Autor:

Rogelio Hernández López

—¡Quiubo, tercos! ¿Ya ganaron la última instancia para que les regresen Excélsior? –les saluda con impertinente humor el reportero, bien conocido por ellos desde antes de que comenzaran estos avatares que les han consumido nueve años y medio.

—Ya mero –responde presto uno de los aludidos, el reportero Juan Gerardo Reyes, que comienza a explicar con mucho dominio del lenguaje de los abogados, aprendido a fuerza de toparse con ellos en todo este tiempo:

“Hace un mes el magistrado del Tercer Tribunal Unitario de lo Civil, Manuel Suárez Fragoso, ordenó las anotaciones para que empezara labores el Tribunal de Apelación. Nosotros ganamos en noviembre. Entonces, un juez sentenció que nos devolvieran la mayoría de los bienes tangibles e intangibles, pero también hizo una excepción rarísima con los inmuebles. Por eso apelamos. El Tribunal tiene la palabra ahora… Ya mero ganamos”, optimiza.

Es el 20 de abril de 2010, momento para recapitulaciones. Del lugar fue coincidencia que el Dante Alighieri les prestara su recinto del mero fondo. Están algunos del grupo de cooperativistas en resistencia. Sonríen extrañamente, con la mirada dura. La mayoría anda, desde octubre de 2000, en el mismo purgatorio: promover asambleas, tumbar a Regino, deslegitimar impostores, probar y comprobar su personalidad jurídica, lidiar con abogados y jueces probos y venales, hacer y tramitar cientos de escritos, compadecerse entre sí por la falta de buenos empleos y de dinero, y pedir prestado y reñir entre ellos y volver a conciliar, para bregar otra vez. Se antoja inverosímil que sigan unidos después de tanto tiempo y dificultades. Ahora traen una buena noticia y una mala señal. Quieren ser escuchados.

—¿Qué informarán?

—Una mala señal. Hoy queremos advertir abiertamente que los que se ostentan como dueños de Excélsior quieren bursatilizarlo (cotizar en la Casa de Bolsa para conseguir accionistas y capital de refuerzo), pero eso sería fraudulento porque la mayoría de los bienes está en litigio y con una condena parcialmente a nuestro favor –responde velozmente Reyes, integrante del Consejo de Administración de la cooperativa.

—¿Ésa es la mala noticia para ustedes?

—Todavía no es noticia. Y sería mala para quienes se dejen embaucar si los responsables de la casa de bolsa se los permiten –aclara rápidamente–. Queremos frenar esa acción y que no engañen a terceros que ignoran lo que pasa con Excélsior.

Para esa advertencia, convocaron a rueda de prensa. Llegan pocos reporteros. Es que el tema (litigios por Excélsior) es enredado y dificultoso para entender, y más para explicarlo. Pocos medios de prensa publican algo, a veces, y menos cuando no hay “nota dura”.

—A ver, háganme un resumen lógico de todo el proceso –solicita retador el reportero.

Conversa con Juan Gerardo Reyes, también con Rafael de la Huerta y Alfredo Jiménez. Éstos son los presidentes (nombrados en asamblea legal y ratificados en juzgados después) del Consejo de Administración y del Consejo de Vigilancia de Excélsior, Compañía Editorial, Sociedad Cooperativa de Responsabilidad Limitada.

Los tres son fuentes autorizadas para relatar su parte de esta historia compleja. El reportero, aparte, tiene copia de la mayoría de los documentos de todos los juicios que han entablado.

Nueve años y medio de penurias

La odisea comenzó con la expulsión de Regino Díaz Redondo de Excélsior en octubre de 2000. Su etapa más reciente comenzó en 2006 y terminó en noviembre de 2009. Y ya padecen la tercera.

El 23 de enero de 2006, relampagueantemente se realizó una asamblea general de socios cooperativados, presidida por Armando Heredia Suárez, Mario Campa Landeros y Francisco Javier de Anda Herrera.

Éstos se ostentaron como directivos de los consejos; se hicieron nombrar apoderados jurídicos y consiguieron el aval del notario 50 del Distrito Federal, Joaquín Talavera Sánchez, para que protocolizara el acta de la asamblea.

Ésa fue la formalidad que precedió a la venta mediante varios convenios –el mismo día– de los activos, bienes muebles, inmuebles e intangibles de Excélsior al grupo presidido por Olegario Vázquez Raña y Olegario Vázquez Aldir: Grupo Ángeles Servicios de Salud y Aerogea.

A ello siguieron semanas de frenesí por alcanzar cheques. Los cooperativados activos y jubilados más los trabajadores asalariados sumaban casi 1 mil 200. Todos habían padecido el primer y largo ciclo de inestabilidad personal desde que la mayoría decidió la expulsión de Díaz Redondo, José Andrés Barrenechea y otros, en octubre de 2000.

Desde entonces se pronunció la caída de ingresos de Excélsior; sucedieron varias crisis de dirección, tres cambios de director, tentativas fallidas de venta de los activos… eso y más que terminaron de postrar a la editorial.

“Aparte de nuestros pasivos laborales, que ascendían a más de 150 millones de pesos, teníamos pasivos fiscales con la Secretaría de Hacienda que excedían los 3 mil millones de pesos; pasivos con el Seguro Social que también excedían los 50 millones de pesos, pasivos con el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, que se acercaban a los 10 millones. Es decir, una deuda, tan sólo con el gobierno federal, que excedía el valor total de la empresa”, ilustró entonces José Manuel Nava, el reportero que fue director general en el lapso más difícil, y que poco después fue asesinado sin que se esclarecieran los móviles ni se anunciaran culpables.

Así, cuando ocurrió la venta a los Vázquez, terminó el ciclo de padecimientos. Los cooperativados llevaban varios meses cobrando entre 700 y 900 pesos a la semana, a veces nada.

Por todo eso, en las semanas siguientes de la operación se presentaron a cobrar 1 mil 148 cooperativados, empleados y trabajadores de Excélsior, de acuerdo con los 17 expedientes fechados en 2006 y con los números 31, 40, 42, 46 bis, 60, 62, 64, 69, 90, 100, 109, 126, 308, 701, obtenidos en la Junta Especial Número Uno de Conciliación y Arbitraje.

Pero los documentos que firmaban no estipulaban que era por la venta de los bienes de Excélsior, sino por “la terminación de la relación de trabajo”. El total erogado para ello fue de 245 millones 386 mil 890 pesos con 30 centavos.

Los cheques con las cifras más altas que allí se entregaron, de acuerdo con esos mismos expedientes, fueron para Mario Andrés Campa Landeros, 783 mil 659 pesos; Francisco Javier de Anda Herrera, 500 mil pesos, y Armando Heredia Suárez, también 500 mil pesos, los sedicentes directivos y apoderados legales, además de liquidadores.

Pero la cooperativa no fue liquidada formalmente ni todos los socios aceptaron cobrar liquidación y menos la venta de la editorial. Los que resistieron fueron los tercos, poco más de una veintena que siguieron bregando a nombre de toda la cooperativa, a la que representan legalmente.

Cinco meses después de aquella transacción (el 11 de mayo de 2006), este grupo de resistencia demandó jurídicamente la anulación de la convocatoria para la asamblea general de cooperativados del 23 de enero, la anulación de la asamblea misma, la anulación de sus acuerdos, la anulación de la notificación notarial que legalizaba todo, la anulación de los contratos, convenios y otros documentos derivados, y, por supuesto, la anulación de la venta.

Todo eso, según se anotó en el expediente 88/2006, por haberse realizado ilegalmente. Pidieron principalmente la restitución del patrimonio de la cooperativa, de todo, de bienes muebles y de inmuebles, tangibles e intangibles.

Vinieron las comparecencias, la presentación de pruebas, decenas de escritos, tratos con un abogado y otro y otro, incluso uno de éstos se pasó al lado de la empresa. Y de todo eso fueron dando copias a este reportero.

Un juez ilógico

El berenjenal jurídico parecía no terminar. Pero el 12 de noviembre de 2009 (tres años y seis meses y un día después de iniciado), este otro juicio fue resuelto por el juez segundo de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal, J Refugio Ortega Marín.

En 24 consideraciones, el juez anuló casi todo lo que se pedía que anulara: la convocatoria, la asamblea de las 12 horas, la posterior, los acuerdos, la notificación notarial, la resolución y presupuesto para venta de los activos, la representación como apoderados legales y liquidadores de Excélsior y de todos los contratos o actos jurídicos que hubiesen celebrado Francisco Javier de Anda Herrera y Armando Heredia Suárez.

Y para que quedara claro, en el resolutivo decimonoveno, anotó:

“Se condena al periódico Excélsior, Sociedad Anónima de Capital Variable, antes Aerogea, Sociedad Anónima de Capital Variable, a restituir a los socios de Excélsior Compañía Editorial, Sociedad Cooperativa de Responsabilidad Limitada, la posesión física y material de todos y cada uno de los bienes muebles, maquinaria, equipo y todos y cada uno de los demás bienes propiedad de dicha cooperativa utilizados para el desarrollo de su objeto social; de los derechos derivados de las marcas propiedad de dicha cooperativa y de las reservas de derechos al uso exclusivo de publicaciones periódicas propiedad de dicha cooperativa; que le fueron enajenados mediante los contratos celebrados el 23 de enero de 2006.”

Hasta allí todo parecía bien; pero en los dos resolutivos siguientes, vigésimo y vigésimo primero, siguió una gran contradicción para la lógica formal:

“Se absuelve a los coenjuiciados (compradores) de la nulidad absoluta de las escrituras… del protocolo del notario público que contiene los contratos de compraventa de los inmuebles a que dichas escrituras se refieren.

“Se absuelve a los coenjuiciados de la restitución a favor de los actores de la posesión física y material de los inmuebles… que fueron vendidos a Grupo Ángeles…”

Así, el juez anula casi todo, condena a que se restituyan los bienes muebles y los intangibles, pero les deja a los compradores los inmuebles.

Por eso los tercos apelaron; por eso también lo hizo el corporativo empresarial; por eso las dos apelaciones llegaron a la instancia superior; por eso el 26 de febrero, el magistrado del Tercer Tribunal Unitario de lo Civil, Manuel Suárez Fragoso, ordenó acumular las “tocas” y hacer las anotaciones para que empezara labores el Tribunal de Apelación.

El juicio de apelación puede llevarse entre tres meses y dos años. Pero luego seguramente seguirá un amparo y el subsecuente juicio. Tres años más quizá, calculan los tercos.

La buena

Por eso sí era buena la otra noticia que llevaban los dirigentes de la cooperativa, la mañana del 20 de abril de 2010, y que no presentaron en la conferencia.

Ese día, la Gaceta Parlamentaria publicó un punto de acuerdo en apoyo a los cooperativistas, firmado por los diputados del Partido Acción Nacional, Partido Revolucionario Institucional, Partido de la Revolución Democrática y Convergencia: Luis Felipe Eguía Pérez, Pedro Vázquez González, Pedro Jiménez León, Adolfo Rojo Montoya y José Manuel Agüero Tovar. Allí advierten al Poder Judicial que estarán atentos a que se respeten los procedimientos judiciales:

“La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al Consejo de la Judicatura Federal y al Poder Judicial Federal a vigilar la actuación de los jueces y de los tribunales que intervienen en la demanda y las apelaciones de los cooperativistas de Excélsior con relación a la sentencia del juez segundo de distrito para que se respeten la legalidad y el principio constitucional de que la justicia debe ser pronta y expedita, completa e imparcial.”

Por todo eso es que un representante informal de los Olegario Vázquez les ofreció, desde diciembre de 2009, entre 60 mil 150 mil dólares a cada uno de los tercos para que ya se desistieran del caso. Así lo comentaban entre ellos y lo confiaron al reportero.

La peor

Pero el día siguiente de la conferencia de prensa y de la publicación del punto de acuerdo camaral, los cooperativistas en resistencia recibieron una comunicación oficial del ministro del Tercer Tribunal, Manuel Suárez Fragoso, que apunta a otro conflicto de envergadura.

El susodicho ordenó que se trasladara el expediente ¡a Guanajuato!

“Número de Expediente: 40/2010. Nacional: 8505931 (…) se ordena remitir este expediente y sus anexos al Quinto Tribunal Unitario de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región con residencia en GUANAJUATO, GUANAJUATO, para el dictado de la sentencia respectiva. Fórmese el cuaderno de antecedentes. Se envían los tocas que se indican acumulados.”

En reacción, los tercos decidieron acudir a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) el 26 de abril. Y en la petición de auxilio, aseguran, nunca recibieron notificación alguna del magistrado y que su proceder “nos parece arbitrario y abusivo, y nos coloca en la indefensión, contrario a la justicia y posiblemente cómplice, principalmente por ser el estado donde reside la señora Marta Sahagún de Fox, sospechosamente involucrada con Olegario Vázquez Raña, en la ilegal operación de compraventa de Excélsior”.

Ahora, en esta nueva etapa del conflicto, habrá que observar a los nuevos protagonistas.

Por ejemplo, se deberá confirmar o rectificar si es cierto ese fondo “sospechoso” del magistrado, al actuar con tal celeridad y lógica al enviar rápidamente a Guanajuato el expediente. Tienen la opción de promover una recusación del magistrado.

También habrá que evaluar la reacción de Raúl Plascencia, presidente de la CNDH, al igual que de la comisión de diputados federales que ofrecieron cuidar el caso. Esta historia todavía no termina.

Los representantes de los cooperativistas pueden recuperar todo lo que quedaba de Excélsior cuando se vendió ilegalmente si tienen más paciencia para esperar los ritmos ilógicos de la justicia en México, o quizá podrían obtener la parte que les reconoce el juez o aceptar la “oferta informal” de los Vázquez Raña Aldir.

Lo que ya demostraron es que tienen mucha terquedad.

rogeliohl@yahoo.com.mx

Fuente: Contralínea 182 / 16 de mayo de 2010