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En todo el orbe, los gobiernos siguen instrumentando los puntos más relevantes del Consenso de Washington, a través de las políticas neoliberales. Así ocurre en particular con nuestro país, y los resultados funestos se ven diariamente.

Esos puntos evidencian de manera contundente la forma en que los distintos gobiernos han asimilado ese Consenso (Williamson, 1996):

Disciplina fiscal. Los déficits presupuestarios, medidos adecuadamente con la inclusión de los gobiernos locales, las empresas estatales y el banco central, deben ser lo suficientemente pequeños para no tener que financiarse con el impuesto de la inflación.

Prioridades en el gasto público. El gasto debe reorientarse desde las áreas políticamente sensibles, que reciben más recursos de los que justificaría su rendimiento económico, como la administración, la defensa, los subsidios indiscriminados y los elefantes blancos, hacia sectores desatendidos con alto rendimiento económico y capaz de mejorar la distribución de la renta, como la atención sanitaria, la enseñanza primaria y las infraestructuras.

La reforma fiscal debe encaminarse a ampliar la base impositiva.

Liberalización financiera, con el objetivo último de alcanzar tipos de interés determinados por el mercado, pero con un objetivo intermedio de abolir los tipos de interés preferentes a los clientes privilegiados y de alcanzar un tipo de interés real moderadamente positivo.

Tipos de cambio. Los países necesitan un tipo de cambio unificado (al menos para las transacciones corrientes), fijado a un nivel lo suficientemente competitivo para promover un crecimiento rápido de las exportaciones de bienes no tradicionales, y gestionado de manera que los exportadores tengan garantías de que su competitividad se mantendrá en adelante.

Liberalización comercial. Las restricciones cuantitativas deberían sustituirse rápidamente por aranceles, y éstos deberían reducirse progresivamente hasta un nivel medio de aproximadamente 10 por ciento (o, como mucho, 20 por ciento).

Inversión directa extranjera. Deberían abolirse las barreras a la entrada de empresas extranjeras y las locales deberían competir en un plano de igualdad.

Privatización. Las empresas estatales deberían privatizarse.

Desregulación. Los gobiernos tendrían que eliminar las reglas que impiden la libre entrada o restringen la competencia, y asegurar que todas las disposiciones están justificadas con arreglo a criterios de seguridad, protección medioambiental y supervisión bancaria de las instituciones financieras.

Derechos de propiedad. El sistema legal debería asegurar derechos seguros de propiedad sin costes excesivos, así como extenderlos al sector informal.

Crítica a la teoría neoliberal

Existen algunas interpretaciones que buscan dar luz a los problemas ocasionados por el modelo neoliberal. Por ejemplo, Cize y otros apuntan que las políticas de ajuste para responder a la crisis del modelo keynesiano resultan en lo siguiente: “…Restaurar las condiciones de valorización del capital impone destruir los capitales insuficientemente rentables, reducir una parte considerable de los costes de producción, dicho de otro modo, incrementar la explotación del trabajo. Se trata también de modificar la intervención del Estado: las subvenciones a los sectores juzgados no rentables deben ir a los sectores rentables. Todo lo que años de lucha habían arrancado a los cálculos estrechamente privados debe regresar a la esfera de la rentabilidad financiera: escuela, sanidad pública, transporte colectivo, audiovisual, correos y telecomunicaciones, viviendas de protección social…” (Cize, 1990).

Según Lichtensztejn y Baer, el Fondo Monetario Internacional llevó a cabo una síntesis de las posturas monetaristas, concluyendo, entre otras cosas, que “…el déficit de la balanza de pagos y la inflación son desequilibrios generados por una capacidad de demanda (deseo de comprar apoyado con dinero y crédito) superior a las posibilidades inmediatas de la oferta interna y la capacidad para importar, que induce descensos de las reservas monetarias” (Lichtensztejn y Baer, 1986).

El neoliberalismo se fundamenta en la creencia de que se produce una “competencia perfecta” de los agentes económicos vía su “libre” participación en el mercado. Esto, según ellos, lleva al equilibrio y a la eficiencia, dejando de lado cualquier participación estatal, ya que altera el libre juego de las fuerzas del mercado e impide el equilibrio. Las ideas que subyacen, a decir de Arrizabalo, son las de la “mano invisible” de Smith y el “equilibrio general” de Walras (Arrizabalo, 1995).

Dicen los neoliberales que una política fiscal elevada y progresiva desincentiva la inversión productiva (Arrizabalo, 1997). Así, se estimulará al capital, favoreciendo fiscalmente a quien tiene mayor capacidad de ahorro y, por ende, de inversión. Afirma Arrizabalo: “Según Gilder, la reducción de las desigualdades pasa por aumentarlas en un primer momento. Por parte de la oferta de trabajo, el objetivo es desincentivar el desempleo, reduciendo su protección. Coherentemente con sus planteamientos, [los neoliberales] consideran que la cotización patronal a la seguridad social (es decir, una de las formas de salario indirecto) es un impuesto contra el empleo” (ibídem). De ahí la necesidad de reformar las pensiones y todo el aparato de seguridad social. Con todo lo anterior, queda claro cuál debe ser el papel del Estado: “… el Estado no solamente debe retirarse de las actividades productivas donde entra directamente en concurrencia con el sector privado, sino también reducir al mínimo los gastos asociados a sus actividades improductivas de salud y educación públicas, de protección social y de redistribución del ingreso, al igual que de algunas funciones administrativas o de proveer infraestructuras sociales. En esta perspectiva, las funciones del Estado que no puedan ser privatizadas deben ser gestionadas según las normas de la empresa privada y rentabilizadas, a falta de lo cual deberán ser eliminadas” (Gill, 2002).

Las recomendaciones monetaristas buscan aumentar la ganancia a través del abaratamiento de la fuerza de trabajo; disminuir los salarios reales hasta que se reconstituya la tasa de ganancia sin recurrir a la inflación; reducir el salario indirecto privatizando salud, transporte público, educación, pensiones (Arrizabalo, 1997).

Todo se concreta en medidas de política económica que, unidas a la implantación de transformaciones estructurales, tratan de ayudar a recomponer los espacios de valorización del capital. “Las principales esferas por considerar en una política de estabilización son la cambiaria, monetario-crediticia, fiscal y salarial. Reestablecer el equilibrio de la balanza de pagos (sobre todo en sus cuentas de comercio) y la estabilidad de precios estiman requisitos vitales para asegurar una base firme de crecimiento económico de cada nación, alentar el comercio y las inversiones extranjeras y, por consiguiente, dinamizar la economía internacional” (Lichtensztejn y Baer, 1986).

La forma específica que toman las medidas que se proponen/imponen en cada ámbito es la siguiente: en el plano monetario-crediticio, con carácter general, se busca limitar la expansión de la masa monetaria, contrayendo el crédito mediante la implantación de políticas monetarias restrictivas (elevación de los tipos de interés). En el ámbito fiscal, se persigue la reducción del déficit público a partir de políticas recesivas basadas en la contracción del gasto. En relación a la política salarial, las medidas planteadas se centran en el control de los aumentos salariales a través de distintos mecanismos (impidiendo alzas superiores a la productividad y ligando los incrementos no a la inflación pasada, sino a la prevista). Finalmente, respecto de la cuestión cambiaria en las economías con déficit por cuenta corriente, se proponen devaluaciones para la mejora del saldo, junto a la unificación de los tipos de cambio de las distintas operaciones y a la eliminación de las prácticas obstaculizadoras al comercio internacional.

Estas medidas de política económica se vinculan a las siguientes transformaciones estructurales: privatización, desregulación y apertura externa (los tres ejes en los que se apoya la propuesta neoliberal); es decir, no sólo no hay contradicción entre la política económica coyuntural y la reestructuración general, sino que su correspondencia es total. Esta interrelación obedece a la necesidad de recomponer espacios de valoración del capital (Arrizabalo, 1997).

Privatización

Las políticas privatizadoras responden a la crisis a través de la valorización del capital y del aseguramiento de la tasa de ganancia. Por ello, casi siempre se privatizan las empresas rentables pertenecientes al sector público (salud, educación, telecomunicaciones, pensiones). Así se valoriza el capital; y para asegurar el mantenimiento e incremento de la tasa de beneficio, se reducen los salarios reales. Todo ello de manera paralela e interrelacionada. Evidentemente, con estos postulados ni se crece ni se distribuye el ingreso, más bien aumenta el ejército de desempleados, se afecta el salario “indirecto” (prestaciones, seguridad social) y los beneficiados son las grandes empresas trasnacionales (ibídem).

Desregulación

La regulación es producto de largos periodos de lucha de las clases desposeídas por conseguir el reconocimiento de sus derechos, como el de huelga, la reglamentación laboral, los contratos colectivos de trabajo, las pensiones, el establecimiento de un salario mínimo. Con la desregulación se busca echar por tierra todos estos logros, se precariza y flexibiliza el trabajo, y aumentan los niveles de explotación de los trabajadores. Así, con el abaratamiento de la mano de obra se facilita el proceso de valorización del capital y el aumento de la tasa de ganancia (ibídem).

La apertura

La búsqueda de una mayor tasa de ganancia lleva a los capitalistas a la internacionalización de sus actividades económicas, con lo que se logra la plena realización del ciclo del capital. Éste es más viable en la medida en que se dispone de materias primas más baratas (el capital inicialmente desembolsado adquiere más materia prima y fuerza de trabajo más barata) y de más mercados para colocar los productos tanto a nivel del mercado interno como del externo. Esto facilita el préstamo de capitales, ya que las tasas de interés pueden venir a la baja. De esta manera, se presenta una modalidad específica de apertura externa que se materializa en la liberalización del comercio y de los movimientos de capital internacionales (ibídem).

Conclusión

Éstos son los planteamientos más importantes del Consenso de Washington y, por ende, del modelo neoliberal. Esto es lo que vemos todos los días en nuestro país y lo encontramos en las preocupaciones del gobierno del Calderón. Toca a nosotros continuar así o buscar salidas que beneficien a la mayoría de nuestro país.

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Bibliografía

Arrizabalo, Xavier, Crisis y ajuste en la economía mundial, editorial Síntesis, España, 1997.

Arrizabalo, Xavier, Milagro o quimera: la economía chilena durante la dictadura, editorial Los Libros de la Catarata, Madrid, 1995.

Cize, Pierre y otros, Le fonds monétaire international (FMI): une enterprise de pillage des peuples, editorial Selio, París, 1990.

Gill, Louis, Fundamentos y límites del capitalismo, editorial Trotta, Madrid, 2002.

Lichtensztejn y Baer, Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial: estrategias y políticas de poder financiero, editorial Nueva Sociedad, Buenos Aires, 1986.

Williamson, I G, “Lowest common denominator or neoliberal manifesto the polemics of the Washington Consensus”, en Auty and Toye, Challengin the ortodoxies, Macmillan, Londres, 1996.

*Profesor-investigador del Centro de Investigaciones Económicas, Sociales y Tecnológicas de la Agroindustria y la Agricultura Mundial de la Universidad Autónoma Chapingo

palkacios@hotmail.com

Fuente: Contralínea 182 / 16 de mayo de 2010

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