Autor:

Si para encaramarse en la silla presidencial Felipe Calderón tuvo que recurrir al denominado golpe de Estado técnico, apoyado por las elites dominantes –las principales beneficiadas de su asalto del poder–; si durante su mandato Calderón y sus trogloditas del gabinete han pisoteado el estado de derecho cuantas veces se les ha pegado la gana, con la complacencia y la complicidad de los poderes Legislativo –el Partido Acción Nacional, el Partido Revolucionario Institucional, la derecha del Partido de la Revolución Democrática y los parásitos del Partido Verde Ecologista Mexicano y Nueva Alianza– y Judicial, los sostenes institucionales que han evitado su colapso, merced a su incompetencia y el manejo turbio del Estado, ¿por qué tendría que esperarse que los calderonistas y el bloque dominante tengan escrúpulos por respetar la Constitución y demás leyes secundarias durante su embestida en contra del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y que representa una declaración de guerra desigual a los trabajadores, sus organizaciones y la izquierda en general?


Fracasado en sus intentos de legitimarse socialmente a través de su estrategia de terrorismo de Estado, derrotado electoralmente por segunda ocasión, desacreditado, sin la existencia de los mecanismos institucionales que impongan límites a sus abusos, Calderón ha optado por intensificar su despotismo. Su asalto en contra del SME sintetiza lo que ha sido el calderonismo, como actual jefe del Ejecutivo responsable del proyecto neoliberal de nación, y devela lo que se espera en los subsecuentes tres años:

1) El reforzamiento de sus formas autoritarias de gobernar. La ilegal decisión por destruir al SME para justificar la liquidación de la compañía de Luz y Fuerza del Centro (LFC) refirma la naturaleza de Calderón: su carencia de las virtudes democráticas de un líder con la visión de Estado y ancho horizonte, de un estadista dispuesto a ceñirse a las leyes, que usa la razón, la negociación, la persuasión política, el incentivo y el convencimiento, la firmeza, el consenso y el arbitraje, la educación, la capacidad de ganarse la simpatía, la legitimidad y la lealtad del pueblo, con el objeto de lograr los fines buscados en nombre del interés público y el bien de la república.

Calderón volvió a mostrar la madera con que está tallado (a golpes de hacha) para gobernar y atender los conflictos políticos: como un individuo que sólo sabe operar con los aspectos más ruines de la política que la han y lo han envilecido; como un déspota tropical de escasas luces, ejercitado en la manipulación, la intriga, la mentira, el chantaje, dispuesto a promover el odio, el linchamiento y la venganza de clase, el uso de la violencia económica, política y social, la violación metódica del estado de derecho. Con el conflicto laboral que fabricó artificialmente en contra del SME, Calderón se quitó otra vez la máscara y descubrió ante la población su verdadera faz: el goriletti que lleva dentro, su fisonomía de un autócrata cada vez más crispado, de un enceguecido dios sediento de sangre. Tolerante ante los desmanes jurídicos de los grupos de poder, la derecha, la ultraderecha y la oligarquía, los únicos que han respaldado sus desmesuras, frotándose estos últimos las manos con una próxima depredación de la industria energética, tal y como lo han hecho con otros recursos de la nación, y expedito para subsidiarlos y rescatarlos ilegalmente de sus desastres, Calderón y su equipo se convierten en energúmenos ante quienes rechazan convertirse en sus siervos, como si fuera un rey iluminado. Para atacar al SME no dudaron en violar la Carta Magna, al menos sus artículos 14, 16, 73 y 131, además de otras leyes como la del trabajo, de energía, o entidades públicas, entre otras, así como las internacionales, recurriendo a un simple y dudoso decreto como si éste valiera más que las leyes fundamentales del país.

2) El mito de la democracia y la permanencia de las estructuras autoritarias del sistema político presidencialista. El capitalismo mexicano de antes y en su versión neoliberal y el presidencialismo autoritario heredado por el priismo se han mantenido intocados en el panismo. Una sociedad democrática implica el respeto y el sometimiento a la Constitución y a las leyes secundarias por parte del gobierno, los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los empresarios y la sociedad; la existencia de mecanismos legales de sanción para quienes violenten el estado de derecho; el equilibrio político, bajo ciertas reglas institucionales y constitucionales establecidas consensualmente; el amparo de los derechos de la población y su participación institucional; protección y el respeto de la oposición y las minorías, entre otras características. Nada de eso existe en México, por lo que el gobierno y los empresarios actúan con toda impunidad. Peor aún, para su funcionamiento el neoliberalismo ha llevado a las elites a acentuar el autoritarismo, el mayor desmantelamiento de la Constitución y la destrucción del Estado y la nación, de Miguel de la Madrid a Calderón.

Por esa razón, el bloque dominante ha mantenido sin cambios la estructura corporativa autoritaria del Estado, copiada del régimen fascista de Mussolini, que implica la subordinación y la emasculación de las organizaciones sindicales y populares. Para el sistema, sólo existen dos clases de sindicatos: los “buenos”, cuyos cavernícolas dirigentes, antidemocráticos, consumados delincuentes y a menudo criminales doblan su testuz ante el gobierno y los empresarios; sacrifican y someten por cualquier medio a los trabajadores a los intereses y las políticas públicas y empresariales –control salarial, privatizaciones, eliminación de prestaciones sociales, despidos injustificados, atropellos de las empresas–, pisoteando las leyes laborales y constitucionales a cambio de protección, solapamiento, impunidad y enriquecimiento ilícito. Esos parásitos enemigos de los trabajadores se reciclaron del priismo al panismo, en los mismos acuerdos, para conservar sus cuotas de poder y sus privilegios. Los casos paradigmáticos son el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Petróleos Mexicanos (Pemex), la Confederación de Trabajadores de México (CTM) y el Congreso del Trabajo. Pese al desastre educativo, Elba Esther Gordillo, que traicionó al Partido Revolucionario Institucional y apoyó a Calderón en el robo de la corona, ha sido más que generosamente premiada: ensanchó su latifundio de poder y riqueza, regentea la educación básica –el titular de la Secretaría de Educación Pública, Lujambio, es su patiño– y otras dependencias públicas; saquea el presupuesto y las cuotas sindicales, reprime maestros, es dueña de la franquicia Nueva Alianza y tiene presencia en el Congreso. El petrolero Carlos Romero, que respalda la destrucción y reprivatización de Pemex, disfruta de las cuotas y otras prebendas, además de los recursos públicos. La “lealtad” y la “nobleza” de estas finas personas son jugosamente recompensadas por Calderón y el sistema.

Con los sindicatos “malos”, democráticos –realizan elecciones regulares, emplean el voto universal directo y secreto– o independientes, que se niegan a ser cooptados, defienden los intereses de sus agremiados, se niegan a someterse, en calidad de esclavos, a las políticas totalitarias –de corto plazo y las contrarreformas neoliberales– y, lo peor de todo, se atreven a negociar con la oposición de izquierda, natural en cualquier régimen democrático, menos en México, como son los casos del SME, los mineros, las aeromozas o los académicos, los panistas utilizan escrupulosamente los mismos instrumentos empleados por los priistas: la arbitrariedad de las autoridades laborales, la implacable persecución, el desmantelamiento, la represión, el encarcelamiento, el asesinato. La historia sindical y popular en México chorrea sangre de los sindicalistas que han desafiado al sistema en defensa de los intereses económicos de los asalariados, aun cuando ni siquiera buscaban el derrocamiento del capitalismo mexicano. El asalto del SME recuerda los pasajes más sombríos de la historia laboral, por ejemplo, el movimiento ferrocarrilero de 1959, cuya huelga iniciada el 25 de marzo, ocasionada por la negativa de la empresa por revisar el contrato colectivo y sus violaciones cometidas al mismo, fue declarada inexistente por la Junta de Conciliación y Arbitraje. Los trabajadores fueron brutalmente reprimidos, sus locales sindicales fueron ocupados por la policía y el Ejército; 9 mil de ellos fueron arrojados a las calles y un gran número fue recluido. Sus dirigentes, acusados por Fidel Velázquez (CTM) como “comunistas”, también fueron encarcelados. Demetrio Vallejo y Valentín Campa estuvieron 10 años en prisión y fueron liberados gracias al movimiento estudiantil de 1968, reprimido aún más violentamente.

A Calderón le ha fascinado la divisa local: sometimiento o garrote, aderezada con las experiencias tiránicas de la contrarrevolución neoliberal, que exige una economía sin reglas para los empresarios y la mano dura para los trabajadores. Margaret Thatcher, creyente del “mercado libre”, santurrona y conservadora como Calderón, declaró a los sindicatos británicos como los enemigos internos por oponerse a la trituradora neoliberal; reprimió a los huelguistas, los encarceló, desmanteló las leyes del trabajo y el Estado de bienestar; destruyó su influencia durante casi una generación, les impuso la “flexibilidad” laboral y privatizó las empresas y los recursos del Reino Unido. Los precoces militares de América del Sur en la década de 1970 impusieron métodos más higiénicos: asaltaron el poder, destruyeron la democracia, desmantelaron el Estado, disolvieron los sindicatos, encarcelaron y asesinaron a los trabajadores y opositores; los desengrasaron con las políticas salariales de hambre y “flexibilizaron”, y los convirtieron en “modernos” esclavos. La población suramericana los llamó gobiernos gorilas.

Caderón y sus hordas (Carstens, Gómez Mont, Lozano, Kessel, Molinar y compañía) son nuestros gorilas, aplaudidos por las pirañas de la oligarquía, los beneficiarios. Con la destrucción emblemática del SME –organismo nada radical, que quiso negociar y defender sus intereses laborales–, envían un mensaje claro a los demás trabajadores, la oposición y la sociedad: el chiquiführer Calderón, burda copia de Salinas de Gortari, va en serio con su gobierno policiaco-militar, por si a alguien le quedaba duda. Nerón incendió Roma; Hitler, el Reichstag, para luego iniciar su régimen tirano y totalitario. El gorila Calderón quiere incendiar a México y provocar una la lucha de clases. El troglodita Lozano operó la provocación en contra del SME y su linchamiento público y el chantaje (compararlo con el presupuesto de la Universidad Nacional Autónoma de México que pretenden reducirlo y el destinado a los que ellos han empobrecido), apoyado por la desinformación de los medios. El cavernícola Gómez Mont nos amenaza con el garrote al decir que la tiranía “reaccionará frente a cualquier acto ilegal” que se oponga a la ilegalidad de Calderón. Nada les importó que la mayoría de los diputados exigiera un día antes al rambo Lozano que entregara la toma de nota al SME, apegándose a las leyes.

En el montaje, no dudaron en mentir descaradamente. La culpa de los problemas financieros y la ineficiencia de la empresa LFC no se deben a los ingresos de los trabajadores, se debe al estrangulamiento presupuestal a la que fue sometida desde 1983 (para 2010 Calderón y Carstens pensaban recortárselo 15 por ciento en términos reales), que afectó su infraestructura y eficiencia; sus pésimos directivos que convirtieron sus recursos en su botín personal; la reprivatización del 35 por ciento de la producción de electricidad; la política de precios: cara la energía vendida a la LFC para asegurar la rentabilidad de las generadoras privadas y las tarifas subsidiadas a los consumidores, sobre todo a las empresas para acrecentar su acumulación de capital, que la descapitalizaron; el fluido gratis al sector público, incluyendo Los Pinos.

La razón para destruir al SME es obvia: son una “manzana podrida” que puede contaminar a las demás con su rechazo a las contrarreformas neoliberales: las reprivatizaciones, en su caso la eléctrica, y el desmantelamiento de la ley laboral. Lo que se quiere son trabajadores miserables, esclavos, no con salarios, prestaciones y condiciones laborales dignas para robustecer las ganancias empresariales.

En un estado de derecho y democrático, esos sátrapas ya hubieran sido destituidos, sometidos a juicio y estarían en proceso de encarcelamiento. Pero estamos en México y sus cómplices son los legisladores y la Suprema Corte.

Todos somos el SME. Su defensa no es sólo de esos trabajadores, es por la nación; para evitar que los neoliberales terminen de destruirla y entregarla a la voracidad de los hombres de presa. Es la pugna entre un proyecto para la nación y la mayoría, y otro desnacionalizador y para la oligarquía. No hay espacio para la neutralidad. El gobierno gorila calderonista nos ha declarado la guerra de clases.

Comments

comments