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Agencias e instituciones de México y Estados Unidos señalan que los escenarios de confrontación e inseguridad a nivel mundial persisten y se extienden. Mientras la administración de Obama apuesta a la tecnología para contener las amenazas a su seguridad nacional, el gobierno mexicano crea instituciones cuyos resultados no se transparentan

Los riesgos y las amenazas a la seguridad nacional están en constante evolución; su entorno es complejo, dinámico y provienen de múltiples frentes, diagnostica el Programa para la Seguridad Nacional 2009-2012, publicado por el Ejecutivo federal el 20 de agosto pasado. Según el documento, la globalización provocó cambios “en la dirección, intensidad y expresión de aquellos elementos del entorno internacional que tienen potencial para vulnerar la seguridad nacional del país”. Advierte que la transformación del escenario geopolítico mundial permitió que emergieran nuevos actores y se fortalecieran los ya existentes, así como las tensiones internacionales; en consecuencia, señala, son más probables los escenarios de confrontación en zonas de importancia geoestratégica para el país.

La idea del gobierno de la amenaza terrorista se integró a la institucionalidad mexicana dos años antes, el 28 de mayo de 2007, cuando la Secretaría de Gobernación (Segob) estableció el Comité Especializado de Alto Nivel en materia de Desarme, Terrorismo y Seguridad Internacionales. Conforme al acuerdo que le dio origen, ese comité auxilia al Consejo de Seguridad Nacional, el cual es presidido por el Ejecutivo federal y está integrado por los titulares de las secretarías de Gobernación; Defensa Nacional (Sedena); Marina Armada (Semar); Seguridad Pública (SSP), Hacienda y Crédito Público (SHCP); Función Pública (SFP); Relaciones Exteriores (SRE), y Comunicaciones y Transportes (SCT). Asimismo, participa el titular de la Procuraduría General de la República (PGR) y el del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).

El objetivo del Comité Especializado es coordinar el cumplimiento de los “compromisos internacionales en la materia, en el ámbito nacional” y actúa como autoridad nacional responsable del enlace con otros países y el ámbito interno. Su órgano ejecutivo es la Secretaría General, que recae en el Cisen; lo preside la Segob e integran las mismas secretarías que participan en el consejo, salvo la Función Pública. Pero además de las observaciones que el gobierno hizo llegar en enero de 2008 al Programa para la Destrucción de Minas Antipersonales de Naciones Unidas, sus actividades y resultados no han trascendido a la sociedad.

A 27 meses del anuncio de su creación, se volvió a citar el nombre del comité en un anuncio gubernamental, esta vez dentro del Programa de Seguridad Nacional 2009-2012: explica que ese Comité Especializado de Alto Nivel en Materia de Desarme, Terrorismo y Seguridad Nacional “cuenta con grupos operativos de carácter permanente en materias como armas nucleares, armas químicas y biológicas, armas convencionales, lucha contra el terrorismo, seguridad internacional y armonización legal y administrativa”.

Con el propósito de conocer los resultados obtenidos por ese órgano hasta febrero de 2008 (el presupuesto ejercido desde su constitución, si funciona en un espacio físico del Cisen, así como la cantidad de sesiones que ha realizado y la agenda de trabajo que tiene), la Unidad de Enlace para la Transparencia y Acceso a la Información de la Segob recibió la solicitud de información pública 400019108. La única respuesta que brindó la dependencia indica que el 20 de julio de 2007 se llevó a cabo la sesión de instalación de ese comité; hace notar la “inexistencia” del resto de la información a pesar de que el peticionario interpuso un recurso de revisión.

Conflicto y criminalidad

Pese a esas transformaciones institucionales en materia de seguridad nacional desde México, el “recambio del sistema internacional” que siguió a los ataques en Estados Unidos del 11 de septiembre de 2001 integró al país en el nuevo perímetro de seguridad estadunidense, aprecia Abelardo Rodríguez, autor de la investigación La urgente seguridad democrática (2008). Estima también que ese nuevo entorno “trastoca la seguridad doméstica en el sistema de justicia, la transición democrática y su calidad, así como el avance de los sistemas de inteligencia (en donde las fuerzas armadas también resultan afectadas por las circunstancias nacionales e internacionales).

Opina que a partir del nuevo contexto internacional “incierto e inseguro”, los cambios que tuvo que emprender el gobierno mexicano involucran, entre otros, los ámbitos espacial, aéreo, financiero y legal, además de las transformaciones que la propia transición política había obligado a replantear hacia una seguridad nacional democrática. Sin embargo, los efectos de la trasnacionalización del crimen en el país aumentaron la tensión sobre el Estado “porque trastocaron sus contornos”, indica Rodríguez, también miembro del Colectivo de Análisis para la Seguridad con Democracia.

Al respecto, Jorge Luis Sierra, especialista en temas militares y seguridad nacional, considera que ese clima provoca que México esté involucrado en un conflicto entre sus fuerzas armadas y las policías federales contra diversas bandas del narcotráfico y la delincuencia organizada, responsables de una violencia creciente que en los últimos tres años ha dejado casi 13 mil personas muertas (la mayoría, integrantes de esas bandas enfrentadas entre sí).

“La Evaluación nacional de la amenaza de las drogas, 2009 (diciembre de 2008), del gobierno estadunidense, estima que ninguna otra organización criminal rivaliza con la influencia adquirida por los cárteles mexicanos”, indica Sierra. Según la evaluación, los cárteles obtienen una ganancia estimada en 25 mil millones de dólares anuales y son capaces de introducir 10 mil millones de dólares cada año a México, equivalente a 2.3 veces el presupuesto conjunto de las secretarías de la Defensa y Marina.

Tal poderío se manifiesta en la presencia de esas organizaciones en “al menos” 232 ciudades estadunidenses, encargadas de la venta de drogas al menudeo a través de unas 20 mil pandillas cuya membresía rebasó el millón de integrantes en 2008, explica a su vez el informe 2009 del centro nacional de inteligencia antipandillas (National Gang Threat Assessment 2009).

Según el documento, las pandillas más violentas e importantes son Barrio Azteca, con 2 mil miembros, que opera en el suroeste de Texas y de Nuevo México; Hermanos Pistoleros Latinos, con casi 1 mil elementos, que opera en Laredo y algunas ciudades mexicanas; Mixikanemi, de unos 2 mil integrantes, también conocida como Texas Mexican Mafia o Emi, vinculada a los carteles del Golfo y Ciudad Juárez; así como la Mexican Mafia, la Eme, de 200 integrantes.

Para contener la violencia y creciente inseguridad proveniente de la acción de cárteles y pandillas en su frontera sur, el presidente estadunidense Barack Obama “privilegia el uso de plataformas tecnológicas para detectar movimientos humanos en la línea fronteriza, el aumento del número de agentes federales y la creación del nuevo centro de inteligencia de la Agencia Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) en El Paso”, apunta Sierra Guzmán en su investigación México y Estados Unidos. Debilidades en la cooperación binacional contra el narcotráfico y la delincuencia organizada: el caso de la frontera común (septiembre de 2009), en la que recoge los informes y documentos del gobierno estadunidense.

Para combatir a los cárteles mexicanos, la FBI dispone de un presupuesto de 7 mil 100 millones de dólares para el actual año fiscal; creó el Grupo de Inteligencia del Suroeste, con sede en el Centro de Inteligencia de El Paso, Texas, así como el Centro de Inteligencia de McAcallen (MIC, por sus siglas en inglés), dirigido específicamente a combatir a Los Zetas y los remanentes del cártel del Golfo; además de que intercambia información con unos 300 departamentos de policía al sur del Texas, con agencias federales y el Ejército Mexicano. Adicionalmente, la FBI creó, con agencias mexicanas, la Fuerza de Tarea Bilateral Antisecuestros.

En esa dinámica de combate a la violencia fronteriza, el Departamento de Seguridad de la Patria (DHS, por sus siglas en inglés) lanzó el Proyecto 28, que consiste en una red de radares, censores, cámaras de video y torres de transmisión de microondas conectadas con la Patrulla Fronteriza y el cuartel de un batallón del Ejército, situado en Tucson, Arizona. Ese proyecto, ahora de 42 kilómetros, pospuso su extensión hasta 2011, mientras que el DHS desarrolla otro similar en Arizona.

En opinión de Sierra Guzmán, la medida más notoria en la nueva fase de cooperación binacional y en el marco de la internacionalización de las amenazas contra la seguridad nacional de Estados Unidos es la aprobación del paquete de ayuda inicial de 420 millones de dólares a México, conocido como Iniciativa Mérida, con recursos aprobados en la Ley Ómnibus de Apropiaciones 2009 y la Ley de Apropiaciones Complementarias 2009 aprobadas por el Congreso el 11 de marzo y el 16 de junio de 2009, respectivamente.

Para tener una idea de la prioridad de Estados Unidos en el gasto en seguridad, el investigador indica que Estados Unidos emplea 2 mil millones de dólares tan sólo para pagar la seguridad de su personal diplomático en Irak; “una sola compañía privada estadunidense tiene un contrato por 500 millones de dólares anuales, 100 millones más de lo que está reservado para México” en la Iniciativa Mérida, es decir, se trata de una ayuda poco significativa en recursos económicos y cuya efectividad es dudosa.

El nuevo mundo

Las potenciales amenazas internacionales para la administración de George Bush fueron anticipadas en un ensayo que Condoleezza Rice hizo de los flancos débiles de la administración de Clinton; ahí, la que sería la asesora de Seguridad Nacional y posteriormente secretaria de Estado del gobierno republicano apoyaba el eventual uso de la fuerza militar como la base de la política exterior, señala el investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México, Javier Oliva.

Ahora que la administración de Barack Obama diseña su agenda de seguridad internacional, esas prioridades se redefinen, como fue notorio luego de la ratificación de Robert Gates en el Departamento de Defensa y de Ben Bernanke como jefe de la Reserva Federal (FED, por sus siglas en inglés). La presencia de ambos funcionarios de la administración de Bush en el equipo del nuevo gobierno lanza un mensaje decisivo en cuanto al manejo de las guerras y la política económica, “pues cambiar al titular de la FED habría sido mal recibido por los mercados y el ánimo del consumidor estadunidense; lo cierto es que la guerra y la economía siguen profundamente ligadas” en el gobierno de Obama.

Señala Oliva Posada que han sido dos los posicionamientos claves de Barack Obama en seguridad internacional: su mensaje en la reunión de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) en abril, cuando reconoció el ambiente “incierto, complejo y confuso internacional”, y su discurso del 12 de marzo en Fort Lesley J McNair. Ahí, el mandatario estadunidense reivindicó el papel de la diplomacia, de más y mejores alianzas regionales, el desarrollo de armas cibernéticas y de opciones ante la dependencia ante el petróleo; además, puntualizó que ninguna crisis puede resolverse mediante el recurso militar exclusivamente.

En esa ocasión, Obama definió tres grandes vectores de trabajo en las políticas de defensa en su agenda de seguridad internacional: el primero, que reconsidera el multilateralismo; el segundo, donde reconoce los espacios vitales geopolíticos del llamado BRIC (Brasil, Rusia, India y China); tercero, el retorno de América Latina al primer plano. Esto ocurre, refiere Oliva, cuando las fuerzas de la OTAN combaten desde febrero de 2009 la producción del opio afgano en una acción que representa “un vuelco en cuanto al combate a la ilegalidad”, pues la guerrilla y el narcotráfico se dan la mano, ya que requieren del mismo insumo: armas.

Sin embargo, en América Latina la ilegalidad adopta otras expresiones muy redituables: la extorsión, el secuestro, el tráfico de personas, de autos robados y la falsificación de documentos, entre otras prácticas. “De allí que se consideran al narcotráfico y al terrorismo las dos caras de la misma moneda de la inestabilidad”.

Tras analizar cuáles serían las nuevas amenazas regionales, la administración de Obama convirtió su política exterior y de defensa en política interior, así lo demuestran la instalación y apertura de las siete bases militares estadunidenses en Colombia, la crisis institucional en Honduras y la atención prestada a la crisis de seguridad pública que vive México.

“Sin duda, habrá mayor consideración a los acontecimientos latinoamericanos, aunque sin olvidar que las prioridades del terrorismo y el narcotráfico en la relación de Estados Unidos con América Latina y México no han cambiado desde la reunión de Seguridad Hemisférica”, celebrada en México en octubre de 2003, concluye Oliva, autor del análisis El gobierno de Barack Obama y la nueva configuración de la agenda de seguridad internacional (septiembre de 2009).

Más soberanía y menos terrorismo

Los resultados de la cuarta entrega para el seguimiento a la Encuesta sobre seguridad nacional, que realizó en agosto pasado Sistemas de Inteligencia en Mercado y Opinión, revela que el 31 por ciento de los entrevistados considera que seguridad nacional es la defensa del territorio y soberanía nacionales; el 29 por ciento, que es la protección de la población frente a las amenazas que enfrenta el país, y 13 por ciento estima que es el mantenimiento del orden y las instituciones del gobierno. Estos resultados se obtuvieron en una muestra de 1 mil 250 entrevistas realizadas en viviendas de 125 secciones electorales.

Como amenazas a la seguridad nacional, 47 por ciento identificó a la delincuencia organizada; a la inseguridad pública, 15 por ciento; al fenómeno del secuestro, 8 por ciento; terrorismo, 3 por ciento; corrupción, 7 por ciento; pobreza y desigualdad, 5 por ciento, y grupos armados, 7 por ciento; pérdida de competitividad internacional, 2 por ciento; movimientos en contra del gobierno, 2 por ciento; violación de la soberanía e independencia nacional, 1 por ciento, y desastres naturales, 1 por ciento.

De las principales amenazas que enfrenta México desde el exterior, 53 por ciento considera que es el tráfico de drogas, 21 por ciento que es el tráfico de armas, 12 por ciento, la crisis financiera internacional; 4 por ciento, un ataque de terroristas; 2 por ciento, un ataque armado de otro país a México y el mismo valor para desastres naturales ocasionados por el cambio climático. La entrada ilegal de inmigrantes obtuvo 1 por ciento, así como la inestabilidad en los países centroamericanos; mientras que 2 por ciento votó por las enfermedades infecciosas. (NE)

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