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El gobierno de Calderón no ha recuperado un solo territorio controlado por los cárteles de la droga. Además de propiciar los más de 23 mil civiles ejecutados y unas 982 zonas de terror, la “guerra” antinarcóticos consolida el poderío del cártel de Sinaloa. En esta última entrega, Contralínea publica la radiografía de un país en manos de la delincuencia organizada


Nancy Flores / Octava parte y última

Sumido en la violencia, México pierde a diario el control de su territorio y de sus instituciones. A pesar del despliegue de 94 mil 540 efectivos del Ejército –en nombre de la “guerra” del panista Felipe de Jesús Calderón Hinojosa–, los criminales afianzan su poder.

En la actualidad, siete cárteles de la droga controlan dos terceras partes del país y se disputan el resto, se desprende del reporte Mexican drug cartels: two wars and a look southward, elaborado por el centro de inteligencia Stratfor. Éstos son Sinaloa, Los Zetas, Golfo, Beltrán Leyva, Tijuana, La Familia y Juárez.

En entrevista, el doctor Edgardo Buscaglia explica que unos 982 bolsones territoriales están bajo el mando de grupos criminales, que imponen su ley y sus impuestos a la sociedad. Se trata de poco menos de 1 mil regiones de Estado fallido en toda la república mexicana. El caso más dramático es Ciudad Juárez, Chihuahua.

La “farsa mediática” –como Buscaglia califica a la “guerra” de Calderón– no sólo ha sido incapaz de recuperar las zonas de influencia del narcotráfico, sino que ha cedido más del doble de espacios a los criminales.

De acuerdo con el experto en seguridad, asesor de la Organización de las Naciones Unidas y académico del Instituto Tecnológico Autónomo de México, el control territorial de los delincuentes ha ido en aumento: mientras que en 2007 había 353 áreas con una ausencia total del Estado, ahora hay 982.

El crimen organizado manda lo mismo en el Norte, que en el Centro y en el Sur de este país. Según Stratfor, todas las entidades federativas han sido tocadas por algún cártel. La disputa es ahora por las regiones y rutas “sin dueño”, localizadas en Sonora, Chihuahua, Coahuila, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Estado de México, Querétaro, Oaxaca, Chiapas, Campeche.

Los territorios cedidos a la criminalidad carecen de autoridades civiles, policiales y militares. En esas zonas, los cárteles mantienen una estructura operativa permanente, indican datos de consultoras en materia de seguridad e inteligencia.

Al frente se encuentra un pequeño grupo de expertos o dirección que negocia y hace trabajo de elite (interviene comunicaciones de empresarios, autoridades y delincuentes para su toma de decisiones).

En el siguiente peldaño se ubican los informantes: civiles encargados de recabar información de primera mano relacionada con la zona, los negocios y las personas que ahí se ubican (por residencia o por estancia).

En un tercer escalón, y con una relación endeble en la estructura, se localizan los jóvenes que vigilan puntos de venta de drogas o casas de seguridad. La cadena operativa culmina con los sicarios.

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El poder del cártel de Sinaloa

El Programa para la seguridad nacional (2009-2012) tiene entre sus prioridades “recuperar el control pleno en territorios endémicamente afectados por las actividades delictivas”.

Sin embargo, lejos de combatir a los narcotraficantes, la “guerra” antidrogas –que financia Estados Unidos en México– propicia su consolidación. Tal es el caso del cártel de Sinaloa, considerada la mafia más poderosa del país y de América Latina.

Por el “descuido” de las autoridades federales respecto del dominio territorial, este grupo controla el llamado triángulo de oro (Sinaloa, Durango y Chihuahua). Su presencia se extiende, además, a los estados de Nayarit, Jalisco, Aguascalientes y parte de Zacatecas, indica el reporte del centro Stratfor.

Las regiones en su poder son las más productivas, identifica el gobierno de Barack Obama. De acuerdo con el International narcotics control strategy report 2010, “los cultivos de amapola de opio y marihuana son producidos en el México rural, predominantemente en el terreno accidentado de la Sierra Madre Occidental”.

El informe del Departamento de Estado de Estados Unidos acusa que, en los últimos años, “los mayores aumentos en ambos cultivos han tenido lugar en el área tri-estatal (sic) de Sinaloa, Chihuahua y Durango. Ahí se produce la mayoría de los cultivos”. La zona se conoce como triángulo de oro y está en manos del cártel de Sinaloa, según Stratfor.

El International narcotics control strategy report 2010 expone que también en los estados del Sur –como Guerrero y Oaxaca–, y en los del bajío –como Michoacán, Nayarit y Jalisco– se produce droga, aunque en menor medida.

En su investigación Drug trafficking organizations in Central America: transportistas, mexican cartels and maras –publicada en mayo pasado por el Woodrow Wilson International Center for Scholars–, Steven Dudley asegura que las operaciones del cártel de Sinaloa “se extienden desde Chicago, Estados Unidos, hasta Buenos Aires, Argentina”.

A pesar de su amplia penetración nacional y de su presencia trasnacional, las autoridades federales mexicanas no combaten a este grupo criminal. Sus máximos líderes –Joaquín Guzmán Loera, el Chapo; Ismael Zambada García, el Mayo; Ignacio Coronel Villarreal, Nacho Coronel; Juan Esparragoza Moreno, el Azul– están libres. Ellos encabezan las listas de los delincuentes más buscados en México y en Estados Unidos.

La impunidad para este cártel es similar a sus tentáculos. Entre diciembre de 2006 y febrero de 2010, el gobierno federal apenas detuvo a 120 de sus integrantes, revela la Procuraduría General de la República (PGR).

De éstos, sólo 114 fueron consignados ante la autoridad judicial: 83 por delitos de delincuencia organizada o contra la salud y 31 por lavado de dinero (solicitud de información pública 0001700006810).

El cártel de Sinaloa sería la organización con mayores recursos humanos, más capacidad de fuego y de corrupción en México. De acuerdo con consultoras en materia de seguridad e inteligencia, unas 500 mil personas están enroladas en los cárteles del narcotráfico: alrededor de 300 mil, en el cultivo de enervantes; unas 150 mil, en cargos operativos, y unas 50 mil son mandos.

Al igual que su estructura operativa, las finanzas de la organización criminal se encuentran intactas. Mientras que la fortuna personal del Chapo se calcula en 1 mil millones de dólares (revista Forbes), el grupo delictivo habría lavado, al menos, 132 mil 300 millones de pesos en lo que va de este gobierno.

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“Guerra” desigual

En meses recientes, la administración calderonista ha sido acusada de beneficiar al cártel de Sinaloa. Y es que, al tiempo que éste consolida su poder, mafias como el Golfo se ven reducidas por la acción gubernamental.

El informe Mexican drug cartels: two wars and a look southward refiere que, “al comienzo de la campaña de Calderón contra el narcotráfico, el cártel del Golfo era considerada la más poderosa organización en México en materia de tráfico de drogas”.

El análisis de Stratfor revela que, entre enero de 2007 y diciembre de 2009, este grupo criminal enfrentó “la peor parte” de la “guerra” ejecutada por los militares mexicanos. “El cártel del Golfo es ahora una sombra de lo que era”.

Agrega que la decadencia para esta organización delictiva también estuvo marcada por su separación de Los Zetas, ocurrida a fines del año pasado. Según Stratfor, el poder del cártel del Golfo en la primera mitad de esta década provenía justamente de su brazo armado. A este último le atribuye ahora el control territorial en la franja que rodea al Golfo de México.

Sólo 600 miembros del Golfo-Zetas en la cárcel

A diferencia del cártel de Sinaloa, Los Zetas y el Golfo son, en conjunto, las organizaciones que más bajas por cárcel tienen. De acuerdo con la PGR, entre diciembre de 2006 y febrero de 2010, 609 personas vinculadas a éstos fueron consignadas ante la autoridad judicial: 552 por delincuencia organizada o delitos contra la salud y 57 por lavado de dinero.

Aunque el gobierno federal afirma que en su campaña antidrogas han sido detenidas 121 mil 900 personas vinculadas al crimen organizado, la Procuraduría General de la República admite que apenas 1 mil 306 personas consignadas entre diciembre de 2006 y febrero de 2010 tienen nexos probados con ochos cárteles.

De éstos, 396 son de Los Zetas: 364 fueron remitidos a la autoridad judicial por delitos contra la salud o delincuencia organizada, y 32 por operaciones con recursos de procedencia ilícita. Otros 32 fueron liberados sin juicio de por medio (solicitud 0001700007410).

En ese mismo lapso, 213 integrantes del cártel del Golfo fueron consignados, indica la respuesta 0001700007510 de la PGR. De éstos, 188 fueron acusados por delincuencia organizada o delitos contra la salud y 25 por lavado de dinero.

A la ahora extinta alianza Golfo-Zetas le siguen los cárteles Beltrán Leyva, con 223 consignados; La Familia Michoacana, 145; Tijuana, 135; Sinaloa, 114; Juárez, 78; Díaz Parada, uno; Valencia Valencia, uno. Mientras que del cártel Amezcua Contreras no se tiene un solo consignado.

En entrevista, el especialista en seguridad Edgardo Buscaglia afirma que en México no se quiere terminar con el narcotráfico. “No pueden terminar con este problema o no quieren. En ambas cuestiones, el problema más grave es que con las medidas que están aplicando van a tener un resultado contraproducente y van a causar más violencia futura. El problema de violencia en México no sólo es un asunto de cárteles, es un problema social”. Éste “no se erradica con soldados”.

“Guerra” contra el narco, farsa gubernamental

El pasado 15 de junio, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa afirmó que “recuperar la seguridad no será tarea fácil ni rápida, pero vale la pena seguir adelante. Vale la pena porque así construiremos un país libre y seguro. De no hacerlo, dejaríamos a la sociedad en manos de nuestro enemigo común, que es el crimen y, en particular, el crimen organizado”.

Lo que no dijo el presidente en su mensaje televisivo son los magros resultados de su “guerra” contra las drogas. En el ámbito social, 23 mil civiles han sido ejecutados. Según las autoridades federales, 1 mil 150 personas –el 5 por ciento– eran inocentes.

Una investigación hemerográfica hecha por Contralínea documenta que, al menos, un centenar de activistas, periodistas, políticos y disidentes también forman parte de esos registros. En su mayoría, los defensores de los derechos humanos y los comunicadores perdieron la vida acribillados por comandos armados.

Fuentes militares consultadas revelan que el propio gobierno tiene grupos de elite clandestinos que combaten la disidencia política. Considerada como una “guerra social”, la lucha contra el narcotráfico tiene entre sus resultados unas 4 mil desapariciones forzadas con tintes políticos, denuncia el Frente Oriental Democrático Mexicano.

También en el ámbito social hay afectaciones de otro tipo. Por falta de oportunidades laborales y de estudio, unos 500 mil mexicanos sirven a las grandes organizaciones del narcotráfico, de los cuales al menos 80 mil son jóvenes y menores de edad.

Impunidad

En el ámbito de la aplicación de la ley, en este sexenio únicamente se han dictado 735 sentencias de última instancia por delincuencia organizada. Otros delitos que asolan a la sociedad tampoco han sido combatidos. En la actual administración no se ha sentenciado a nadie por tráfico de órganos y lenocinio de personas menores de 18 años y de personas que no tienen capacidad para resistirlo.

Por corrupción de personas que no tienen capacidad para resistirlo, se sentenciaron a cuatro individuos; por pornografía infantil, a seis; por terrorismo, a 10; por lavado de dinero, a 53; por corrupción de menores, a 53; y por secuestro, a 254.

Tampoco hay resultados en el combate de las drogas. A pesar de que la administración federal dice haber detenido a 121 mil personas por delincuencia organizada en lo que va de la “guerra”, la PGR reconoce que sólo a 1 mil 306 consignados por delitos contra la salud, delincuencia organizada y lavado de dinero se les acreditan vínculos con ocho cárteles de las drogas.

Aunado a ello, los 94 mil 540 militares en las calles han sido incapaces de combatir la producción de drogas: mientras que en 2009 se erradicaron 14 mil 135 hectáreas de marihuana, en 2008 la cifra alcanzó las 18 mil 663 hectáreas, y de 2002 a 2006, el promedio fue de 30 mil hectáreas por año. El caso de la amapola es igual: en 2009 fueron erradicadas 11 mil 471 hectáreas, contra las 13 mil 189 hectáreas que se destruyeron en 2008.

Bolsillos de los capos, intactos

La “guerra” antidrogas tampoco ha dado resultados en el ámbito económico. De diciembre de 2006 a junio de 2010, los narcotraficantes han lavado 1.3 billones de pesos, que representan 80.7 veces la ayuda económica de la Iniciativa Mérida.

La tercera parte de ese dinero se habría legalizado en el circuito financiero, según “sospecha” la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. No obstante, el delito se encuentra totalmente impune: sólo 112 miembros de siete cárteles han sido consignados y 53 personas sentenciadas por blanquear capitales sucios. Al tiempo, los bancos han sido sancionados por apenas 1 millón 560 mil pesos.

Pese a que el dinero es lo que le da capacidad de operación, de fuego y de corrupción a los cárteles de la droga, las incautaciones hechas por el gobierno federal representan el 0.39 por ciento de los recursos lavados.

Fuente: Contralínea 190 / 11 de julio de 2010

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