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El desdichado intento del líder panista César Nava de endosarle exclusivamente a los priistas el costo político de la brutalmente antipopular iniciativa tributaria para 2010, con el fallido objeto de limpiarle la cara a Felipe Calderón y su partido, fue lealmente desastroso, cismático y traumático. Ello no sólo porque desató la furia priista al develar públicamente la incestuosa relación entre los radicales de la extrema derecha prianista, pontificada por los 400 oligarcas intocables, obligándoles a renegar de su participación en la procreación del engendro fiscal que se gestaba desde las catacumbas de Los Pinos y provocar su aborto.

A Calderón le resultará más oneroso lograr un nuevo ayuntamiento de la derecha bifronte para tratar de concebir un nuevo y maquillado bastardo fiscal que sustituya al malparido, en caso de que los traicionados priistas, en venganza, no decidan llevar a cabo hasta sus últimas consecuencias la ruptura del amasiato y busquen algún acuerdo con la oposición. También porque el contenido de la propuesta impositiva agudizó la cólera de la mayoría en contra del bicéfalo prianismo, recientemente agraviada y agravada por la violenta arremetida calderonista y de los grupos dominantes, solapada por la mayoría legislativa y el Poder Judicial, en contra de los trabajadores electricistas, la Constitución y el estado de derecho; el cínico ocultamiento de los documentos que justificaron el asalto militar disfrazado de la compañía de Luz y Fuerza del Centro y el descarado anuncio de que el déspota michoacano se prepara para privatizar otra parte de la infraestructura del ramo eléctrico (la fibra óptica), el verdadero motivo que explica la embestida en contra de la empresa pública y sus empleados.

El desnudamiento fue tan vil, políticamente hablando, como desvergonzadamente artero el comportamiento legislativo del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Ello explica la irascible respuesta de los priistas. Por ejemplo, David Penchyna, secretario de la Comisión de Hacienda, diputado cercano a Beatriz Paredes y uno de los operadores del acuerdo palaciego, no ahorró frondosos denuestos en contra de Nava, a quien calificó como “un chamaquito irresponsable y llorón, un irresponsable escuincle de quinta de barrio que no entiende qué es la responsabilidad de gobernar”; como un “¡hijo de su puta madre!”; un “¡pinche rajón, cobarde!”, carente de “valor civil, como hombre y como diputado” para defender en el pleno el proyecto de Calderón, que pretendía aplicar una tasa general de 2 por ciento al consumo, y que ahora “esconde su cobardía en una campaña mediática que le pagan desde Los Pinos”. ¿Qué otra reacción podría esperarse cuando Nava deshonró arteramente la palabra de Calderón y el delincuencial acuerdo cortesano del prianismo? Al mencionar a Los Pinos, Penchyna dirigía las delicadas flechas de sus floridas imprecaciones al tierno y recto corazón de Felipe, pues Nava no es más que su polichinela; su deplorable personaje burlesco de las farsas y pantomimas.

Visto neutralmente el proceso, los priistas tienen razón para sentirse delatados y socialmente sacrificados. Oportunistamente, con su “desliz”, a través de Nava, su neófito derviche, Calderón quiso pasarse de listo. Requería de un vientre para preñarlo y parir a la bestia fiscal. El PRI se lo alquiló. Recibió amorosamente la dura la propuesta, aceptó la fecundación y la incubación del nonato. La derrota electoral panista, en julio pasado, arrojó una correlación de fuerzas desfavorable, por lo que Calderón, para satisfacer su irrefrenable apetito de ingresos públicos, para dilapidarlos, manejarlos oscuramente y repartirlos entre las elites, necesitaba de la relación carnal con la nueva mayoría priista legislativa para crucificar con más impuestos a la población, al menos 10 puntos porcentuales más, entre ellos el 2 por ciento al consumo y dos puntos más en sus ingresos a la renta (ISR). Ante el iracundo rechazo popular, de izquierda a derecha, a su desmesura original, el PRI le ayudó a maquillar y limar un poco los colmillos de la bestia ávida de la popular sangre impositiva. Ése es el “cogobierno”.

Beatriz Paredes –que debajo de su folclórica vestimenta oculta su nuevo papel de mercenaria y su deslizamiento a la extrema derecha–, “amiga” de Calderón –la historia como comedia: Elba E Gordillo le falló a su camarada Fox para que legalizara las puñaladas del Impuesto al Valor Agregado (IVA), pero Fox y Calderón nutrieron espléndidamente su chequera y su poder político; ¿qué perdió la Paredes? ¿Se le esfumó una recóndita fantasía presidencial? ¿Le pagarán sus frustrados servicios?–, Francisco Rojas, Óscar Levín y Sebastián Lerdo de Tejada –cuyo hermano Fernando está casado con una hija de Lorenzo Servitje, dueño del Grupo Bimbo, que vende bazofias como si fueran el maná, el simpático pan caído del cielo con el que el mítico Jesús alimentó a los hambrientos israelitas; uno de los grupos depredadores beneficiarios de la consolidación fiscal y del pago de impuestos diferidos que explican la crisis fiscal del Estado y el intento por ampliar el saqueo de los bolsillos de la población–, entre otros, le ofrecieron un regalo a Calderón: le hicieron el trabajo sucio. Trataron de hacer pasar como priista la retocada iniciativa calderonista de ingresos, firmada (¿en su precipitación se olvidaron de borrar la huella o fue un simple desprecio social?) por José Antonio Meade, subsecretario de Ingresos de Hacienda, que sustituía el 2 por ciento del impuesto al consumo por el 1 por ciento al IVA –propuesta que acobardó a Calderón y que quiso imponerla escondiendo sus garras entre las femeninas y delicadas manos de la Paredes–, mantenía el alza al ISR, eliminaba la “contribución” a la pobreza, atemperaba otros gravámenes, compraba las conciencias y los votos de los gobernadores priistas con 10 mil millones de pesos, a cambio de su oscuro e impune manejo, y regalaba 1 mil 900 millones a Televisa con la concesión del espectro radioléctrico de los servicio de telefonía e internet, su parte del botín en la guerra que el sistema lleva a cabo en contra de la mayoría. En sentido práctico, a diferencia del primer engendro, que implicaba un feroz apretón sobre el cuello de la población, el segundo era más piadoso con el ahorcado, menos bárbaro. Para lograr la aprobación en la Cámara de Diputados, recurrieron al viejo expediente del despotismo presidencialista priista: no escucharon razones, ningunearon a la oposición, le pasaron por encima la aplanadora mayoritaria.

La conspiración avanzaba en caballo de hacienda, aunque aún le faltaba superar dos escollos para alcanzar el éxito. Una era pasar la aduana priista del Senado para convertir la iniciativa en ley; otra era a quién le correspondería el trago amargo. ¿Quién asumiría el costo político, electoral y social de la perfidia? ¿Quién se adjudicaría la progenitura de la obscena y ferozmente antipopular iniciativa de ingresos fiscales? ¿Quién se responsabilizaría de la “buena nueva”?: que para salvar las finanzas públicas y mantener el casi balance fiscal cero, salvaguardar los privilegios fiscales de las 400 grandes empresas de la oligarquía que como parásito intestinal sangran el presupuesto y devoran las entrañas de las riquezas nacionales, y mantener sin cambios el voraz saqueo del erario que realizan los partidos y los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, la población sería sepultada por una avalancha de impuestos al consumo y su ingreso, el alza de los precios de los bienes y servicios públicos y de los privados, ya que los hombres de presa trasladarían a los consumidores los efectos fiscales e inflacionarios de la iniciativa; que padecerían los costos del recorte gasto público que redundaría en menores subsidios sociales, en un peor servicio de las entidades públicas, en el mayor deterioro de la infraestructura gubernamental, en el sacrificio del desarrollo, en una mayor reprivatización del Estado y la nación. Que para salvar al neoliberalismo, los privilegios de las elites, la acumulación privada y la concentración de la riqueza por la oligarquía, el pueblo sería condenado a una mayor reducción de sus ingresos, su consumo, el descuido de su salud, su educación, su bienestar.

Para nadie era fácil tragarse el sapo. Tal vez la iniciativa pudo cruzar la aduana beltronista-priista del Senado, con su silencio cómplice, si Calderón no hubiera malogrado la incestuosa relación con su errado cálculo político. Se precipitó al tratar de desacreditarlos públicamente y convertir su derrota en triunfo. En el vano intento por transferirles el costo social, de provocar una división insalvable entre los priistas para recuperar su dominio sobre el Congreso y contrarrestar el ascendente descrédito del panismo, quiso chamaquear a los ladinos priistas, pero éstos controlaron parcialmente los daños y revirtieron la jugada. Evidenciaron la paternidad de Calderón de la bestia impositiva y exhibieron su miseria moral y social, aunque no lograron limpiar su imagen: son históricamente caraduras; mostraron su debilidad política y su necesidad de los priistas para gobernar, mantener la precaria estabilidad y evitar su derrumbe. Le dejaron en claro que su futuro depende de ellos y que le cobrarán caro la afrenta.

Como partero de la historia, Calderón arrancó en pedazos al nonato.

En el sustrato de la farsa, empero, quedan evidentes varios hechos que nutren la ira social en contra del prianismo: el trato de imbéciles concedido a los ciudadanos, su manejo autoritario de las definiciones económicas y presupuestales, marginando a la sociedad en su diseño y en su participación en las decisiones de la república, mantuvieron su papel reducido al de víctimas propiciatorias. Quisieron engañarnos, falso dilema de las sumas y restas y el reacomodo de los ingresos, tratando de hacernos creer que los cambios corresponden a una “reforma fiscal integral” que requiere el país, sin cambiar la inequidad en la política de ingresos (gravar más y progresivamente a quienes más ganan, a las operaciones financieras, las herencias) y de gasto público (más gasto social y de inversión, seguros contra el desempleo, menos gasto corriente y beneficios para los altos burócratas), sin eliminar o reducir estructuralmente los privilegios de las elites político-económicas (la consolidación fiscal, la elusión y evasión en el pago de impuestos); cercenaron subsidios y apoyos sociales requeridos en pleno colapso neoliberal.

La derecha radical prianista rechaza la opción keynesiana disponible: el uso del gasto público para contrarrestar la declinación de los desembolsos privados, como instrumento antirrecesivo y promotor de la reactivación productiva. Antiguos economistas de Chicago como Paul Douglas o Jacob Viner, cuando esa escuela no estaba infestada por los Chicago Boys, recomendaban en 1935, durante la gran recesión, la ampliación del gasto público deficitario y la deuda estatal en los niveles que sea necesario, los cuales se ajustarían en las épocas buenas. En 1934, Marriner Eccles, gobernador del sistema de la Reserva Federal, propuso a Franklin D Roosevelt que para invertir el ciclo económico descendente, el gobierno colocara el poder adquisitivo en manos del pueblo, con los subsidios, los seguros contra el desempleo, las obras públicas de inmediata y larga maduración. Que todos los demás objetivos como el presupuesto equilibrado, las políticas monetaria e impositiva, el alza de impuestos a la renta a los grandes consorcios, las operaciones financieras a las herencias se subordinaran al primer aspecto. Pero nuestros neoliberales son fundamentalistas hasta la ignominia. Al final quieren imponernos nuevas dosis de la mágica y amarga medicina ofrecida por los clérigos del monetarismo, que han demostrado su fracaso, que son recesivas y antisociales porque generan el desempleo, el mayor deterioro en los ingresos de las mayorías y una mayor pobreza y miseria y la concentración de la riqueza. A los miserables sólo les ofrecen limosnas que no enfrentan las causas de sus problemas: la falta de empleos dignos y estables, los pésimos salarios pagados por los voraces empresarios, la “flexibilidad” laboral, y que, en cambio, reproducen su tragedia, se convierte en una especie de narcótico destructor de su moral y dignidad y los convierte en una población manipulable políticamente debido a su cruel dependencia de los subsidios.

Al cerrarnos todas las puestas, sólo nos dejan una opción: que la ira social se convierta en la rebelión organizada para cambiar el sistema que nos aplasta.