Al margen de la juez Hilda G Tagle, el gobierno de Obama pactó con Osiel Cárdenas Guillén su sentencia a 25 años de prisión y no a cadena perpetua –de la que se habló al momento de su extradición–, a cambio de declararse culpable de cinco cargos federales en su contra y, al parecer, de develar las entrañas de los cárteles mexicanos, según se deja entrever en la sentencia que a puerta cerrada se dictó en su contra en febrero pasado y la información que la DEA ha difundido en los últimos meses
La noticia dio la vuelta al mundo: después de un juicio que durante tres años se desahogó en secreto, derivado de una acusación penal abierta en 2002, la mañana del 24 de febrero una juez de Texas dictó sentencia de 25 años de prisión en contra de Osiel Cárdenas Guillén, el líder del cártel del Golfo.
Ni el gobierno ni la Corte difundieron detalle alguno del proceso en contra de quien es considerado por la agencia antidrogas estadunidense (DEA, por sus siglas en inglés) como el narcotraficante más temido y sanguinario de México; incluso la sentencia se dictó a puerta cerrada y el proceso fue blindado a perpetuidad. Fue una decisión sin precedentes, en la que la Oficina Federal de Prisiones recibió la instrucción de no difundir el nombre de la cárcel donde el narcotraficante permanecerá hasta el 1 de noviembre de 2028. Se le dio un trato de secreto de Estado.
Lo que la mañana de aquel miércoles 24 de febrero se dijo en el juzgado que encabeza la juez Hilda G. Tagle arroja luces sobre el proceso penal B-00-118-1. Contralíneaobtuvo la transcripción de la audiencia en la que se expone que la sentencia respondió al pacto entre Osiel Cárdenas Guillén y el gobierno de Barack Obama, para que librara la cadena perpetua o la pena capital, vigente en el estado de Texas, y no a la consideración de la juez, quien revela no haber tenido participación alguna en el acuerdo que también fue sellado de por vida.
En negociaciones paralelas al juicio, en las que se mantuvo al margen a la Corte, el acuerdo se pactó mediante los cuatro despachos texanos que Cárdenas contrató para su defensa. Uno de ellos, el de Robert Yzaguirre, abogado del cártel del Golfo desde tiempos de Juan García Ábrego, a quien en 1996 en ese mismo distrito no pudo librar de 11 cadenas perpetuas por delitos contra la salud que hoy purga en una cárcel de Colorado.
Para Osiel, acusado de 17 delitos más graves que los atribuidos a García Ábrego, según la propia DEA, se pactó con el gobierno 25 años de prisión y 50 millones de dólares, menos de la cuarta parte de la propuesta de incautación inicial, de 300 millones de dólares.
También fue el gobierno estadunidense el que el 18 de febrero solicitó a la Corte “sellar” la audiencia de la sentencia “de este acusado”. El Servicio de Marshals de Estados Unidos (unidad policiaca del Departamento de Justicia), argumentando el “temor” por su seguridad, pidió desahogar la audiencia a puerta cerrada, y abstenerse de discutir otros asuntos hasta ocho horas después de terminada.
La transcripción de la audiencia, desahogada en un secretismo sin precedentes –lo que generó la crítica de los medios de comunicación estadunidenses– exhibe a un Osiel que se dice “arrepentido” de su carrera criminal e infructuosamente busca un encuentro con su esposa e hija. Expone además lo que el tamaulipeco representa para el sistema de justicia estadunidense: la efigie del narcotraficante del siglo XXI, violento y sediento de poder.
La audiencia
La audiencia comenzó a las 9:52 del 24 de febrero. Aún sin la presencia de Cárdenas Guillén, la juez notificó a la fiscal Toni Treviño; los asistentes de los fiscales federales Albert Ratliff y Bryan K. Best, y los abogados de Cárdenas: Robert Yzaguirre, Crispin Quintanilla, Michael Ramsey y Chip B. Lewis, de la moción presentada por el gobierno en el sentido de “sellar” la audiencia, “por razones que están estrictamente relacionadas con la seguridad de la parte demandada, personal de los tribunales, personal del Servicio de Marshals de Estados Unidos, del Palacio de Justicia, de otros funcionarios, y público en general”, dijo la juez Tagle.
—¿Es eso correcto? –subrayó dirigiéndose al fiscal.
—Eso es correcto, su señoría –respondió Toni Treviño.
—Su señoría, hay una cuestión que no se mencionó en la moción, y estamos pidiendo una enmienda oral –intervino la defensa en voz de Quintanilla–. Hay una excepción para el caso de los agentes y las víctimas, que eran agentes de la DEA y el FBI, mencionados en los cargos de la acusación que él se declaró culpable. Pero ayer por la noche la señora Treviño y yo hablamos, y nosotros estamos pidiendo a la Corte permiso para que su esposa y su hija (de Osiel Cárdenas) puedan estar presentes, su señoría.
—De acuerdo. ¿La señora Treviño? –se dirigió de nuevo a la fiscal.
—El gobierno sin oposición, su señoría.
—¿Me permite llamarlas a ésta sala? –preguntó Quintanilla.
—Sí…
Antes de que Quintanilla saliera de la sala, la juez Tagle aludió a que en las inmediaciones del juzgado había un reportero del Houston Chronicle que estaba preparando una solicitud para que se le permitiera estar presente en la audiencia. Le subrayó a Quintanilla que no querían presencia de los medios de comunicación en la sala, así que cuando saliera por la esposa e hija de Osiel, no incluyera a nadie más.
—Permítanme dar lectura, para que quede constancia que, a pesar de todos los esfuerzos para garantizar que de esta audiencia no se den cuenta los medios de comunicación, me han dicho que hay un reportero del Houston Chronicle, quien está preparando la redacción de una moción para que sea oída o bien que se le permita estar presente durante la audiencia… Así que cuando salga a hacer lo que el Tribunal le pidió de la familia, por favor hágalo sin incluir a nadie más –ordenó a Quintanilla.
—Entiendo.
—Claro, es con base a lo que está sucediendo –aclaró la juez.
—Sí, su señoría.
—Gracias.
—Gracias, señoría. Voy a estar de regreso.
Tagle volvió al tema de la seguridad.
“La posición de Estados Unidos y del Servicio de Marshals es que una serie de factores han creado una situación en la que el desahogo de la audiencia de sentencia del acusado y la imposibilidad de sellarla, puede dar lugar a una probabilidad sustancial de que la parte demandada, el personal del tribunal, los US Marshals, personal del Palacio de Justicia, otros funcionarios, y el público en general sea puesto en peligro inminente.
“Adjunta a esa moción fue la declaración jurada de George Hephner (marshal adjunto de Supervisión de Estados Unidos), quien explicó la necesidad de sellar esta audiencia. El Tribunal está proporcionando para el registro una copia de esa declaración jurada que especifica la base fáctica de la preocupación de los US Marshals, la preocupación de que las personas o individuos previamente mencionados se encontrarían en peligro inminente, por lo que la declaración jurada de George Hephner se incluirá como parte el registro en apoyo de la Corte.
“Por lo tanto, el Tribunal considera que existe una importante necesidad de sellar los documentos y esta audiencia, y que de no hacerlo se dará lugar a una probabilidad sustancial que la seguridad y la vida de las personas se pondrían en peligro así como las investigaciones en curso.
“Por lo tanto, en interés de la justicia y sobre la base de la exposición de motivos ya mencionada, esta Corte ordena que estos documentos se mantengan en sobre sellado por el Secretario de la Corte de Justicia, que esta orden de sí misma no se presente en sobre sellado…”.
—Se ordena. ¿Hay algún otro asunto doméstico? Se ordena que el acusado sea puesto en presencia de la Corte… ¿No?… Está bien. Entonces, por favor, traigan al acusado.
En tanto los marshalls salían por Osiel, la juez preguntó a la defensa si había leído el informe de presentencia y si lo habían expuesto a su cliente. Los abogados respondieron afirmativamente y agregaron que Osiel tuvo la presentencia semanas atrás y que no harían objeción alguna.
—Señor Cárdenas, ratifique, para que quede registro,
si ha revisado usted o sus abogados el informe de presentencia; si usted entiende todo lo que está contenido en ese informe –le dijo la juez.
—Sí su señoría –asintió un Osiel Cárdenas de pie, cabizbajo, presto a escuchar lo que previamente había leído, repasado y quizá meditado en la soledad de su celda durante varias semanas: le restarían 25 años, menos los que ya había pasado tras las rejas, incluidos sus días en La Palma, y 50 millones de los billetes verdes que amasó en su vertiginosa carrera de mecánico a patrón del cártel en el que a sus 19 años se inició vendiendo cocaína en su natal Matamoros. Cimentado con la sangre de enemigos y amigos, como Salvador Chava Gómez, el fugaz jefe a quien ordenó asesinar para ocupar su trono, alcanzó un liderazgo que para muchos, no ha terminado.
—De acuerdo. ¿Hay alguna objeción por parte del demandado del presente informe de presentencia?
—Ninguna en absoluto, su señoría –dijo Quintanilla.
—Ninguna en absoluto, su señoría –secundó Yzaguirre.
—De acuerdo. ¿Tiene el gobierno alguna objeción a ese informe?
—No, su señoría –terció la fiscal.
—De acuerdo. Entonces yo escucharé de parte del gobierno el acuerdo de culpabilidad.
—Señora juez, por las razones que están en el archivo de la Corte, el gobierno está pidiendo a la Corte que acepte el acuerdo entre las partes y se le dé seguimiento al acuerdo de culpabilidad en este caso en particular.
—De acuerdo.
—Y en cuanto a la defensa, estamos de acuerdo con ello, señoría –dijo Yzaguirre, también abogado de Guillermo González Calderoni, acusado de proteger al cártel del Golfo desde la Policía Judicial Federal (PJF), a quien en febrero de 2003 asesinaron justo saliendo de sus oficinas. Yzaguirre representaba al excomandante en las acusaciones que lo llevaron a acogerse al programa de testigos protegidos de la DEA. De su muerte se dijo que se trató de un ajuste de cuentas, precisamente, de Osiel Cárdenas Guillén.
—Sí, su señoría, eso es correcto –secundó Quintanilla.
—De acuerdo.
—Entonces, señor, ¿hay algo que quiera decir a la Corte antes de que le condene? –le espetó Hilda Tagle, oriunda de Corpus Christi y designada a ese Distrito como juez por el presidente Bill Clinton.
Hacía exactamente tres años desde que estuvo por primera vez frente a la juez, con grilletes y bajo custodia federal, envuelto en la casaca verde cemento que le sustituyeron por su uniforme beige, con el cual la noche del 19 de enero de 2007 lo sacaron de La Palma para hacer efectivo el Tratado de Extradición entre los dos gobiernos.
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En un vuelo de la Fuerza Aérea Mexicana, durante más de tres horas permaneció flanqueado y literalmente abrazado por dos hombres armados hasta los dientes que en el chaleco portaban las siglas de la AFI; él con la cabeza gacha, las manos esposadas y los pies atados con grilletes, cuatro años más y bastantes kilos menos desde aquel día de marzo en que lo detuvieron.
En Houston lo esperaba la DEA y el FBI para cobrarle viejas afrentas. Cuando pisó suelo texano se hablaba de una sentencia a cadena perpetua o quizá la pena capital en el estado catalogado como “capital de las ejecuciones”, y que le decomisarían 300 millones de dólares. Y es que a los estadunidenses les debía, por lo menos, la vida de un sherif. Osiel no opuso resistencia. Aunque al principio alegó inocencia, al poco tiempo aceptó “colaborar”. Lejos de la opinión pública e incluso de quien formalmente debía juzgarlo, le hicieron entonces una “propuesta” que no pudo rehusar.
Cuando Osiel convino aceptar su culpabilidad en cinco cargos federales y que le desecharan otros 12, el caso dio un giro. Los esfuerzos de la fiscalía se centraron entonces en que explicara cómo y quiénes lo ayudaron a internacionalizar el cártel del Golfo y hacer del grupo de élite del Ejército Mexicano su brazo armado. Osiel habló durante horas, días, meses a lo largo de más de dos años, palabras, confesiones, revelaciones que el gobierno estadunidense decidió blindar “de por vida”. Desde su extradición y hasta el momento de recibir sentencia, el gobierno de Obama lo mantuvo en “un lugar secreto”. Como le ofreciera el gobierno de Obama, la juez aceptó el “acuerdo” entre ellos. Osiel quizá espera salir de pie. En noviembre de 2028. Cuando oficialmente haya pagado por sus delitos recién habrá cumplido 60 años.
—¿Hay algo que quiera decir a la Corte antes de que le condene? –insistió la juez Tagle la mañana del 24 de febrero; pasaban de las 10:00 y parecía que todos tenían prisa porque aquello terminara.
—Sí, su señoría. Pido disculpas a mi país, México, a Estados Unidos, a mi familia, en especial a mi esposa, mis hijos, por todos los errores que cometí. Este tiempo que he pasado en la cárcel he reflexionado y me he dado cuenta de la mala conducta que he tenido y de la cual siento remordimiento, y en verdad, estoy arrepentido. También pido disculpas a toda la gente que herí, directa e indirectamente. Eso es todo, su señoría.
—De acuerdo. Señor Cárdenas, cuando yo dicté sentencia a un hombre con una esposa embarazada de 19 años de edad que, a cambio de ser internado en Estados Unidos de manera ilegal, se comprometió a llevar uno de varios paquetes de marihuana y luego resulta ser el único detenido y, por tanto, responsable de todos los paquetes, creo que la vida… [sellado] …considero la diferencia en la vida de usted como un líder del cártel cuya familia vive entre lujos.
“Cuando le dicto sentencia a un alumno de 18 años de edad, expulsado de la escuela y acusado de hacer una declaración falsa cuando compró un arma de fuego que sabía que estaba destinada a México, pienso en usted, el líder del cártel, con sus guardaespaldas armados con armas que fueron compradas por esa persona ingenua de 18 años de edad, que luego terminó en la cárcel.
“Estos ejemplos han pesado mucho en mí al examinar si yo aceptaría el Acuerdo de culpabilidad al que se ha llegado con el Gobierno. He tenido que considerar la naturaleza y las circunstancias de la infracción, su historia y características. Su sentencia, la sentencia que yo impongo tiene que proteger al público de los delitos que de otro modo usted pudo cometer.
“En mis 26 años como juez, siempre he sido muy consciente de la gravedad de las consecuencias de mi decisión para la parte acusada, para su familia, y para el público, en todos los casos en que tengo que evaluar el castigo. He presidido juicios sobre casos de homicidio capital en los que los acusados han sido encontrados culpables y ejecutados; por otro lado, he sentenciado a personas que, a pesar de que no tienen antecedentes penales y que debido a la desesperación o la ingenuidad, confiando en una oración y en la suerte, traficaron drogas como un pago parcial por haber sido traídos aquí ilegalmente y que hasta la fecha se encuentran en prisión hasta por 10 años.
“Así que cae bajo mi responsabilidad el determinar si la sentencia que el gobierno recomienda y el aseguramiento (de dinero) que han acordado es un castigo suficiente, pero es suficiente aunque no más de lo necesario para reflejar la gravedad de los delitos que se le han imputado, ya que la sentencia también debe promover el respeto de la Ley y proporcionar a justo castigo.
“Debido a que la ley no me permite participar en las negociaciones de culpabilidad, he tenido que recurrir a la sentencia del abogado del gobierno en su evaluación de las acciones para este caso. Mi decisión de aceptar la recomendación del gobierno tiene que ver con promover el interés por la justicia y difundir ante la opinión pública el respeto de la ley.
“Sus acciones han generado miedo y la violencia en nuestra comunidad. Los niños no están seguros, incluso en sus escuelas, a causa de los tiroteos en las calles. Las balas de un arma de fuego durante una batalla en Matamoros, incluso han terminado en el campus de la Universidad de Texas en Brownsville. Los dueños de negocios sufren porque los turistas temen por su seguridad.
“Usted desempeñaba el modelo del ‘narcotraficante’: blandiendo rifles de asalto personas que no sólo son cada vez más jóvenes, sino que con el paso del tiempo lo hacen en forma más descarada. Su sed de poder es tal, que nunca se apagará. Lo que ocasionan, por su falta de respeto a la ley y la decencia es trágico. Los secuestros, extorsiones, tiroteos en las calles, una economía desesperada, la inocencia perdida, que es su legado a su país, a nuestras comunidades en ambos lados de la frontera, y a la sociedad.
“Sin embargo, creo que las sentencias que voy a imponer aseguren al menos que cuando usted sea liberado del Buró de Prisiones, esos ‘narcotraficantes’ para los que usted era un modelo a seguir en el pasado, ya hayan sido desplazados o que estén en sus zapatos. Por lo tanto, de conformidad con el Acta de Reforma de Sentencias 1984, acepto el acuerdo de culpabilidad y la condena a una pena de prisión de 25 años”.
Por tres de los cargos, se le dictó una sentencia de cinco años respectivamente, a purgar al mismo tiempo; por otro una pena de prisión de cinco años, a purgar al mismo tiempo; y por otro cargo 20 años de prisión, a purgar también al mismo tiempo. Por cuatro de los cargos, tras su liberación, Osiel permanecerá bajo libertad “vigilada” por los siguientes cinco años.
Hasta la fijación del monto de la multa derivó del acuerdo signado entre Osiel y el gobierno de Estados Unidos. Las primeras incautaciones comenzaron a tramitarse en junio; se inició con un helicóptero Eurocopter AS350 B3 Modelo 1999, con número de identificación 3261, comprado por Osiel en más de un millón de dólares.
Aquel 24 de febrero, antes de concluir la audiencia, los defensores presentaron la solicitud de incluir a la esposa e hija de Cárdenas Guillén en la lista de visitas. La juez dijo que no. Eso fue lo único que aquel día le fue denegado.
La acusación
El 9 de abril de 2002 la Corte de Houston abrió el expediente penal B-00-118-1, en contra de Osiel Cárdenas Guillén, alias el Ingeniero, el Señor, el Fantasma, el Noventa y uno; y otros nueve integrantes del cártel del Golfo: Adán Medrano Rodríguez, el Licenciado, el Lic; Víctor Manuel Vázquez Mireles, el Meme Loco, Cabezón, el Negro; Jorge Eduardo Costilla Sánchez, Costi, Sombra, el Coss; Juan Gilberto Reyes, Flaco; Rafael Betancourt Velez, Rafa; Rubén Sauceda Rivera, Cacahuate; Rogelio Pizana González, Kelín; Juan Carlos de la Cruz Reyna, el JC, y Baldomero González Ruiz.
Todos, acusados de conspiración para importar, almacenar y distribuir drogas en Estados Unidos, lavado de dinero, y el asalto y amenazas de muerte a los agentes federales en territorio mexicano y estadunidense que trabajan en la Operación Cazadores, una investigación del programa OCDETF (Organized Crime Drug Enforcement Task Force) de la DEA.
Éste se registró en noviembre de 1999 en Matamoros, cuando, según la DEA, intentaron “el asalto y secuestro” de su agente especial en el sector San Antonio, Joseph Dubois, y el agente especial del FBI a cargo del sector Houston, Daniel Fuentes. Ambos viajaban a bordo de una camioneta Bronco con placas diplomáticas, acompañados de José Luis, uno de sus informantes, a la sazón testigo protegido, cuyo nombre real es Juan Raúl Bermúdez Núñez, a cuyas declaraciones tuvo acceso Contralínea (144, agosto 2009).
Se apostaron afuera de la residencia de Osiel, en el exclusivo fraccionamiento La Aurora, para tomar fotografías del inmueble. Antes de que pudieran captar las primeras gráficas, los sorprendió De la Cruz Reyna, el JC. Trataron de huir pero se toparon con un comando armado.
La forma en que Osiel Cárdenas amenazó a los agentes federales de la DEA y el FBI es parte de la información blindada “a perpetuidad” por las autoridades estadunidenses. Sin embargo, en agosto de 2009, Contralínea publicó el detalle de este caso, con base en las declaraciones de testigos protegidos que aportaron su versión de la que el gobierno estadunidense consideró uno de los mayores agravios por parte de Cárdenas Guillén.
El Departamento de Estado consideró que Cárdenas había roto ese pacto tácito en que los agentes de las tres letras son intocables, y anunció una recompensa de 2 millones de dólares para quien proporcionara información para el arresto o condena de Cárdenas Guillén o de sus lugartenientes Juan Manuel Garza Rendón y Adán Medrano.
Entonces Osiel andaba libre por las calles de tierras mexicanas, sus espaldas cuidadas por un ejército de élite entrenado y alimentado con dinero público, especializados en tácticas de inteligencia y combate en Estados Unidos, Guatemala e Israel, vigías de los trasiegos de droga en todo el Golfo de México, desde Yucatán a Tamaulipas, y de importantes ciudades de Estados Unidos: Brownsville, Houston y Weslaco, en Texas; Chicago, Illinois; Atlanta en Georgia, que pronto convirtió en sus epicentros de operación.
Fue hasta marzo de 2003 cuando la Sedena lo detuvo en Matamoros. Su titular, Rafael Macedo de la Concha informó que Osiel sería juzgado primero en México bajo acusaciones de narcotráfico, homicidio y tenencia ilegal de armas. Luego podría ser extraditado a Estados Unidos para enfrentar los cargos de contrabando de drogas y de lavado de dinero.
Con Osiel ya preso en Estados Unidos su familia y sus más cercanos continuaron controlando el trasiego de droga en Estados Unidos, incluso Texas (donde se desahogaba el juicio contra Osiel), considerada por la DEA como la principal bodega de droga del cártel del Golfo en territorio estadunidense.
Con todo y su disputa de territorios con Los Zetas, en medio de una guerra que parece favorecer al cártel de Sinaloa, el cártel del Golfo se fortalece con su reciente alianza con La Familia, detectada por el área de inteligencia de la DEA y confirmada por las autoridades mexicanas.
Jorge Eduardo Costilla Sánchez, el Costi, Sombra, el Coss, involucrado en la misma causa penal que llevó a Osiel a la Corte, es identificado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, como el actual jefe del cártel del Golfo.
Por algunos años, cuando Osiel ya estaba bajo resguardo del gobierno estadunidense, Costilla y Antonio Ezequiel Cárdenas Guillén, alias Tony Tormenta pactaron con Heriberto Lazcano Lazcano, el Lazca y Miguel Treviño Morales la formación de La Compañía, sociedad entre el cártel y su otrora brazo armado.
La Compañía operó con el Costi, Tony Tormenta y el Lazca como consejo gobernante o triunvirato. Así mantuvieron controladas las plazas de todo el Golfo y la frontera noreste de México. Según la DEA, trasegaron grandes embarques de cocaína y mariguana vía barcos, aviones y automóviles desde Colombia, Venezuela y Guatemala, con Texas como centro de acopio y distribución para el resto de Estados Unidos.
La DEA dice que La Compañía “utilizó programas sofisticados para control de embarques, empleo, salarios y pagos realizados a agentes de las fuerzas del orden público, así como cuentas a cobrar y a pagar”. Hasta que se rompió el pacto, entre los amigos corrió la sangre y Los Zetas se erigieron como cártel. Hoy las matazones de Tamaulipas a Coahuila son saldo de esa ruptura.
Aunque las declaraciones de Osiel Cárdenas Guillén fueron “selladas” de por vida, la información ha comenzado a ser usada por la DEA para la identificación de las operaciones de los cárteles mexicanos. Según versiones difundidas por la prensa estadunidense, dicha información fue usada como base para las acusaciones que una Corte de Washington abrió contra 19 zetas.
Además, en febrero pasado la DEA elaboró un informe preciso en el que alertaba a los órganos de inteligencia mexicanos del incremento de la violencia en la frontera por la ruptura de La Compañía, y la recomposición de los cárteles, sobre todo en el norte y el Golfo.
Se advertía también de la asociación entre el cártel del Golfo y La Familia, pactado por sus líderes Jorge Eduardo Costilla y Nazario Moreno Juárez, respectivamente. Posteriormente, esta versión sería confirmaba por funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).
La DEA registró también la reciente alianza entre el cártel de Juárez, que lidera Vicente Carrillo Fuentes, el Viceroy; el cártel de los Beltrán Leyva, dirigido por Héctor Beltrán Leyva, y Los Zetas, para debilitar al cártel de Sinaloa, del ChapoGuzmán, y sus asociaciones con Ignacio Coronel Villareal e Ismael Zambada García, ésta última organización que, según reclamos públicos de otras organizaciones criminales, ha sido beneficiada por la “guerra” contra el narcotráfico de Felipe Calderón, ante lo cual, advirtieron, pasarán a la nueva etapa de ofensiva: el narcoterrorismo
