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La violencia del crimen organizado ha puesto a México en una de las condiciones más difíciles de superar en su historia reciente: candidatos y generales asesinados, embocadas a unidades de la Policía Federal, matanza de niños y familias enteras. Aunque hemos vivido periodos con más violencia, el presente se ha distinguido por la crudeza y la saña particular con la que son cometidos los asesinatos.


Varios factores han confluido para estimular la violencia. El primero es el económico. Las fuerzas del mercado han originado una reducción de los ingresos de los grupos de narcotraficantes en México y eso ha impulsado que los narcotraficantes incursionen en otros delitos antes propios de bandas menores de la delincuencia organizada. Los cambios tanto en la demanda como en la oferta de drogas han sido un factor que afecta la intensidad de la lucha entre organizaciones rivales que compiten por un mercado en reducción.

 

Los narcotraficantes mexicanos están viendo retos fuertes a su actividad. El primero es que el mercado de drogas está cambiando y aún no está claro cuál va a ser su condición en el futuro próximo. Según estimaciones diversas, tanto de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), como de Estados Unidos y organizaciones privadas, el consumo de cocaína sigue una tendencia histórica de declive en Estados Unidos, lo que constituye una mala señal para los narcotraficantes nacionales que han basado su negocio principal en el tráfico de esa droga.

 

En su informe más reciente sobre las tendencias mundiales del tráfico de drogas, la ONU indica que, en 2008, el número de consumidores habituales de cocaína era de 5.3 millones de personas, la mitad de la cifra alcanzada en 1982. El valor actual del mercado de cocaína en Estados Unidos está estimado en 35 mil millones de dólares, la mitad de su valor 13 años atrás. Los narcotraficantes mexicanos obtienen una tajada de cerca de 2 mil 400 millones de dólares al año.

 

Una combinación de programas de prevención de drogas en Estado Unidos; una caída aparente en la producción de cocaína en la región andina del 20 por ciento; un incremento en los decomisos de esa droga en Centroamérica, en un 30 por ciento, y el crecimiento del mercado en Europa, en un ciento por ciento, han determinado que los traficantes de droga mexicanos redefinan sus estrategias y expandan no solamente sus negocios criminales, sino también sus áreas de operación.

 

El segundo factor es político. El país acaba de atravesar por un periodo electoral crítico para la definición de los espacios territoriales de influencia y control de las organizaciones de narcotraficantes. En la medida en que los sistemas de protección del narcotráfico están basados en el control de las policías municipales y estatales, y en las alianzas con los gobiernos estatales, las elecciones municipales y de gobernador resultaron afectadas por la violencia, acentuada principalmente en Tamaulipas, Chihuahua, Coahuila y Michoacán.

 

Las decisiones políticas también han tenido su peso en la generación de violencia. Los gobiernos federales, incluido el del presidente Felipe Calderón, han tratado el tema de la violencia con una estrategia pasiva, dejando que los narcotraficantes se maten entre sí. En los últimos 10 años, la política gubernamental ha permitido que las bandas rivales se diezmen, como parte de una estrategia de emplear a las fuerzas del narcotráfico en su propia contra. El resultado ha sido el crecimiento en espiral de los casos de asesinato entre narcotraficantes, aunque el número de muertes no se acerca a las cantidades alcanzadas en 1992, cuando la violencia produjo un saldo de más de 16 mil homicidios en México. Lo que marca la diferencia en estos días es quizá la cualidad de la violencia, con las decapitaciones, los desmembramientos, la ejecución de familias enteras, los atentados a generales, periodistas y candidatos, y la concentración exacerbada de la violencia en Ciudad Juárez, con una tasa de 70 homicidios por cada 100 mil habitantes, muy por encima de la tasa nacional de 11.6.

 

La decisión política ha sido maquillada con un argumento legaloide: según el gobierno, las ejecuciones son homicidios simples que forman parte del fuero común y por tanto su investigación debe estar a cargo de la autoridad ministerial estatal, no federal. Militarmente, un narcotraficante asesinado es un enemigo menos, me diría un oficial del Ejército. Con esa lógica, el gobierno federal ha decidido estar ausente en el principal campo de batalla.

 

La violencia se ha agudizado con las decisiones en la política militar elegida para combatir al narcotráfico. La militarización antinarcóticos fue respondida con la militarización de las organizaciones de narcotraficantes. La delincuencia organizada ha encontrado en los militares desertores una de las mejores fuentes de poder con personal entrenado en explosivos, emboscadas, y, sobre todo, operaciones contra el narcotráfico, lo que les otorga una importancia particular para combatir a narcotraficantes rivales.

 

El presidente Felipe Calderón no fue el primero en emplear a fondo recursos militares para contener al narcotráfico. Esa política comenzó desde el sexenio del presidente Miguel de la Madrid. Según testimonios de militares, policías y corresponsales de prensa extranjeros, durante el gobierno de De la Madrid, el Ejército Mexicano creó una unidad secreta de fuerzas especiales, encargada de aniquilar narcotraficantes desde las sombras, al estilo de la Brigada Blanca, contra los insurgentes armados de la década de 1970.

 

En el periodo de Carlos Salinas de Gortari, esa unidad fue desmantelada y el Ejército creó los primeros agrupamientos de fuerzas especiales. El presidente Salinas usó a esas unidades para detener a Miguel Ángel Félix Gallardo y nombró, además, a un general del Ejército a cargo de la lucha antidrogas. Ernesto Zedillo dio un paso más allá al militarizar la Procuraduría General de la República al crear a la Policía Federal Preventiva con tropas de la Policía Militar. Vicente Fox hizo lo suyo al nombrar a un general como procurador General de la República y convirtiendo a grandes unidades de la infantería de Marina en fuerzas antinarcóticos. ¿Dónde está entonces la novedad de que el presidente Calderón utilice soldados en forma masiva? En ninguna parte. No hay novedad en ese frente. Los ha utilizado los últimos cinco presidentes y los utilizará el próximo presidente que resulte electo en los comicios de 2012, así venga del Partido Revolucionario Institucional, del Partido Acción Nacional o del Partido de la Revolución Democrática.

 

*Especialista en fuerzas armadas y seguridad nacional; egresado del Centro Hemisférico de Estudios de la Defensa, de la Universidad de la Defensa Nacional en Washington

Fuente: Contralínea 192 – 25 de Julio de 2010

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