala y al que el comunicado oficial denomina “lamentable incidente”, el mandatario se comprometió a esclarecer los hechos y a castigar a los responsables “con estricto apego a la ley”. Promesas que aún no cumple.

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Cobertura de guerra

Hace dos años, el jefe de Tracy Wilkinson la envió a México bajo esta consigna: “Ahí hay una guerra y tú tienes que cubrirla”. Esta periodista ?que cubrió para Los Angeles Times los conflictos armados en Centroamérica durante la década de 1980, las ofensivas militares contra Irak (de 1991 y de 2003), así como la guerra de los Balcanes en la antigua Yugoslavia? ha recurrido a su experiencia como corresponsal de guerra durante sus recorridos por México.

Explica la necesidad de que, al cubrir una zona de conflicto armado, los corresponsales distingan a los actores del mismo, qué intereses defienden y cuál es su fortaleza. Asegura que aunque ha usado chaleco antibalas, no utiliza ni armas ni fotógrafos en escenarios de gran peligro porque así puede entrar y salir de manera pronta y más segura, “y con la información necesaria”.

La jefa de la oficina en México de Los Angeles Times, ganadora del premio George Polk ?que otorga la Universidad de Long Island, en Nueva York? y reconocida por el Overseas Press Club, responde a la pregunta ¿realmente vive México una guerra y de qué tipo?

—Sí. Lo que está pasando en México se puede llamar guerra, pero obviamente una guerra no convencional. Hay bandas armadas que combaten, narcos que luchan entre sí con sus propias fuerzas paramilitares y otros que combaten con las fuerzas de seguridad del Estado. No hay líneas de batalla bien definidas o no son fluidas y cambian. Eso lo hace más peligroso cuando se trata de cubrir periodísticamente.

A la opinión de esta periodista, se suma la experiencia de Ioan Grillo, ahora reportero de investigación independiente y excorresponsal de The Houston Chronicle y Associated Press, así como de estaciones de televisión estadunidenses y británicas. Desde su llegada a México, se especializó en la cobertura del ascenso en el poderío y capacidad del crimen organizado, un trabajo que, reconoce, ha realizado con el apoyo de sus colegas mexicanos y de los ciudadanos de este país.

El 13 de julio, Grillo publicó en Globalpost el artículo “El séptimo círculo”. Ahí plasma su visión como corresponsal de lo que ocurre en Ciudad Juárez, Chihuahua, en estos términos: “Si Dante alguna vez hubiera estado en Juárez, lo habría situado en el séptimo círculo del infierno, la única vivienda de la violencia y rodeado por un río de sangre hirviendo”. Describe lo que significa esta ciudad fronteriza donde se libra una guerra que no se divulga en el exterior: “La ciudad, que reposa sobre el Río Grande, justo al otro lado de El Paso, Texas, es la capital mundial del asesinato, en la que se registran más de 5 mil 500 asesinatos desde enero de 2008. Es responsable de una quinta parte de los más de 25 asesinatos relacionados con las drogas que han ocurrido en México desde 2006, cuando el presidente Felipe Calderón oficialmente declaró la guerra contra los fuertemente armados cárteles de la droga del país. Esa guerra nacional alcanzó un dramático punto decisivo el mes pasado, cuando el candidato mejor posicionado para la gubernatura de este estado fronterizo fue asesinado por hombres armados que, se cree, fueron enviados por un cártel de las drogas”.

Al compartir su experiencia en zonas de conflicto con sus colegas mexicanos, en el marco del foro titulado Cobertura de la Violencia en México desde la Mirada de los Corresponsales Extranjeros, que convocó la organización Periodistas de a Pie, Grillo también mencionó el asesinato del reportero Brad Will y del activista Jyri Jaakkola, ambos en Oaxaca, aunque en diferentes contextos y tiempos, como parte de los riesgos que viven los extranjeros que cubren y se preocupan por la realidad mexicana.

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El termómetro

http://contralinea.info/archivo/2010/agosto/195/fotos/la-guerra/impensable.jpgAunque públicamente los gobiernos con los que México mantiene relaciones diplomáticas no admiten que exista un escenario de violencia incontenible y extendida en este país, los comunicados que emiten sus embajadas y consulados a sus ciudadanos que viajan o residen aquí tienen un expreso sentido de alerta. El tono de las recomendaciones es el termómetro que mide la creciente percepción de inseguridad que registran las cancillerías y que buscan resguardar la integridad de sus ciudadanos que pretenden viajar o que residen en México.

Desde julio de 2009, el reino de España, de donde proviene el mayor número de turistas europeos, mantiene vigente una alerta para quienes desean viajar a este país. Ahí se señala que las disputas entre los cárteles de la droga que operan en México “han propiciado un escenario de inseguridad y ejecuciones”, que son particularmente graves en Chihuahua y Sinaloa. En la primera quincena de marzo de 2010, esa alerta se actualizó bajo estos términos: “La situación de inseguridad se materializa en una especial incidencia de la delincuencia relacionada con los secuestros, con la extorsión, con el asalto en la vía pública y el transporte público”.

En enero, las embajadas del Reino Unido e Italia lanzaron su propia advertencia a sus connacionales sobre el “aumento preocupante” del crimen organizado en territorio mexicano, en especial en Chihuahua. El 19 de marzo, la sede británica renovó su advertencia.

Tras el asesinato de Lesley A Enríquez, empleada del consulado estadunidense en Ciudad Juárez, y de su esposo Arthur H Redelfs, así como del ciudadano mexicano Jorge Alberto Salcido Cisneros, el 14 de marzo, se sucedieron las alertas para viajar a este México. Son notables las que emitieron Estados Unidos y Canadá, dos Estados con los que México está vinculado a través del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y de la Alianza para la Seguridad y Prosperidad para América del Norte.

El 14 de marzo, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Canadá emitió un aviso para sus ciudadanos de paso en México, donde les pedía “un alto grado de precaución” si transitaban por regiones como Ciudad Juárez, Chihuahua, Tijuana y Baja California.

Por su parte, el Departamento de Estado estadunidense autorizó la “reubicación temporal” de las familias de los empleados del consulado que trabajan en la zona fronteriza con México. De forma simultánea, las autoridades migratorias de Estados Unidos suspendieron las “repatriaciones voluntarias” de mexicanos indocumentados por El Paso, Texas, para evitar que se enfrentaran a la violencia en Ciudad Juárez. Esa explicación la concedió Douglas Mosier, entonces vocero local de la Patrulla Fronteriza, quien agregó que los mexicanos indocumentados detenidos en el Sur de Texas serían enviados para su retorno voluntario a Presidio y de ahí a Ojinaga, Chihuahua.

El efecto de la violencia en México también se manifiesta en el retiro de estudiantes de intercambio estadunidenses. Después de la madrugada del 19 de marzo cuando fueron asesinados los alumnos de posgrado Jorge Antonio Mercado Alonso y Javier Francisco Arredondo Verdugo, del Tecnológico de Monterrey, comenzó el éxodo de alumnos extranjeros de instituciones educativas mexicanas.

En su edición del 31 de marzo, The Daily Texan, diario oficial de la Universidad de Texas, pidió a los alumnos que participan en el intercambio estudiantil con el Tecnológico de Monterrey “suspender sus actividades estudiantiles” en la capital neoleonesa. Este mensaje era sintomático de la gravedad de la situación, pues por primera vez se pedía a los alumnos restringir su acceso a estudios en México por la inseguridad prevaleciente en la zona Norte del país.

Días antes, el Departamento de Estado había admitido que millones de ciudadanos estadunidenses viajan a México por motivos académicos, negocios o turismo y que casi 1 millón de sus nacionales viven en este país. Sin embargo, el comunicado recomendó que ante el incremento de la violencia, debían “usar el sentido común” y extremar precauciones, evitando asistir a zonas de prostitución y narcotráfico.

El 12 de abril, la embajada de Estados Unidos en México emitió otra nueva alerta de viajes a México debido al aumento de la violencia en el país; en esa ocasión, extendió hasta el 12 de mayo la salida de funcionarios estadunidenses en los consulados de la frontera común.

El comunicado explicó que “la violencia en el país se ha incrementado, por lo que es obligatorio que los ciudadanos estadunidenses entiendan los riesgos en México, cómo evitar situaciones peligrosas de la mejor manera posible y a quién contactar si son víctimas”. Al mismo tiempo, instó a sus ciudadanos a postergar cualquier “viaje innecesario” a ciudades de Durango, Coahuila y Chihuahua, y pidió a quienes viven o transitan en esa zona “extremar medidas de precaución”. Esa alerta sustituyó a la emitida el 14 de marzo.

El 10 de junio, Eric Holder, fiscal general de Estados Unidos, anunciaba el resultado de 22 meses de investigaciones conjuntas con autoridades del gobierno mexicano sobre las operaciones de los grupos del narcotráfico en ambos países. El funcionario destacó que, en ese tiempo, fueron detenidas 2 mil 566 personas vinculadas al tráfico de drogas. El miércoles 10, fueron capturadas 429 personas en una acción realizada en 16 estados del vecino del Norte.

Es notable que casi un mes después de ese anuncio, el 23 de julio, el gobierno estadunidense renovó su alerta para que sus ciudadanos tomaran precauciones al viajar a México. Esta alerta se destaca de las anteriores por su extensión y precisión en información: “Debido a la violencia, vinculada con el tráfico de drogas ilícitas, es imperativo que los ciudadanos estadunidenses entiendan los riesgos que hay al viajar a México; se recomienda tener sentido común al pasear por el país y visitar solamente las zonas turísticas, no caminar de noche por lugares solos y visitar sólo negocios legítimos”.

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El aviso del Departamento de Estado subraya que el gobierno mexicano hace un “amplio esfuerzo para luchar contra las organizaciones de tráfico de drogas” y que a su vez se ha enfrascado en una “lucha feroz” para controlar las rutas de la droga. Añade que, “con el fin de prevenir y combatir la violencia, el gobierno de México ha desplegado tropas militares y policías federales en todo el país” y así mejorar la seguridad. También hace notar que, en los destinos turísticos, no se viven altos niveles de violencia por narcotráfico, como sucede en la región fronteriza.

Más adelante, el documento señala que, “aunque la mayoría de las víctimas de la violencia son los ciudadanos mexicanos vinculados con actividades delictivas, la situación de inseguridad plantea riesgos graves para los ciudadanos de Estados Unidos”. Además, solicita que sus ciudadanos cooperen en caso de ser detenidos por un retén, aunque les pide que tengan precaución ante la posibilidad de que haya puestos de control falsos.

Cita que “los ataques violentos y la persistente preocupación por la inseguridad han llevado a la embajada a instar a los ciudadanos estadunidenses a no realizar viajes innecesarios a Michoacán, Tamaulipas, partes de Chihuahua, Sinaloa, Durango y Coahuila”.

La alerta estadunidense del 23 de julio ofrece estadísticas sobre la violencia que se expresa en todo el territorio nacional: “Más de la mitad de todos los estadunidenses asesinados en México durante 2009 fueron ultimados en las ciudades fronterizas de Ciudad Juárez y Tijuana”. También menciona los narcobloqueos en las principales vías públicas de Monterrey, así como la escalada de secuestros y robos en Ciudad Juárez.

Aclara que las zonas turísticas mexicanas a las que acuden los estadunidenses están en riesgo. Aunque el crimen relacionado con los estupefacientes es una preocupación particular en la frontera Norte con México, la violencia se ha producido en todo el país, incluso en las zonas frecuentadas por turistas estadunidenses. Esa alerta incluye a la región Sur del país, pues advierte que, en pueblos y ciudades con comunidades indígenas, “existen disputas de tierras entre residentes y las autoridades locales que han llevado a la violencia.

Además de que advierte de las constantes marchas y protestas que se realizan en el país a las que califica como “por lo general pacíficas”, el comunicado previene que pueden suscitar confrontaciones y violencia. También refiere que, en abril de 2010, dos miembros de una organización de ayuda no gubernamentales, uno de los cuales era un ciudadano extranjero, fueron asesinados cerca de la aldea de San Juan Copala, en Oaxaca”.

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Recomendaciones de seguridad

“Los ciudadanos de Estados Unidos que crean ser blanco posible de un secuestro u otros crímenes deben notificarlo a los oficiales de la ley mexicana y a su embajada en la ciudad de México o al consulado más cercano”, rezan las recomendaciones de seguridad que emitió el Departamento de Estado el 23 de julio.

La alerta agrega que cualquier visitante estadunidense que sospeche ser un posible objetivo de un acto de violencia “debería considerar regresar a Estados Unidos inmediatamente”. Advierte que los ciudadanos estadunidenses “deberían estar prevenidos” de que la mayoría de los casos de crímenes violentos “nunca son resueltos por los oficiales mexicanos”.

Por eso, los ciudadanos que viajen deberían hacerlo por los principales caminos y en jornadas diurnas, particularmente en los que hay casetas de cobro que “generalmente” son más seguras. Cuando hay órdenes, la embajada y sus consulados advierten a sus empleados y ciudadanos evitar ciertas zonas, abstenerse de manejar por ciertos caminos a causa de las condiciones peligrosas o de “actividad criminal”.

Si esto ocurre, la embajada o el consulado correspondiente alertará a los ciudadanos estadunidenses locales sobre la naturaleza de la preocupación y el periodo de tiempo en que permanecerá la restricción. Se exhorta a los visitantes que dejen su itinerario con un amigo o familiar, no viajar con él; evitar viajar solo y, antes de partir, verificar con el proveedor que su teléfono móvil capta redes internacionales 3G o .

Asimismo, no ostentar joyería cara ni manejar grandes cantidades de dinero u otros bienes valiosos y poner a buen resguardo sus pasaportes. Hace notar que entre los años fiscales 2006 y 2009, fueron robados entre 184 y 288 pasaportes estadunidenses en México.

También indica que, por los frecuentes robos, la embajada ha prohibido a sus empleados abordar taxis en las calles de México; exhorta a los ciudadanos estadunidenses a utilizar esos servicios sólo en los “sitios”.

Baja WEF escalafón de México en seguridad

Otro impacto internacional por el auge de la violencia en México se traduce en el ámbito económico y turístico. La percepción de los organismos especializados en estos rubros es que la seguridad en este país ha caído.

Precisamente el 23 de julio se publicó el del Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés). Con base en 12 indicadores, muestra la fortaleza de los países en cuanto a la captación de inversiones, conquista de nuevos mercados, producción interna, entre otros.

La calificación tiene una escala del uno al siete y posiciona a México en el sitio 51 entre 133 países. Ese organismo otorga 3.6 puntos a este país en su índice de seguridad, es decir, lo ubica en el lugar 126. Al desglosar este concepto, en materia de riesgos de terrorismo, el coloca a México en el sitio 71; en confiabilidad de la policía, en el 123, y en sofisticación de negocios e innovación relacionados con crimen y violencia, en el 124.

En América Latina, el organismo ubica a México en el lugar cinco en competitividad, abajo de Chile que ocupa el primer lugar, de Costa Rica, Brasil y Panamá, y por arriba de Uruguay y Colombia.

Contralínea 195 / 15 de Agosto de 2010

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