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A dos años de que comenzó el Operativo Conjunto Chihuahua, aumentaron los asesinatos de mujeres, las violaciones tumultuarias, así como los casos de acoso y abuso sexual en retenes militares, seguidos de una política de escarnio y ocultamiento de información por las fuerzas armadas hacia las madres, hijas y hermanas de hombres detenidos en la guerra contra el narcotráfico, revela un memorándum que evalúa el Congreso estadunidense. Bajo la Iniciativa Mérida, el gobierno mexicano se comprometió a respetar los derechos humanos e investigar y llevar ante la justicia a los responsables militares, de lo contrario le será retenida una parte de los fondos de esa estrategia

Cuando en abril de 2008 se trasladaron a Chihuahua más de 8 mil elementos policiales y militares para realizar tareas de seguridad, el gobierno federal no previó el impacto de esa presencia armada en una población tan vulnerable como la femenina, blanco en los últimos años de una violencia a la que acompaña un amplio margen de impunidad, refiere el memorándum Las mujeres en riesgo en Chihuahua: entre la ocupación militar y policiaca, la violencia y el narcotráfico. Ese documento, enviado a los asesores de política exterior del Congreso de Estados Unidos el 27 de enero de 2010, sostiene que, pese a la presencia masiva de las fuerzas de seguridad en esa entidad, aumentaron significativamente los asesinatos, extorsiones, robos y denuncias por violaciones a los derechos humanos.

Chihuahua es la entidad federativa del país que reúne el mayor número de recomendaciones de instancias nacionales e internacionales por la persistente violación de derechos humanos contra niñas y mujeres. “Al día de hoy, es aún más riesgoso vivir en esa entidad por los altos índices de asesinatos y secuestros que afectan a ese sector de la población”, cita el memorándum firmado por Maureen Meyer, de la Oficina de Washington para América Latina (WOLA, por sus siglas en inglés); Luz Esthela Castro, del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm), y Gustavo de la Rosa, visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).

El 13 de junio de 2009, Kenneth Roth, director ejecutivo de la organización Human Rights Watch (HRW), solicitó a Hillary Clinton, secretaria de Estado, que el gobierno de Barack Obama no certificara que México cumplía con los requisitos que establece la Iniciativa Mérida.

La misiva de HRW argumentaba que tal certificación del gobierno estadunidense era improcedente “mientras los abusos cometidos por el Ejército Mexicano continúen siendo juzgados por tribunales militares y no por autoridades civiles”. Además, sostenía que México “no ha cumplido con su obligación de investigar y juzgar la creciente cantidad de abusos graves cometidos por las fuerzas castrenses como: violaciones, asesinatos, torturas, desapariciones y detenciones arbitrarias que quedan en la impunidad”.

Un mes después, la organización Amnistía Internacional solicitó al gobierno estadunidense que retuviera el 15 por ciento de los fondos de la Iniciativa Mérida en tanto el gobierno mexicano no cumpliera con sus obligaciones en el ámbito de las garantías individuales. El 5 de agosto, el senador demócrata Patrick Leahy, presidente del Subcomité de Adjudicaciones sobre Asuntos Extranjeros del Senado, se hizo eco de las demandas de ambas organizaciones y se opuso a que el informe del Departamento de Estado emitiera una opinión favorable sobre los derechos humanos en México en el marco de la llamada “guerra contra el narcotráfico”.

El legislador por Vermont hizo notar que el informe de la Sección 1406 (b) de la Ley de Apropiaciones Suplementarias de 2008 y la Sección 7045 (e) (1) de la Ley de Antología de Apropiaciones –relacionado con los derechos humanos en México– no incluía avances en esa materia. Describió que también inquietaba a los congresistas la “falta de progreso y de transparencia en casos que involucran alegatos contra el personal militar mexicano”, aunque sostuvo que apoyaba al gobierno mexicano y anunció que el Congreso proveería a México, sin condiciones, del 85 por ciento de los fondos asignados a la Iniciativa Mérida.

Sólo se condicionó la liberación del 15 por ciento restante de los fondos (unos 43 millones de dólares) hasta que la Secretaría de Estado reportara al Congreso “que el Ejército Mexicano es responsable de respetar la ley”; es decir, perseguir a militares y agentes policiacos que violan los derechos humanos. A más de dos años después de estas advertencias, persisten los abusos contra mujeres, según el memorándum Las mujeres en riesgo en Chihuahua: entre la ocupación militar y policiaca, la violencia y el narcotráfico, que se remitió al Capitolio estadunidense el 27 de enero de 2009.

Maureen Meyer, coordinadora de Programas para México y Centroamérica de la WOLA, explica que su tarea es constatar que el gobierno mexicano cumpla sus compromisos sobre derechos humanos, lo que verifica a través del trabajo con organizaciones de ambos países. Describe que este memorándum se centró en la situación de las mujeres de Ciudad Juárez “porque el Congreso ha expresado en varias ocasiones su preocupación por los feminicidios y la falta de investigación en varios de los asesinatos que han sucedido desde 1993”.

Confía que, tras conocer la vulnerabilidad de las mujeres en el contexto actual de Ciudad Juárez, el próximo informe del Departamento de Estado sobre la Iniciativa Mérida subraye los efectos de la masiva presencia militar y de la Policía Federal en los operativos antidrogas, y pida al gobierno mexicano que cumpla con el requisito de investigar y sancionar a los responsables de violar los derechos humanos.

Crímenes de género

El memorándum refiere que, de acuerdo con la Unidad Especializada en Delitos Contra la Vida de la Subprocuraduría de Justicia del estado de Chihuahua, en 2009 fueron asesinadas 184 mujeres, una cifra récord que triplica el registro más alto de los años más críticos del feminicidio en Ciudad Juárez.

De esos asesinatos registrados, sólo 25 son investigados por la Fiscalía Especializada en Homicidios contra Mujeres, pues son considerados “un asunto de género y no del crimen organizado”, refiere el documento. En los asesinatos de mujeres, destaca el elemento sexual, cometido con gran violencia física, atribuible a comandos que portaban armas de alto poder, como ocurrió con Josefina Reyes, quien desde 2008 denunció públicamente la desaparición de uno de sus hijos a manos del Ejército Mexicano.

Desde entonces, ella participaba en protestas contra la violencia y abusos a los derechos humanos perpetrados por militares. El 3 de enero de 2009 fue asesinada por un grupo armado en Ciudad Juárez. Un testigo afirmó que Josefina luchaba contra unos hombres que intentaban secuestrarla mientras le decían: “Te crees muy chingona porque estás con las organizaciones”. Segundos después le dispararon en la cabeza. Según el memorándum, hasta ahora su asesinato permanece impune y las autoridades no han informado de avances en las investigaciones.

Conforme a la información enviada al Congreso estadunidense, se conoce que en noviembre de 2009, dos mujeres fueron asesinadas en Ciudad Juárez. Horas después aparecieron dos mantas (narcograffitis) con referencias explícitas al hecho, por lo que, acota el documento, parecería que “uno de los cárteles habría ordenado matar a miembros de las familias de los cárteles enemigos, incluidas las mujeres”.

Esa forma de actuar, describe el memorándum, significaría que las mujeres “en este momento de guerra contra el narcotráfico están siendo el arma y la herramienta para humillar al otro; se están volviendo el botín de guerra del narco”, observó Laura Carrera, titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.

Violaciones, acoso y escarnio

En los retenes policiacos y militares, las mujeres sufren hostigamiento sexual y en las ciudades o poblados son blancos de disputas entre organizaciones traficantes de drogas. Otra expresión de la vulnerabilidad cotidiana de las mujeres en Chihuahua es la política de secretismo que aplican las fuerzas armadas cuando madres, hijas o hermanas encabezan la búsqueda de justicia para sus familiares detenidos y desaparecidos.

Entre 2008 y 2009, el Cedehm conoció 12 casos de violaciones sexuales tumultuarias perpetradas por hombres armados en Chihuahua, aunque sólo una mujer presentó la denuncia. El informe al Congreso advierte que en el contexto de inseguridad e impunidad que prevalece en la entidad es difícil saber si los responsables son militares, policías o grupos de la delincuencia organizada.

Claudia conducía a su trabajo en Ciudad Juárez cuando la detuvo una unidad de militares. Le pidieron que descendiera de su automóvil para revisarlo, orden que acató diciéndoles que lo hicieran rápido porque no quería llegar tarde. Tal apuro molestó a los soldados y le dijeron que la revisarían físicamente; Claudia les preguntó si la inspeccionaría una mujer. En respuesta, ella sólo escuchó las carcajadas de los militares mientras tocaban su cuerpo y le decían: “Qué rico hueles, güerita”.

La recargaron en una camioneta y tocaban sus partes íntimas hasta que una compañera de trabajo pasó por el lugar y al verla cautiva entre soldados se detuvo a preguntarle si todo estaba bien; pasaron unos minutos hasta que, finalmente, uno de los militares dio la orden para dejarla ir.

María fue detenida por un retén de la Policía Federal, situado en la Avenida Tecnológico de la misma ciudad. Una mujer agente la revisó para asegurarse de que no portara armas o drogas y le pidió que pusiera las manos sobre el techo de una camioneta. La agente “revisó todo mi cuerpo varias veces, especialmente el busto y entre las piernas, frente a seis agentes de la policía que observaban ese examen sonriendo. No lloré. Al principio me dio mucho miedo y después me puse muy nerviosa. Al final me dio mucho coraje. Es un claro abuso de autoridad, pero de nuevo: ¿una qué puede hacer?”, plantea esta mujer cuyo nombre y el de la anterior han sido encubiertos luego de que presentaron denuncias ante el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, con sede en Chihuahua.

En su protesta ante la Policía Federal, Gustavo de la Rosa, visitador de la CEDH, refirió que sólo se puede someter a una revisión corporal a quienes son detenidos en flagrancia. En su respuesta, el comandante José Castillo refirió que su personal tiene “instrucciones de revisar a las mujeres para buscar que no traigan armas o droga en su cuerpo, aunque no se tenga evidencia previa”. Agregó el militar que la agente mujer “pone especial atención en el busto porque las mujeres ponen la droga en el sostén, en las pantaletas e incluso en la vagina”.

En 2007, la CEDH recibió tres denuncias de violaciones a los derechos humanos en contra del Ejército. Un año después, cuando comenzó el operativo, ese organismo recibió 162 quejas, de las cuales 88 fueron interpuestas por mujeres, y en el curso de los 10 primeros meses de 2009, la Comisión había recibido 149 quejas, algunas por tortura, desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales: 78 de ellas presentadas por mujeres. Aunque las denuncias apuntan a miembros del Ejército, también han sido señalados elementos de la Policía Federal.

El memorándum de Maureen Meyer, Luz Esthela Castro y Gustavo de la Rosa refiere que de las 886 denuncias recibidas en el Programa de Quejas y Denuncias de la Operación Conjunta Chihuahua, 400 apuntaban a elementos de la Policía Federal, como se observa en la “Respuesta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos a la solicitud de acceso a la información elaborada por el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres número: 035122009”.

Ese documento concluye que “el Ejército y la Policía Federal han sido acusados de varias violaciones a los derechos humanos que continúan impunes”, en el contexto del operativo antidrogas en Chihuahua, mostrando la “inhabilidad” del gobierno mexicano para asegurar la rendición de cuentas por las acciones de sus fuerzas de seguridad.

Otra forma de agresión contra las mujeres de Chihuahua por las fuerzas armadas se manifiesta cuando se ven obligadas a buscar a sus familiares detenidos en operativos del Ejército o la policía o, simplemente, desaparecidos. Cuando solicitan su ingreso a los cuarteles, reciben “groserías y burlas” del personal castrense que les niega que sus parientes estén en esas instalaciones, “a pesar de que ellas fueron testigos de cómo los soldados uniformados se los llevaron de sus casas a bordo de vehículos oficiales”.

José Ángel Alvarado Herrera, su prima Nitza Paola Alvarado Espinosa ?madre de tres niñas? y Rocío Irene Alvarado Reyes fueron detenidos el martes 29 de diciembre de 2009, en la comunidad de Benito Juárez de Buenaventura, Chihuahua, por 10 militares y provistos de armas del Ejército. Inmediatamente, la familia denunció los hechos ante la policía local y ante la Procuraduría General de Justicia del Estado, con sede en Nuevo Casas Grandes, donde el personal se negó a tomarles la denuncia.

Hasta el 31 de diciembre, el Ministerio Público de Buenaventura accedió a levantar la denuncia. Ese mismo día hizo saber a la familia que las tres personas estaban en la sede del Batallón 35 de Infantería porque los “investiga el Ejército”. Pese a esa declaración, hasta la fecha del envío del memorándum al Congreso estadunidense, se trata de un caso de “desaparición forzada” que integraron la propia Cedehm, el 11 de enero de 2010, y la organización Amnistía Internacional en su “Acción Urgente 9/10” del 12 de enero.

Mientras el Congreso espera que el próximo informe del Departamento de Estado preste atención a la información que proporcione el gobierno de México sobre los efectos de la presencia militar y de la Policía Federal en los derechos de las mujeres, la preocupación por el desarrollo de los acontecimientos actuales aumenta. Los firmantes del memorándum reiteran los riesgos que enfrentan los defensores de derechos humanos de Chihuahua y piden que el gobierno asegure su protección. Al respecto, Luz Esthela Castro, coordinadora de la no gubernamental Cedehm y también objeto de amenazas contra su trabajo, expresa su desconfianza: “No creo que nada cambie; continuarán las violaciones a los derechos humanos. No existe voluntad política”.

En una lógica semejante se manifiesta José María Ramos, investigador del Colegio de la Frontera Norte. Plantea que la respuesta del Legislativo estadunidense al desglose de agravios sufridos por la población de Chihuahua a manos de las fuerzas armadas podría traducirse en “una recomendación light para atender los problemas”. Avizora “la posibilidad de que aumenten la inseguridad y las violaciones a los derechos humanos”.

El también sociólogo y especialista en relaciones México-Estados Unidos sostiene que tal escenario es factible si se considera que, por ahora, no es viable un cambio de estrategia del gobierno mexicano, como girar hacia un enfoque de seguridad ciudadana en lugar de privilegiar la seguridad pública que se acompañe del establecimiento de un programa integral con procesos de evaluación.

Contralínea solicitó la opinión de las diputadas mexicanas integrantes de las comisiones de Asuntos de Género, Seguridad y Derechos Humanos sobre la evaluación que hace el memorándum. Al cierre de edición, no hubo respuesta.

“Refugio de la libertad, custodia de la república”

El Operativo Conjunto Chihuahua entró en vigor en abril de 2008 cuando Ciudad Juárez alcanzó una tasa de homicidios de 130 por cada 100 mil habitantes; pero 20 meses después, la tasa de homicidios aumentó a 191. Así, en ambos años, Juárez registró la tasa de asesinatos más alta del país y una de las más altas del mundo, describen Maureen Meyer, Luz Esthela Castro y Gustavo de la Rosa. Agregan que, entre diciembre de 2006 y diciembre de 2009, las ejecuciones en todo el país “sumaron más de 15 mil”; aproximadamente 35 por ciento ocurrió en Chihuahua.

Con esas estadísticas, la ciudad más grande del estado más extenso del país se perfiló como la más violenta. Esa realidad contrasta con su lema que reza: “Ciudad Juárez, refugio de la libertad, custodia de la República”.

Las cifras de asesinatos no tienen un autor definido. Aunque el memorándum apunta a los miembros de las fuerzas armadas, también es importante la acción del narcotráfico, como indica el estudio Los homicidios y la violencia organizada en México (Atlas de Casede, 2009), de Malgorzata Polanska, que en una de sus partes señala: “En 2007, las muertes vinculadas con las actividades de los cárteles constituyeron casi el 25 por ciento de los homicidios en todo el territorio mexicano”.

La investigadora agrega que la región norte-occidente del país presenta el incremento en las tasas de homicidios y ejecuciones más notable, lo que significaría “que las actividades del narcotráfico se han vuelto la causa más importante de homicidios”. La académica concluye que el esfuerzo contra el crimen organizado no ha sido exitoso por el aumento de las ejecuciones y la violencia extrema. (NE)



Fuente: Contralínea 170 / 21 de febrero de 2010