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Al cobijo del gobierno de Felipe Calderón, mediante 772 “permisos especiales”, corporativos extranjeros y nacionales operan una red paralela que produce y vende el 49.4 por ciento de la energía eléctrica que consume el país

Después del decreto presidencial que desaparece Luz y Fuerza del Centro (LFC), los secretarios de Gobernación, Fernando Gómez Mont; de Energía Georgina Kessel, y de Hacienda, Agustín Carstens, insistieron en que no se privatizaría el sector eléctrico. La Comisión Federal de Electricidad (CFE) se encargaría de suministrar la energía eléctrica a los 6 millones de clientes que atendía LFC. En realidad, actualmente casi el 50 por ciento de la electricidad que se consume en México es privada, generada por consorcios extranjeros y nacionales, bajo la figura de productor independiente, autoabastecimiento y cogeneración.

En detrimento a la Constitución, al amparo de los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón, un reducido grupo de corporativos creó una industria eléctrica paralela a la del Estado, que muy pronto se convirtió en negocio redondo: utilizando parte de la infraestructura de LFC y la CFE, comenzaron a producir mucha más electricidad de la que supuestamente consumirían, para vendérsela a empresas privadas y a las dos paraestatales, pues la directriz del gobierno federal obligó a LFC y la CFE a comprarles todos sus excedentes y, encima, a precios mucho más caros del costo de la generación directa, lo que generó la subutilización de las dos compañías eléctricas estatales y el indiscriminado incremento de tarifas, según detectó en diversas auditorías la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Manuel Bartlett Díaz, exsecretario de Gobernación, explica que la privatización del sector eléctrico fue delineada en el Tratado del Libre Comercio, acorde con los lineamientos del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, durante los gobiernos de Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo se otorgaron 99 permisos para el autoabastecimiento y la producción independiente a ingenios azucareros, fábricas de papel y a las subsidiarias de Petróleos Mexicanos.

Durante su gobierno, Vicente Fox vio en el sector eléctrico una veta de oportunidad para favorecer a los industriales e incluso se confrontó con la ASF para que no auditara los permisos que indiscriminadamente otorgaba la Comisión Reguladora de Energía (CRE). Con Dionisio Pérez-Jácome Friscione –actual subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)– como comisionado regulador, el gobierno de Vicente Fox ideó que los permisos de supuesto autoabastecimiento incluyeran la figura de “asociados beneficiados”, para que un solo permiso le diera al productor privado la posibilidad de generar energía eléctrica para venderla a terceros simulando sociedades.

La subrepticia entrega de esos permisos fue denunciada por trabajadores del sector eléctrico y llevada a la tribuna legislativa por Manuel Barttlet, entonces presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado de la República, quien documentó la anticonstitucional operación en la CRE. Según las declaraciones de Bartlett, en el Legislativo las trasnacionales del sector cabildeaban directamente “la privatización del sector eléctrico, que el Partido Acción Nacional disfrazó como reforma estructural”.

A su paso por la Secretaría de Energía, Felipe Calderón, junto con su asesor principal, Juan Camilo Mouriño Terrazo, y su asesor jurídico, José César Nava Vázquez, afianzaron la participación del capital privado en el sector eléctrico mediante el Programa de Obras e Inversiones del Sector Eléctrico (POISE) 2003-2011. Para cuajar el proyecto, en 2004, Vicente Fox ascendió a Mouriño a subsecretario de Electricidad, cargo que dejó para incorporarse como coordinador de campaña de Felipe Calderón. Entonces Mouriño Terrazo y Pérez-Jácome “eliminaban” las restricciones legales en la regulación que no permitían “aprovechar al máximo las figuras de autoabastecimiento y cogeneración”, según declaró Mouriño Terrazo en una entrevista con el periódico El Universal en septiembre de 2004.

Luego, mediante su compañía Gándara-Censa, la familia Mouriño incursionaría en el sector eléctrico, al convertirse en proveedores de la construcción del parque eólico La Venta II, en Oaxaca, uno de los proyectos medulares del POISE.

Los permisos especiales que Calderón dio a los consorcios españoles (Unión Fenosa e Iberdrola, principales proveedores de energía de la CFE) cuando era secretario de Energía fueron calificados como ilegales por la ASF y el Legislativo. Sin embargo, tal acción ganó la simpatía y agradecimiento público del presidente de España, José María Aznar, y posteriormente, durante su campaña presidencial, el proselitismo en México y Europa del presidente José Luis Rodríguez Zapatero.

Con esos antecedentes, “no hay duda de que la extinción de Luz y Fuerza responde a la intensión de privatizar el sector eléctrico”, coinciden los integrantes del Frente de Trabajadores de la Energía (FTE), organización integrada por ingenieros, analistas y expertos en materia energética.

Como en el porfiriato

La industria eléctrica, que inició en el gobierno de Porfirio Díaz con capital extranjero, fue nacionalizada en 1960 por Adolfo López Mateos. Hasta entonces, el 70 por ciento de la producción eléctrica era generada por los consorcios American and Foreign Power Company y The Mexican Light and Power Company, a las cuales el gobierno compró sus acciones para luego decretar la exclusividad de la nación “para generación, conducción, transformación, distribución y abastecimiento de energía eléctrica que tenga por objeto la prestación del servicio público”, mediante la adición de un párrafo sexto al artículo 27 constitucional, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 1960, estipulando que en materia eléctrica “no se otorgarán concesiones a los particulares y la Nación aprovechará los bienes naturales que se requieran para dichos fines”.

Actualmente, mediante 24 permisos como grandes productores independientes de energía, que según cifras oficiales, a julio de 2009, ha otorgado la CRE a consorcios españoles, estadunidenses, canadienses, japoneses, alemanes, franceses y belgas: Iberdrola, Unión Fenosa, Tractebel, Abengoa, Mitsubishi, Alstom, Electricitè de France, Bechtel, Intergen, que producen y venden casi la mitad de la energía eléctrica que se consume en México.

Sumado a 595 permisos de “autoabastecimiento”, 58 para cogeneración, 37 para importación, siete para exportación, tres para pequeña producción y 48 para usos continuos. La capacidad total de generación autorizada por la CRE a los privados mediante los 772 permisos especiales asciende a 166 mil 682 giga-watts-hora, que representa el 49.4 por ciento del consumo nacional. El gobierno que hoy desaparece LFC fomentó una industria eléctrica paralela privada, restándole considerables ingresos a las paraestatales LFC y CFE.

Lo anterior, explica David Bahena, especialista en temas energéticos y doctor en física por la Universidad de Praga, “implica la desnacionalización acelerada bajo figuras inventadas”.

El contrato –E/205/AUT/2002– que Pérez-Jácome Friscione entregó a Iberdrola es ilustrativo de cómo ha operado la industria eléctrica. El permiso se otorgó a la firma española bajo la figura de “autoabastecimiento”, aunque su giro es la venta de energía eléctrica. El documento esboza que serán los “socios” de la compañía los que se beneficiarán con la energía eléctrica que éste genere.

Mediante este permiso, Iberdrola vendería la energía eléctrica que produjera en la ciudad de Monterrey a las compañías Agua Industrial de Monterrey; Acerex, SA de CV; Cables Axa Yazaki, SA de CV; Cementos Apasco, SA de CV, en sus planta de Apazco, Orizaba, Ramos Arizpe y Tecomán; Cementos Mexicanos; Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, SA de CV; Fábrica de Hielo Apodaca; Cigarrera la Moderna, SA de CV; Conductores CM, SA de CV; Conductores del Norte, SA de CV; Conductores Monterrey, SA; Dolorey, SA de CV; Empaques de Cartón Titán, División Fabrica de Cajas, División Papel, División Moldeado, Fabricas Monterrey, SA de CV; Fabricas Orión, SA de CV; Fibras Químicas, SA; Galvak, SA de CV; Grafo Regia, SA de CV; Manufacturas Cifunsa, SA de CV; Manufacturas Vitromex, SA de CV; Cerámica Santa Anita, SA de CV; CINSA, SA de CV; Castech, SA de CV; Dupek, SA de CV; Filamentos Elastoméricos de México, SA de CV; Hylsa, SA de CV; Industria Química del ISTMO, SA de CV; Instrumentos Axa Yazaki, SA de CV.

Además del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey Campus Monterrey; Kir Alimentos; Lumisistemas GE, S de RL de CV; Magnekon, SA de CV; Nemak, SA; Nylon de México, SA; Axa Yazaki México, SA de CV; Polykron, SA de CV; Prolec-Ge, S de RL, de CV; Rot Química SA de CV; Sigma Alimentos Noreste, SA de CV; Sistema Ambiental Industrial, SA de CV; Talleres Industriales, SA de CV; Terza, SA de CV; Tisamatic Internacional, S de RL de CV; y Ucar Carbon Mexicana, SA de CV.

Bahena explica que la simulación de dichos permisos radica en que las trasnacionales y sus filiales son autorizadas a generar la energía eléctrica que no consumen, sino que venden a los socios que registran ante la CRE, cuya cartera van ampliando paulatinamente. Cita el caso de los permisos para el llamado “autoabastecimiento remoto”, a través de una figura legalmente inexistente: “Por ejemplo, en la zona central existe el gran problema de que las redes de distribución están al servicio de los privados, tengan o no tengan instalaciones en la región, a través de una figura jurídicamente inexistente que se lama autoabastecimiento remoto. Bajo esta figura, una trasnacional tiene su central generador en cualquier parte del país, allá produce la energía, la transmiten por las redes de la CFE y la distribuyen en el país por las redes de CFE y en la zona central por Luz y Fuerza”.

Por si fuera poco, los permisos de “autoabastecimiento” dan a las permisionarias la venia de incluir, dentro de sus planes de expansión, a cuantas empresas quieran, para el “aprovechamiento de la energía eléctrica que se genere”.

En su primer permiso como autogeneradora independiente, Iberdrola registró a 109 compañías, las cuales suministraría energía eléctrica dentro de sus “planes de expansión”. Destacan entre estos corporativos: Coca-Cola; Colgate-Palmolive; Altos Hornos de México; Kimberly Clark; Cadena Comercial Oxxo; DuPont; Femsa; Gas Natural México; Grupo Maseca; Ideal Standard; Petrocel; Polycyd; Protexa; Tubacero, los cuales dejaron de comprarle la energía eléctrica al Estado para comprársela a la compañía española.

595 autoabastecedores

Algunas de las empresas eléctricas que producen y venden energía eléctrica a la CFE y la hoy extinta LFC bajo la figura de “autoabastecedores” son: Iberdrola; Unión FENOSA; Endesa; Enertek; Transalta; Tractebel; AES Mérida III; Mexicana de Hidroelectricidad Mexhidro; Mecox Resources; Central Saltillo, SA de CV; Energía Azteca VIII; Electricidad Águila de Tuxpan; Electricidad del Itsmo; Hidoreléctrica del Pacífico; Termoeléctrica Peñoles; Fuerza y Energía de Naco-Nogales; Proveedora de Electricidad de Occidente; Impulsora Mexicana de Energía; Bticino de México; Energía Nacional.

Consorcios de telefonía, cerveceras, supermercados, tiendas departamentales, cadenas de cines, ensambladoras, entre otras, concentran el resto de los permisos para producir su propia energía eléctrica y venderle la que les sobre al Estado. Con 102 permisos, Teléfonos de México concentra el 15 por ciento de estas concesiones, seguido de Wal Mart, con 100 permisos; Bimbo, con 25 permisos; Cinemex, con 19; Liverpool, con 15; Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, con cinco permisos.

El resto lo tienen Cargill de México; Ford Motor Company; Cadbury Admas México; Nestlé; Productos Marinela; Barcel; Tía Rosa; Grupo Gamesa; Sigma Alimentos; Cervecería del Pacífico; Júmex,

El Palacio de Hierro; los Supermercados Internacionales Heb; Costco; las tiendas Soriana y Unilever; Bayer de México; Procter&Gamble Manufacturas; Becton Dickinson de México; Sony; Panasonic de México; Samsung; Mabe; Sanyo; Kenworth; Kodak; el corporativo Alfa; Bridgestone/Firestone de México; Médica Sur; en el ramo hotelero, el Grupo Posadas (de los hoteles Fiesta Americana), entre otros.

A medida que se incrementaron los permisos para la producción privada, las paraestatales dejaron de percibir considerables ingresos por esos clientes que producen su propia energía o la compran a los privados. La afectación más cuantiosa fue para LFC, pues de los 772 permisos, 141 de autoabastecimiento y cogeneración se entregaron en sus áreas de influencia (Distrito Federal, el Estado de México, Hidalgo y Morelos) a corporativos que tienen un alto consumo de electricidad: Telmex, Wal Mart, Cinemex, Liverpool y Barcel, principalmente. En consecuencia, LFC dejó de percibir sus ingresos como proveedor de energía de esos consorcios. Aunado a que, según denunció el dirigente del SME, Martín Esparza, dependencias del gobierno federales, hoteles y diversas empresas instaladas en el Distrito Federal no pagan el suministro de electricidad.

En este sentido, Javier Sáinz, del FTE, considera que el principal motivo de desarticular al SME vía la desaparición de LFC “es terminar con la resistencia a una segunda privatización del sector eléctrico desde la generación hasta la distribución”.

La octava cláusula de los permisos de “autoabastecimiento” obliga a la CFE y LFC a comprar a la empresa los excedentes de producción. Mientras que la cláusula nueve da a las permisionarias la “obligatoriedad” de venderle a la CFE la energía eléctrica requerida para el servicio público “cuando por caso fortuito o fuerza mayor dicho servicio se vea interrumpido o restringido”, como ocurre hoy día con la LFC. Lo que supondría que la energía que suministrará la CFE a los 6 millones de clientes que tenía la paraestatal será mercado ahora de las privadas, con la CFE como intermediaria.

CFE, negocio privado

Durante el sexenio de Vicente Fox, trabajadores de la CFE denunciaron ante el Legislativo que Elías Ayub subutilizada la infraestructura de la paraestatal para comprar toda la producción a las empresas privadas. Cuando auditó a la compañía, la ASF comprobó la subutilización en beneficio de las privadas y a costa no sólo de la paraestatal, sino directamente de los consumidores. El organismo cuantificó en el sexenio de Vicente Fox un crecimiento del 143.9 por ciento de energía comprada a particulares y una disminución media anual del 4.3 por ciento en la que genera la CFE.

En sus revisiones al POISE, al Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2001-2006, al Programa Sectorial de Energía (Prosener) 2004-2013 y al Programa de Egresos de la Federación en materia de generación de energía, la ASF encontró que entre 2002 y 2004, Elías Ayub había cedido el 22.3 por ciento de la generación de energía eléctrica a los privados, de acuerdo con los reportes de Generación, Compra e Importación de Energía Eléctrica.

Más aún, la ASF descubrió que la CFE sobreestimaba la demanda nacional de energía eléctrica y compraba más electricidad, impactando los costos promedio de generación y encareciendo la energía eléctrica para los consumidores. La tendencia en los años subsecuentes ha sido la misma. La CFE estimó que para el periodo 2005-2013 la demanda de energía eléctrica crecería en promedio anual de 5.6 por ciento, al pasar de 171 mil 509 gigawats a 265 mil 40 gigawats en 2013. Sin embargo, sobre la base de las estimaciones de la ASF, el incremento en la demanda es sólo de 2.5 por ciento.

De su revisión al POISE, la ASF estimaba que para finales del actual sexenio (en 2012), la CFE habría perdido por lo menos el 34 por ciento de la producción de energía y sus respectivos ingresos, en beneficio de corporativos como las españolas Unión Fenosa e Iberdrola, la japonesa Mitsubishi, la canadiense Transalta, el grupo francés EDF. Ello, advertía la ASF, daría incertidumbre a las tarifas sobre todo de los pequeños consumidores.

La ASF auditó los permisos especiales que ya entonces la CRE entregaba indiscriminadamente. Identificó diversas irregularidades en las que incurrían los productores privados. En respuesta, Vicente Fox presentó un recurso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra la ASF. Sin entrar al fondo del asunto, la SCJN dictaminó que la ASF se había “excedido en sus facultades” al revisar dichos permisos.

Tarifas artificiales

Como parte de las justificaciones para extinguir LFC, el secretario Agustín Carstens argumentó que de no hacerlo se habrían incrementado las tarifas eléctricas, con lo que en un momento de álgida crisis se pretendió que los consumidores aceptaran la medida.

Durante su desempeño como senador en la LIX Legislatura, como parte del análisis que hizo al proyecto de privatización del sector eléctrico propuesto por Vicente Fox, Manuel Barttlet viajó a los países de América Latina en donde se privatizó la industria eléctrica. Lejos de haber sido la solución a la oferta de energía, dice, “se convirtió en un severo problema. Del servicio público se pasó a la conformación de monopolios privados: el libre mercado no existe, no hay competencia, se encamina a la concentración o al menos al acuerdo; las tarifas no bajan: las empresas privadas buscan maximizar ganancias”.

En México no ha sido diferente. En los últimos siete años, los productores privados han impuesto a la CFE tarifas mucho más altas al costo que tendría la generación directa; en consecuencia, a partir de 2006, los consumidores debieron pagarle a la CFE las tarifas más caras del mundo: 0.8 centavos de dólar por kilowat/hora más que en Estados Unidos.

Sergio González Broca, especialista en tarifas eléctricas y extrabajador de las paraestatales del sector eléctrico por 40 años, explica que las tarifas eléctricas en México se han incrementado a medida que avanza la privatización. La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico coincide que en México se paga la electricidad a los precios más altos del mundo.

José Luis Apodaca, miembro fundador del Observatorio Ciudadano de la Energía, AC, detalla la incidencia de los productores independientes en las tarifas eléctricas. Señala que el aumentar la capacidad instalada en generación entre 2000 y 2008, con una tasa anual de 4.4 por ciento, casi el doble de la requerida, “significó una inversión no requerida de 5 mil millones de dólares, cuyos cargos fijos habrán de cubrirse a los productores independientes, aunque no generen la energía comprometida; estos cargos, a su vez, se repercuten a los usuarios en las tarifas”.

Agrega que algunos de los descalabros económicos que tuvo LFC fueron las altas tarifas que le impuso LFC a la electricidad que le trasladaban las empresas privadas: “Si a la CFE le cuesta 0.60 el kilowat de la electricidad que proviene de la producción independiente, se la vende a LFC a más de 0.90 centavos”. Así que, los productores privados, asegura Apodaca, sólo han encarecido los costos en la electricidad.

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