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La guerra contra el narcotráfico, promovida por Felipe Calderón, tiene un saldo –hasta el momento– de más de 4 mil niños y adolescentes muertos, en la orfandad o que han sido reclutados por sicarios. “La violencia usada como método para combatir el crimen organizado se pone por encima de la vida y los derechos de la población más vulnerable”: Red por los Derechos de la Infancia en México

Elizabeth Martínez Medrano, de un año cinco meses, murió en medio de un fuego cruzado. La bala, denunció la prensa, provino de los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Ella viajaba en brazos de su madre en un autobús, en la carretera Reynosa-Río Bravo, cuando un grupo de soldados disparó contra supuestos sicarios. La descarga perforó el estómago de Elizabeth.

“La pequeña perdió la vida en una acción militar, en una evidente y dolorosa violación a sus derechos”, señala la Red por los Derechos de la Infancia en México (RDIM). Su asesinato, reclama, se suma a una cadena de hechos que exhiben el grave impacto de las políticas de seguridad pública, adoptadas por la administración actual, contra la seguridad y los derechos humanos.

Tan sólo el 31 de enero fueron ultimados en Ciudad Juárez, Chihuahua, 12 adolescentes, de entre 15 y 17 años, a mano de un grupo de pistoleros cuando participaban en un festejo estudiantil. Una hora después, en la zona centro de Torreón, Coahuila, sujetos armados dispararon contra 25 personas. Adolescentes de entre 14 y 16 años resultaron heridos.

Según datos de la RDIM, de diciembre de 2006 a marzo de 2009, 110 niños murieron en fuego cruzado entre fuerzas militares y de seguridad e integrantes de la delincuencia organizada. En ese periodo, los menores asesinados se cuentan en 63, mientras que 427 fueron reclutados por sicarios. Además, se calcula que al menos 3 mil 700 niños quedaron en orfandad como resultado de la estrategia contra el narcotráfico impulsada por Felipe Calderón.

Respecto del caso de la niña Elizabeth Martínez, la asociación civil demandó, en una carta dirigida a Felipe Calderón el 29 de diciembre, la investigación de los hechos, la sanción de los responsables y la reparación del daño.

Exigió poner fin a las políticas de seguridad que arriesgan la integridad de los civiles; en particular, demandó que el Ejército Mexicano ya no realice esas tareas. También propuso la creación de una defensoría independiente para los derechos de la infancia.

La Convención sobre los Derechos de los Niños (CDN) define la violencia como toda forma de perjuicio, abuso físico o mental, descuido, trato negligente y explotación. Consagra que el deber del Estado es preservar la vida del niño, garantizar su supervivencia, desarrollo y protección contra toda forma de de violencia.

La violencia crece, advierte la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en los países que adoptan medidas de represión contra la delincuencia organizada sin una estrategia de prevención, un sistema fidedigno de datos y un pleno respeto a los derechos humanos. Según su Informe del experto independiente para el estudio de la violencia contra los niños, la arbitrariedad, la ineficacia y la imposición violenta de la ley contribuyen a ese incremento.

Defensores de los derechos de la niñez sostienen que el Estado mexicano no garantiza la protección y seguridad de la población más vulnerable. “Por el contrario, la violencia se justifica como solución de conflictos y se pone la guerra contra el crimen organizado por encima de la vida de niños y adolescentes”.


Operativos, por encima de las vidas de los niños

Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de la RDIM, dice que “hablar de 110 niños muertos es hablar de serias fallas en el Estado mexicano para garantizar la protección de los menores”. Arguye que en el entendido de que se ponen vidas en riesgo en los operativos militares, el Ejército tiene la obligación de frenar su acción y usar otras estrategias. “De otra manera advierte, se pondera la acción militar sobre la vida de las personas”.

La ONU establece criterios para que las fuerzas militares y de seguridad garanticen la seguridad de la población en los enfrentamientos por fuego cruzado; no obstante, “prevalece la acción policiaca o militar sobre la seguridad de los civiles. Eso violenta los derechos humanos”.

Aclara que no se trata de negar la obligación del Estado frente al delito, mas en el mismo nivel de prioridad debe estar la integridad de las personas y el cuidado de las garantías individuales.

Con motivo del Examen periódico universal, en febrero de 2009, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU sugirió que el Estado mexicano realizara las investigaciones de las violaciones a derechos humanos cometidas por las fuerzas militares y de seguridad, procesara a los responsables e indemnizara a las víctimas. Además recomendó la revisión del Código de Justicia Militar para alinearlo con las obligaciones internacionales en derechos humanos.

Ya desde 1994 el Comité de los Derechos del Niño, órgano de expertos independientes que supervisa la aplicación de la CDN, expresaba su preocupación por la cantidad de denuncias contra las fuerzas militares y de seguridad responsables de maltrato a menores en México. Se dijo inquieto por la falta de castigo y propuso que ese tipo de delitos se juzgaran en tribunales civiles.

Para Pérez García, lo que se ha logrado obtener es impunidad, pues en la mayoría de los casos no hay cárcel, y cuando sucede se aplican sentencias pequeñas como el cambio de adscripción, arrestos y los descensos de rango.

“El hecho de que se garantice la impunidad al Ejército en la guerra contra el narcotráfico implica que las vidas civiles no tienen mayor trascendencia. Se consideran sólo como costos colaterales; la vida de un niño no puede estimarse así”, expresa.

Bajo esa premisa, opina, resultan más graves los casos de fuego cruzado, pues tampoco hay un debido proceso y no se encuentra a los responsables. “Las actuaciones tienen poca institucionalidad porque se prioriza el estigma sobre los involucrados en los delitos. Ese hecho no tendría por qué omitir la garantía de sus derechos humanos”.

Enumera que se descuida la escena del crimen; no hay evidencia de cómo el gobierno garantiza la protección de menores, y no hay claridad del porqué los menores se ven inmiscuidos en estos hechos de sangre.

La RDIM subraya que las fuerzas militares y de seguridad pública deben ajustarse a los protocolos de actuación. También se debe crear un registro sistemático de los casos, pues “la falta de información y la complejidad para conocer los casos es todavía mayor cuando un niño muere en un operativo”.

Menores reclutados en el narcotráfico

Según las estimaciones de la Red por los Derechos de la Infancia en México, desde el inicio de la administración de Felipe Calderón, más de 400 niños y adolescentes han sido reclutados por el crimen organizado.

Araceli Borja Pérez, representante del Sistema de Protección Integral de Save the Children México, precisa que es un fenómeno resultado del desempleo, de la falta de oportunidades y de una política educativa que no es la respuesta: “La comunidad no les da las herramientas para involucrarlos en otras actividades; ven en la delincuencia organizada un modo de subsistencia”.

La activista refiere que menores entrevistados confiesan su aspiración a ser narcotraficantes o pertenecer a algún grupo del crimen organizado: “Saben que se van a morir, pero dicen que prefieren vivir bien un corto tiempo que vivir una vida larga de pobreza”.

Expresa que el empoderamiento del narcotráfico está muy cerca de adolescentes que ya no pueden continuar sus estudios por falta de recursos: “Es difícil permanecer en la educación y sólo tienen dos opciones: emigrar a Estados Unidos o quedarse e integrarse a esos grupos”.

A su vez, coincide Pérez García, el que un número importante de detenidos y ejecutados sean adolescentes habla de una omisión grave en la previsión social: “No tienen oportunidad de construirse un proyecto de vida. El Estado mexicano debe corregir sus políticas para garantizarles seguridad, oportunidades educativas, de salud y laborales”.

En su opinión, hay más golpes espectaculares que acciones puntuales. Mientras se responsabiliza a los menores, con el Programa Mochila Segura y pruebas antidopaje en las escuelas, “el problema es la violencia normalizada como una forma de solucionar conflictos”.

Indica que no se invierte en prevención y más del 90 por ciento del presupuesto se va a gasto militar y policiaco. “Se trata de que el Estado actúe frente al delito de una manera inteligente y que ponga en el centro la integridad de los niños”.

De acuerdo con las leyes nacionales y la CDN, los menores involucrados en un acontecimiento de este tipo no pueden ser considerados como delincuentes. Según el activista, son inimputables y están en conflicto con la ley: “Los menores vinculados al narcotráfico son víctimas y requieren de una atención diferenciada”. Valora que el gobierno mexicano es poco cuidadoso al abordar el tema.

Asesinatos y proliferación de armas de fuego

Desde hace ya casi 25 años, indica Save the Children México, cada día mueren por asesinato dos niños menores de 14 años en el país. El 10 por ciento de esas muertes ocurren por arma de fuego.

Según el reporte La infancia cuenta en México 2009, de la Red por los Derechos de la Infancia en México, la tasa de homicidios de niños de entre cero y cuatro años fue de 1.3 por cada 100 mil habitantes en 2007, es decir, 126 niños perdieron la vida.

La población de cinco a nueve años alcanzó un promedio de 0.5 muertes por cada 100 mil habitantes, y en menores de 10 a 14 años, la relación fue de uno. En 2007, la tasa de asesinatos en adolescentes de 15 a 17 años alcanzó las 5.3 muertes por cada 100 mil habitantes. En total se contaron 339 fallecidos durante ese año.

Juan Martín Pérez García asegura que hay una relación entre el incremento de la noción de inseguridad, que el gobierno mexicano ha impulsando, con la necesidad de armarse.

El director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México apunta que el mercado de armas de fuego, aunado a la corrupción y el crimen organizado, se traduce en que los niños estén más expuestos. Estima que hay más de 30 mil armas al alcance de los menores. Define como necesario que el Estado mexicano realice acciones para combatir el mercado negro, que por ahora no están bien definidas.

La Ley Federal de Armas prohíbe la producción y la libre comercialización de armas en México; no obstante, el 90 por ciento proviene del tráfico ilegal desde Estados Unidos, lo que ocasiona así una falta de control sobre la adquisición, tráfico, posesión y portación.

En México, poseer un arma de fuego no requiere de la expedición de ningún tipo de permiso o registro, y tampoco se limita la cantidad de armas que puede haber en un domicilio.

Hay más de 15 millones de armas ilegales circulando en las 32 entidades federativas del país. De acuerdo con la Sedena, 2 mil 500 personas al mes las adquieren legalmente. El Buró de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego de Estados Unidos estima que cada año cruzan ilegalmente la frontera 300 mil nuevas armas, granadas, metralletas, lanzacohetes y cohetes antitanque. Sólo en 2008 se decomisaron 20 mil 915.

El director ejecutivo de la RDIM advierte que si no se reduce el número de armas ligeras en el país, la guerra contra el narcotráfico termina por ser una ilusión: “Una sociedad armada es fácil que detone frente a la violencia”.

Violencia, estado natural

La última edición del Estado mundial de la infancia, del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, señala que de 500 a 1 mil 500 millones de niños son víctimas de violencia. Únicamente el 2.4 por ciento de la población infantil en el mundo, estima Save the Children, tiene la misma protección legal contra la violencia que los adultos.

A nivel mundial, en 2002, el 65 por ciento de los niños y adolescentes en edad escolar informaron haber sido intimidados verbal o físicamente en la escuela. Mientras que 150 millones de niñas y 73 millones de niños informaron haber experimentado relaciones sexuales forzadas.

Juan Martín Pérez García, de la Red por los Derechos de la Infancia en México, observa que mientras los niños padecen directamente la violencia, crecen en un entorno donde ésta se naturaliza y justifica como forma de solución de conflictos.

La representante del Sistema de Protección Integral de Save the Children, Araceli Borja Pérez, describe que los niños son testigos diarios de la violencia. En el hogar, la escuela y la comunidad, las ejecuciones, los disparos y enfrentamientos son comunes. Además, señala, son espectadores de la impunidad y aprenden que el delito no se castiga.

Tanto es así, ejemplifica, que en Monterrey las escuelas utilizan alarmas para prevenir a los alumnos sobre la presencia de pandillas: “Hay una afectación en la vida de los niños por la violencia. No se puede decir que hay una zona segura”. La repercusión, expone, es que el niño que crece en un ambiente violento perpetúe esa violencia o viva con miedo y sin creer en el país.

Observa que si la violencia es un problema estructural, atañe a todos: “Como adultos estamos obligados a crear un estado de derecho que evite la violencia y que fomente una ciudadanía desde la infancia”.

La activista enuncia que la violencia se ataca al enseñar a los menores a desarrollar habilidades de paz. En los padres, dice, es necesario promover estrategias de disciplina positiva y una crianza con ternura, mientras que las autoridades deben crear sistemas de protección que defiendan los derechos de la niñez y armonizar su política.

También subraya la necesidad de que la Ley de Protección a los Derechos de la Niñez sea renovada, se fortalezca, se incremente en sus artículos y se armonice en cada entidad federativa.

“Si la sociedad –concluye Borja Pérez– no hace algo con medidas preventivas, armonizando sus relaciones y promoviendo el buen trato, no hay esperanza en el futuro. Hay que ser más asertivos en el actuar porque la violencia nos está rebasando”.




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