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Para 2010 el Estado mexicano gastará en los grupos vulnerables 12 por ciento menos que la cantidad mínima propuesta por la Comisión de Equidad de Género de la Cámara de Diputados. A pesar de que la atención a los enfermos con VIH es insuficiente, el año próximo no se incrementará en nada y quedará en 167.7 MDP, tres veces menos de lo que el país requiere. Además, quedaron fuera de asignación de recursos los programas destinados a mujeres migrantes, embarazadas y reclusas indígenas

Aunque en términos nominales el presupuesto destinado a grupos vulnerables aumentará en 17 por ciento el próximo año, el Estado mexicano estará relegando a los sectores más desprotegidos de la sociedad. El monto es menor en 12 por ciento a lo señalado por legisladores como lo necesario para atender a sectores desamparados.

De acuerdo con el Anexo 10 del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2010 aprobado por la Cámara de Diputados, el monto total de los recursos destinados a promover la equidad y la igualdad de género es de 10 mil 630 millones de pesos. Aunque el gobierno federal dice que se trata de un aumento nominal de 1 mil 352 millones con respecto al ejercicio anterior, legisladores integrantes de la Comisión de Equidad de Género señalan que el dinero es 12 por ciento por debajo de lo necesario.

Así, una regresión franca ocurrirá con lo destinado a combatir el VIH/Sida y la mortalidad materna, pues en términos nominales quedó prácticamente igual, lo que significa que en términos reales será inferior.

Para el Programa de Prevención al VIH y otras enfermedades infecciosas de transmisión sexual se pedía un monto de 167.7 millones de pesos. El monto aprobado fue tres veces inferior: de apenas 55.9 millones. Y a Prevención de Mortalidad Materna se destinó sólo 46 por ciento de lo propuesto por la Comisión de Equidad de Género, es decir, contará con 259.5 millones de pesos.

La Comisión de Equidad de Género logró ampliar en el gasto etiquetado para mujeres en 5 mil millones de pesos. Pero no se etiquetaron ni se asignaron recursos a programas como el de atención a mujeres migrantes, reclusas indígenas y becas para jóvenes mujeres y embarazadas ni al Programa Integral para Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres.

Así, el PEF 2010 no presenta una estrategia integral, planeada y con las asignaciones suficientes para garantizar derechos ciudadanos. Organizaciones de la sociedad civil denuncian que para el país representará un alto costo social y político.

La Ley General de Desarrollo Social establece, en su artículo 11, que la política nacional de desarrollo tiene como objetivos: propiciar las condiciones que aseguren el disfrute de los derechos sociales, individuales o colectivos; promover un desarrollo económico con sentido social que propicie y conserve el empleo, eleve el nivel de ingreso y mejore su distribución; fortalecer el desarrollo regional equilibrado, y garantizar formas de participación social.

El Comité de Pacientes que Viven con VIH-Sida del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER), la Coalición por la Salud de las Mujeres y representantes de grupos de personas con discapacidad advierten que “se afectará el cumplimiento del derecho al bienestar social, en particular de los primeros deciles de la población, que suman más de 54 millones de mexicanas y mexicanos”.

Atención y prevención de VIH/Sida, en riesgo

México ocupa el tercer lugar de América y el Caribe en número absoluto de casos de Sida. Desde 1983 y hasta marzo de 2009, el Centro Nacional para la Prevención del VIH-Sida (Censida) tenía reportados 130 mil 969 casos, aunque debido al subregistro esa cantidad podría llegar hasta los 195 mil. En 2008 se observó el mayor número de casos nuevos en los últimos cuatro años, con 5 mil 151 infectados. Cada año en México mueren 3 mil personas a causa del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (Sida).

Pese a las cifras, el programa presupuestario P016 de Prevención y Atención al VIH y otras enfermedades de transmisión sexual no tendrá ninguna variación en cuanto a dinero ejercido en 2010.

Desde 2004, el gobierno federal asignó a hospitales de alta especialidad e institutos nacionales del Sistema Nacional de Salud un porcentaje del presupuesto dentro del programa Impulsar la Prevención y/o Atención del VIH-Sida en la Población. “La importancia de esta medida –describen las organizaciones civiles– se ve minimizada al analizar la orientación de los recursos”.

Según alertan las organizaciones, el desdén presupuestario afectará la compra de condones y pruebas rápidas de detección, la realización de campañas de prevención y el financiamiento a asociaciones civiles que trabajan con poblaciones clave (trabajadores y trabajadores del sexo comercial y personas privadas de su libertad).

La afectación más grave podría ocurrir en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, que atiende al mayor número de pacientes con el Virus de Inmunodeficiencia Humana que provoca Sida.

Las organizaciones expresan que el regateo de recursos a este hospital “llama la atención” porque el instituto cuenta con el Centro de Investigación de Enfermedades Infecciosas (Cieni), que atiende en forma ambulatoria y hospitalaria a 1 mil 200 pacientes al año.

Refieren que el INER ha logrado disminuir de 30 a 23 por ciento las muertes a causa del Sida; no obstante, la mortalidad en el instituto es la mayor. La reducción gradual es producto de “una cada vez mejor atención de los pacientes ambulatorios y hospitalizados por el personal altamente especializado del Cieni”.

El centro brinda atención multidisciplinaria y su número de consultas es mayor a las 5 mil por año. Hasta septiembre de 2009, el Cieni había realizado más de 30 mil estudios de laboratorio a infectados de VIH-Sida.

Las organizaciones prevén un aumento en la mortalidad hospitalaria de los pacientes a cifras de hace más de cinco años, pues habrá escasez de fármacos para tratar enfermedades asociadas al Sida y de suplementos nutricionales para disminuir los efectos de la malnutrición.

También se dificultarán los diagnósticos precisos por la falta de equipo y se practicarán menos procedimientos quirúrgicos, lo que “resultará en mayores errores y, por tanto, en el uso menos racional del tratamiento”.

El Cieni forma a 20 estudiantes de diversas disciplinas. Cada uno conduce o desarrolla proyectos clínicos. De acuerdo con las organizaciones, es el grupo más productivo científicamente, pues este año publicarán más de 10 investigaciones en revistas internacionales.

Además, conduce un proyecto en el que colaboran 14 estados y el primer proyecto mesoamericano en VIH-Sida para determinar la resistencia primaria y secundaria del virus a los antirretrovirales. De disminuir el presupuesto, se afectaría la formación de recursos humanos especializados para el país y se detendrían investigaciones que ayudan a guiar las políticas de salud.

Advierten que si el mantenimiento de los equipos no se realiza con calidad y frecuencia óptimas, habrá riesgo de que pacientes y personal contraigan infecciones.

Discriminación a personas con discapacidad

Las organizaciones civiles advierten que el PEF 2010 pone en riesgo a todo el precario entramado de políticas públicas dirigidas a ese sector. Señalan que con ello se cuestionan los compromisos adquiridos en la ratificación de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, “que tanto se ufana México en haber impulsado”, además de los propios en el Plan Nacional de Desarrollo y el Programa Nacional para el Desarrollo de las Personas con Discapacidad.

El instrumento internacional establece la adopción de políticas públicas y adecuación institucional para garantizar los derechos de todas las personas con discapacidad en igualdad de condiciones. “El PEF 2010 –expresan– no permite, ni siquiera, asegurar la accesibilidad a los espacios y servicios de uso público en materia de salud, educación, cultura, deporte y esparcimiento”.

Omisión y opacidad en gasto para mujeres

El análisis Eficiencia del gasto etiquetado para mujeres: elementos críticos al PPEF 2010. Propuestas de la ciudadanía, realizado por la Coalición por la Salud de las Mujeres, dice que se anuncian disminuciones importantes en programas y políticas sensibles para las mujeres y el impulso de la igualdad, “dos asignaturas con alto rezago en nuestro país”, lo que “contraviene el principio de irreductibilidad del gasto público y contradice la voluntad política de concretar acciones”.

Integrado por nueve organizaciones (Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad; Comunicación e Información de la Mujer; Fundar, Centro de Análisis e Investigación; Grupo de Información en Reproducción; IPAS–México; Kinal Antzetik Distrito Federal; Fundación Mexicana para la Planeación Familiar; Salud Integral para la Mujer, y Comité Promotor por una Maternidad Sin Riesgos en México), el colectivo señalaba desde antes de la aprobación del PEF 2010 que el gobierno no acreditaba un interés por los derechos como salud, educación y a una vida libre de violencia.

Advertían de la posibilidad de que en el próximo año deje de completarse el esquema de vacunación para la prevención de cáncer cérvico uterino; de sostenerse los refugios para mujeres que sufren de violencia extrema, y la apertura de clínicas para la detección y atención del cáncer de mama. También alertaron la disminución de acciones en pro de la disminución de la mortalidad materna, la cual aumentó en 2008.

La obligación de asignar recursos con criterios de equidad de género está contenida en los decretos del Presupuesto de Egresos de la Federación de los ejercicios fiscales 2007, 2008 y 2009, y 2010; sin embargo, “la plataforma normativa no ha garantizado ni la permanencia ni la irreductibilidad en el gasto social”.

Para 2009, el Gasto Etiquetado para Mujeres y la Igualdad de Género (GEMIG) sumó 8 mil 981 millones 600 pesos; sin embargo, el Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género, de la Cámara de Diputados, identificó 293 millones 300 mil pesos previstos que no fueron desagregados (Contralínea 143).

Así, el Anexo 10 Presupuesto para Mujeres y la Igualdad de Género incluye los gastos etiquetados del Programa Oportunidades para las secretarías de Educación, Desarrollo Social y Salud. No obstante, sus aportes a la estrategia “Erogaciones para la igualdad entre hombres y mujeres” no están desagregados ni especificados.

Negligencia en recursos para mortalidad materna

De 2007 a 2008 se registró un incremento de 1.4 por ciento en muertes de mujeres en labores de parto, es decir, que 1 mil 115 mujeres más fallecieron durante el parto. Entre las causas, señala la Coalición de la Salud por las Mujeres, está la deficiente capacidad de respuesta satisfactoria y resolutiva de los servicios de salud ante complicaciones obstétricas, sobre todo para la población abierta.

Sin embargo, “al transferir la gran mayoría de los recursos a través del Seguro Popular, será sumamente difícil que se logren las metas definidas por el ámbito federal para el año 2012”, según el documento Eficiencia del gasto etiquetado para mujeres: elementos críticos al PPEF 2010. Propuestas de la ciudadanía.

“El sostenido y significativo aumento del presupuesto en el ramo 12 –indica el estudio–, a través del Seguro Popular, no ha significado la disminución de la mortalidad materna”.

De acuerdo con la coalición, ello se explica por la debilidad operativa que afecta a los programas, el que no se cuente con recursos etiquetados y por el diseño financiero del programa. Además, “la disociación entre gasto y programas afecta el avance en el otorgamiento de servicios de salud de calidad”.

Olvidada, salud sexual y reproductiva

En 2006, la Asamblea General de las Naciones Unidas acordó lograr el acceso universal a la salud reproductiva para 2015; sin embargo, observa la Coalición por la Salud de las Mujeres, en el PEF 2010 son invisibles o inexistentes en una serie de programas, acciones y estrategias relacionadas con la provisión de servicios.

“El contexto de reducción real del gasto social –reflexiona el colectivo– significa que el Estado mexicano está renunciando a su responsabilidad social en la garantía constitucional del derecho a la salud. ¿Qué pasará cuando la población identifique al Estado como violador de sus derechos humanos y sus garantías constitucionales? ¿No será esta percepción un elemento que agravará la inseguridad nacional?”

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